Fiscalía acusa que al menos $57 millones del consorcio bielorruso llegaron a exjueza Vivanco y su pareja

El Ministerio Público acusa que por lo menos dos pagos -uno de US$14 mil y otro de $45 millones- fueron recibidos por Gonzalo Migueles, esposo de la exjueza Ángela Vivanco, por fallos de esta última favorables al Consorcio Belaz-Movitec (CBM). De esta forma, el beneficio que habría recibido la pareja se calcula, hasta ahora, en $57 millones, parte de los cuales se habrían gastado en vacaciones en Argentina y Brasil. Así quedó establecido en un documento de 148 páginas que la fiscalía presentó a tribunales -y al que CIPER tuvo acceso- para solicitar la detención de Migueles y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes de CBM en su litigio con Codelco. El primer pago, en dólares, se hizo cuando Vivanco votó para que la cuprífera transfiriera a CBM más de $4 mil millones, por el costo de desmovilizar maquinaria retenida por Codelco. Los otros $45 millones, dice la fiscalía, se pagaron cuando Vivanco falló para que la minera pagara otros $1.026 millones por reajustes e IVA asociados a la desmovilización de los equipos.

En un documento de 148 páginas, al que CIPER tuvo acceso, el Ministerio Público describe en detalles cómo al menos $57 millones provenientes del consorcio de origen bielorruso Belaz-Movitec (CBM) habrían terminado en manos de la exministra Ángela Vivanco y de su pareja, Gonzalo Migueles. Ese documento es la orden de detención que la fiscalía presentó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago para que ese tribunal autorizara la detención de Migueles -y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos-, así como el allanamiento del domicilio de la exjueza. 

La orden de detención plantea que Vivanco, a través de su cónyuge, recibió esos $57 millones por sus fallos favorables a CBM en distintas instancias del multimillonario litigio que esa compañía sostuvo con Codelco.

Según el escrito, el primer pago tuvo lugar el 18 de diciembre de 2023, después de que la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por Vivanco, falló a favor CBM, determinando que Codelco debía transferirle más de $4 mil millones por el costo de desmovilizar maquinaria, debido a que la cuprífera estatal mantuvo retenidos equipos del consorcio y le congeló pagos por servicios. Tras ese dictamen, la fiscalía asegura que en el estudio jurídico que integran Lagos y Vargas -y del que también es socio el exdiputado Gabriel Silber- la pareja de la entonces magistrada recibió US$14.000 (alrededor de $12 millones al valor de esa época). Y luego, el 17 de junio de 2024, a través de una intrincada triangulación que se describe de manera exhaustiva en el documento de la fiscalía, el cónyuge de Vivanco recibió otros $45 millones, después de que la entonces magistrada falló a favor de que Codelco agregara otros $1.026 millones al costo de la desmovilización de maquinaria, por concepto de reajuste e IVA. 

Asimismo, la orden de detención explica que mientras se tramitaba la causa en el máximo tribunal del país, Vivanco, Migueles, Vargas y Lagos, se reunían en la casa de la ministra. Específicamente, señala que el día 9 de febrero de 2024, a solo días de que los abogados de CBM ingresaran un recurso de queja ante la suprema, todos se reunieron en la casa de la exjueza. De hecho, la fiscalía afirma que un escrito en defensa de CBM, que Lagos y Vargas presentaron el 8 de agosto de 2023 a la Corte de Apelaciones de Copiapó, fue ingresado a ese tribunal desde la casa de Vivanco. La georreferenciación de sus celulares, describe la fiscalía, permitió establecer que, a la hora en que se presentó el escrito, Lagos, Vargas, Migueles y Vivanco estaban en el hogar de estos dos últimos. 

La fiscalía resalta que Vivanco no se inhabilitó por su estrecha relación con los abogados que estaban representando a CBM en la tramitación de la causa. Y también asevera que ella estaba al tanto de que el dinero que llegaba a su pareja era de origen ilícito.  

Consultada por CIPER, la exministra Vivanco reafirmó que no ha recibido compensaciones por sus fallos favorables a CBM y agregó que mantiene “economías separadas” con su pareja: “Como yo lo he dicho antes, nosotros teníamos economías separadas y en consecuencias los intercambios de platas entre nosotros tenían que ver con gastos comunes, devoluciones de que una de las dos personas había gastado más o menos y contribuciones de gastos. Pero yo no tenía ningún control ni acceso ni cuentas comunes con él, por lo cual, cualquier pago que aparezca que, obviamente, en sus declaraciones (Gonzalo Migueles) tendrá que dar cuenta qué fue lo que pasó, yo no tuve ningún conocimiento de ninguno de los dos pagos que usted me comenta. Y tampoco tuve yo ninguna relación con ningún tipo de transacción que haya tenido que ver con la causa”.

US$14.000 POR TRES RECURSOS

Uno de los hechos que investiga el Ministerio Público corresponde al presunto delito de cohecho y soborno, relacionado con la intervención de la exministra Vivanco -en su calidad de ministra de la Corte Suprema- en favor del consorcio Belaz-Movitec en al menos tres instancias dentro del proceso judicial que la empresa mantenía con Codelco. En esa causa, Belaz-Movitec fue representada por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, este último es cercano a Vivanco. En artículos anteriores, CIPER ha dado cuenta de registros audiovisuales que demuestran que ha asistido a reuniones sociales en la casa de la exsuprema (vea ese artículo).

Según la indagatoria de la fiscalía, Vivanco habría intervenido en un recurso de protección presentado por el consorcio; en un recurso de aclaración interpuesto por esa empresa a través de Lagos y Vargas, y en un recurso de nulidad que Codelco presentó tras recibir un resultado adverso. La fiscalía acusa que, a cambio de esas intervenciones, la entonces ministra recibió a lo menos US$14.000 (equivalentes a $12 millones) y luego otros $45 millones, entregados por los abogados Lagos y Vargas a su cónyuge. 

En total el beneficio económico para la pareja Vivanco-Migueles superaría los $57 millones, según los cálculos que hasta ahora lleva el Ministerio Público, aunque el monto podría incrementarse conforme avance la investigación. 

De acuerdo a lo que indica la orden de detención, el 4 de julio de 2023 la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió con un voto favorable de la exministra Vivanco un recurso de protección presentado por CBM. Ese fallo ordenó a Codelco la restitución inmediata de las maquinarias propiedad de la empresa y poner término a la retención de pagos, lo que implicó que la cuprífera desembolsara un monto superior a $12 mil millones. 

Alrededor de 20 días más tarde, Lagos y Vargas solicitaron a la corte de Copiapó el cumplimiento de la resolución de la Suprema, pero, incorporando un pago que no había sido ordenado por el máximo tribunal: los abogados pedían que se agregara el costo de la desmovilización de la maquinaria de CBM, por lo que pedían que Codelco pagara $4 mil millones adicionales. Ese recurso no prosperó en la corte de Copiapó, por lo que, el 21 de septiembre de 2021, Lagos y Vargas presentaron en la Suprema un recurso para que se esclareciera si el fallo anterior del máximo tribunal comprendía el pago de los $4 mil millones. 

Ese recurso fue fallado el 28 de septiembre de 2023 y fue favorable a Belaz-Movitec. Con el voto de Vivanco, se ordenó que Codelco pagara los $4 mil millones. Otra intervención de Vivanco en la causa tuvo lugar cuando Codelco presentó un recurso en contra de esta última resolución. El 11 de septiembre de 2023 y el 18 de octubre del mismo año, Vivanco votó a favor de desestimar las acciones interpuestas por Codelco. En medio de esas dos votaciones, el Ministerio Público determinó que el 9 de octubre, en casa de la exsuprema, se reunieron su pareja y el abogado Mario Vargas. 

Ya en 2024, los abogados Vargas y Lagos volvieron a solicitar un pago adicional de Codelco, de $1.026 millones, por reajuste e IVA asociado a la desmovilización de maquinaria. El documento que la fiscalía presentó al tribunal indica los siguiente sobre este nuevo evento: “El 09 de febrero, esto es, al día siguiente de haberse declarado admisible el recurso de queja, la imputada Vivanco Martínez y su conviviente, Migueles Oteiza, se reunieron con los imputados Lagos Herrera y Vargas Cociña en la casa de la pareja Vivanco-Martínez”. Y agrega: 

“Luego, el 14 de marzo de 2024, la Corte Suprema acogió el recurso de queja Rol N° 1150- 2024 ordenando el estricto cumplimiento de la sentencia definitiva dictada el 04 de julio de 2023, Rol N° 141421-2023 y su aclaración, rectificación y enmienda de 28 de septiembre de 2023, incorporando además los montos de reajustes e IVA por sobre el valor del costo de desmovilización de las maquinarias por parte de CODELCO, ordenando a la Corte de Apelaciones de Copiapó considerar las liquidaciones de tales sumas”. 

Así, se concretó un nuevo desembolso de $1.026 millones a favor de CBM. Dos meses después, el 17 de mayo de 2024, Lagos pidió que ese dinero le fuera transferido a su cuenta personal. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Codelco realizó esa transferencia el 14 de junio de 2024 a una cuenta de Lagos en el Banco Itaú. Con esos fondos, sostienen los fiscales, Lagos y Vargas habrían entregado a Migueles los $45 millones en efectivo que hoy están bajo investigación.

La fiscalía describe el rol de Vivanco en toda esta trama de la siguiente forma: 

“Entre las diversas decisiones en las que intervino la imputada Vivanco con infracción a sus deberes del cargo durante la tramitación del recurso de protección ante la Corte Suprema, concurrió con su voto a resoluciones favoreciendo las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a CODELCO a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados imputados, procediendo éstos, con parte de esos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y su conviviente Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, quien concertadamente con ella facilitó los 4 medios para recibir el pago en conocimiento tanto del cohecho como del origen ilícito del dinero, que usaron para fines personales de él y de la ex ministra”.

LAVADO DE ACTIVOS

El 14 de diciembre de 2023, Lagos Herrera coordinó con Harold Pizarro Iturrieta, propietario de una casa de cambios llamada “Inversiones Suiza Ltda”, una operación destinada a ocultar el origen de los fondos. Para ello, el abogado emitió un cheque por $70 millones a nombre de Cristian Pizarro Cornejo, hijo del cambista, quien cobró el documento en efectivo en una sucursal del Banco Itaú.

Según la fiscalía, Pizarro Iturrieta cambió el dinero a dólares -sin registrar ni reportar la operación- y posteriormente entregó el equivalente a USD $79.908 al abogado Lagos en sus oficinas de Las Condes. Luego, el 18 de diciembre de 2023, alrededor del mediodía, Migueles concurrió a la oficina de ambos abogados ubicada en el barrio El Golf, lugar en que recibió los $14 mil dólares. 

De acuerdo con la fiscalía, tras recibir los fondos, Vivanco y Migueles realizaron un viaje a Buenos Aires entre el 22 y 25 de diciembre de 2023, y posteriormente unas vacaciones en Brasil entre el 12 y 27 de enero de 2024, durante las cuales habrían efectuado millonarios gastos en dólares con sus tarjetas de crédito.

Por el segundo pago, el Ministerio Público determinó que Lagos giró un cheque por $45 millones, fechado el 14 de junio de 2024, a nombre de Miguel Obieta Rodríguez, un empleado de la casa de cambios de Pizarro. El 17 de junio, Obieta cobró el cheque en efectivo en la sucursal Bandera del Banco Itaú. Posteriormente, le pasó el dinero a Pizarro, quien, siguiendo instrucciones de Lagos, entregó la suma a Migueles -una parte en pesos y otra en dólares- frente a las oficinas de Inversiones Suiza Ltda., alrededor de las 11:00 horas del mismo día.

Según la fiscalía, el abogado se trasladó directamente a la oficina del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, a quien entregó los $45 millones. Este último, habría aceptado el dinero sin verificar su procedencia, comprometiéndose a realizar transferencias que permitieran disimular los fondos. Entre ellas, se instruyó el envío de una parte a Yamil Najle Alée, Conservador de Bienes Raíces de Chillán, con quien Migueles mantenía vínculos laborales previos.

La fiscalía sostiene que las transferencias se realizaron en seis movimientos bancarios fragmentados con la intención de lavar y reintroducir al mercado el dinero que, a juicio del Ministerio Público, fue obtenido de manera ilícita por Gonzalo Migueles y compartido con su pareja, la entonces ministra suprema Ángela Vivanco.