Electricidad

CIPER revisó las órdenes de compra de distintas entidades públicas a favor de Itelecom en los últimos tres años. Al menos 22 municipios, además de la subsecretaría de Energía y el Gobierno Regional de Aysén, le han adjudicado contratos por servicios similares a los que generaron la reciente detención de 15 personas por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. Entre los indagados figuran cuatro concejales y un juez de Policía Local. En total, los contratos que favorecieron a la empresa desde 2017 suman al menos $44 mil millones. A las indagatorias que llevan las fiscalías de Tarapacá y Ñuble, se suma otra a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que aún no tiene formalizados.