“Una nueva Constitución tiene que contemplar sindicatos interempresa para trabajadoras temporeras”

Alicia Muñoz lleva 40 años en el sindicalismo campesino, 22 de ellos en la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) organizando a las “temporeras”. A su juicio, la nueva Constitución debe contener principios que permitan a estas trabajadoras acceder al derecho a sindicalizarse, negociar colectivamente y declararse en huelga. El negocio agroexportador, dice, en gran parte se basa en la precarización de su mano de obra. Por eso, plantea que recuperar y garantizar estos derechos es una necesidad impostergable para los “trabajadores y trabajadoras del campo que, con su esfuerzo, aportan un buen porcentaje del Producto Interno Bruto”.

Alicia Muñoz Toledo (74 años) creció en el fundo Agua Fría, en Molina (Región del Maule). Fue la menor de 14 hermanos. Su madre, dueña de casa y ordeñadora de vacas. Su padre, carbonero de los patrones, latifundistas de ascendencia vasca. Como correspondía a toda familia de inquilinos, sus hermanos trabajaron desde pequeños para “pagar la obligación”, recuerda. A los ocho años dejó la escuela y comenzó a laborar, primero recolectando hortalizas para la maestra de cocina y luego como empleada de una de las patronas.

“No tuve niñez, siempre obligada a trabajar. Algo frustrante, pero también positivo, porque me hizo despertar y pertenecer al Sindicato Agua Fría, primero de forma clandestina durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y luego en el Sindicato La Marcha[1], en Molina”, cuenta.

Siendo una veinteañera, Alicia participó del intenso proceso de sindicalización en los campos a partir de la Reforma Agraria y de la Ley de Sindicalización Campesina[2], ambas impulsadas por el gobierno de Frei Montalva. Luego, vivió la profundización de las demandas campesinas en el gobierno de Salvador Allende y cómo se desmantelaron bajo el gobierno militar. Luego, al alero del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad, integró la resistencia sindical a la dictadura.

Hoy, desde la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), participa en lo que ella llama “el frente” de las trabajadoras temporeras. Un sector laboral precarizado, al que se le han negado derechos básicos que sí se reconocen al resto de los trabajadores: no pueden formar sindicatos ni negociar colectivamente ni declararse en huelga. Alicia Muñoz aceptó hablar con CIPER sobre estos temas y cómo deben ser recogidos en la convención constituyente.

Ella destaca que la condición precaria de la mano de obra es uno de los factores sobre los que se levanta el éxito del negocio agroexportador, un rubro que se ha convertido en uno de los pilares de la economía[3] en buena parte gracias a la postergación de los derechos de sus trabajadores. Por eso, sostiene que la sindicalización y el derecho a la huelga son necesidades impostergables “para el grupo de trabajadores y trabajadoras del campo que, con su esfuerzo, aportan un buen porcentaje del Producto Interno Bruto”. Si bien el texto constitucional no necesariamente debe abordar estos aspectos particulares de la relación trabajador-empresa, que son materia de leyes y normas laborales, a juicio del mundo sindical es clave que no contenga principios o bases que limiten los derechos que podrían beneficiar a los trabajadores.

Alicia Muñoz Toledo

Pero antes de iniciar la discusión constitucional, Alicia Muñoz cree que no se debe olvidar que si hoy estamos abriendo este debate es gracias a las personas que se manifestaron a contar del 18 de octubre del año pasado. Por lo mismo, estima que “el país debe hacerse cargo de la gente que cayó detenida producto de los eventos sucedidos a partir de la revuelta, que hicieron posible el conjunto de discusiones y cambios que hoy se están viviendo”. Ella cuenta que hasta antes de ese día pensaba: “Me voy a morir y esto nunca va a cambiar”. Sin embargo, con las movilizaciones, dice que su esperanza volvió.

La sede de Anamuri se encuentra prácticamente en la intersección de las calles Carabineros de Chile con Ramón Corbalán, donde la “Primera Línea” se enfrentó durante meses con la policía. A juicio de Alicia Muñoz, buena parte de lo que los manifestantes estaban reclamando en las calles correspondía a derechos que la dictadura quitó y que organizaciones como Anamuri buscan reivindicar. Una tarea que, desde su perspectiva de dirigenta de las trabajadoras del campo, se torna clave en medio del proceso constituyente.

–Usted es una dirigente que vio el proceso de la Reforma Agraria, también de la Unidad Popular y que luego continuó su labor en dictadura y democracia ¿Qué incidencia tuvo el Plan Laboral[4] respecto de la precarización del trabajo que persiste en la actualidad?

-El Plan Laboral fue lo peor que le pasó a los trabajadores de este país, en general. Ahí se limitó el derecho a huelga, uno de las herramientas más importantes de los trabajadores para llevar a cabo una negociación como corresponde. Se mediatizó de tal manera que llegado un plazo, el empresario tenía derecho a la contrata de otros trabajadores como reemplazo. En dictadura daba miedo irse a huelga, porque se contrataba a otros trabajadores, quedaban los turnos de emergencia y, al final, la huelga era casi lo mismo que no hacer nada. Además, echaban a los trabajadores que se atrevían y que creían en la huelga. Fueron muy pocas las huelgas en este país que tuvieron algún éxito. En general fueron un fracaso, porque a última hora la empresa mediatizaba y contrataba rompehuelgas. También se puso fin a la negociación por rama (por rubro de la producción) y permitió la negociación con grupos de trabajadores, todo tendiente a romper el movimiento laboral.

-¿Qué de eso considera que hoy se encuentra vigente y qué se podría intentar cambiar en la discusión constituyente?

-La negociación por rama y colectiva, por ejemplo. Para nosotros esa es “la gran pelea” que hemos dado a lo largo de los años. Por lo tanto, en una nueva Constitución tiene que estar contemplada la obligación de tener sindicatos interempresa para las mujeres trabajadoras temporeras. Hoy no está permitido, justamente, debido al argumento de que es un trabajo temporal. Para nosotras el sindicato y la negociación colectiva son herramientas efectivas que deben estar para proteger a las trabajadoras, como también la huelga, sobre todo cuando los empresarios viven apurados debido a que tienen que sacar la fruta porque “siempre el barco está listo para salir”. Le pongo el ejemplo concreto de las cerezas: hoy en gran parte del país se cosecha esta fruta y la temporada para cortarla es muy breve. Eso expone a las trabajadoras temporeras a una gran carga de trabajo. Lo que nosotros señalamos es establecer una negociación colectiva corta y efectiva, de no más allá de algunas horas, justo cuando empieza la temporada para que en ese mismo momento quede establecido un trato digno y que las trabajadoras laboren con alegría y tranquilidad, sabiendo que se les va a pagar lo que es justo. Por lo tanto, una nueva Constitución debiera contemplar ese tipo de negociación, en las condiciones particulares del país.

SIN DESCANSO

En cuanto a jornada laboral, en este sector se deben cumplir jornadas de siete horas y media diarias[1], llegando a un total de 45 horas distribuidas en no menos de cinco días ni más de seis. Además, el empleador y el trabajador pueden pactar un máximo de dos horas extraordinarias diarias, pagando un sobreprecio de 50% por cada hora. Sin embargo, como el sueldo que perciben las trabajadoras temporeras generalmente corresponde al mínimo legal, es usual que se produzca un “acuerdo” o “trato” entre las partes para cumplir metas, consistente básicamente en lograr llenar un determinado número de cajas con frutas o verduras. “Siempre con la urgencia del empresario, de que la fruta tiene que irse al barco lo antes posible. Y es urgente cumplir la meta, porque de otra forma, la fruta se va a perder. Esto genera, en la práctica, que las trabajadoras temporeras terminan trabajando durante jornadas de hasta 16 horas al día. Es un efecto pernicioso, debido a que muchas veces los sueldos base ni siquiera son por el mínimo.”, señala Alicia Muñoz.

-Uno de los temas a tratar en un proceso constituyente, imagino, también debe ser el monto de las jubilaciones, debido a que el concepto mismo de trabajo temporal, con contrato por faena[2], prácticamente supone la existencia de lagunas previsionales.

-Mucha gente que trabaja por temporada, una vez que se traslada a un determinado campo en busca de sustento, elige quedarse en el lugar porque prefiere sacarse la mugre durante el tiempo que dura la temporada para ganar algunos pesos, dejando un vacío en sus pensiones. Una de las grandes peleas que hemos dado ha sido mostrar que las trabajadoras temporales, que en muchos casos también son jefas de hogar, tienen dos trabajos distintos. Durante el gobierno de Ricardo Lagos peleamos para que entendiera esta distinción, pero él se lo traspasó a la presidenta Michelle Bachelet, quien en su primer gobierno sacó la ley de jubilación para la dueña de casa, donde se englobó también a las temporeras[3]. Desde Anamuri alegamos, porque está bien que se considere un sueldo a la dueña de casa, pero la mujer temporera es una trabajadora agrícola que vende su fuerza de trabajo y que debió tener una jubilación distinta a la de la dueña de casa. Nos metieron el dedo en la boca señalando que esto era bueno, porque ayudaba a las mujeres que terminaban en la indigencia.

-En promedio, una trabajadora temporal, ¿cuántos meses puede trabajar por año?

-Está la gente joven que, en general, son estudiantes que trabajan durante el verano. Luego, las temporeras de mayor edad, trabajan cuatro, cinco meses al año y bastante más también, porque en la actualidad los empresarios han arreglado tanto su forma de explotación que muchas mujeres pasan muchos meses en las distintas faenas. Y si hay un problema económico, como la pandemia, nadie se hace cargo de los trabajadores. Recuerde que muchos extranjeros, sobre todo haitianos, terminaron a las afueras de sus embajadas y consulados porque los empresarios los botaron a la calle. Muchos de ellos eran temporeras y temporeros.

-La temporada parte en octubre, en Copiapó; luego se traslada al Valle de Aconcagua, en la región de Valparaíso y a la Región Metropolitana, para seguir hacia el sur, donde termina en junio, aproximadamente. Eso contempla unos ocho meses de trabajo al año y, para quien lo lleva a cabo, una transhumancia constante.

-Sí, hay bastante gente que lo hace. Van viajando mes a mes en el año. A esa gente, igual que a todo el mundo, la AFP le descuenta un porcentaje de su sueldo, que es pactado por el mínimo legal, sin considerar que en realidad trabajan mucho más, generando antigüedad laboral. Por cumplir con las condiciones del trabajo muchas mujeres hoy están postradas con enfermedades derivadas de ese trabajo, como tendinitis, túnel carpiano y lumbago, entre otras. A eso se suma el daño crónico producto del efecto de los plaguicidas. En mis recorridos por el Valle del Aconcagua me he encontrado con cantidad de mujeres transplantadas que van quedando en el camino, enfermas, y otras de más de 60 años que siguen trabajando. Le cuento una anécdota: hace un tiempo visité a una temporera que estaba postrada en su cama. Me dijo: “Bueno, Alicia, aquí estoy en mi casa. Esta fue la casa que yo quise tener cuando empecé a trabajar como temporera y por eso me iba a las jornadas en Copiapó y me quedaba tantos meses allá, para después ir a Los Andes, San Felipe, Santa María. Ahora tengo mi casa, pero, ¿cómo la disfruto? Si aquí estoy postrada. Así quedé”.

LAS MUJERES “ARRIBA”

-¿Por qué este trabajo es esencialmente llevado a cabo por mujeres?

-A partir de los años ’80 se dio el “boom” del trabajo asalariado temporal para la fruta de exportación. En ese momento los empresarios señalaron que se comenzaría a desarrollar un modelo novedoso en el cual las frutas y verduras irían al extranjero. Y, para ese consumidor extranjero, exigente, se necesitaba una mano muy delicada, capaz de tratar bien los frutos, desde cortarlo hasta ponerlo en las cajas donde se iba embalando para la exportación. Muchas mujeres nos creímos el cuento de que se nos elegía porque éramos delicadas, porque teníamos manos más suaves. Fue una gran mentira para que nos creyéramos buenas para ese trabajo, delicadas y capaces, sin fijarnos en que no había ninguna reglamentación laboral que nos protegiera. Y pronto nos estigmatizaron como “temporeras” sin considerar que somos trabajadoras igual que el hombre. Este estigma era la flexibilización laboral que llevó a cabo la dictadura y que se mantuvo. En democracia, en varias ocasiones fuimos al Ministerio del Trabajo por la indefensión de las temporeras, pero nos encontramos con que no tenían medidas concretas para protegernos.

-¿Cómo ha afectado al rubro la pandemia?

-En abril los empresarios sacan la fruta y la meten a frigoríficos. Termina la temporada y ellos guardan la fruta congelada y la van sacando en la medida que los negocios les van saliendo, hasta que, finalmente, la fruta llega al barco. Esta vez, en abril, al ver que la pandemia venía, llevaron a todo el mundo a trabajar. Grupos de 50 trabajadoras, hacinadas en el packing, en las huinchas, en todo el proceso. Empezaron a recoger la fruta muy rápidamente, con muchas cuadrillas, con mucha gente hacinada, antes de que llegara a contaminarse toda la gente. Por supuesto, que para esa gente, en esas condiciones, sin mascarillas, amontonados, en casinos llenos de personas, no había ninguna medida de protección de las que el gobierno estaba promoviendo en la tele, como cuidarse y quedarse en la casa. Eso derivó en mucho contagio.

-¿Conoce ejemplos concretos de lo que señala?

-Principalmente, esto lo detectamos en la empresa Dole, donde fijamos la mirada porque la gente pudo hablar un poco y hubo diarios locales de la Región del Maule que denunciaron que hubo 19 hombres y mujeres contaminados con coronavirus que los tiraron a la calle, sin sueldo, nada. Esto lo denunciamos en la Dirección del Trabajo de Talca. En la misma región recogimos información de diez o más empresas donde detectamos situaciones similares. Muchas trabajadoras te decían: “Por favor, no dé mi nombre. No puedo decir nada porque después tengo que volver a trabajar acá y es lo único que tengo”. A pesar de que el empresario no las trata como personas, la gente siente que es el único trabajo al que pueden tener acceso, porque es fácil para entrar, pero muy difícil para que reconozcan tus derechos.

-De lo hablado anteriormente, en un proceso de Convención Constituyente, ¿cuáles serían las demandas  para subsanar esto?

-La demanda principal es que se regularice el trabajo a jornadas más humanas y que realmente sean por horas de trabajo, como corresponde, y no por trato. Los empresarios siempre dicen que la fruta es muy delicada, que no puede esperar y que por eso hay que cosecharla con rapidez, entonces nosotros les proponemos: por qué no utilizar turnos como toda la humanidad. Si en otros rubros hay tres turnos para cumplir el ciclo de trabajo, ¿por qué en la fruta no se hace lo mismo y a la gente la toman como esclava? Usted entra a las ocho de la mañana y sale a las diez de la noche. Como muchos lugares son alejados, cuando alguien se niega a cumplir el horario extenuante, debe esperar hasta que el packing se cierre y se termine el trabajo para que el bus o los furgones lo lleven de vuelta. Pero, en resumen, los gobiernos no han regularizado este rubro, pudiendo hacerlo.

“EL VENENO”

Con 40 años dedicados a organizar a las temporeras, 22 de ellos en Anamuri, Alicia Muñoz dice que uno de los problemas más graves que han tenido que enfrentar es el de regularizar el uso de plaguicidas que se acumulan en el organismo de las trabajadoras, que provocan abortos espontáneos  y malformaciones congénitas en sus hijos. Así recuerda como iniciaron esa lucha:

“En el año ’90, aproximadamente, una doctora en Rancagua nos dijo: “Chiquillas, ustedes que están organizadas en sindicatos, por favor, ayúdenme. Yo soy obstetra en la maternidad y todos los días me llegan diez o más mujeres con abortos espontáneos y todas trabajaban como temporeras. Yo no estudié para hacer análisis de esta situación, pero voy a tener que hacerlo’. Y se fue a estudiar para ver por qué estaba sucediendo esto. Llegó a la conclusión de que aquí los plaguicidas estaban amontonados en los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Por eso, había hombres estériles y bebés con malformación congénita.

-¿Ustedes han podido determinar si esto sigue ocurriendo?

-Sí. Nosotras pesquisamos todos los daños. Hoy podemos decir que la situación ha mejorado un poco y que los empresarios tienen más cuidado, porque estamos fiscalizando constantemente. Pero todos los años hay gente que cae en grupos de a diez o más desmayados en “el potrero”. Esto es porque los hacen cosechar cuando han puesto el veneno poco tiempo antes de la jornada de trabajo. Ahí las mujeres caen desmayadas, con vómitos y otros síntomas. Ese es el daño inmediato, pero está el daño crónico, que se va acumulando en el cuerpo y empieza a aparecer después de una cantidad de tiempo a través de enfermedades como el cáncer. En el hospital de Molina se está haciendo una investigación a largo plazo, porque allí los médicos encontraron que gente joven está cayendo con cáncer. Coincidentemente, son temporeras y temporeros que tiempo atrás cayeron enfermos con diarreas y, en general, malestares estomacales.

-¿Han denunciado esto ante las multigremiales empresariales?

-Desde el año 2002 estamos denunciando este tema. En marchas, a través de denuncias públicas, en mesas de trabajo con los empresarios y en conversaciones con ellos. A veces hablamos con la directiva de la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, y nos dicen “vamos a arreglar esto, estamos mejorando aquí, mejorando acá”, pero uno llega a los lugares donde están las empresas afiliadas y eso no sucede. Lo único que les interesa es poner una cantidad de plata en producción y sacar su producción.

-A través de Anamuri ustedes tienen acceso a la situación mundial de los trabajadores temporeros. ¿Cómo ven a Chile en este tema en relación a otros países agroexportadores?

-Las mujeres que trabajan en plantaciones de Europa, en España y en Italia, por ejemplo, son de países pobres. Muchas vienen de Europa del Este y las llevan para que recolecten fruta. Esas mismas mujeres nos han dicho que ellas han tenido que poner carteles en las empresas para decirle a los empresarios: “En nuestra mesa no queremos plaguicidas”. Este año tuvimos una dirigenta de Estados Unidos, del Valle de California, que nos explicó que allá el tema de los plaguicidas es el flagelo más grande que tienen. Entonces, esta es una cuestión que se da a nivel mundial y se ensañan con la gente más humilde, más pobre. Hoy, el grueso de las mujeres temporeras ya no solo son campesinas: más del 50%, viene de los sectores urbanos, pertenecientes a los cordones de pobreza de las grandes ciudades.

-Frente a estos temas, ¿cuáles son los principios que debiese contener el nuevo texto constitucional?

-Nosotras somos parte de la organización Vía Campesina y pertenecemos a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas que, en conjunto y gracias a otras organizaciones, lograron la redacción de una declaración de la Organización de Naciones Unidas. La ONU detalló una serie de derechos de los campesinos y campesinas. Entre ellos, el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, a tener acceso a un trabajo digno, a un sueldo digno, a un contrato digno y a un ambiente laboral que esté previniendo los accidentes y que cuide la salud. Para nosotras, esto es lo que debe estar reflejado en una nueva Constitución. Las organizaciones han trabajado mucho para que la ONU respete la agricultura familiar campesina como un derecho de los pueblos a cultivar, a realizar una agricultura sana, limpia, libre de plaguicidas. Hoy la situación está mucho más avanzada, porque esta declaración la firmó el Presidente Sebastián Piñera, sin saber qué es lo que firmó, yo creo. Eso debe quedar como obligatorio.

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