Estas son las pruebas que recolectó la fiscalía para acusar que la exjueza Vivanco y su pareja recibieron $57 millones del consorcio bielorruso

El Ministerio Público reunió antecedentes para respaldar su tesis de que Ángela Vivanco y su cónyuge, Gonzalo Migueles, recibieron dinero luego de que la exmagistrada fallara a favor del consorcio Belaz-Movitec (CBM) en su litigio con Codelco. Esas pruebas incluyen georreferenciación y revisión de operaciones bancarias de la pareja; de uno de los abogados de CBM, Eduardo Lagos, y del dueño de una casa de cambios. Así, la fiscalía estableció la ruta de US$14 mil que recibió Migueles, los que habría utilizado para vacacionar con Vivanco en Argentina y Brasil. Los persecutores sostienen que hubo un segundo pago, de $45 millones, y aplicaron métodos similares para trazarlo, incluyendo el tránsito de Migueles por autopistas, nuevos rastreos a la casa de cambios y la revisión de los registros bancarios de dos conservadores de bienes raíces acusados de intervenir en el blanqueo del dinero.

“A raíz del análisis de los datos de conexión de los teléfonos celulares de los investigados y de la georreferenciación de antenas telefónicas, es posible indicar que, el día 08.AGO.2023, los investigados Ángela Francisca Vivanco Martínez, Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, Carlos Eduardo Lagos Herrera y Mario Andrés Vargas Cociña, mantienen coincidencias en sus ubicaciones, en zonas adyacentes al domicilio ubicado en [acá figura la dirección de la exsuprema Vivanco], comuna de Las Condes”.  Así detalla la fiscalía una diligencia que permitió establecer que, ese 8 de agosto, Lagos y Vargas, entonces abogados del Consorcio Belaz-Movitec (CBM), interpusieron un recurso en la corte de Copiapó que habría sido ingresado a la plataforma del Poder Judicial desde el domicilio de la exmagistrada Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles. 

La Fiscalía Regional de Los Lagos reunió múltiple evidencia en su investigación por cohecho y lavado de activos, la que tiene como imputados a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a Gonzalo Migueles y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, en el denominado caso del consorcio bielorruso.

En un documento de 148 páginas del Ministerio Público, al que accedió CIPER, los investigadores lograron detallar cómo al menos $57 millones provenientes de CBM habrían terminado en manos de la exministra Vivanco y de su pareja. Dicho documento corresponde a la orden de detención presentada por la fiscalía ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, con la cual se solicitó la detención de Migueles, Vargas y Lagos, así como el allanamiento del domicilio de la exjueza, donde se incautó dinero en efectivo. Según dijo la exministra Vivanco a CIPER para este artículo, se trataba de $750 mil destinados a pagar a la empleada de su casa y de US$3 mil que pertenecían a su hija (vea el artículo de CIPER sobre esa incautación).

La orden de detención incluyó una extensa lista de pruebas, entre ellas, tráfico de llamadas, revisión de cuentas bancarias, georreferenciación mediante antenas y seguimientos realizados por el OS7 de Carabineros, los cuales permitieron corroborar hechos revelados a través de interceptaciones telefónicas. Es en ese documento que la fiscalía apunta a que Vivanco, a través de su cónyuge, recibió al menos $57 millones por sus fallos favorables a CBM, los que emitió en distintas instancias del multimillonario litigio que esa compañía sostuvo con Codelco (vea el artículo relacionado: Fiscalía acusa que al menos $57 millones del consorcio bielorruso llegaron a exjueza Vivanco y su pareja).

Ángela Vivanco (Créditos: Víctor Huenante
/ Agencia Uno)

En el documento se detalla cómo la fiscalía -junto al OS7- logró, mediante la georreferenciación de celulares, determinar que un día antes de que la Tercera Sala de la Corte Suprema acogiera un recurso de reposición presentado por CBM, el abogado Vargas estuvo en el domicilio de Vivanco. En esos días, la exjueza integraba esa misma sala del máximo tribunal. La fiscalía, en su escrito, resalta en numerosas ocasiones que Vivanco no se inhabilitó en esta causa por su cercanía con los abogados de una de las partes. 

Asimismo, el documento detalla un cheque emitido por el abogado Lagos a nombre de Miguel Ángel Obieta, empleado de la casa de cambios Inversiones Suiza, cuyo propietario es Harold Pizarro. El cheque era por $45 millones y, según la fiscalía, provenía de los dineros que Codelco pagó a CBM. Obieta cobró el dinero y se lo entregó a Pizarro. Este último se habría coordinado con Lagos para ocultar de esta forma el origen de los fondos y posteriormente entregarlos a Migueles. Ese dinero, de acuerdo con la versión del Ministerio Público, era una retribución a Vivanco por favorecer a CBM.

Respecto de este mismo cheque, entre las pruebas se incluye la declaración voluntaria que Harold Pizarro entregó al OS7. El cambista afirmó que “reconocía que el imputado Eduardo Lagos Herrera, periódicamente le solicitaba comprar dólares, puesto que era un sujeto que viajaba mucho y que efectivamente durante el año 2024 le habría solicitado la compra de $45.000.000 en dólares, motivo por el cual, le habría girado un cheque por $45.000.000 a uno de sus empleados de nombre Miguel Ángel Obieta Rodríguez”.

En la orden de detención también se consignan las pruebas reunidas por el Ministerio Público respecto de un primer pago que habría recibido la pareja de Vivanco por al menos US$14.000, tras un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema -integrada por la propia ministra- que benefició a CBM. Ese dictamen determinó que Codelco debía transferir más de $4.000 millones por los costos asociados a la desmovilización de maquinaria de CBM que había sido retenida por la cuprífera estatal, la que además había congelado los pagos por los servicios de la compañía de origen bielorruso.

LAS PRUEBAS DE LOS US$14 MIL

Tres recursos favorables al consorcio Belaz Movitec, que llevan la firma de Vivanco junto a otros magistrados de la Tercera Sala, serían el origen de los primeros US$14.000 que, de acuerdo con la fiscalía, recibió la exministra y Gonzalo Migueles. Esos fondos, asegura el documento del Ministerio Público, habrían llegado a Migueles y Vivanco el 18 de diciembre de 2023, luego de que la mencionada sala de la Suprema dictaminara que la cuprífera debería transferir los $4 mil millones a CBM.

La fiscalía reconstruyó la ruta de ese traspaso e identificó a quienes serían sus principales protagonistas, luego de revisar movimientos bancarios, chats de WhatsApp y georreferenciar en distintos puntos de la ciudad al abogado Eduardo Lagos; a Gonzalo Migueles; al propietario de la casa de cambios, Harold Pizarro Iturrieta, y a su hijo Cristian Pizarro Cornejo.

El origen del pago que recibieron Migueles y Vivanco, de acuerdo con los antecedentes expuestos en el documento, son $198 millones que Movitec transfirió a la sociedad Lagos, Vargas y Silber Ltda. el 13 de diciembre de 2023. Ese dinero, a su vez, correspondería a los honorarios de los abogados por su trabajo en el litigio ante Codelco.

Las pesquisas establecen que el paso siguiente fue el giro de un cheque emitido por el abogado Lagos, por $70 millones, para Cristian Pizarro Cornejo, hijo del dueño de la casa de cambios. El cheque fue cobrado en efectivo en una sucursal del Banco Itaú. El dinero que Lagos traspasó a Cristian Pizarro tenía un objetivo claro: que los $70 millones se transformaran en dólares y se los fueran a dejar a la oficina del abogado, en Las Condes. El que despejó la trama fue el dueño de la casa de cambios, Harold Pizarro, quien declaró dos veces y entregó voluntariamente su teléfono a la fiscalía.

De esta manera, el Ministerio Público accedió a la conversación por WhatsApp entre Pizarro y Lagos fechada el 14 de diciembre de 2023. En ella, el abogado le preguntó a Pizarro si podía “pasar a dejar esos dólares el lunes [18 de diciembre] en la mañana”. Pizarro le contestó por nota de voz que tenía problemas para ese día, debido a un compromiso inamovible: 

“Hola Eduardo, que gusto saludarte. Estoy… La verdad es que tengo todo el deseo de hacerte esa gestión, pero estoy complicado el día lunes. De hecho, no voy a venir a la oficina. Podría ser el día martes si te sirve y si no, tú… Tú me dirás po’, qué hacemos. Los voy a dejar ahora, los tengo acá, ya están. Habíamos quedado en [que] la Pía [secretaria del estudio de Lagos] los iba a dejar en la tardecita, cuando me fuera tipo 4… Pero, tú me dirás, la verdad es que no puedo patear ese asunto que tengo que hacer. Entonces, velo tú y me dices, po’. Puede ser ahora, puede ser mañana también puede ser… Pero yo sé que eso a lo mejor no te puede servir… Y puede ser el martes, pero justamente el lunes estoy complicaito. Ya amigo espero tu respuesta, un abrazo, que estés bien, chau, chau”.

Finalmente, acordaron juntarse en la tarde de ese mismo 14 de diciembre para pasar el dinero al abogado:

“Se lo llevo hoy, Eduardo… A penas me… A penas, o sea, la verdad es que tengo también cosas que hacer hoy día… Pero voy a ir a las 4. Voy a estar con la Pía allá. Así que pucha, mil disculpas amigo, pero no puedo dejar de hacer esa diligencia, el día lunes todo el día estoy ocupadito… Así que, bueno, un abrazo grandote y bueno, salió todo bien con esto, te llevo unos billetes nuevecitos, impecables, bien contados, está todo bien. ¿ya? Los dejo ahí. Un abrazo grandote, que estés muy bien, buen fin de semana. De todas maneras, te voy a llamar el… el martes para ver si nos podemos juntar o conversar de nuevo el tema. Ya amigo, un abrazo grandote, chau, chau”, concluyó Pizarro.

La revisión del teléfono de Harold Pizarro, además, permitió acceder a la conversación que sostuvo con la secretaria del estudio de Lagos pocas horas antes, quien le consultó si era posible ejecutar la operación transfiriendo el dinero a la cuenta bancaria de su hijo. Sin embargo, Pizarro advirtió que, debido al monto involucrado ($70 millones), lo conveniente era hacerlo a través de un cheque, tal como se hizo finalmente.

El tráfico de llamadas y los datos asociados al teléfono de Pizarro permitieron establecer que, entre las 10:50 y 11:16 del 14 de diciembre, estuvo en la oficina de Lagos (ubicada en Las Condes) para, presuntamente, retirar el cheque a nombre de su hijo. De acuerdo con la reconstrucción hecha por la fiscalía, Pizarro volvió a ese lugar pasadas las 16:00 para ir a dejar los $70 millones que giró y que cambió por dólares.

Todas estas presunciones fueron confirmadas por Pizarro en su segunda declaración, el 7 de octubre de 2025. En esa ocasión afirmó que Lagos le encomendó comprar dólares con los $70 millones. Al valor de esa fecha adquirió US$79 mil y los fue a dejar al estudio jurídico.

Migueles entró en acción el lunes 18 de diciembre siguiente, cuando fue georreferenciado cerca de la oficina de Lagos, Vargas y Silber, entre las 12:08 y 13:21. En esos minutos, dice la fiscalía, coincidió con Lagos y Vargas “pudiendo haber recibido todo o parte del dinero, lo cual se infiere razonablemente de una serie de operaciones realizadas que dan cuenta del uso y destino de dichos dineros por Víctor Gonzalo Migueles Oteiza y Angela Vivanco Martínez”.

Los movimientos a los que se refiere el Ministerio Público son tres, y estarían destinados a cubrir los gastos en los que incurrió la pareja en sus viajes a Argentina y Brasil, realizados en diciembre de 2023 y enero de 2024, respectivamente: 

• Un pago de Vivanco por US$1.900, efectuado el 10 de enero de 2024 en una tarjeta de crédito Mastercard.
• Un pago por caja de Migueles por US$6.670, efectuado el 5 de febrero de 2024 en una tarjeta de crédito VISA.
• Un pago por caja de Migueles por US$6.110, efectuado el 5 de marzo de 2024 en la misma tarjeta anterior.

UNA CASA DE CAMBIO, DOS CONSERVADORES Y $45 MILLONES

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el segundo pago de los abogados de CBM para retribuir a la exministra Vivanco vino después del fallo que determinó que Codelco debía pagar $1.026 millones adicionales, por concepto de reajustes e IVA. El 17 de mayo de 2024 el abogado Eduardo Lagos le solicitó a la Corte de Apelaciones de Copiapó que ese pago de Codelco fuera a su cuenta bancaria personal, del Banco Itaú. Los $1.026 millones llegaron a la cuenta de Lagos el 14 de junio de 2024, según determinó la fiscalía, tras conseguir acceso a esos registros bancarios. De ese monto habría salido el segundo pago, esta vez por $45 millones, que terminó en la cuenta del marido de Vivanco. 

Según el análisis de los registros bancarios hecho por la fiscalía, ese mismo 14 de junio Lagos repartió la cifra pagada por Codelco en cuatro cheques. Uno de ellos, el de $45 millones, fue el que condujo a los fiscales hasta Vivanco. Pero el dinero pasó por varias manos antes de llegar al entorno de la exministra. 

El documento por $45 millones fue emitido por Lagos a favor de Miguel Ángel Obieta, empleado de la casa de cambios de Harold Pizarro. El trabajador declaró a la fiscalía que su jefe lo envió a cobrar el cheque el 17 de junio de 2024. 

Las pericias al celular de Pizarro mostraron información importante: el dueño de la casa de cambios tuvo llamadas por WhatsApp con Lagos y Migueles en momentos clave de la historia. La primera ocurrió el mismo día en que Lagos giró el cheque a nombre de Obieta. Además, los registros del celular mostraron que en esa misma jornada Pizarro también conversó por WhatsApp con Migueles, quien está entre sus contactos telefónicos. 

Luego, el dueño de la casa de cambios volvió a conversar telefónicamente con ambos involucrados -Lagos y Migueles- el día 17 de junio, cuando Obieta fue a cobrar el cheque por $45 millones. La última llamada entre Pizarro y Lagos ocurrió el 3 de marzo de 2025, mismo día en que el primero declaró ante la fiscalía y entregó su teléfono. 

Frente a los fiscales, Harold Pizarro declaró que Lagos -o su secretaria, ya que no recordaba exactamente- le había solicitado comprar dólares. Y dijo que para esa operación se había ocupado el cheque a nombre de su trabajador. Pero, según la misma declaración, el día 17 de junio de 2024, cuando el empleado lo cobró y regresó con el efectivo, el abogado se habría arrepentido de la compra de dólares: “Se retractó de la compra de 45 millones en dólares, comprando sólo 4.500 dólares, llevándose el saldo de los 45 millones de pesos en dinero en efectivo la persona que Carlos [Eduardo] Lagos había mandado a realizar el cambio el mismo día que se cobró el cheque, ya que acá en la sucursal no nos quedamos con grandes sumas de dinero”. 

Esa “persona” enviada por el abogado a cambiar el dinero era el esposo de la exministra Vivanco, Gonzalo Migueles. Así lo determinó la fiscalía en base a los registros de las antenas telefónicas del centro de Santiago, las que permitieron georreferenciar el teléfono de Migueles justo en el sector de la casa de cambios, durante la mañana de ese 17 de junio.

La misma técnica de georreferenciación le permitió a la fiscalía determinar la ruta que siguió Migueles después de su paso por la casa de cambios, desde donde partió con los $45 millones en efectivo. Según los reportes de los pórticos de autopistas interurbanas, el auto de Migueles se encaminó a Puente Alto. Allí, las antenas telefónicas permitieron georreferenciar su destino: el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, donde además Migueles prestaba servicios. La fiscalía sostiene que ahí se reunió con el conservador Sergio Yáber, a quien le habría entregado los $45 millones. Esa tesis se afirma con fuerza en las transferencias bancarias que se precipitaron desde ese día, las que involucraron a Yáber, a Migueles y también al conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle. 

La fiscalía asegura que la estrategia de Migueles para lavar el dinero y hacerlo llegar a su cuenta requería que los dos conservadores le recibieran el dinero en efectivo y que luego ambos se lo transfirieran de vuelta. Él ha prestado servicios tanto para Yáber como para Najle, según ha dicho públicamente su esposa, Ángela Vivanco. Esos trabajos, en teoría, podían permitirle justificar las transferencias que le hicieran los dos conservadores. Pero la fiscalía logró desarmar esa estrategia con el análisis de las cuentas bancarias involucradas. 

Los registros bancarios de Yáber muestran que ese mismo 17 de junio el conservador depositó $25 millones en su cuenta y que luego se los transfirió, en una serie de operaciones, al conservador de Chillán, Yamil Najle, quien a su vez le transfirió ese total a Migueles. Además, los mismos registros muestran que entre los días 18 y 28 de junio de ese año, Sergio Yáber le traspasó a Migueles la suma de $19.471.979. En total, a través de esas operaciones, el esposo de la exministra Vivanco recibió casi $45 millones de vuelta.

En su declaración ante la fiscalía, el conservador Yáber fue consultado por esas transacciones: “Estas operaciones obedecen a que yo y algunos funcionarios del conservador de bienes raíces en algunas ocasiones le comprábamos dólares a Víctor Gonzalo Migueles, ya que él con su señora Ángela Vivanco viajaban mucho y cuando le sobraban dólares de sus viajes nos los vendía a nosotros”. 

Consultado específicamente por los $25 millones transferidos al conservador de Chillán el día 17 de junio de 2024, declaró: “En esa oportunidad, recuerdo que Gonzalo [Migueles] llegó a la oficina alrededor del mediodía con aproximadamente entre $20.000 a $25.000 USD que me los vendió para un viaje y yo no se los pagué a él, puesto que me pidió que le transfiriera la plata a Yamil Najle, en atención a que tenía una deuda con él”. 

Sobre los traspasos que el propio Yáber hizo a Migueles en junio de 2024, el conservador argumentó: “Esas transferencias corresponden a compra de dólares que yo le realizaba a Gonzalo Migueles. Debo señalar que igual me llamaba la atención el origen del dinero, sin embargo, se los compraba porque yo los necesitaba (…). Debo reconocer que Gonzalo en varias oportunidades me vendió dólares y euros. Recuerdo que en el lapso de una semana me trajo entre $40.000 a $45.000 USD«. 

Asimismo, un seguimiento hecho por carabineros al propio Migueles y a un asistente del conservador de Chillán, Yamil Najle, determinó que firmaron un contrato antedatado para simular que las transferencias por $25 millones correspondían a trabajos realizados por el esposo de Vivanco. La policía tomó fotos del asesor de Najle y de Migueles cuando este último firmó el contrato en una notaría de Santiago (vea el artículo de CIPER con los detalles de ese seguimiento policial).