CIPER cumple seis años y presenta una selección de 24 investigaciones que han tenido alto impacto

1. Viaje al fondo de la biblioteca de Pinochet

Entre los 55 mil libros que el general Augusto Pinochet atesoró en forma compulsiva y adquirió a punta de regateos y con fondos fiscales se encuentra parte de la biblioteca privada de José Manuel Balmaceda, una carta original de Bernardo O’Higgins y una particular edición sobre Manuel Rodríguez con timbre de la biblioteca del Instituto Nacional. CIPER se introdujo en los pasillos y testimonios de una faceta fascinante y jamás contada del ex dictador (ver reportaje). Los peritos a los que el juez Carlos Cerda les ordenó determinar el valor monetario y patrimonial de su biblioteca debieron pasar 194 horas en terreno y otras 200 dedicadas a pesquisas para llegar a cuantificar su valor: US$ 2.840.000. Y eso que, para cuando se publicó esta investigación en diciembre de 2007 –y que luego sería reconocida con el Premio Nuevo Periodismo Iberoamericano otorgado por la Fundación de Gabriel García Márquez–, aún quedaban cosas por descubrir.

2. Registro Civil: Graves irregularidades en millonaria licitación

Poco antes de suspender una rueda de prensa y de partir el martes 11 de marzo de 2008 a un repentino viaje a Estados Unidos, Guillermo Arenas (PPD), entonces director del Registro Civil, firmó la resolución que confirmaba la adjudicación de un contrato por más de US$ 80 millones con la empresa TATA Consultancy Services BPO Chile S.A. La licitación, impugnada por Contraloría en enero de ese mismo año, implicaba proveer la plataforma tecnológica, comunicaciones e informática para, entre otras cosas, administrar la base de datos de todos los chilenos. CIPER se adentró en la trama de este millonario negocio y descubrió -entre otras irregularidades- la existencia de un asesor clave de Arenas, que elaboró bases y evaluó técnicamente las propuestas al tiempo que trabajaba para la empresa que resultó beneficiada (ver reportaje). De las denuncias de ofrecimientos de coimas en esta licitación ya estaba alertado el Ministerio de Justicia.

Sólo horas después de que CIPER revelara las graves irregularidades en la adjudicación del millonario contrato, Arenas anuló todo el proceso. Al mismo tiempo, surgieron nuevas denuncias que reforzaron la tesis de coimas en la licitación anulada. Tres días después de la primera publicación, el entonces ministro de Justicia, Carlos Maldonado, anunció en La Moneda que tras conversar con la Presidenta Michelle Bachelet se decidió remover a Arenas y a los cuatro subdirectores del servicio.

Luego de que cayera la cúpula del Registro Civil, María Isabel Moya, jefa del Departamento de Informática del Registro Civil, fue la única integrante de la comisión evaluadora de la licitación que se mantuvo en su puesto. Su extensa declaración ante la fiscalía gatilló una serie de diligencias, entre ellas el sorpresivo allanamiento de la casa del ex director Guillermo Arenas justo cuando festejaba su cumpleaños. El último capítulo de esta serie fue el reportaje sobre los testimonios de Moya, una testigo privilegiada de la cuestionada licitación que manejaba antecedentes clave, que de acuerdo a diversas fuentes, apuntarían a la manipulación de la evaluación técnica para favorecer a la empresa TATA.

La investigación fue reconocida con el Premio Periodismo de Excelencia 2008, que entrega anualmente la Universidad Alberto Hurtado. Además, obtuvo mención honrosa en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación que otorgó IPYS en 2009.

3. Las acciones y sociedades que los senadores no declararon

Hasta mayo de 2008, casi un año antes de que se promulgara en Chile la Ley de Transparencia, para ver las declaraciones de patrimonio de los senadores había que ir a la sede del Congreso en Valparaíso, y la única forma de obtener copias era… a mano. No se podían fotocopiar ni fotografiar. Como no todos los ciudadanos podían ir a revisarlas, CIPER las reprodujo fielmente y las publicó todas a fines de mayo de 2008 (ver reportaje). Había en esos documentos detalles llamativos, como las acciones que Guido Girardi (PPD) declaró tener en Cencosud y Colbún; las sesenta propiedades que acreditó Hosaín Sabag (DC); la casa de US$ 2.300.000 de la mujer de Fernando Flores (ChilePrimero) en California y los $ 50 millones en “animales” que testimonió Juan Antonio Coloma (UDI).

Tras esa primera publicación, CIPER revisó exhaustivamente las declaraciones de patrimonio e intereses de los senadores y descubrió no sólo que la información exigida en ellas era insuficiente para fiscalizar el posible enriquecimiento ilícito o el ejercicio del cargo en beneficio propio, sino que varios parlamentarios no incluyeron todas sus inversiones y sociedades. Cuando publicamos después de meses investigando el reportaje sobre las acciones y sociedades que los parlamentarios habían omitido en sus declaraciones de patrimonio e intereses en octubre de 2008, trece de los 38 senadores reconocieron que estaban en esa situación. Otros 10 no respondieron nuestras consultas.

Finalmente, el Senado publicó sus declaraciones de patrimonio e intereses en su remozado sitio web en noviembre de ese mismo año (ver reportaje). A pesar de que CIPER había informado sobre varias omisiones de información en los documentos, casi no había cambios: las declaraciones de interés quedaron intactas, aunque casi ninguna cumplía la normativa, y sólo tres declaraciones de patrimonio fueron actualizadas. Una era la del senador Alejandro Navarro, quien dejó de ser el más austero al reconocer una casa y siete autos nuevos. Y aunque la compró en febrero de 2008, de la mediática moto en que fue a renunciar al PS no decía nada.

4. Muertos de nadie

En abril de 2008, 13 cuerpos salieron del Servicio Médico Legal (SML) rumbo al Cementerio General sin que nadie los siguiera en una caravana fúnebre. Aunque habían sido identificados, nadie los había reclamado. Ese era el destino de aquellas personas que un día desaparecieron y a las que nadie nunca echó de menos, para luego morir sin que nadie que los conociera siquiera se enterara.

Para cuando CIPER publicó la primera entrega de esta serie en noviembre de 2008, no existían registros de cuántos cuerpos se acumulan en las dependencias del SML de todo el país esperando ser identificados o que alguien los sepulte. La investigación reveló que al 14 de octubre de ese año, sólo en Santiago había 77 chilenos muertos abandonados, algunos incluso desde 2001. Otros doce cuerpos fueron enterrados en abril en el Cementerio General, ya identificados, pero abandonados. Reconstruimos algunas de sus historias para desentrañar el misterio de la última soledad. Como la de Jaime Cifuentes, a cuyos familiares debimos informarles de su muerte porque nadie se dio el trabajo de ubicarlos.

Su caso no es aislado. El SML, la Policía de Investigaciones y las fiscalías se endosaban mutuamente la responsabilidad de notificar a los parientes de las personas que mueren lejos de los suyos y van a parar a la morgue sin ser reclamadas. Al final, nadie cumplía la misión. Los cadáveres son diseccionados y refrigerados por meses o años. El segundo capítulo de la serie relata cuál es el macabro camino que siguen esos muertos antes de ser abandonados en el cementerio.

Esa ruta de los cadáveres sin dueño también la siguió el cuerpo de Juan Alberto Silva Leal, a cuyos familiares tampoco les avisaron de su deceso. Sólo lo supieron cuando CIPER se los comunicó. Había pasado más de un año. Pero su muerte encerraba un enigma. Después de morir, Silva continuó endeudándose, emitiendo boletas, solicitando créditos en bancos, pagando con cheques y tarjetas en supermercados y casas comerciales y arrendando una pieza en Maipú. En el tercer reportaje de la serie, reconstruimos su historia y develamos el misterio de sus dos vidas: drogas, abandono y estafas, incluso después de fallecer. Dos hombres distintos pero una sola identidad. Los vacíos de la justicia permiten que el delito también se apodere de los muertos que nadie reclama.

Esta investigación fue uno de los cinco trabajos nominados en la versión de 2010 del Premio Nuevo Periodismo Iberoamericano, que entrega la fundación de Gabriel García Márquez. También fue finalista en 2008 del Premio Periodismo de Excelencia, que otorga cada año la Universidad Alberto Hurtado.

5. Los estremecedores testimonios de cómo y quiénes asesinaron a Víctor Jara

A casi cuatro meses de conmemorarse 36 años de la muerte del destacado folclorista chileno, el tesón de su viuda Joan Turner y de sus hijas, logró que la investigación judicial llegara al punto que se creía imposible: individualizar al grupo de oficiales y conscriptos que perpetraron el asesinato. Las confesiones de los involucrados, entre ellos un conscripto que participó en forma directa en el crimen, permiten conocer las estremecedoras últimas horas de vida de Víctor Jara y la forma en cómo lo mataron en uno de los camarines del subterráneo del Estadio Chile. También la historia nunca antes contada de cómo se rescató su cuerpo desde la Morgue. Junto al artista, fueron acribilladas otras 15 personas, entre los que se encontraba el ex Director de Prisiones, Litre Quiroga. Los detalles del homicidio fueron recabados en la investigación que CIPER publicó en mayo de 2009 y que resultó finalista del Premio Periodismo de Excelencia en 2009.

6. La historia secreta del secuestro de Cristián Edwards

A 18 años del secuestro de Cristián Edwards, en octubre de 2009 CIPER publicó una serie de reportajes (ver especial sobre la serie) que reveló detalles inéditos de uno de los episodios que marcaron la transición.

Las declaraciones del cautivo –ex presidente de la División de Servicios Noticiosos de The New York Times y ahora vicepresidente de El Mercurio– y los graves conflictos personales entre sus celadores que revelaron ex miembros del FPMR, son algunas de las nuevas piezas del puzzle. “Varias veces me escapé en sueños. Otras fui liberado con intervención de sirenas y helicópteros”, declaró Edwards al recuperar la libertad. Tras vivir durante cinco meses en una “caja” de tres metros por dos, recordó que se aseaba con una olla, que lo sedaban y que sufría alucinaciones, calambres y temblores: “Me tironeaba los pelos de la barba para arrancármelos”. El encierro también afectó a uno de sus celadores, que fue amenazado de muerte cuando se decidió a abandonar la casa-retén. Su deserción, dada a conocer por un informante al gobierno, fue la primera prueba de que el FPMR estaba detrás de la operación.

Fueron 17 los avisos clasificados de El Mercurio que transmitieron en clave los términos del rescate. Agustín Edwards fue asesorado por un ex agente del servicio secreto británico, quien le aconsejaba cuánto ceder. Su primera oferta publicada en el diario fue de US$ 420 mil. La cifra distaba de los US$ 4 millones que le exigían. Las tratativas se tradujeron en un largo regateo que culminó en enero de 1992. Exasperado y presionado por la delicada salud de su rehén, el jefe del comando –“Ramiro”– se comunicó personalmente para lanzar la más dura amenaza. El ultimátum le reportó un millón de dólares. Los cinco meses de cautiverio culminaron con la intermediación del jesuita Renato Poblete y tras una angustiosa grabación en que Cristián Edwards rogaba a su familia que pagara. Según uno de sus captores, llegó a ofrecerles financiar su propio rescate.

La investigación que se publicó en tres capítulos fue ganadora del Premio Periodismo de Excelencia, que otorga la Universidad Alberto Hurtado, en su edición de 2009. Al año siguiente resultó finalista en la categoría América Latina y el Caribe del Premio Mundial Lorenzo Natali y obtuvo mención honrosa en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación.

7. Vivir y/o morir en una zona ocupada de Santiago

Poco antes de que CIPER publicara esta investigación en julio de 2009, The Economist Intelligence Unit había dado a conocer un ranking donde Santiago aparecía como la segunda mejor ciudad de Latinoamérica para vivir. Pero para un sector de su población la realidad es muy distinta. Más de 660 mil santiaguinos viven alejados de los servicios básicos y en medio de traficantes, asaltos, riñas y balaceras. CIPER cotejó estudios e investigó a fondo en las zonas más pobres y vulnerables de la capital y detectó que en al menos 80 poblaciones, policías, ambulancias, bomberos, carteros y técnicos de las empresas que suministran agua, luz y teléfono no se atreven a ingresar. Las bandas y grupos de narcos dominan, mientras los vecinos deben vivir con miedo y hacinados en sus casas. Muchos se quieren ir. Pocos pueden. Esa es la realidad cotidiana del sector más desprotegido de la sociedad chilena.

Tres años después, cuando el reportaje ya había sido seleccionado en 2010 por la Comisión Europea como uno de los 10 finalistas de la categoría América Latina y el Caribe del Premio Mundial Lorenzo Natali, CIPER volvió a investigar cómo sigue la situación en esas zonas. El nuevo reportaje que publicamos en octubre de 2012 dio por resultado un diagnóstico desalentador: la situación sigue igual o peor. Ahora son 83 poblaciones y tres macrozonas donde el temor aprisiona a sus habitantes. Sin servicios básicos ni presencia policial, están a merced de pequeñas bandas de traficantes que han hecho de esas zonas su centro de operaciones a punta de balas y amenazas. Los narcos se han adueñado de las zonas más vulnerables para asegurar y aumentar su lucrativo negocio ilícito.

8. Médicos sin control

En Chile hay un médico por cada 559 habitantes y sólo el 44% trabaja en el sector público. La deuda hospitalaria en julio de 2010 (sólo dos meses antes de que se publicara este trabajo) superaba los $106 mil millones. Pero la falta de doctores y de recursos no son las únicas causas de la crítica situación del sistema de salud. Durante un año, CIPER investigó lo que ocurre al interior de cinco de los principales hospitales de Santiago (ver reportaje). Tras revisar los libros de asistencia, se cruzaron los datos con los horarios que los profesionales cumplen tanto en los establecimientos estatales como en sus consultas o clínicas privadas y se comprobó en terreno las múltiples irregularidades que diariamente cometen la mayoría de los médicos y que los mecanismos de control no existen para el estamento más alto en la escala jerárquica de un sistema clave para la salud de la población más vulnerable del país.

Un doctor del Hospital San Borja que firma varios días de asistencia en menos de un minuto. En el Hospital Félix Bulnes es normal que los médicos lleguen tarde. Un doctor del Hospital del Salvador se escapa a su consulta particular en medio de su horario funcionario. Otros del Hospital Barros Luco no aparecieron en los registros en todo un año. Y están también los profesionales del Hospital Sótero del Río que no firmaron durante meses sin dejar justificación. Los informes de Contraloría demuestran que todas esas conductas son comunes en todos los hospitales del país desde hace décadas. Lo que surge de la investigación que CIPER publicó en dos capítulos, es que a pesar de los informes y compromisos, todo sigue igual (ver segundo capítulo de la serie).

La investigación, que también fue publicada en Qué Pasa, obtuvo el Premio MAGS 2010 a la mejor investigación publicada en una revista chilena. También resultó finalista del Premio Periodismo de Excelencia 2010, además de obtener mención honrosa en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación en 2011.

9. Saqueadores: Ladrones de ocasión

El terremoto y el tsunami del 27 de febrero de 2010 sometieron a los chilenos a duras pruebas de valor y solidaridad. Pero nuestras ciudades destruidas ofrecieron otra disyuntiva: ayudar o saquear. En Constitución, Concepción, Talcahuano, Coronel y Lota miles de ciudadanos comunes se convirtieron en saqueadores espontáneos. Cuando CIPER publicó esta investigación tres meses después del 27/F, la mayoría de ellos sentía vergüenza. Aunque algunos cumplieron prisión preventiva, todo indica que las condenas no serán con cárcel. De la sanción social no se salvaron.

Por otro lado, los saqueos hicieron que después del terremoto miles de chilenos debieron asumir un nuevo temor: a la horda que vendría a saquear sus hogares, un miedo que quedó retratado en la segunda parte de esta serie. El rumor del peligro inminente se esparció como una nueva onda sísmica por los barrios de las zonas más afectadas. Los pasajes se blindaron con improvisadas barricadas y rejas mientras los vecinos se armaban con lo que encontraban a mano para defender sus casas. Aunque muchos vivieron esos días como una película de horror, lo cierto es que no hay registro de saqueos a hogares. Es más, en algunos lugares fueron las autoridades las que provocaron más terror.

10. Los secretos del imperio financiero que controla el sacerdote Fernando Karadima

Poco tiempo después de que un grupo de ex feligreses acusara al sacerdote Fernando Karadima de haber abusado de ellos años atrás, CIPER publicó esta investigación, la primera parte de lo que después se convertiría en una de las series más escabrosas que ha conocido el periodismo chileno en los últimos años, y que luego se transformaría en el libro de CIPER titulado “Los secretos del imperio Karadima”, editado en conjunto por Catalonia y la Universidad Diego Portales .

Varios millones de dólares conformaban el patrimonio de la Unión Sacerdotal, cuyo líder era Fernando Karadima, el religioso acusado de abusos sexuales. CIPER detectó más de una decena de inmuebles a nombre de la organización, la que además controlaba la propiedad de la parroquia El Bosque -avaluada en más de US$ 10 millones-, templo desde el cual Karadima construyó su red de influencia en la elite conservadora. Entre los bienes hay inmuebles comprados por orden de Karadima en los que vivió el médico James Hamilton en el mismo período en que, según acusa, el sacerdote mantuvo relaciones sexuales con él. Las acusaciones de los cuatro denunciantes originales fueron reforzadas por impactantes relatos a los que CIPER tuvo acceso, entre ellos el del canciller del Arzobispado y ex miembro de la Unión Sacerdotal, Hans Kast.

La investigación que desentrañó la estructura de poder que giraba en torno a la figura de Karadima como un hombre santo, resultó clave para que el Vaticano decidiera condenarlo a una vida de penitencia por los abusos cometidos. También para correr el velo del círculo de hierro que lo protegía y que lo mantuvo en la impunidad durante décadas. El trabajo obtuvo el Premio Periodismo de Excelencia en 2010 en la categoría Reportajes.

11. La dictadura de los narcos que se adueñaron de La Legua

La Legua Emergencia está dominada por las bandas narcos. Sus más de 3 mil habitantes viven prisioneros de la droga y la violencia. En sus calles se mezcla el miedo, la impunidad, el poder y la desesperanza. También conviven la pobreza y la opulencia. Las armas pasan de mano en mano. La droga de casa en casa. Recorrimos las cinco cuadras y 11 pasajes más peligrosos de Santiago. Una superficie explosiva que con sus calles sin salida y sus casas interconectadas ha conseguido poner en jaque las políticas públicas de seguridad durante los últimos diez años. Así comenzó en Colombia y México la gangrena que hoy carcome a esos países (ver reportaje).

La guerra entre bandas de narcotraficantes ha recrudecido a niveles extremos en la población La Legua Emergencia. Al punto que la directora del colegio Manuel Vicuña ha debido atrasar la salida de los niños por las balaceras que desatan un fuego cruzado a cualquiera hora del día y que ya han dejado muertos y heridos inocentes. Pero los carabineros no entran. No tienen vehículos blindados ni personal para enfrentar a los “soldados” de los narcos que hoy se disputan el mando de una población bajo su total control. CIPER siguió investigando luego de que en enero de 2011 publicó el primer reportaje sobre cómo el narco se ha adueñado de La Legua, hasta identificar a los hombres que siembran el miedo en esas calles. Estos, los que aparecen en el segundo capítulo de esta serie, son los nombres de los pistoleros que desatan el terror.

La investigación fue finalista del Premio Periodismo de Excelencia 2011.

12. Contaminación crítica en Tierra Amarilla por un negocio minero en plena expansión

Las emanaciones de la Fundición Paipote han vuelto a generar alarma pública en Tierra Amarilla. Esta comuna de la Región de Atacama despierta otra vez para reclamar por la polución ya no sólo de la planta de Enami, sino también de las grandes mineras que rodean el pueblo, contaminan el aire, agotan el agua y sacuden el suelo. Las empresas intentan responder al potente reclamo de que se llevan la riqueza y dejan la basura con donaciones a la comuna. Esta vez no basta. Frente a los miles de millones que invierten y ganan, el presupuesto del municipio sigue siendo escuálido y la población pobre.

Luego de que esta investigación fuera publicada en CIPER en agosto de 2011, fue reconocida con el segundo lugar del Premio Eco Periodismo 2012, un galardón que entrega la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello en conjunto con la empresa Honda.

13. General Gordon hizo cambiar parte policial para proteger a su hijo que chocó y se dio a la fuga

La muerte del joven Manuel Gutiérrez, por una bala disparada por un policía en las manifestaciones del 25 de agosto de 2011, provocó la destitución del autor y de otros ocho carabineros por ocultamiento de información. El mismo día que anunció la sanción, el general Gordon llamó a retiro al prefecto de Cautín, coronel Fernando Barja, por intervenir en un procedimiento policial para proteger a su hijo. CIPER obtuvo testimonios y documentos que indican que un año atrás Gordon también ocultó información haciendo modificar un parte policial que daba cuenta que su hijo chocó con su camioneta Chevrolet a una joven en Providencia, dándose a la fuga.

Este reportaje, publicado el primero de septiembre de ese mismo año, en menos de 24 horas provocó la renuncia del general Gordon al alto mando de Carabineros.

14. Las reveladoras cifras de la crisis de representatividad de los parlamentarios

Mientras en las calles los estudiantes se manifestaban exigiendo un plebiscito nacional para obtener la gratuidad de la educación, las autoridades se negaban diciendo que precisamente para tomar ese tipo de decisiones estaba el Congreso, donde todos los chilenos estaban representados. Pero eso resultó no ser tan cierto.

Para elaborar esta investigación que se publicó en septiembre de 2011, CIPER cruzó las cifras poblacionales proyectadas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y aquellas que figuran en el registro del Servicio Electoral (Servel) para dimensionar la falta de representatividad del sistema político y electoral chileno. El análisis arrojó que 5,5 millones de personas prefirieron no votar por un candidato en las últimas elecciones de diputados, lo que representa el 45,68% de los chilenos mayores de 18 años. En los distritos más populosos el porcentaje de compatriotas que opta por no elegir parlamentarios se empina hasta un dramático 70%. Hay diputados que sólo representan al 7% u 8% del total de mayores de edad que residen en sus distritos.

Esta investigación, que resultó clave para las modificaciones al sistema electoral que se tradujeron en la inscripción automática al padrón y el voto voluntario, fue finalista del Premio Periodismo de Excelencia 2011.

15. CAE: Cómo se creó y opera el crédito que le deja a los bancos ganancias por $150 mil millones

El 23 de abril de 2012, el ahora ex ministro de Educación Harald Beyer anunció que el gobierno crearía una agencia pública para que administre el Crédito con Aval del Estado (CAE), tal como lo reclamaron los estudiantes en 2011, y que sacaría a los bancos del negocio. Cuatro meses antes CIPER publicó este reportaje donde se explican en detalle los principales problemas que ha tenido este sistema de financiamiento de la educación superior. Entre ellos destaca el pagarle a los bancos $150 mil millones sólo por actuar como intermediarios. El peor año fue 2009 cuando el Fisco les canceló una suma que podría haber financiado educación gratis a los 72 mil estudiantes que ese año pidieron el crédito. Este trabajo es una radiografía inédita del CAE, con estadísticas y testimonios desconocidos sobre su origen y aplicación. La investigación fue finalista del Premio Periodismo de Excelencia 2011.

16. Tsunami paso a paso: los escandalosos errores y omisiones del SHOA y la ONEMI

En esta investigación que CIPER publicó en enero de 2012 se reconstruye por primera vez en forma completa los episodios claves vividos en los principales centros de decisión de la Armada y del gobierno y que explican la inoperancia de las autoridades en las cinco primeras horas de la tragedia, cuando aún se podrían haber salvado vidas. La magnitud de los errores se grafica en que recién cerca del mediodía del 27 de febrero de 2010, ocho horas después de que llegaran las primera olas a la costa chilena, los marinos del SHOA constataron que en Chile había habido un tsunami. Más grave aún: durante horas esos marinos desoyeron el análisis de una mujer experta oceanógrafa que les insistía en que estaban leyendo mal los datos y que era probable que “olas destructivas” llegaran a la costa. La misma advertencia que hizo llegar desde Hawai personal del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) una hora y diez minutos después del terremoto.

La contraparte civil del SHOA, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), no actuó mejor. Los antecedentes reunidos por CIPER muestran que funcionarios claves de ese organismo no comprendían los procedimientos del SHOA y malinterpretaron la alerta enviada por ese organismo. Peor aún, pasadas las 05:00 de ese terrible día, recibieron información de que el archipiélago de Juan Fernández había sido arrasado por un tsunami. ¿Por qué no dieron la alerta? En ese momento aún faltaban dos olas por llegar: 32 personas murieron sin que nadie les advirtiera del peligro. Es por esas muertes que la fiscalía poco después acusaría de hasta “cuasi delito de homicidio” a funcionarios de la Onemi y de la Armada.

Esta investigación resultó finalista en el Premio Periodismo de Excelencia en 2012.

17. Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato

Hasta que CIPER publicó en enero de 2012 esta investigación, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) era la única garantía que tenían un millón de alumnos de educación superior de que la enseñanza que reciben cumple con algún estándar. Los estudiantes que marcharon en 2011 reclamaron entre otras cosas por la calidad de las acreditaciones dadas por la CNA. Este reportaje dio a conocer la existencia de un contrato entre el consejero de la CNA Luis Eugenio Díaz y la Universidad del Mar (UDM) –que el funcionario ayudó a acreditar–, lo que desató serias críticas sobre el cruce de intereses que la ley permite a los miembros del organismo y un proceso judicial que terminó con Díaz y tres ex rectores de universidades privadas formalizados por cohecho y soborno. El punto es clave porque cuando la CNA acredita a una institución, esta accede a los millones del Crédito con Aval del Estado, el CAE.

El trabajo marcó el punto de partida para las investigaciones que CIPER desarrolló después sobre la estructura del lucro en la UDM y que culminarían con el cierre de la casa de estudios.

18. Las pruebas de la participación de los jefes del SII en el “perdonazo” a Johnson’s

En julio de 2012, en la antesala de la discusión del proyecto de reforma tributaria del gobierno, CIPER publicó esta investigación donde entregó documentos, testimonios y el detalle del proceso que acreditan que el director de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, y su subdirector jurídico, Mario Vila, participaron en el polémico “perdonazo” a Johnson’s. Si la reforma tributaria propuesta por La Moneda apuntaba a recaudar US$ 700 millones, el hecho de que a Johnson’s se le hayan condonado US$119 millones en condiciones poco transparentes, repuso en la agenda la discrecionalidad con que se administran los beneficios tributarios para las grandes empresas.

19. El saqueo del mar chileno

Durante meses, CIPER realizó una investigación en conjunto con el Consocio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el medio peruano IDL-Reporteros para realizar una radiografía a fondo al negocio pesquero en el Pacífico Sur. El trabajo culminó con una serie de reportajes que no sólo dan cuenta de cómo las empresas que se han apropiado del mar han llevado adelante un negocio millonario sin fiscalización, sino que también demuestran que si la intención de las regulaciones del sector ha sido darle sustentabilidad a la pesca en Chile, el resultado ha sido un desastre.

El 25 de enero, CIPER publicó el primero de una serie de reportajes que dan cuenta como la actividad pesquera en Chile, durante las últimas décadas, ha sido en realidad un saqueo de los recursos. En ese primer texto, identificamos cuáles son los nueves grupos económicos que concentran la explotación del mar y de cómo fueron repartiéndose el océano hasta hacerlo suyo. El segundo reportaje, publicado dos días después, da cuenta de cómo la explotación indiscriminada ha llevado a la biomasa del jurel, el principal recurso marino del país, al punto del colapso. Un fenómeno que no sólo ha impactado en aguas chilenas: en todo el Pacífico Sur los recursos están desapareciendo. En eso, y aunque sus representantes lo nieguen, la industria chilena es la principal responsable, como quedó demostrado en el tercer capítulo de nuestra investigación.

La investigación fue finalista en los Premios IRE 2012, que entrega cada año la asociación Investigative Reporters & Editors, en Estados Unidos.

20. La Polar: La red de sociedades y millonarias ganancias que devela cómo los gerentes participaron del fraude

En julio de 2012, tras meses de investigación, CIPER publicó la historia de cómo Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, tres ejecutivos claves en el fraude de La Polar, aumentaron su patrimonio al tiempo que la empresa repactaba la deuda de más de un millón de chilenos sin su consentimiento y entregaba resultados financieros falsos al mercado (ver reportaje). Alcalde invirtió en fondos mutuos más de $23.500 millones mientras estuvo en la compañía. Las intrincadas operaciones de dinero y sociedades con que los gerentes se convirtieron en dueños de más del 5% de la empresa, muestran el rol de Norberto Morita y Raúl Sotomayor (Southern Cross), quienes dirigieron La Polar hasta 2009, y cómo en 2010 los gerentes liquidaron sus acciones antes del escándalo.

Tras ese primer reportaje, ese mismo mes publicamos “La Polar II: La historia inédita detrás de las ganancias de Morita y sus gerentes”. El artículo revela el mecanismo de incentivos para los principales gerentes de la empresa que implementó entre 2006 y 2009 el directorio mediante la compra de acciones a un precio subsidiado para luego venderlas tres años después. En ese período, con Pablo Alcalde en la gerencia general y Norberto Morita en la presidencia del directorio, La Polar repactó unilateralmente la deuda del 77% del millón de clientes afectados. Al transar las acciones, los gerentes actuaron a través de una sociedad que se disolvió sólo 43 días antes de que el fraude se conociera públicamente, recaudando miles de millones de pesos.

Esta investigación obtuvo el segundo lugar en el Premio de Periodismo Económico 2012, que entregan la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF) y el Banco Santander.

21. Las desconocidas gestiones del gobierno ante la CEPAL que lograron bajar los índices de pobreza

El 20 de julio de 2012, el gobierno entregó el índice de pobreza en Chile: 14,4%. El anuncio desató una ácida polémica sobre la metodología empleada. Lo que hasta el 31 de agosto de ese año, cuando CIPER publicó esta investigación, no se había dicho, era que entre el 12 y el 20 de julio la CEPAL entregó a MIDEPLAN dos informes con los resultados de la encuesta CASEN. Entre ambos hay sólo una diferencia: la inclusión de la respuesta a la pregunta “y11” sobre ingresos de los desocupados de las familias. En el primer informe la CEPAL la desestimó y calculó la pobreza en 15%, lo mismo que registró la CASEN 2009. Al incluirla en el segundo informe, a petición de MIDEPLAN, el índice bajó a 14,4%.

Este reportaje fue el primer paso de lo que luego se transformaría en una serie que marcó la agenda pública del año pasado y que generó un debate que culminó con la promesa de modificar por completo el sistema de medición de la pobreza en Chile. El trabajo fue reconocido en el Premio Pobre El que no Cambia de Mirada 2012, que entrega la Fundación para la Superación de la Pobreza. También fue finalista en el Premio Periodismo de Excelencia 2012.

22. Cómo lucraron los dueños de la Universidad del Mar

Durante los últimos 10 años la Universidad del Mar (UDM) creció reclutando alumnos de sectores medios y bajos. Por ello sus dueños dicen que han hecho un gran aporte a la movilidad social. Una querella presentada por más de 100 alumnos alega, sin embargo, que la UDM les ha dado pésima formación por culpa del desvío de recursos hacia los controladores. Tras meses de trabajo CIPER logró identificar 85 sociedades creadas en torno a la UDM, la mayoría de las cuales vive únicamente de arrendarle edificios a la universidad. Los controladores insistían en que no lucraban, pero lo cierto es que la red que reveló el primer reportaje de esta serie tenía como finalidad central llevar una enorme cantidad de recursos desde la UDM a sus bolsillos.

Luego de esa primera entrega, CIPER publicó otros dos reportajes que forman parte de la misma investigación (ver capítulos II y III) y que revelan el modelo de negocios y sociedades sobre el que se gestó el lucrativo proyecto educacional que, en desmedro de la calidad, vulneró estatutos y abandonó el proyecto educativo que ilusionó a miles de estudiantes de bajos recursos y sus familias.

El trabajo fue parte importante en las investigaciones que llevaron a cabo el Congreso y la justicia y que culminaron con el cierre de la UDM y la destitución del ministro de Educación, Harald Beyer. La investigación fue premiada con el Premio Periodismo de Excelencia 2012.

23. Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio

Para el plan estrella de combate al narcotráfico, el gobierno adquirió densímetros y fibroscopios para detectar drogas, por un total de $1.834 millones. Por cada densímetro canceló $23,4 millones a un intermediario, aunque su fabricante los vende en Estados Unidos en $4,3 millones. Las adquisiciones de las que trata esta investigación que CIPER publicó a comienzos de octubre de 2012, eran parte del Plan Frontera Norte, que dirigía el ex fiscal Alejandro Peña, y se sumaban a otras dos compras polémicas: hornos para incinerar drogas y furgones equipados con escáner que no funcionan como estaba previsto. El monto global involucrado en estas adquisiciones se eleva a $4.104 millones.

Este reportaje fue el que gatilló la investigación judicial conocida como “Caso Sobreprecios”, un trabajo que impactó fuertemente en la opinión pública y que generó la renuncia al Ministerio del Interior de Peña y otro grupo de funcionarios involucrados en las compras.

24. El director del INE habría manipulado las cifras del Censo 2012

Tres fe de erratas importantes han tenido las cifras del Censo 2012 en sólo 22 días. Y todo indica que van a seguir. Así lo advirtió internamente el cuerpo técnico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante meses, pero fue marginado, hasta que las pruebas de la manipulación de los datos y los errores metodológicos emergieron. Un cuestionamiento similar experimenta el sensible cálculo del IPC, otro producto estrella del INE. Su director, Francisco Labbé, después de rechazar todo error, ahora asume que hay diferencias de hasta cuatro décimas porcentuales en ese índice financiero clave. El INE enfrenta una parálisis y su peor crisis (ver reportaje).

Tras la publicación de la investigación que da cuenta de cómo el director del INE habría manipulado las cifras del último Censo, publicamos una entrevista que nos dio Mariana Alcérreca, ingeniera comercial y asesora de Labbé, la “gerenta” del instituto, donde desmenuza los errores metodológicos y revela paso a paso cómo se fue materializando la manipulación de los datos del Censo 2012, incluyendo una conversación clave con Labbé, en la que éste la instruye a publicar que habían sido censados realmente 16 millones 600 mil en vez de 15 millones 800 mil. “No te dispares en los pies”, fue la frase con la que acompañó la orden. “Hay engaño al incluir a los moradores ausentes a la cifra de los realmente censados, y se agrega población directamente”, dice.

La investigación significó la renuncia del director del INE y su equipo de confianza.