México a punto de legalizar uso recreativo de la marihuana. Enseñanzas para Latinoamérica

A través de un análisis histórico, esta columna expone quién impulsó y cómo fue posible la legalización del uso recreativo de la marihuana en México. El autor, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, subraya que la estrategia legal y la estructura de apoyo que hicieron posible este paso no provienen “desde abajo”, sino desde “las cúpulas económicas e intelectuales de México”. Destaca, además, que la ley que terminará con la prohibición el próximo 30 de abril ha recibido críticas: entre ellas, que favorecería los intereses de empresas extranjeras.

La columna está basada en el artículo “Las élites se movilizan para combatir la inseguridad. Estructura de apoyo y litigio estratégico en la regulación del cannabis”, publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. LXV, número 239, mayo-junio 2020.

A pocos días de que el Senado mexicano apruebe la ley federal para la regulación del cannabis, vale la pena hacer un recuento del camino andado, en particular del que emprendió un grupo de la élite económica e intelectual mexicana -organizado en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)- que impulsó la regulación del cannabis, con el fin de combatir la inseguridad.

Dada la constante negativa a legislar en la materia, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, en 2013 MUCD presentó un litigio estratégico en materia de derechos humanos, que le permitió llevar el tema del consumo de cannabis hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con esto, MUCD buscaba declarar inconstitucional la prohibición, pues impedía el libre desarrollo de la personalidad.

En este escenario, que a primera vista parece bizarro (élites económicas abogando por la legalización de las drogas para combatir la inseguridad, en un país que hasta la fecha rechaza la legalización de forma mayoritaria), surge la pregunta: ¿cómo es que un grupo de la élite se subió a la ola global de despenalización del uso del cannabis? ¿y por qué usaron la vía del poder judicial?

Sostengo aquí es que esto tuvo lugar gracias a que existió una coyuntura favorable a nivel nacional e internacional que elevó a rango constitucional los derechos humanos, lo que permitió impulsar la agenda de MUCD. Tan importante como eso es el hecho de que esta organización construyó una estructura de apoyo para la movilización legal, cuyo común denominador fue la pertenencia de los actores a distintas élites de donde provienen.

LA ESTRUCTURA DE APOYO

El politólogo estadounidense Charles R. Epp sostiene que una revolución de los derechos puede ocurrir cuando existen cambios institucionales que permiten su desarrollo. Pero, para que esto tenga lugar, es necesario que estos cambios sean impulsados desde abajo.

En el caso de los Estados Unidos, que es la materia de estudio de Epp, existió un proceso sostenido y evolutivo que produjo y expandió nuevos derechos y nuevas libertades civiles (el autor utiliza el tema de la segregación racial). Esto ocurrió porque los jueces prestaron atención a derechos de nueva creación, hubo apoyo judicial a los nuevos derechos y éstos se pusieron en práctica.

La experiencia norteamericana, sin embargo, muestra que para alcanzar esa meta son necesarias estructuras de apoyo para la movilización legal –es decir, organizaciones de defensa de los derechos individuales, abogados especializados en esa defensa, conocidos como “abogados de causa”- y fuentes de financiamiento para llevar estos procesos.

Esta estrategia requiere la concurrencia de dos elementos clave: Primero, poder entablar un litigio extendido y sostenido en defensa de los derechos y las libertades civiles; y segundo, dado que estos litigios suelen ser largos y consumen una cantidad considerable de recursos, que difícilmente pueden ser sostenidos por un demandante individual, su éxito depende de una estructura de apoyo pueda aportar recursos de manera continua. En suma, la estructura de apoyo para la movilización legal resulta imprescindible, pues suministra financiamiento y todo tipo de ayuda que apoye a dicha estructura: desde apoyo para coordinar investigación extrajudicial que respalde la demanda, hasta conseguir publicidad en los medios de comunicación, y gestionar redes a través de las cuales se facilite el intercambio de ideas.

¿QUIÉN ES MUCD?

La organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) surgió mucho antes de que la legalización del cannabis con fines recreativos se volviera un tema importante en la agenda mexicana. De hecho, su interés por el tema ocurrió más diez años después de su fundación.

En 1997 una ola de secuestros acechó a la élite económica del país, particularmente en Ciudad de México. La fundadora de MUCD, Josefina Ricaño de Nava decidió involucrarse en el combate a la delincuencia luego que sufriera el secuestro y asesinato de su hijo a manos del famoso secuestrador Daniel Arizmendi, conocido como “El Mochaorejas”, cuyo apelativo lo dice todo.

Las primeras reuniones de las familias empresariales afectadas tuvieron lugar en el exclusivo Club de Golf Chapultepec. Allí compartieron sus amargas experiencias y llamaron a una movilización que tuvo lugar en noviembre de ese año, a la cual se refirieron como México Unido Contra la Delincuencia.

A la marcha asistieron miembros prominentes del partido conservador de derecha Acción Nacional (PAN), entre ellos Santiago Creel, que sería Secretario de Gobernación del gobierno del expresidente Vicente Fox, así como Felipe Calderón, presidente de México entre 2006 y 2012.

Un año después de esa marcha y usando el mismo nombre, se fundó la organización. MUCD se convirtió rápidamente en vocero de cierta ciudadanía, afectada por la inseguridad y emprendió la búsqueda del know-how en materia de inseguridad.

Para ello organizó el “Primer Foro: Seguridad, Justicia y Paz” en el año 2000, cuyo resultado fue el Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Paz, firmado por la organización y el entonces presidente electo Vicente Fox.  Dado que la inseguridad siguió en aumento, en mayo de 2004 se organizó una nueva manifestación masiva bajo el lema “Rescatemos México”.

Para entonces MUCD había cambiado de directiva. Josefina Ricaño dejó la presidencia de la organización para dar paso a María Elena Morera de Galindo, quien recibió el visto bueno del gobierno federal, pues la ceremonia tuvo lugar en la residencia presidencial de Los Pinos, con la presencia del entonces presidente Fox.

Producto de la movilización se firmaron una serie de acuerdos y se formó el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a la que se incorporó a organizaciones de representación ciudadana, de las que MUCD era la más visible.

Como es conocido, a escasos días de su asumir el cargo de presidente de la república, Felipe Calderón emprendió una batalla frontal contra el crimen organizado, que hoy se conoce como “Guerra contra el narco”. Se aumentó el presupuesto de seguridad, se impulsó una serie de reformas constitucionales que dieron paso a la creación de la Policía Federal y se tomó la decisión de sacar al ejército de los cuarteles para cumplir con tareas de seguridad interior.

A pesar de estas decisiones, los niveles de inseguridad no disminuyeron, sino que reportaron un aumento considerable. La guerra contra el narco iniciada por Calderón desató una ola de violencia que no ha podido detenerse hasta la fecha, en que se considera que, desde 2006 han muerto más de 250,000 personas producto de esa decisión[1].

El acercamiento de MUCD con las autoridades se convirtió en un escándalo luego que se develara que uno de los hijos de María Elena Morera trabajaba para la Secretaría de Seguridad Pública, entonces al mando de Genaro García Luna, detenido el año pasado en Texas por vínculos con el narcotráfico.

A la vez, se acusó a la organización ciudadana de recibir cerca de 4 millones de pesos mexicanos (US 200 mil aproximadamente) como donaciones del gobierno federal. Morera renunció a su cargo, pero los escándalos continuaron en MUCD, hasta el regreso de Josefina Ricaño a la presidencia, de la mano del abogado corporativo Juan Francisco Torres Landa, como secretario de la organización. Torres Landa proviene de una familia de políticos del estado de Querétaro. En 2005 defendió a Walmart en un escándalo de corrupción.

El giro de MUCD hacia el tema de las drogas ocurrió en buena medida producto de un cambio en sectores de la ciudadanía respecto de la guerra contra el narco. MUCD empezó a registrar ese cambio a partir de 2011 en su Encuesta Nacional de Percepción de la Inseguridad.  Según sus datos la ciudadanía estaba prefiriendo “acciones alternas” para solucionar el problema de la inseguridad, entre ellas: la legalización de las drogas, que el gobierno pactara con los narcotraficantes, o permitir la entrada de agentes estadounidenses a México. En la conferencia de prensa para presentar la Encuesta, Ricaño y Torres Landa comentaron que era necesario replantear la política en materia de drogas y comenzar a pensar en su posible legalización, a pesar de que hasta la fecha las encuestas señalan que la mayoría de los ciudadanos todavía no ve con buenos ojos el tema de la legalización.

LA ESTRUCTURA DE APOYO DEL MUCD

En febrero de 2012 MUCD organizó nuevamente un foro internacional, donde se alumbró otro aspecto del problema: el oscuro balance de un siglo de prohibición.  El foro contó con la participación de especialistas de todo el mundo en materia de drogas, políticas públicas y salud. Incluso se invitó al entonces presidente Calderón, quien declinó participar.

El foro sirvió para reformular estratégicamente el problema: propuso que, en lugar de enfocarse en el síntoma, es decir, en la inseguridad provocada por secuestros y extorsiones, la sociedad debía enfrentar la enfermedad, esto es, la política prohibicionista en materia de drogas.

Desde entonces esta forma de mirar el problema se convirtió en el centro de la movilización del MUCD.

Para conformar la estructura de apoyo se tejieron alianzas con organizaciones nacionales e internacionales de corte liberal que pugnaban por un cambio en la política prohibicionista. Se buscó impulsar la agenda en el poder Legislativo, pero sus propuestas fueron rápidamente congeladas en las cámaras y luego desechadas.

Desde el Ejecutivo, tanto Calderón, y después Enrique Peña Nieto (2012-2018), se mostraron reacios a presentar iniciativas que cuestionaran el modelo. Ante la negativa de ambos poderes, MUCD optó por lo que se conoce como judicialización de la política, es decir, el proceso que permite a los tribunales y jueces dominar cada vez más la elaboración de políticas públicas. La movilización legal forma parte de esta judicialización de la política, en que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil recurren a demandas con el objetivo de forzar a la autoridad a responder de manera oficial a sus peticiones a través del poder judicial.

La movilización de MUCD se presentó en un escenario coyuntural óptimo. En 2011 se aprobaron reformas constitucionales que elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano. Al mismo tiempo se acordó reformular la ley de amparo, lo que ocurrió en 2013, para que fuera acorde con las reformas constitucionales de 2011.

La estrategia de MUCD para impulsar la reforma política en materia de drogas se nutrió de estas dos reformas. Consistió en la presentación de un litigio estratégico, que es una herramienta utilizada por abogados individuales, organizaciones de la sociedad civil, clínicas jurídicas e instituciones académicas para incidir en la esfera pública, llevar al debate nacional cierto tema, e incidir en la reformulación de políticas públicas.

El primer impulso para este litigio vino de un joven estudiante de derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una reconocida universidad privada de la Ciudad de México. El estudiante, Andrés Aguinaco Gómez Mont se acercó a Torres Landa para plantearle llevar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el tema del prohibicionismo desde una perspectiva de derechos humanos.

Aguinaco no era un estudiante cualquiera, había trabajado para la firma de Torres Landa, además de pertenecer a una familia de connotados abogados, entre ellos, su padre Fabián Aguinaco y su abuelo Vicente Aguinaco, quien fue ministro de la SCJN y fundador de la firma Aguinaco abogados, una de las firmas más respetadas a nivel nacional, especialista en materia de amparo. Su tío, Fernando Gómez Mont también es un connotado abogado, que además fue Secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón.

Luego de una reunión con especialistas se decidió presentar el litigio a través de la figura del club cannábico, que bautizaron con el nombre de Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART). Los miembros del club serían sólo cuatro personas, todos miembros del consejo directivo de MUCD: Josefina Ricaño, Francisco Torres Landa, Armando Santacruz y Pablo Girault. Todos ellos manifestaron no ser consumidores de cannabis.

SMART entonces solicitó un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el 31 de mayo de 2013. El permiso era para sembrar, preparar, acondicionar, poseer, transportar y consumir cannabis con fines recreativos. Se sabía de antemano que la solicitud sería negada, por lo que a continuación se presentó la demanda de garantías, o amparo indirecto, en julio del mismo año.

En la demanda se argumentaba la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud que pueden dividirse en dos partes:

1) existe una indebida restricción de los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana, así como del derecho a la disposición de la salud

y 2) hay una violación a la finalidad objetiva del derecho penal, así como a la libertad individual y personal, como consecuencia de la penalización del autoconsumo de marihuana.

En agosto de 2013 un juez de distrito rechazó la demanda de amparo, en parte argumentando que los derechos que se presumía atentaban contra el libre desarrollo de la personalidad no podían otorgarse a la figura del club cannábico, pues son exclusivos de los seres humanos.

SMART presentó entonces un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, que decidió turnarlo a la SCJN por carecer de competencia. Una vez en la Suprema Corte, el caso fue atraído y se designó al ministro Arturo Zaldívar para elaborar un proyecto de resolución. Aquí MUCD tuvo la fortuna de que tanto Zaldívar como el resto de ministros de la Primera Sala eran reconocidos como particularmente liberales.

Hasta entonces, MUCD había llevado el tema con la mayor discreción posible. Pero el momento de la publicidad había llegado y se desplegó una estrategia para conseguir el apoyo de la opinión pública. El primer paso fue afirmar la buena reputación de los miembros del club. En voz de Aguinaco:

Vimos que un hippie de Ciudad del Carmen no sería una persona con la que las familias mexicanas pudieran sentirse identificadas, no encontrábamos a gente ideal a quien representar. Unos meses después fui a una conferencia que dio Francisco Torres Landa […], de inmediato pensé los integrantes del grupo México Unido contra la Delincuencia serían los candidatos ideales […] son personas con las que nos podemos identificar; son padres, católicos, como lo es la mayoría de los mexicanos, empresarios, activistas sociales, amas de casa, madres, deportistas, abogados exitosos, mexicanos quienes pusieron en tela de juicio el sistema[2].

MUCD se valió del apoyo de una serie de organizaciones de la sociedad civil, intelectuales e incluso expresidentes de México y otros países, que se encontraban impulsando la agenda del cambio de política prohibicionista en materia de drogas.

Se enviaron a la SCJN una serie de Amicus Curiae, una figura que sirve como aporte de argumentos científicos e intelectuales para una mejor toma de decisiones en la corte. MUCD había tejido estas alianzas luego de la organización del Foro de 2012 en que, vale la pena enfatizar, todos los ponentes cumplían con un perfil liberal de centro. Ninguno de los participantes era de miembro de las distintas organizaciones pro derechos de consumo del cannabis, que desde el año 2000 se manifiestan en la Marcha por la liberación de la mariguana, ni tampoco miembros de partidos políticos.

Manteniendo una reputación intachable como ciudadanos que no consumen cannabis, los miembros de SMART-MUCD lograron que el proyecto de resolución fuera favorable y que el 5 de noviembre de 2015 la SCJN fallara a favor. Con ello se dio el primer amparo, que sentó precedente para la serie de cinco amparos necesarios para sentar jurisprudencia, lo que ocurrió hasta octubre de 2018.

A partir del primer fallo, el poder Ejecutivo llamó al poder Legislativo a un “Debate Nacional Sobre el uso de la marihuana”, que trajo como resultado la aprobación del cannabis para usos medicinales y aumentó a 28 gramos el límite permitido para su posesión. Fue hasta la obtención del quinto amparo y el cambio en el Ejecutivo en 2018 que el tema atrajo nuevamente los reflectores.

¿QUÉ ES LO PARTICULAR DEL CASO MEXICANO?

MUCD argumenta que el éxito de su movilización reside en que ha traído el tema de la política prohibicionista a la agenda nacional, algo que si bien es cierto, se tiene que contextualizar en el escenario internacional de los últimos años: la legalización del cannabis en Uruguay y Canadá, así como más de 30 estados de la unión americana que permiten el uso medicinal y 14 el uso recreacional. En ese sentido, el éxito de MUCD es efectivamente un triunfo en México, el cual se debe entender como parte de una corriente internacional. Lo que sí hay que reconocer, es que fue gracias al litigio estratégico promovido por SMART que el uso recreativo del cannabis en México se pudo legalizar.

Finalmente, lo que no deja de llamar la atención es que, volviendo a los postulados de Epp, la movilización legal y la estructura de apoyo que sustentaron la legalización de la marihuana en México, no ocurrieron desde abajo, sino desde las cúpulas económicas e intelectuales de México. Esta particularidad no es menor.

Considerando las conexiones de esta organización con el poder, y en concreto con la élite económica del país, uno no puede dejar de cuestionar si existe una agenda más allá de la defensa de los derechos humanos de los consumidores. Dicho esto, hay que aclarar que hasta hoy la organización ha hecho una fuerte campaña, junto con otros colectivos, abogando por una legislación con un enfoque de justicia social, y señalando que la nueva ley tiene tres grandes desventajas: 1) profundiza la criminalización de los consumidores porque no remueve las multas administrativas y penales para quienes tengan más de 28 gramos de cannabis, 2) favorece los intereses de empresas extranjeras, y 3) vulnera aún más a las comunidades rurales y campesinos quienes al no poder alinearse con los requisitos excesivos de la nueva ley, probablemente seguirán trabajando para el mercado negro.

Editado por Karina García 

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