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La crisis sanitaria ha dejado en evidencia dos problemas del acceso a la vivienda en ciudades segregadas y desiguales como Santiago: la existencia de un mercado formal excluyente para la mayor parte de la población; y la proliferación de un mercado informal abusivo, que ofrece condiciones de vida precarias: hacinamiento, instalaciones sanitarias y eléctricas inseguras, precios inflados. Los autores proponen que, dado que el problema se ha vuelto innegable, lo abordemos con urgencia, asumiendo la vivienda como “un derecho social” e impulsando “alternativas de arriendo asequibles”.