La abogada Katherine Fuentes es socia de Inversiones y Comercio Capellán S.A., empresa que vende desde hace más de 15 años repuestos vehiculares a Carabineros. Dicha firma estuvo involucrada en el Milicogate, investigación en la que fueron condenados por fraude al fisco su padre, Raúl Fuentes, y su hermano, César. En ese juicio, la profesional solo fue llamada a declarar como testigo, sin ser imputada ni condenada, pues sus familiares asumieron toda la responsabilidad penal de los ilícitos cometidos. En 2017, CIPER reveló que Carabineros contrató a Inversiones y Comercio Capellán S.A. pese a que sus ofertas superaban ampliamente el monto de la licitación. Desde mayo de este año, Katherine Fuentes –aún siendo socia de la empresa involucrada en el Milicogate– trabaja en la División de Seguridad Privada de la Subsecretaría de Prevención del Delito, organismo que diseña y articula las políticas públicas que regulan la seguridad privada, en coordinación con la policía. La subsecretaría indicó que no contaba con los antecedentes de Fuentes y su sociedad al momento de contratarla, y que, considerando las funciones que desempeña –de carácter “administrativo y de apoyo”– no ven que exista un conflicto de interés.

Créditos imagen de portada: Sitio web Ministerio de Seguridad Pública.

En mayo de 2026, el Ministerio de Seguridad Pública contrató a la abogada Katherine Fuentes para trabajar en la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). Según señala ese organismo, en ese momento no tenía antecedentes de que el nombre de la funcionaria había aparecido en 2014, en la investigación judicial denominada como Milicogate, a raíz de su vínculo con Inversiones y Comercio Capellán S.A. Esa sociedad es proveedora regular de Carabineros y estuvo involucrada en el caso que indagó fraude masivo en el uso de recursos públicos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, por facilitar facturas falsas. 

Fuentes es hoy dueña de un 50% de Comercio Capellán S.A., mientras que el 50% restante es de su media hermana, Nicole Fuentes Chávez. Esto, según la última declaración jurada presentada por la empresa ante Mercado Público, disponible en la más reciente contratación de la empresa por parte de Carabineros, del 29 de mayo de 2026 (vea ese registro).

En sus comienzos, en esta sociedad figuraba como gerente general el padre de ambas socias, el empresario Raúl Fuentes Quintanilla, quien sí fue investigado y condenado por el caso Milicogate, al igual que su otro hijo, César. Ambos fueron sentenciados en 2023 por delitos reiterados de fraude al fisco, mientras que Katherine Fuentes debió declarar como testigo en la causa, sin ser imputada ni condenada.

CIPER constató que la profesional asumió un cargo a contrata grado 11 por $1,9 millones en la División de Seguridad Privada de la Subsecretaría de Prevención del Delito, organismo que diseña y coordina las políticas públicas que regulan la seguridad privada en el país, justamente en coordinación con la policía uniformada.

Además de su relación comercial con Carabineros, Inversiones y Comercio Capellán S.A. proveyó en la década pasada servicios de venta de repuestos y reparación de vehículos a la PDI, Gendarmería, el Ejército e incluso el Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

Cuando Fuentes asumió su cargo en mayo pasado, Carabineros emitió dos órdenes de compra a su empresa por $136 millones, correspondiendo una de ellas a la renovación de un contrato anterior para proveer de repuestos vehiculares a la institución por un monto de $67 millones (vea acá la resolución donde se renueva dicho contrato).

En 2025, en tanto, Inversiones y Comercio Capellán cerró 18 contratos con esta policía uniformada por un monto de $422 millones, mientras que desde 2016 a la fecha, la cifra llega a $3.913 millones, de acuerdo a información disponible en Mercado Público.

Según un reportaje de CIPER de 2017 que analizó las contrataciones hasta ese año de las empresas de la familia Fuentes por parte de Carabineros, los negocios sostenidos con la policía presentaron una serie de irregularidades. 

Imagen referencial (Créditos: Manuel Lema Olguin / Agencia Uno).

Una de ellas fue la asignación de, al menos, 30 contratos en los cuales las ofertas de las sociedades del clan Fuentes fueron hasta 10 veces superiores al monto original estipulado en sus respectivas licitaciones. A pesar de esto último, estas sociedades recibieron el puntaje máximo en su evaluación (ver reportaje «Empresario formalizado por “Milicogate” es proveedor estrella de Carabineros»). 

También, se encontraron licitaciones que se adjudicó la familia donde ofertaron a través de dos y hasta tres sociedades diferentes que estaban a su nombre, construyendo una competencia artificial. Incluso, en una de ellas, los tres oferentes que se presentaron a la licitación eran empresas de los Fuentes: las sociedades Capellán, Repuestos Automotrices (A y A) y Maquinarias y Repuestos Automotores.

En más de una decena de estas operaciones, como corroboró y publicó CIPER en 2017, jugó un papel activo el capitán Francisco Estrada Castro, quien estuvo vinculado al caso Pacogate donde fue condenado por cometer el delito reiterado de malversación de caudales públicos (ver comunicado del Poder Judicial).

CIPER consultó a la Subsecretaría de Prevención del Delito acerca de las funciones específicas de Fuentes en ese organismo, ante lo que señaló que estas tienen “carácter administrativo y de apoyo a la gestión de la División de Seguridad Privada, entre ellas, la coordinación de audiencias, apoyo en la administración de agenda de la jefatura y colaboración en procesos de revisión de antecedentes en el marco de la implementación de la Ley de Seguridad Privada”. 

El organismo agregó que la funcionaria no tiene responsabilidades directivas ni ejerce jefaturas, a la vez que tampoco participa de procesos de compra o contratación ni toma decisiones en el ámbito de la regulación o supervisión de la seguridad privada. 

Respecto a un potencial conflicto de interés en el hecho de que Fuentes es socia de una empresa proveedora de Carabineros y, a la vez, funcionaria de una subsecretaría que dentro de sus funciones le compete evaluar las estrategias implementadas por la policía para prevenir el delito, la subsecretaría indicó que “en atención a las funciones que actualmente desempeña, la subsecretaría no cuenta con antecedentes que permitan sostener la existencia de un conflicto de interés”.

Respecto a la participación de la funcionaria en la empresa Capellán S.A., la relación de esta sociedad con la investigación Milicogate y las irregularidades detectadas por CIPER en 2017 en otro negocios de la familia Fuentes con Carabineros, la SPD informó que al momento de contratar a la funcionaria, “la subsecretaría no recibió antecedentes relativos a los hechos descritos en su consulta” (vea la respuesta completa de la SPD). 

CIPER tomó contacto vía WhatsApp con Fuentes para preguntarle acerca del potencial conflicto de interés y su relación con la causa Milicogate, pero no quiso recibir nuestras preguntas.   

Consultado al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Seguridad Pública, Rubén Varela, indicó a CIPER que a su juicio es “cuestionable y poco probo que se contrate nuevo personal en la subsecretaría  que posea intereses económicos en sociedades comerciales provean servicios a instituciones y reparticiones públicas, como es Carabineros, más aún cuando hay antecedentes judiciales de fraude que implican a familiares de tal personal”.

EL VÍNCULO DEL CLAN FUENTES CON MILICOGATE

El caso Milicogate volvió a los titulares de la prensa hace tres semanas cuando la ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio, dictó sentencia en contra de seis militares en retiro por los delitos de fraude al fisco, entre ellos, quienes estuvieron ligados a los Fuentes (ver comunicado del Poder Judicial).

En la actualidad, según figura en Mercado Público, Inversiones y Comercio Capellán S.A. mantiene como socias a las hermanas Katherine y Nicole Fuentes. Esta última ejerce como representante legal, de acuerdo al contrato más reciente que la sociedad suscribió con Carabineros.

En sus comienzos, en esta sociedad figuraba como gerente general el padre de ambas, el empresario Raúl Fuentes Quintanilla, quien sí fue investigado y condenado por el caso Milicogate, al igual que el hermano de Katherine Fuentes, César Fuentes (lea ese reportaje aquí). El padre y el hijo fueron sentenciados en 2023 por delitos reiterados de fraude al fisco.

Las  complicaciones legales de la familia Fuentes comenzaron en 2014 cuando se descubrieron las primeras facturas falsas en el caso Milicogate. La situación fue confirmada en un informe reservado que el  propio comandante en jefe de la institución, Humberto Oviedo, envió al entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos (ver documento).

En ese documento de 13 páginas, Oviedo admitió ante el Ministerio de Defensa que su institución había pagado cientos de facturas no autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), es decir materialmente falsas. Estos documentos fraudulentos tenían los logos de dos de las empresas del clan Fuentes: Raúl Fuentes Quintanilla e Inversiones y Comercio Capellán. También figuraban compañías como PL Ingeniería Limitada, Prat Arquitectos, Cruz y Dávila Ingenieros Consultores, Mauricio e Importadora Limitada y Centro de Entrenamiento Kaufmann. 

César Fuentes, hermano de la hoy funcionaria de la SPD, entregó su testimonio en el libro Traición a la Patria que en 2016 publicó el periodista Mauricio Weibel, donde narra detalles del caso que conmocionó a la opinión pública y la manera cómo se fue estructurando el fraude: “En ese tiempo yo era dirigente de Santiago Morning y teníamos un equipo que jugaba fútbol los días jueves en la cancha de Ovalle-Negrete. Tuvimos dos o tres partidos contra el Colo-Colo de todos los tiempos, a los que invité a algunos militares (…) Fue ahí cuando (el suboficial) Claudio González Palominos [recién condenado por la Justicia en primera instancia] me planteó que los jefes necesitaban dinero para distintos gastos. Como eso se hacía siempre, a mí me cuadró lo que dijo: ´Tú sabís que esto no es para mí, sino para los jefes´, me contó”, dice uno de los extractos de ese texto de Fuentes. 

Tal como señaló en ese libro, el empresario decidió entonces facilitar al suboficial González facturas materialmente falsas de la empresa de su padre, Raúl Fuentes Quintanilla y, a los pocos días, ese dinero empezó a llegar a las cuentas de la empresa.