El autor de esta columna advierte que la «Operación Sitio 2.0» anunciada por el ministro Poduje corre el riesgo de repetir las limitaciones del programa de Frei Montalva, que no logró frenar el aumento del déficit habitacional y llegó a ser conocido como «Operación Tiza». A su juicio, en un escenario de recortes presupuestarios, entregar terrenos sin garantizar urbanización ni construcción podría trasladar a las familias la responsabilidad de resolver la crisis. Concluye que «el desafío, por tanto, no consiste simplemente en repartir sitios, sino en garantizar las condiciones materiales para que las familias puedan habitarlos dignamente».

Imagen de portada: foto referencial (Óscar  Guerra / Agencia Uno)

Para paliar el déficit habitacional, que alcanza las 500.000 viviendas según cifras oficiales, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ha anunciado la construcción de 400.000 viviendas en cuatro años. Entre otras medidas, Poduje ha propuesto la implementación de la “Operación Sitio 2.0”.

Inspirada en la política habitacional de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), esta iniciativa busca entregar sitios en propiedad para, posteriormente, avanzar en su urbanización y en la construcción de viviendas. El anuncio se produce, además, en un contexto de recortes presupuestarios en el Ministerio: de los 40.000 subsidios habitacionales que esperaba entregar el próximo año, solo podrá asignar 26.000. Según Poduje, la entrega de terrenos permitiría aliviar la espera de miles de familias que enfrentan la falta de vivienda mediante el allegamiento o la residencia en campamentos. Pero, ¿es realmente comparable la propuesta del actual gobierno con la de Frei Montalva?

Como parte integral del programa de Promoción Popular, la Operación Sitio de Frei Montalva buscaba no solo facilitar el acceso a la vivienda, sino también promover la organización de los sectores populares y su integración a la institucionalidad estatal. Todo ello ocurría en un contexto de creciente movilización política de los pobladores sin casa, que se expresaba, entre otras formas, en la proliferación de tomas de terreno en la periferia urbana.

En términos concretos, la Operación Sitio contemplaba la asignación estatal de lotes urbanizados y títulos de propiedad, mientras que los pobladores debían participar activamente en la construcción de sus viviendas, ya fuera mediante cooperativas o a través de la autoconstrucción. Durante este proceso, el Estado proporcionaba apoyo técnico y económico, además de impulsar talleres de formación comunitaria destinados a fortalecer la organización y los vínculos sociales en las nuevas poblaciones.

Pese a representar un avance importante respecto de las políticas habitacionales anteriores, la Operación Sitio fue incapaz de contener la profundización de la crisis de vivienda. El gobierno de Frei Montalva estuvo lejos de cumplir su ambicioso compromiso de construir 360.000 unidades habitacionales durante su mandato. De las 228.398 viviendas producidas, solo 121.000 estuvieron destinadas a sectores de bajos ingresos, mientras que aproximadamente 70.000 unidades correspondieron a la Operación Sitio.

Asimismo, en numerosos casos, en lugar de entregar terrenos urbanizados, el programa se limitó a asignar sitios demarcados con tiza blanca, lo que le valió el irónico sobrenombre de “Operación Tiza”. Hacia 1970, el déficit habitacional alcanzaba las 585.000 viviendas, aproximadamente 100.000 más que en 1960. Estas limitaciones contribuyeron a intensificar las protestas por la vivienda y a multiplicar las tomas de terreno, mediante las cuales los pobladores buscaban conquistar aquello que la Operación Sitio prometía, pero no siempre garantizaba: el acceso al suelo urbano y a la vivienda digna.

¿Es, entonces, la Operación Sitio de Poduje la mejor manera de enfrentar el déficit habitacional? A la luz de estos antecedentes históricos, me atrevo a sostener que no. Primero, porque, en un contexto de limitada capacidad estatal para orientar el desarrollo urbano, la entrega de terrenos podría reproducir la tendencia a localizar la vivienda social en sectores periféricos, mal conectados y con infraestructura y servicios deficientes. El contexto actual hace muy posible dicho escenario pues, dado el incremento sostenido en el valor del suelo urbano en la Región Metropolitana (hasta un 75% entre 2017 y 2025), solo un 15% del espacio disponible en Santiago permite construir vivienda social, según estudios recientes. ¿Se trata, entonces, de garantizar el derecho a la vivienda digna o simplemente de entregar terrenos donde el mercado inmobiliario todavía permite que vivan los pobres?

Segundo, porque la Operación Sitio 2.0 parece concentrarse más en garantizar el acceso al suelo que en asegurar la construcción efectiva de viviendas.  ¿Considera el plan de Poduje el reconocimiento de la autoconstrucción llevada a cabo por las propias familias o la participación de cooperativas habitacionales, tal como ocurría en los 60? ¿O, por el contrario, las empresas constructoras e inmobiliarias que actualmente concurren en la producción de vivienda social serán las únicas llamadas a tomar parte de la Operación Sitio 2.0?

Poduje ha señalado que la habilitación de sitios será acompañada de una flexibilización de las exigencias normativas para incentivar la participación de empresas constructoras y alcanzar hasta un 20% de viviendas industrializadas. Sin embargo, la flexibilización normativa y la incorporación de nuevas tecnologías constructivas no aseguran una solución efectiva al déficit habitacional, tal como lo ha demostrado la política de vivienda subsidiada que opera en Chile desde finales de los 70. Promover el acceso al suelo urbano constituye, sin duda, un avance, pero resulta claramente insuficiente. Las familias necesitan una vivienda digna, no simplemente un terreno donde eventualmente puedan construirla.

Tercero, y directamente relacionado con lo anterior, la Operación Sitio 2.0 produce dudas porque la experiencia histórica chilena demuestra que las expectativas generadas por una política habitacional pueden transformarse en una fuente de frustración y conflicto cuando el Estado es incapaz de cumplir sus compromisos. Si la Operación Sitio 2.0 no garantiza soluciones habitacionales concretas, podría terminar profundizando el descontento entre las familias que llevan años esperando una vivienda. No sería descabellado pensar que, tal como ocurrió en los años 60, las demandas de los pobladores por acceder a los beneficios del programa terminen incentivando nuevas ocupaciones de terrenos y reivindicaciones de derechos sobre el suelo, frente a un Estado incapaz de garantizar el acceso a una vivienda digna.

La principal lección de la Operación Sitio original es que el acceso al suelo, por sí solo, no resuelve el problema habitacional. Sin una política integral que asegure financiamiento, infraestructura, servicios urbanos y mecanismos eficaces para la construcción de viviendas, la propuesta de Poduje corre el riesgo de reproducir las mismas limitaciones que enfrentó su antecesora hace seis décadas.

Más aún, en un escenario de restricciones presupuestarias, existe el peligro de que la entrega de terrenos termine trasladando a las propias familias la responsabilidad de resolver una crisis que requiere una respuesta decidida del Estado. El desafío, por tanto, no consiste simplemente en repartir sitios, sino en generar las condiciones materiales para que las familias puedan habitarlos dignamente. De lo contrario, la Operación Sitio 2.0 podría terminar replicando los vicios de la antigua Operación Tiza: una política capaz de entregar suelo y generar expectativas, pero incapaz de garantizar viviendas dignas.