30-10-2026

Por Francisco González Valdebenito y Josefina Rochna

Aunque el ministro Rabat argumentó ante la Cámara de Diputados que la ley obliga a conceder rebajas de condena para los agresores sexuales de menores de edad, los registros del Poder Judicial indican que las normas permitían un camino alternativo que, en los hechos, ya ha evitado que se otorgaran algunas de estas reducciones de pena. CIPER revisó 113 casos en que el gobierno rechazó otorgar la rebaja y obligó a los reclusos a presentar recursos de amparo para conseguirla. En 19 de esos casos (un 17% de la muestra) el proceso en los tribunales terminó negando la reducción. Estas causas, aunque minoritarias, muestran que la ley sí permite disputarlas en tribunales y que es posible obtener fallos que eviten la liberación anticipada de estos reclusos.