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El PS alega que el Servicio Electoral modificó su interpretación de las normas de financiamiento electoral y que no le entregó más de $430 millones del “anticipo fiscal”, dinero que se paga al comienzo de las campañas electorales. La colectividad reclama que debía recibir fondos por los candidatos que formaban parte de su pacto, aunque fuesen militantes de otra colectividad. El PS afirmó que ese era el criterio que el Servel había seguido desde 2004. El servicio rechazó la petición y sostuvo que se debe calcular el anticipo solo con los candidatos que integran la colectividad, porque de lo contrario se beneficiaría a los grandes conglomerados en desmedro de partidos emergentes. La duda que quedó es cuánto dinero que no correspondía se pagó a los partidos en los 15 años en que habría operado el criterio anterior.