Cortes de luz: compensaciones para los clientes son financiadas por los mismos usuarios

Si una familia paga una cuenta de luz de $100 mil mensuales, de ese monto se destinan $520 a financiar las compensaciones que los usuarios reciben en caso de que sufran un corte de electricidad. Cuando se produce una interrupción del suministro, la ley obliga a las empresas distribuidoras a hacer un descuento al cliente en la boleta siguiente. Pero, en el último cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD) de 2024 –cargo fijo para mantener la red– se traspasó el financiamiento de esa obligación de las empresas a los usuarios. La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó a CIPER que cada cliente financia las futuras compensaciones a través de dos cargos -aplicados por 21 de las 26 empresas de distribución del país- que suman un 0,52% del valor total que aparece en la boleta. Eso no está detallado en las facturas que reciben los hogares.

Créditos imagen de portada: CIPER

Desde junio de 2024, 21 de las 26 empresas distribuidoras eléctricas incluyen en las cuentas mensuales de sus clientes dos cargos que suman el 0,52% del valor total que deben pagar los consumidores. Ese dinero se destina a las indemnizaciones que las distribuidoras deben entregar a los usuarios cuando han sufrido una interrupción del servicio. En síntesis, son los propios consumidores los que financian las compensaciones a las que tienen derecho, por ley, cuando se les corta la luz.

En mayo de este año, la Comisión Nacional de Energía confirmó a CIPER que en la nueva tarifa por el servicio de distribución –que tiene un costo fijo del 17% en la cuenta mensual de cada usuario–, se incluye el financiamiento de las futuras compensaciones. Pero, según indicó ese organismo, “el efecto en cuenta tipo es marginal”. No obstante, en la entidad no especificaron el valor. Tras una nueva consulta, un mes después, la CNE detalló que se trata de dos cargos que actualmente “representarían un 0,46% y 0,06% de la cuenta tipo”. Ese costo que cada mes pagan los clientes, no se encuentra detallado en la facturación.

Ambos cargos suman el 0,52% de la cuenta mensual de cada cliente. Es decir, si un hogar paga $100 mil mensuales por consumo eléctrico, $520 de esa cuenta se destinan a financiar las futuras compensaciones que la empresa distribuidora entregará si un cliente sufre un corte de servicio.

Cada cuatro años se reajusta el Valor Agregado de Distribución (VAD), costo que cada mes los clientes pagan por el uso y mantención de las redes que distribuyen electricidad. El último proceso, para el período 2020 a 2024, comenzó en septiembre de 2020 y debía estar listo en cien días. Pero, se retrasó 42 meses por un desacuerdo entre la CNE y las empresas: no lograban concordar cuánto debía aumentar la tarifa de distribución. La discrepancia se resolvió con el dinero de los usuarios: se traspasó el financiamiento de las compensaciones –que las empresas deben pagar obligatoriamente tras un corte de luz– a los propios consumidores.

El mecanismo de compensación fue acordado en 2023. La CNE argumentó -mediante una respuesta enviada a CGE, de la cual quedó registro en la discrepancia sostenida ese año ante el Panel de Expertos- que en su propuesta técnica de Valor Agregado de Distribución incluyó “el pago de compensaciones por interrupciones de suministro” de acuerdo a la ley. La legislación obliga a las empresas a indemnizar a los clientes –mediante un descuento en la siguiente facturación– tras un corte de electricidad que se extienda -según la normativa- por más de tres minutos (revise aquí la Ley 18.410 y la Norma Técnica de Distribución).

Casi siete millones de clientes residenciales –según datos disponibles hasta octubre de 2022 en la Comisión Nacional de Energía– son los que cada mes pagan la tarifa de distribución eléctrica. El costo acordado por la CNE y las empresas no es aplicado en todo el país. En su respuesta, la CNE señaló a CIPER que se ejecuta en 9 de las 12 Áreas Típicas de Distribución (ATD) a nivel nacional –zonas de distribución de electricidad–, aunque no especificó a qué región corresponde cada área. Pero, sí explicó qué empresas son las que realizan el cargo extra para financiar las compensaciones, entre las que figuran Enel, CGE, Chilquinta y Saesa. 

El traspaso del financiamiento de las compensaciones a los clientes no fue el único cambio realizado en el sector de distribución eléctrica. En 2024, la CNE modificó la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución (consulte acá este documento). El organismo señaló a CIPER que la norma técnica fue modificada debido a “una redacción equívoca” en su sección sobre “estándares individuales” de cumplimiento de calidad del servicio. Esto, indicaron en la CNE, habría generado “disímiles interpretaciones” de la normativa, lo que provocó “una actitud oportunista de algunas empresas”.

Uno de los cambios en la norma fue disminuir el tiempo máximo de incumplimiento de servicio por parte de las empresas. La versión anterior establecía que el tiempo total acumulado de los cortes de electricidad no podía superar las 12 horas por año. Esto se rebajó a nueve horas. También se reformó el tiempo máximo para asistir presencialmente a solucionar un corte de luz. En las zonas urbanas quedó en dos horas, tal como ya estaba en el reglamento anterior, pero para los sectores rurales se elevó a seis horas. Esa modificación no es congruente con el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, que indica que el plazo en zonas rurales no puede sobrepasar las cuatro horas (revise aquí el artículo 214 del Decreto 327 de 1998).

Créditos: Lukas Solis / Agencia Uno

¿QUIÉN PAGA LAS COMPENSACIONES?

El 17 de diciembre de 2019 se promulgó la Ley 21.194, conocida como Ley Corta de Distribución. El objetivo del proyecto fue “rebajar” las ganancias de las distribuidoras eléctricas y asegurar a los usuarios un estándar mínimo de seguridad en el servicio (consulte acá la Ley 21.194).

Esta ley también estableció que la CNE es la responsable de encargar los estudios técnicos para determinar en cuánto debe aumentar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La CNE explicó a CIPER que el retraso de 42 meses en ese proceso, para el periodo 2020-2024, se debió a que las empresas distribuidoras “mostraron sucesivos desacuerdos” y que el estudio con la propuesta de aumento del precio de distribución recibió “cerca de 900 observaciones”. También, a que entre 2022 y 2023 las empresas presentaron “cerca de 120 discrepancias ante el Panel de Expertos” (revise acá la respuesta completa).

En el debate, las distribuidoras propusieron cobrar un mayor precio para invertir en mejoras de la infraestructura y así reducir los cortes de servicio. La CNE, en tanto, planteó considerar en los gastos de las empresas las compensaciones que estás deberían pagar por incumplir la normativa. Esto, para moderar el alza y –según la respuesta enviada a CIPER–, por no confiar en el correcto uso de los recursos por parte de las distribuidoras: “Hubiese significado una sobre renta artificial sin ningún efecto en la calidad de servicio a los usuarios (…) podría generar incentivos naturales a no invertirlo, siendo una estrategia de menor costo para las distribuidoras reales solo pagar las compensaciones”.

Ese mismo año el Panel de Expertos -en un dictamen emitido por una discrepancia presentada por Chilquinta- cuestionó que fuesen los clientes quienes asumieran los costos obligatorios establecidos en la Norma Técnica: “El Panel estima inadecuado el criterio empleado por la CNE en orden a incorporar, en la tarificación basada en la empresa modelo, un monto por concepto de compensaciones a clientes por interrupción o suspensión de suministro” (consulte aquí la pág. 78 del Dictamen N° 4 – 2023).

El 1 de agosto de 2024, un temporal afectó a nueve regiones del centro y sur del país. Las ráfagas de viento e inundaciones colapsaron postes, cables y transformadores. Ese día –según datos recopilados por el Sernac– más de 2,4 millones de clientes quedaron sin suministro. Fue entonces cuando se cuestionó a las distribuidoras por la falta de mantención de la infraestructura. También por el poco personal de emergencia destinado a reparar la red.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó a CIPER que, tras los cortes de agosto, casi todas las distribuidoras ejecutaron las compensaciones, por lo que no se aplicaron multas debido a este punto. La única “empresa que se ha resistido al pago es Enel, quien no estuvo de acuerdo con la calificación de Fuerza Mayor, que hicimos, por los cortes de suministro”, señalaron en el organismo público.