Desde 2012 la Cámara Baja aplica una norma especial que le permite despedir e indemnizar a todos los asesores de diputados cuando termina un periodo parlamentario -cada cuatro años- y luego recontratarlos, un privilegio que no tienen los restantes chilenos que se rigen por el Código del Trabajo. En el último periodo parlamentario, que se inició en 2022 y finalizó el pasado 11 de marzo, la Cámara pagó $5.700 millones en indemnizaciones para 1.336 asesores. Según registros públicos, recontrató a 489 de ellos, en los que había gastado $2.400 millones en indemnizaciones. En el Senado, en el mismo lapso, los asesores indemnizados fueron 218 y han sido recontratados 23 de ellos.

De los 1.336 asesores de diputados que en el último periodo parlamentario (2022 a 2026) recibieron un finiquito e indemnización por años de servicios prestados a la Cámara, 489 fueron recontratados. De hecho, 309 fueron recontratados al día siguiente de ser despedidos: el 11 de marzo pasado, cuando se inició el nuevo periodo de los legisladores. La práctica es algo completamente legal que solo ocurre en el Congreso Nacional desde 2012, cuando entró en vigencia una norma laboral creada por los parlamentarios. Esa norma permite finiquitar e indemnizar a todos los asesores de diputados cuando termina un periodo parlamentario -cada cuatro años- y luego recontratarlos, una posibilidad que no tienen los otros empleados que se rigen por el Código del Trabajo.

CIPER constató que entre 2024 y marzo de 2026 un total de 1.336 trabajadores de la Cámara Baja fueron finiquitados (aunque el periodo parlamentario se inició en 2022, no hubo pagos asociados a finiquitos hasta 2024). Esto involucró un gasto total en indemnizaciones de $5.700 millones. De esa cifra, $2.400 millones se utilizaron para pagar las indemnizaciones de 489 colaboradores que posteriormente fueron recontratados. Es decir, el 42% del gasto total que hizo la Cámara en indemnizaciones fue para pagar a asesores que volvió a contratar. 

Además, según la información proporcionada por la Cámara a través de Ley de Transparencia, en este último periodo parlamentario se pagó la cifra más alta en indemnizaciones para Personal de Apoyo desde que fue instaurada la normativa especial hace 14 años. La evolución del gasto en cada periodo parlamentario, desde 2012 a este año, es así: 

• 2012 a 2014 se pagó a 12 asesores: $31 millones.
• 2014 a 2018 se pagó a 23 asesores: $148 millones.
• 2018 a 2022 se pagó a 58 asesores: $535 millones.
• 2022 a 2026 se pagó a 1.336 asesores: $5.796 millones.

Estos números arrojan que en estos 14 años, el gasto en indemnizaciones aumentó casi 187 veces. Y que el número de asesores también ha experimentado un incremento significativo. Solo en 2026, fecha en que finalizó el último período de diputados, la corporación pagó indemnizaciones por $4.280 millones repartidos en 833 asesores. Y de ellos, 309 fueron recontratados al día siguiente. 

Según ha definido el Consejo Resolutivo de Asignaciones -entidad que determina los criterios de uso de las asignaciones parlamentarias-, el Personal de Apoyo lo integran trabajadores “que colaboran directamente con el Senador o Diputado en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus atribuciones”. En esta categoría se incluyen aquellos que tienen despliegue político, como los jefes de gabinete, jefes territoriales o apoyos distritales, asesores comunicacionales o jurídicos. Asimismo, quienes realizan tareas administrativas, como secretarias o secretarios de oficinas parlamentarias, choferes o asistentes.

En el Senado pasa algo distinto. La mayoría de los asesores que fueron finiquitados en el último periodo, cesaron sus funciones porque los senadores para los cuales trabajaban abandonaron el Congreso en virtud del límite de postulación. Entre enero de 2024 y marzo de 2026, esa corporación pagó $2.188 millones en indemnizaciones para 218 asesores finiquitados. Y 23 de esos colaboradores fueron recontratados. Sin embargo, hay al menos cuatro trabajadores que, con el finiquito de marzo pasado, alcanzaron una sumatoria de indemnizaciones que iguala el tope legal de 11 años de servicios. Y como fueron recontratados nuevamente, si obtienen otra indemnización van a sobrepasar ese tope. 

Según publicó CIPER, en la Cámara de Diputados, ese tope legal ya fue sobrepasado en, al menos, 17 casos (vea ese artículo). 

INDEMNIZADOS Y RECONTRATADOS

Al iniciar el periodo parlamentario que comenzó el 11 de marzo pasado, 29 asesores de diputados y comités recibieron la cifra más alta pagada por indemnizaciones a Personal de Apoyo en la Cámara: más de $14 millones. Ese mes, 16 de ellos fueron recontratados por el mismo diputado o comité. 

En el paso del periodo parlamentario anterior al actual, quienes lideran la lista de recontrataciones son la diputada Emilia Nuyado (PS) y el diputado Héctor Barría (DC). La Cámara ha finiquitado y recontratado a nueve de sus asesores. Nuyado recontrató a todos en marzo de este año, mientras que dos de los asesores de Barría fueron finiquitados y recontratados en 2024 y los otros siete en marzo de 2026. 

Al ser consultados, los dos diputados señalaron a CIPER que dada la confianza en el trabajo de sus asesores, optaron por recontratarlos pese a que la Cámara los había recién indemnizado. Tanto Nuyado como Barría, señalaron que ellos no tienen injerencia en que sean finiquitados cada cuatro años.  

En los comités pasa algo parecido: dos de estos -el de la UDI y el integrado por RN, Evópoli e independientes- indemnizaron a ocho asesores que de inmediato recontrataron. Pese a que en Transparencia del Congreso no están a la vista sus recontrataciones, según los registros de indemnizaciones revisados por CIPER todos fueron finiquitados antes del inicio del nuevo periodo parlamentario el 11 de marzo último y todos figuran con sueldos en marzo, abril y mayo de 2026. Los sueldos de estos asesores fluctúan entre $1,5 millones y $10 millones. 

CIPER contactó a todos los diputados jefes de bancada de estos comité, para conocer su parecer sobre la normativa. Los dos que contestaron, Daniela Serrano (PC e IND) y Raúl Soto (PPD e IND), coinciden en señalar que los finiquitos no son competencia de ellos, sino de Secretaría General de la Cámara. 

 “Las decisiones administrativas las toma la Secretaría General de la Cámara, y desde ahí se imponen las condiciones de contratación para el personal”, dijo Soto, por lo que no les corresponde opinar. Mientras que Serrano, afirmó que “nuestras decisiones como Comité de diputadas y diputados PC e independientes se ciñen a la normativa que establece la Cámara y el Consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias” (lea sus respuestas completas aquí).

En la Cámara existe un proyecto de ley (Boletín 17301-13) donde se plantea cambios a los motivos por los cuales se despide e indemniza a estos trabajadores. Sin embargo, en ninguno de esos cambios, que deben ser votados por los parlamentarios o sobre los cuales se pueden impulsar indicaciones, se hace referencia a las indemnizaciones sucesivas y recontrataciones inmediatas. 

CASOS EN EL SENADO

Entre enero de 2024 y el 11 marzo de 2026, según información proporcionada vía Ley de Transparencia por la Cámara Alta, el Senado desembolsó más de $2.100 millones en indemnizaciones. Sin embargo, solo el 11% de esos asesores finiquitados, siguieron trabajando para esa corporación. Es decir, de los 218 asesores finiquitados e indemnizados en el lapso mencionado, 23 fueron recontratados inmediatamente o poco después. 

En 2026, año en que cesó en sus funciones la mitad del Senado, 126 asesores fueron indemnizados. De ellos, al menos cuatro continuaron trabajando en la Cámara Alta. Dos de estos últimos estaban contratados hasta el 10 de marzo pasado por el Comité DC y ahora integran el Comité Mixto DC e independientes. Ellos son:

• Mauricio Burgos (indemnizado con $35,6 millones).
• Bella Campaña ($31,3 millones).

Los otros tres que integran este grupo antes trabajaban para senadores que tuvieron que dejar el Congreso, por lo que ahora están empleados por otros parlamentarios del mismo sector: 

• Reinaldo Monardes ($39,3 millones), trabajaba para Ricardo Lagos Weber y ahora para el Comité Mixto PS, PPD, independientes y Partido Liberal.
• Jaime Álvarez ($16,1 millones), trabajaba para José García Ruminot y ahora con Rodolfo Carter.

Personas que conocen bien lo que ocurre en la bancada DC, explicaron a CIPER que la bancada se reformuló, por lo que tanto Burgos como Campaña debieron ser finiquitados, pero, aunque acumulaban más años de servicios se les aplicó el límite legal de 11 años. En todo caso, al menos uno de ellos, Burgos, ya había sido indemnizado antes, porque ingresó a esa bancada en 2007. 

Tanto Monardes como Álvarez señalaron a CIPER que ellos llevan cerca de 12 años trabajando en el Senado, pero que para su indemnización se les aplicó el tope legal de 11 años. Campaña, en tanto, no respondió las preguntas de CIPER. 

Respecto de los otros 17 asesores recontratados en el Senado, la mayoría fueron empleados ahora por otros senadores. Solo uno, colaborador de Francisco Huenchumilla (DC), fue recontratado por el mismo legislador.  

El senador explicó a CIPER que antes de recontratar a su asesor, hizo consultas a la Secretaría General sobre si se podía hacer eso, una vez que el asesor fue finiquitado. Y así lo explicó: “Cuando cumplo mi periodo de senador y soy reelecto y, además cumplo 82 años, me pregunté cómo debería encarar este último periodo, es decir, dónde poner los énfasis, atendidas ambas circunstancias (mi último periodo y mi edad). Por ello estimé que el periodista que me acompañó, iba a cumplir las funciones de hacerse cargo de las cuestiones administrativas de mi oficina de Temuco, entonces hubo un cambio de funciones o una suma de funciones. Y considerando la respuesta que me dieron de la Secretaría General, procedí entonces después de un breve periodo a sumarle otras responsabilidades”, dijo.

La mayoría de los asesores contactados por CIPER, señalaron que ellos no buscaron que se instaurara la norma que permite indemnizar y recontratar, y que se ciñen a lo que estipulan sus contratos.