La recomendación mundial es la cuarentena. ¿Pero cómo pueden acatarla las 77 mil familias del quintil de más bajos ingresos que viven hacinadas? ¿Están seguros, en ese ambiente, los adultos mayores? Estas precarias condiciones de vida causaron el estallido del 18/O. Las autoras de esta columna argumentan que esa precariedad es hoy un factor que facilita el contagio. En este detallado mapeo del hacinamiento y la disponibilidad de agua potable en los campamentos, las autoras destacan que la pandemia ha dejado al desnudo el rol social que cumplen las viviendas.

La crisis a la que nos enfrentamos (Covid-19), se ha extendido rápidamente por el mundo. En nuestro país el Gobierno decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe el día 18 de marzo, aunque sin mayores disposiciones al respecto, hasta ayer miércoles, que fue decretada cuarentena total para siete comunas de Santiago. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido enfática en la necesidad de tomar todas las precauciones para evitar un aumento explosivo y el colapso del sistema de salud. El llamado a permanecer en cuarentena resuena con fuerza y desde algunos sectores se demanda incluso la cuarentena obligatoria y total. La respuesta de las autoridades ha sido tardía y esto ha provocado que, desde la propia ciudadanía, se tomen medidas de distanciamiento social y cuarentena voluntaria para evitar contagios. Sin embargo, ante el contexto de la ciudad desigual en la que vivimos y la crisis actual de la vivienda, ¿De qué forma afecta esta pandemia a los más excluidos?

Si bien, es claro que nadie es inmune al virus, la manera en que cada grupo social vive sus consecuencias es desigual y depende, en parte, de sus condiciones económicas, laborales, medioambientales y habitacionales. Esta desigualdad da cuenta de una crisis en la producción de la ciudad de larga data y que tiene múltiples expresiones: viviendas a precios inalcanzables para un importante porcentaje de la población; una alta segregación urbana con zonas sin acceso a servicios y equipamiento; escasez hídrica que dificulta el acceso al agua a la población más vulnerable. Bajo este contexto creemos fundamental abordar dos aspectos, que adquieren relevancia en medio de la crisis sanitaria: el hacinamiento en la ciudad, y la realidad de los campamentos en Chile.

HACINAMIENTO Y COVID-19

En Chile, de acuerdo con la encuesta CASEN un 6,5% de las viviendas presentan algún grado de hacinamiento, siendo mayor en las regiones del norte del país (Arica y Parinacota con 7,8% y Tarapacá con 13,5%) y la Metropolitana de Santiago (8,1%). Esta cifra deja al descubierto las debilidades de un sistema que construye ciudades excluyentes, cuyas desigualdades e injusticias se acentúan para aquellos grupos más vulnerables y desprotegidos. En el caso de la RM, el déficit habitacional cuantitativo llega a 270.714 viviendas, mientras que el hacinamiento alcanza un 8,1% de los hogares de la región (CASEN, 2017). Si miramos estas cifras a partir de la concentración según quintil de ingresos podemos ver que dicho porcentaje aumenta al 16,8% en el primer quintil, con cerca de 77.000 familias que viven hacinadas. Esto nos muestra que la población más vulnerable es la que vive en mayores niveles de hacinamiento, lo que hace que su habitar sea en extremo precario.

Cuando pensamos en la circulación y probabilidad de contagio de un virus, el hacinamiento se percibe como un factor de riesgo frente a las escasas posibilidades que existen para guardar distancia y así evitar contagiar al resto del grupo familiar. Por otro lado, guardar cuarentena se transforma en un gran desafío cuando una o más personas deben compartir el dormitorio y podría generar problemas serios en la convivencia al interior de las familias. Asimismo, es preocupante que en el caso de mujeres que sufren violencia intrafamiliar al interior de sus hogares el confinamiento se convierte en un obstáculo adicional para huir de sus agresores y acceder a servicios que puedan salvarlas de esta amenaza (ONU Mujeres, 2020).

Mapa 1: Hacinamiento en Gran Santiago.

Asimismo, en el actual contexto de pandemia es importante analizar los problemas de hacinamiento haciendo énfasis en el rango etario de la población a la cual afecta.

En el caso de los niños (entre 6 y 14 años) la mayoría se concentra en los sectores de bajos ingresos de la ciudad, los que justamente tienen promedio de hacinamiento alto. Si bien, generalmente presentan síntomas leves, son un factor de riesgo debido a que operan como un vector de contagio. Esto supone una adversidad y aumenta la vulnerabilidad del grupo familiar frente al contagio de esta enfermedad.

Mapa 2: Concentración de niños entre 6 y 14 años y hacinamiento en Gran Santiago.

Algo distinto ocurre con la población de adultos mayores, la más vulnerable a los síntomas y consecuencias del virus. Aunque la mayor concentración de adultos mayores -en el Gran Santiago- se encuentra principalmente en el sector oriente de la ciudad, (Las Condes, Providencia y Ñuñoa) los espacios donde se encuentran más expuestos están en el sector norponiente y sur de la ciudad, donde el hacinamiento coincide con población de bajos ingresos.

Dado lo anterior, si nos ponemos frente a un escenario donde exista una mayor concentración de adultos mayores y niños en condiciones de hacinamiento, podríamos presumir que estas circunstancias aumentan el riesgo y la vulnerabilidad del grupo familiar frente al contagio del virus.

Mapa 3: Concentración de adultos mayores y hacinamiento en Gran Santiago

Todos estos aspectos prueban que habitamos una ciudad sumamente desigual, donde se producen espacios de vulnerabilidad que concentran hacinamiento, población de riesgo y baja cantidad de servicios básicos para el abastecimiento, y que por lo mismo son aquellos los que presentaran más dificultades para hacer frente a la situación actual.

Mapa 4: Servicios de abastecimiento (supermercados y farmacias) y hacinamiento en Gran Santiago.

LA VULNERABILIDAD DE LOS CAMPAMENTOS

En un contexto de ciudad excluyente, con viviendas caras e inasequibles, los asentamientos informales han aumentado durante la última década como un mecanismo de acceso a la vivienda. Estos espacios emergen como alternativa para cubrir la necesidad básica de tener lugar para vivir, sin embargo, en ellos persisten o se crean nuevas necesidades como el acceso a los servicios básicos, que los convierten en espacios vulnerables frente a la crisis sanitaria que enfrentamos. Surgen entonces algunas preguntas, ¿cuál es la capacidad para hacer frente a la crisis y a la cuarentena?, ¿cómo nos protegemos del virus en asentamientos que no tienen acceso formal al agua, o a otros servicios imprescindibles en este contexto?

El agua es un factor clave en la crisis actual que se vive, sin embargo, el 22% de las viviendas en los campamentos no cuenta con un sistema de agua potable (MINVU, 2019), por lo que esta debe ser acarreada hasta sus hogares, lo que hace casi imposible mantener la cuarentena. La situación es aún más compleja en los campamentos del norte de nuestro país, donde son casi 14.000 los hogares que no cuentan con sistema de agua potable (MINVU, 2019.

A las condiciones anteriormente expuestas se suma la inestabilidad laboral de las personas que habitan estos asentamientos: sólo el 50% de quienes viven en campamentos trabajan como empleados dependientes (MINVU, 2019) mientras que el 39% no cuenta con un contrato de trabajo (TECHO-Chile, 2015). La inseguridad laboral podría aumentar la vulnerabilidad a la que están expuestas estas familias en caso de una cuarentena, dado que no asegura ingresos regulares al grupo familiar.

Mapa 5: Familias que viven en campamentos y viviendas en campamentos sin acceso a agua potable.

Si analizamos indicadores de género podemos ver que las mujeres también se ven expuestas a esta vulnerabilidad. Según datos de la encuesta CASEN 2017, el 42% de las jefaturas de hogar son femeninas a nivel nacional. No obstante, las estimaciones del Catastro Nacional de Campamentos (MINVU, 2019) indican que el 55,3% de los hogares de campamentos cuentan con una mujer como jefa de hogar y, además, el 19,5% de las jefaturas de hogares de campamentos son llevadas por madres solteras. Frente a este escenario, las mujeres emergen como un grupo que requiere especial atención por parte de las políticas públicas frente a un inminente escenario de crisis económica, dado que dichas condiciones hacen de ellas un grupo mayormente vulnerable, sobre todo si pensamos que son ellas quienes en su mayoría concentran las labores de cuidados y quehaceres en el hogar, por lo tanto, corren mayor riesgo de contagio.

Las expresiones urbanas de la desigualdad abordadas en el presente artículo son resultado de la implementación de políticas de vivienda y ciudad neoliberales, que han dejado la producción de la vivienda, el suelo y la planificación de nuestras ciudades a las dinámicas del mercado. Si bien, en materia de vivienda estas políticas lograron un descenso sostenido del déficit habitacional desde los años 90’, hoy esta lógica de producción de ciudad es fuertemente cuestionada dado que las cifras parecen revertirse, siendo el déficit creciente, con viviendas de altos costos que la han hecho inalcanzable para muchas familias. Como resultado de ello, han aumentado los índices de hacinamiento y allegamiento. Otro resultado ha sido el crecimiento sostenido de los asentamientos informales que por un lado permiten a familias vulnerables acceder a una vivienda, pero por otro lado las exponen a condiciones de habitabilidad precarias lo que se reflejó sobre todo en su acceso a servicios básicos.

Dichos problemas dan cuenta de la existencia de una desigualdad estructural, que debe ser solucionada a través de mecanismos que avancen en garantizar el acceso al suelo y la vivienda, pero también a repensar el rol del Estado y considerar la función social de nuestras ciudades al planificarlas. Sin duda el momento actual va a tener impactos profundos en nuestras prácticas cotidianas, patrones de consumo, la concepción de nuestro hogar y en nuestras ciudades. Esta pandemia ha dejado en evidencia que los problemas derivados del déficit habitacional, como el hacinamiento y el habitar sin acceso a servicios básicos, que antes parecían exclusivos de quienes lo sufrían, son problemas fundamentalmente colectivos, que involucran a toda la sociedad.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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