¿Qué investigamos?
Durante dos décadas, el Estado autorizó inversiones cada vez más riesgosas por parte de las AFP. En septiembre, las pérdidas de los fondos de pensiones en instrumentos financieros llamados swaps superaron los US$10.000 millones. Esta caída afectó las pensiones de 360 mil personas en edad de jubilación. ¿Cómo se gestó esta crisis? Uno de los actores más relevantes fue el Estado, que lo facilitó a través de la dictación de decretos y normas que ni siquiera pasaron por el Congreso. Por ejemplo, desde 2012 se autorizó que fueran las propias AFP las que aprueben las políticas de gestión del riesgo de las inversiones que hacen con los ahorros de los trabajadores.

¿Por qué importa?
En pocas palabras, la legalidad vigente permitió a las AFP invertir los ahorros de quienes estaban próximos a jubilarse en operaciones de largo plazo y con riesgo elevado, pese a las advertencias que hicieron la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central desde 2024.
En síntesis, todas estas licencias legales permitieron que los fondos D y E, presentados como los más conservadores y seguros, asumieran más riesgos que el fondo C, por ejemplo. Por cierto, esto no significa que las AFP hayan infringido alguna norma. De hecho, apostar en bolsa a largo plazo con los ahorros de quienes están por jubilarse es perfectamente legal en la actualidad. Ese es el punto.

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