ADEMÁS, SEÑALAN QUE EL ESTADO PIERDE CAPACIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Presupuesto 2027: expertos alertan por rebajas en programas medioambientales y de eficiencia energética
18.11.2026
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
ADEMÁS, SEÑALAN QUE EL ESTADO PIERDE CAPACIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
18.11.2026
En medio de la discusión sobre el Presupuesto 2027, especialistas que han revisado la propuesta del gobierno alertan que pretende reajustar los recursos para cinco servicios y siete programas relacionados con medioambiente, cambio climático, energía y gestión de riesgo. Los recortes, señalan los académicos a CIPER, afectan ítems que se enfocan en lo preventivo, lo regulatorio y lo de largo plazo. Entre estos hay siete programas que están sujetos a evaluaciones por la Dirección de Presupuestos, de los cuales al menos cinco fueron calificados favorablemente. Sobre estos recortes, el cientista político Danilo Herrera dijo: “No es solo austeridad, es una jerarquía de prioridades en la que la política ambiental queda abajo”.
Créditos imagen de portada: Agencia Uno.
La propuesta del gobierno para la Ley de Presupuesto 2027 contempla la reducción presupuestaria en al menos siete programas y otros cinco servicios que apuntan al cuidado del medioambiente, atender necesidades derivadas de un escenario de cambio climático, la prevención de riesgos asociados a esta materia (como incendios forestales y aluviones) y el fomento de la sustentabilidad energética. Uno de los académicos que ha analizado el proyecto de Presupuesto 2027 es el cientista político Danilo Herrera, quien opina que el conjunto de estos ajustes indica que “este gobierno no cree en la crisis climática, por ende, entiende que esto no es importante. Ahí creo que hay un problema relevante ideológico (…). Cuando se recorta algo que casi no mueve la aguja del déficit, lo que se está diciendo es qué se considera prescindible”.
Entre las entidades afectadas, la que más sufre el impacto del reajuste es la Subsecretaría de Medio Ambiente, con rebajas a programas asociados a fiscalización ambiental, protección ambiental, conservación de especies y sustentabilidad. También programas que abordan eficiencia energética, dependientes del Ministerio de Energía. Esto, a pesar de que el Presidente José Antonio Kast, en su campaña electoral, se había comprometido a que su gobierno promovería “una transición energética segura, eficiente y responsable. Avanzaremos en la diversificación tecnológica y las energías renovables”, según se puede leer en las Bases Programáticas de su candidatura (vea ese documento, página 29).
CIPER consultó a tres académicos especializados en Ciencia Política y Economía, que han revisado la propuesta de Presupuesto 2027, sobre el impacto de esta en servicios y programas enfocados en medioambiente. Según señalan, estas rebajas impactan en la prevención de riesgos asociados al cambio climático y, además, propician que el Estado pierda capacidad de control y de conservación en materia de protección ambiental. De los ítems ligados a medioambiente, cambio climático, eficiencia energética y gestión del riesgo que tendrán rebajas, CIPER revisó aquellos programas que tienen evaluaciones realizadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres). De un total de siete programas con evaluaciones, cinco estaban recomendados favorablemente. Otro programa, en tanto, estaba objetado técnicamente. En tanto, el Plan de acción de eficiencia energética se subdivide en cuatro proyectos, los que mantenían diferentes calificaciones.

Créditos: Christian Pavez Cisterna / Agencia Uno.
Durante la discusión parlamentaria, el pasado 20 de octubre, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, señaló ante la segunda subcomisión mixta de presupuestos que se identificaron recursos que no habían sido ejecutados. “Se constató que la subejecución del ministerio era, en promedio, del 6,8% del presupuesto que se reintegraba año a año”, dijo.
Durante fines de octubre se dieron a conocer las indicaciones del Ejecutivo a la propuesta presupuestaria, es decir, las modificaciones que el Gobierno introduce al proyecto original tras el debate inicial. Ninguna de sus indicaciones agregó recursos a estos programas.
Sobre los reajustes, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibañez (UAI) Gabriel Valenzuela argumentó: “Si bien los argumentos son bastante plausibles, e incluso entendibles, el hecho de recortar sin entregar alternativas o medidas de seguimiento para el buen destino de los recursos hace que finalmente se entienda que el Gobierno quiera abandonar estos programas más que reformularlos”.
Durante octubre, CIPER reveló que la propuesta 2027 busca recortar presupuesto a entidades públicas que manejan áreas relacionadas con medioambiente y cambio climático (vea ese reportaje). Al respecto, el cientista político Danilo Herrera reflexionó que “el patrón es consistente: crece lo reactivo (fuego, emergencias, frontera) y cae lo preventivo y regulatorio (fiscalización, cambio climático, eficiencia, conservación). Además, el gobierno tuvo la oportunidad de corregirlo en las indicaciones, porque es el único que puede patrocinar aumentos de gasto, y no lo hizo. Eso no es solo austeridad, es una jerarquía de prioridades en la que la política ambiental queda abajo”.
Los especialistas consultados por CIPER señalan que de los 12 ítems que sufrirán rebajas, al menos nueve dependen de la Subsecretaría de Medio Ambiente.
Danilo Herrera señaló que con estas rebajas “lo que cae con fuerza es lo preventivo, lo regulatorio y lo de largo plazo. La Subsecretaría del Medio Ambiente baja 15,7%, el programa de Desarrollo Sostenible 45,4%, Calefacción Sustentable 54,4% y la línea de Cambio Climático y Contribución Nacional 60,2%. Además, desaparecen ocho líneas completas, entre ellas Humedales, Áreas Marinas Protegidas y Conservación de Especies. Quedan sin línea presupuestaria propia y esas funciones no reaparecen en ningún otro servicio del ministerio. En resumen, el proyecto financia apagar el incendio y desfinancia lo que sirve para evitar que ocurra”, argumentó el socio director de Factor Crítico.
Herrera agregó que, en materia de protección ambiental, el Estado pierde capacidad de control y de conservación. “Los Programas de Fiscalización Ambiental caen 19,2% y el Fondo de Protección Ambiental, que financia proyectos de organizaciones comunitarias, cae 31,4%. El recorte a Calefacción Sustentable afecta directamente la salud de las ciudades del centro sur, donde la leña sigue siendo la principal fuente de contaminación del aire en invierno”, aseveró.
De los programas mencionados por Herrera, cinco han tenido buenas evaluaciones de la Dipres en los últimos años: el Fondo de Protección Ambiental fue recomendado favorablemente en una evaluación ex ante de 2025; los programas de Gestión para la conservación de humedales y de áreas marinas protegidas también fueron recomendados favorablemente en una evaluación ex ante de 2024 y los programas de conservación de especies y de calefacción sustentable tuvieron buena calificación en su evaluación ex ante de 2023.
Ante el Congreso, el pasado 20 de octubre, el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, señaló que “hay que entender que el financiamiento de la división de cambio climático principalmente se da justificado por financiamiento internacional. Prácticamente, dos tercios de la división obedecen a fondos internacionales”.

Créditos: Hans Scott / Agencia Uno.
Sobre las cifras de la Superintendencia del Medio Ambiente, el superintendente Emanuel Ibarra mencionó ante el Congreso que habrá una reducción de 1,8%. “Ustedes ven que el presupuesto de 2026 era de $17.300 millones. Este año pasa a $16.900 millones”. Según indicó, una parte de esta reducción afectará el subtítulo 24, en donde está el programa de fiscalización ambiental, con una reducción de un 14,9%.
Sobre las rebajas, Gabriel Valenzuela señaló que, si bien ha existido una subejecución presupuestaria en Medio Ambiente, eso no implica que se deba invertir menos en esta área: “La eliminación de la glosa para implementar el Acuerdo de Escazú y los programas de Conservación de Especies y Gestión de Humedales, entre otros, pareciera responder más a una visión de menor importancia por parte del Gobierno a estas políticas. Aunque la crítica por parte del Gobierno está asociada al mal uso de recursos, perfectamente podría haberlos mantenido con un mayor control dentro de la misma ley, no eliminándolos”.
Valenzuela agregó que el Gobierno tiene una visión de corto plazo en materia de cambio climático: “Lo que preocupa es la poca visión hacia futuro de lo que es la protección del medioambiente y los desastres producto del cambio climático. Después del aumento de los incendios forestales y las condiciones climáticas extremas, se hubiera esperado un aumento de presupuesto para prevenir desastres”.
En cuanto a las indicaciones presupuestarias, es decir, las propuestas formales para modificar parte del proyecto, Danilo Herrera señaló: “Solo el Ejecutivo puede aumentar gasto, y ninguna de sus indicaciones agrega recursos a estos programas. Lo que hizo fue mover 10 mil pesos desde el Fondo de Protección Ambiental para reabrir nominalmente el Fondo del Reciclaje y la Certificación Ambiental Municipal, es decir, reabrió esas líneas sin plata y a costa de un fondo que ya venía recortado. Quedan votaciones separadas pendientes, así que el escenario aún puede cambiar en la Comisión Mixta y en las salas, pero hoy el Ejecutivo no ha corregido nada”.
En la Fundación Horizonte Ciudadano, vinculada a la expresidenta Michelle Bachelet, entidad que ha analizado en profundidad el proyecto de ley, señalaron que las reducciones en materia de medioambiente no son un recorte neutro, sino que demuestra las prioridades del Gobierno. “Es evidente que existe una discusión, por cierto legítima y pertinente, sobre la necesidad de ajustar el gasto público. Sin embargo, también es innegable que ningún presupuesto es completamente neutro: las decisiones sobre dónde aumentar, mantener o reducir recursos reflejan y materializan prioridades de política pública. Cuando advertimos que se reducen recursos destinados a protección ambiental, adaptación climática y prevención de riesgos, es no sólo razonable, sino también necesario preguntarse qué lugar están ocupando estas materias dentro de las prioridades del Ejecutivo”, señalaron.

Créditos: Hans Scott / Agencia Uno.
En el proyecto también hay rebajas en programas relacionados con eficiencia energética, lo que contradice una promesa de campaña que realizó el entonces candidato José Antonio Kast en sus bases programáticas, donde prometía avanzar en la “diversificación tecnológica y las energías renovables”.
Al respecto, Danilo Herrera analiza: “En eficiencia energética, la inversión es lo que más cae, con 73,9% menos en las transferencias de capital a la Agencia [de Eficiencia Energética]. El Plan de Eficiencia Energética cae 37,5%, y la inversión de la Agencia de Eficiencia Energética cae casi tres cuartos. Eso significa menos proyectos de ahorro para hogares, municipios y pymes, justo cuando la eficiencia es la forma más barata de bajar cuentas y emisiones”.
El Plan de acción de eficiencia energética se subdivide en cuatro proyectos, los que mantenían diferentes calificaciones en la Dipres. De los cuatro, el plan ligado al sector Leña fue recomendado favorablemente en una evaluación ex ante de 2026. Los proyectos de transporte y de sectores productivos fueron objetados técnicamente en una evaluación ex ante del mismo año. Y finalmente el plan ligado al sector edificación tuvo mal desempeño en la evaluación ex post 2025.
Sobre estas rebajas, Gabriel Valenzuela señaló que “en el caso de eficiencia energética, se debería revisar completamente estos programas antes de recortarlos, sobre todo después de que se detectó un sobrestock de calefactores guardados en bodegas fiscales. Por ejemplo, no se está aprovechando el hecho de que las cuentas de la luz van a bajar el próximo año, para así incentivar la reconversión de maquinarias que usan combustibles fósiles por otras que usen energías más amigables con el medioambiente, u otras medidas similares”.
Valenzuela hace alusión a una intervención realizada en el congreso por funcionarios del Ministerio de Medioambiente en medio de la discusión presupuestaria. En una presentación informaron que el programa de Calefacción Sustentable mantenía contratos sin vigencia y costos de almacenamiento: “Se constató la existencia de dos contratos de instalación y almacenamiento que finalizaron su vigencia en octubre y noviembre de 2025. Como consecuencia, aproximadamente 1.500 equipos financiados mediante recursos FNDR [Fondo Nacional de Desarrollo Regional], en las regiones de Ñuble (1.111 equipos) y Aysén (428 equipos), permanecen almacenados en dependencias de proveedores. Se proyecta un déficit al cierre de 2026 de aproximadamente M$529.787” (vea esa presentación).
Por último, Danilo Herrera hace una advertencia sobre los ajustes a un programa del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). “[El servicio] aparece con un alza de 0,4%, pero contra la ley aprobada [es decir, la Ley de Presupuesto 2026 aprobada por el Congreso] cae 2,5%; la diferencia son los cerca de $920 millones recortados por decreto en 2026. Su Programa de Gestión del Riesgo aparece sin variación, cuando en realidad cae 32,6%. Un país sísmico, con incendios cada verano y con eventos climáticos más frecuentes, no puede recortar justamente la prevención”.
Sobre los reajustes que pueden afectar la prevención de desastres, en la Fundación Horizonte Ciudadano señalaron: “Cuando el Estado deja de invertir oportunamente en prevención, muchas veces termina enfrentando costos considerablemente mayores en reconstrucción y atención de emergencias. Por eso, estas decisiones deben analizarse también desde una perspectiva de responsabilidad fiscal de mediano y largo plazo”.