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RESERVADA GESTIÓN DE INTERIOR Y CANCILLERÍA SE HIZO CUANDO EN LA MONEDA YA SABÍAN QUE PROVOCABAN LESIONES GRAVES
26.07.2022
Informes y oficios secretos intercambiados por Carabineros, Interior y Cancillería, muestran que el gobierno de Sebastián Piñera gestionó la compra urgente de 20 mil cartuchos de perdigones a dos meses de iniciado el estallido social. En la causa por eventuales crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía analiza esta adquisición porque se hizo cuando La Moneda ya conocía las graves lesiones que provocaba esta munición. Para configurar un delito de lesa humanidad, debe acreditarse que hubo un ataque “sistemático” o “generalizado” contra la población. Por estas compras masivas, y por la gestión para pagar $18.000 millones en gratificaciones para carabineros que trabajaron en el control del orden público en 2019, la Fiscalía evalúa calificar los hechos como “generalizados”.
El 10 de noviembre de 2019, Gonzalo Blumel y Mario Rozas cerraron una reunión en La Moneda con un apretón de manos ante la prensa. En aquellos días el primero era ministro del Interior y el segundo, general director de Carabineros. Fue Rozas el que informó, tras esa cita, que a futuro los policías solo harían un “uso acotado” de las escopetas antidisturbios y que los funcionarios que las portaran estarían equipados con cámaras Go Pro. Así, La Moneda y el alto mando policial comunicaban de manera implícita que se daban por advertidos de las graves lesiones que esas armas estaban provocando en las manifestaciones del estallido social.
A esas alturas ya había más de 200 personas con distintos tipos de lesiones oculares provocadas por escopetas antidisturbios. Esto, a pesar de las advertencias sobre el aumento de estas heridas que fueron hechas por la ONU, Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Colegio Médico. La reunión entre Blumel y Rozas pareció aplacar las críticas que apuntaban a que las autoridades preferían ignorar estos datos y no impartían instrucciones para moderar el uso de estas armas.
Pero un mes y medio más tarde, el 27 de diciembre de 2019, se registró una potente señal a la inversa: el gobierno puso en marcha una serie de gestiones conjuntas, secretas y urgentes de los ministerios del Interior y Cancillería para concretar la compra y transporte, desde Brasil, de miles de cartuchos de perdigones. Para entonces, los informes del INDH registraban un total de 359 personas con lesiones oculares (23 de las cuales sufrieron estallido o pérdida ocular). Y CIPER ya había difundido un informe de la Universidad de Chile que demostró que los perdigones contenían plomo y un documento interno de Carabineros que había advertido en 2012 que estas escopetas podían ser letales o provocar estallido ocular.
Esta compra de cartuchos es analizada con detención por el Ministerio Público en la causa que investiga la responsabilidad de autoridades del gobierno anterior en eventuales crímenes de lesa humanidad. Para que se configure un delito de ese tipo, es necesario acreditar que hubo una agresión “sistemática” o “generalizada” por parte de agentes del Estado. La Fiscalía ha impulsado desde marzo tres líneas de investigación que apuntan a demostrar que bajo el gobierno de Sebastián Piñera pudo configurarse una agresión generalizada contra la población que participó en las manifestaciones del estallido social, sin que la autoridad tomara medidas efectivas para evitarlo.
Ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y ex General Director de Carabineros, Mario Rozas.
El primer pilar de estas pesquisas comprobó de manera documentada la coordinación que desplegaron diversas instituciones del Estado para garantizar el uso de las escopetas, pese a los sucesivos eventos que terminaron con lesiones provocadas por estas armas. En ese contexto el Ministerio Público revisó oficios e informes de Interior, Carabineros y la Cancillería, referidos a garantizar la compra y transporte inmediato de 20 mil cartuchos de perdigones calibre 12 desde Brasil.
Una segunda línea de investigación en que ahondó la Fiscalía está respaldada por un informe secreto que Carabineros entregó al Ministerio Público, donde confirma que sus funcionarios percutaron un total de 188.100 cartuchos con gas irritante CS a los manifestantes, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. A ello se suma la información proporcionada por Carabineros, en respuesta a una solicitud de Transparencia, que indicó que sus funcionarios dispararon 104 mil tiros de escopeta solo en las dos primeras semanas del estallido social (vea ese reportaje de CIPER), lo que corresponde a 1,8 millón de perdigones.
Una tercera hebra en las pesquisas de la Fiscalía son los $18.000 millones que gestionó Carabineros ante la Subsecretaría del Interior en enero de 2020 para pagar gratificaciones a efectivos que participaron en labores de control del orden público durante 2019, pese a que ya existían informes nacionales e internacionales que alertaban o denunciaban las eventuales violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios policiales a contar de octubre de ese año.
Todo cambió en febrero de 2022. Luego de dos años con escasos avances, el fiscal nacional, Jorge Abbott, dictaminó en esa fecha traspasar a la persecutora Ximena Chong la causa por eventuales crímenes de lesa humanidad contra Piñera y sus ministros. La fiscal Chong asumió en reemplazo de su par Claudia Perivancich (vea el reportaje “A dos años del estallido: los escasos avances en la investigación al Presidente Piñera por eventuales delitos de DD.HH.”).
La mayor dificultad para la fiscal Chong -al igual que para su antecesora- fue obtener evidencia de que luego del estallido social existió un ataque “sistemático” o “generalizado” contra la población civil, condición para configurar el crimen de lesa humanidad, tal como explicó el académico Juan Pablo Mañalich en una columna divulgada en CIPER (vea esa columna).
El ataque generalizado, ahondó el académico de la Universidad de Chile, es definido por la ley chilena como “un mismo acto o varios actos simultáneos o inmediatamente sucesivos, que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas”. La norma establece que el ataque se vuelve además sistemático, indica el autor, cuando se extiende “por un cierto periodo de tiempo”.
Mañalich agrega que, según la ley, “las personas que hayan ocupado las posiciones de máxima autoridad civil o de jefatura militar, y que, pudiendo hacerlo, no hayan impedido la perpetración de crímenes (de aquellos tipificados en la misma ley) de los cuales hayan tenido conocimiento, resultan responsables como autores de esos crímenes”.
En esa perspectiva, apenas asumió el mando de las pesquisas, la fiscal Chong solicitó al actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, resguardar los correos electrónicos de los exministros Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, y de los exsubsecretarios Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.
El gobierno, sin embargo, respondió que esas comunicaciones habían sido borradas durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera (vea ese artículo de CIPER).
Aunque los correos electrónicos fueron borrados, otros documentos recabados por la Fiscalía muestran que, desde el comienzo del estallido, las autoridades tomaron medidas para garantizar el abastecimiento de equipos y municiones para Carabineros, a pesar de las denuncias reiteradas de violaciones a los derechos humanos, efectuadas incluso por organismos internacionales.
La primera acción coordinada entre varias instituciones del Estado en esta materia se gestó el 23 de octubre, cuando ya había 29 personas con traumas oculares graves. Ese día el general director de Carabineros, Mario Rozas, firmó un primer oficio pidiendo el envío de miles de dispositivos de disuasión química al ministro del Interior, Andrés Chadwick.
“Los niveles de existencia se encuentran actualmente con quiebre de stock”, explicó el jefe policial, quien a renglón seguido pidió que le fueran enviados desde los arsenales de la Defensa unos cinco mil cartuchos lacrimógenos de 37 milímetros y un número idéntico de granadas CS, para “continuar enfrentando la contingencia” (ver documento).
Créditos: Eric Allende / Migrar Photo
Dos meses después, el 27 de diciembre de 2019 Rozas pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, con copia a Interior y al Estado Mayor de la Fuerza Aérea, adoptar medidas para garantizar la importación urgente de 20 mil cartuchos de perdigones calibre 12, provenientes de la empresa CBC, con sede en Porto Alegre, Brasil. A esa fecha, el propio Piñera había admitido las fallas en la aplicación de los protocolos policiales, el número de personas con lesiones oculares superaba los 350 según los registros del INDH y los informes de Amnistía Internacional y Human Right Watch ya eran públicos.
Rozas advertía en ese oficio que el vuelo, programado para el 30 de diciembre de 2019, no había sido autorizado por la Fuerza Aérea, lo que generaba un problema de abastecimiento, pues la empresa proveedora cerraba sus operaciones por 15 días, luego de esa fecha.
El jefe policial planteó luego que Carabineros enviaría un avión a cargo del mayor y piloto Ignacio Sanhueza para traer los 495 kilos de municiones, por lo que era imprescindible que Cancillería gestionara urgente los respectivos permisos de vuelo en Argentina, Uruguay y Brasil (ver documento).
La carpeta investigativa que entregó la fiscal Perivancich a Ximena Chong contiene un documento clave que permite cuantificar la magnitud de las operaciones desplegadas por la policía durante el estallido, información resumida en un informe secreto que entregó Carabineros al Ministerio Público 5 de noviembre de 2021, tras seis meses de tramitación.
En ese documento, la policía confirmó que disparó 188.100 cartuchos con gas irritante CS contra los manifestantes entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. En el mismo lapso, la institución policial admitió que empleó 43.859 granadas lacrimógenas.
Además, Carabineros señaló en ese reporte que arrojó 16.575 litros de líquido con irritante CS desde sus carros lanzagua, además de utilizar otros 9.434 kilos de polvo CS en sus diversas operaciones. A ello, se sumaba el uso de 1.857 aerosoles con el mismo componente químico (ver documento).
Créditos: Eric Allende / Migrar Photo
La documentación que recibió la fiscal Ximena Chong también contiene dos cartillas elaboradas especialmente por Famae para Carabineros, previo al estallido social, sobre las características del producto CS LÍQUIDO. En ambos impresos se alerta que este compuesto puede afectar el sistema nervioso y eventualmente provocar la muerte (ver documento). Es decir, la policía uniformada utilizó de manera generalizada un compuesto químico sobre el cual otra institución pública expresó alertas previas.
Pero Carabineros, como es sabido, también usó perdigones. En 2020, un reportaje de CIPER reveló que la policía uniformada confirmó que había disparado 1,8 millones de perdigones sólo en las dos primeras semanas del estallido social. Un punto que debe aclarar la investigación es si los funcionarios de Carabineros conocían las consecuencias de un uso inadecuado de este armamento (vea el reportaje “Ya en 2012 informe de Carabineros advirtió que escopetas antidisturbios provocan lesiones letales y estallido ocular”). En esa línea, la Fiscalía ordenó interrogar a tres tenientes, un sargento y un suboficial, para conocer las condiciones en que son capacitados los policías en el uso de las escopetas antidisturbios con las cuales se percutan estos cartuchos de perdigones.
Todos ellos, quienes fungen como capacitadores en la institución, coincidieron en puntualizar que las capacitaciones siempre incluyeron información sobre las lesiones que provoca el uso de esta arma: “Se especificaba que siempre el disparo de la escopeta antidisturbios se debía dirigir a las partes bajas del cuerpo. Esto es de la cintura hacia abajo. En ningún caso se puede disparar apuntando al rostro de una persona. La distancia mínima a que se debe usar la escopeta es de treinta metros”, reseñó, por ejemplo, el teniente Joaquín Jansana (vea el informe de la PDI con las declaraciones de los instructores policiales).
Otro elemento que analiza la Fiscalía es el pago de $18.000 millones en gratificaciones especiales giradas a favor de los funcionarios de Carabineros que participaron durante 2020 en labores de riesgo ($15.031 millones), operaciones policiales especiales ($467 millones), Fuerzas Especiales ($2.168 millones) y protección de autoridades ($385 millones). Fue el general Rozas quien pidió al entonces subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, que gestionara la corrección presupuestaria para contar con esos fondos (ver documento).
La Fiscalía analiza si el pago de gratificaciones asociadas a labores de control del orden público se justificaba dadas las circunstancias, pues ya se habían abierto investigaciones por posibles violaciones de derechos humanos contra efectivos de Carabineros. Esto, en el contexto de que el propio exsubsecretario Galli declaró ante el Ministerio Público que tenía una coordinación permanente con el entonces director de Orden y Seguridad, general Ricardo Yáñez, actual jefe máximo de la institución.
La coordinación diaria -ahondó el exsubsecretario- incluía a los jefes de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). “En esa instancia se hacía una evaluación de la jornada a nivel nacional, región por región”, declaró.
Otro elemento que debe sopesar la Fiscalía son las actuaciones administrativas para prevenir posibles violaciones de derechos humanos. De acuerdo con la información que se ha acumulado en la causa, durante la gestión de Andrés Chadwick como ministro del Interior el gobierno pidió reportes de muertos y lesionados, civiles y uniformados, pero no ordenó revisar los protocolos policiales o de uso de las escopetas antidisturbios.
Cuando asumió Gonzalo Blumel a la cabeza de Interior, una de las primeras comunicaciones refirió a la necesidad de reforzar la instrucción relativa a los protocolos policiales. Y luego a volver a capacitar a los funcionarios autorizados a usar las escopetas antidisturbios. Esta nueva capacitación se entregó incluso a aquellos efectivos que ya eran investigados por casos de violaciones de derechos humanos, como el mayor Patricio Maturana, presunto responsable de haber dejado ciega a la ahora senadora Fabiola Campillai.
El 31 de octubre de 2019 Carabineros suspendió reservadamente el uso de cartuchos Super Sock, lo que recién informó al Ministerio del Interior 16 días después a través de un oficio secreto. En la munición Super Sock los perdigones van dentro de un pequeño saco hecho con una tela de la alta resistencia, lo que impide que se dispersen (vea aquí sus características) y provoca lesiones más severas.
Pero no se detuvo el empleo de los perdigones, pese al cada vez mayor número de lesionados (vea el reportaje de CIPER). Hasta el 6 de diciembre de 2019, el INDH contabilizaba 1.554 personas heridas con estos proyectiles y 352 con algún tipo de daño ocular (133 de ellas con trauma ocular severo).
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