El ministro Fernando Rabat ha explicado que aprobó reducir las penas a 56 agresores sexuales de niños porque una vez que la Comisión de Rebaja de Condenas decide conceder ese beneficio la autoridad de gobierno no puede oponerse. Esta interpretación -conocida como la “doctrina Rabat”- comenzó a aplicarse en junio de este año. Pero, registros judiciales revisados por CIPER indican que, después de que puso en marcha su nueva doctrina, el ministro actuó contra ella al menos en 22 casos de otros delitos, como homicidio y tráfico de drogas, que tuvieron lugar entre junio y octubre. En todos ellos el ministerio interpretó que sí podía oponerse a la rebaja ya acordada por la comisión.

Créditos imagen de portada: Flickr Ministerio de Justicia.

Al presentarse ante la Cámara de Diputados el pasado miércoles 28 de octubre, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó por qué su cartera aprobó la reducción de condenas a 56 abusadores y violadores de menores. Según argumentó, solo las comisiones de Reducción de Condenas tienen la competencia para analizar los antecedentes de los reclusos y en ellas “se agota la instancia legal para ponderar el mérito de la solicitud”. Esto significa, explicó ante la Cámara, que una vez que estas comisiones determinan otorgar el beneficio, al ministerio no le queda otro camino que ratificarlo. Incluso, recalcó que exigirle a un ministro de Justicia que pondere estos antecedentes le significaría infringir los artículos 6 y 7 de la Constitución: “Me estarían exigiendo actuar fuera del ámbito de mis atribuciones”.

Esta interpretación del ministro, conocida como “doctrina Rabat”, comenzó a aplicarse en junio de este año. Antes de eso, la cartera sí rechazó reducciones de condenas para agresores sexuales de menores, tal como lo venían haciendo los gobiernos anteriores. Fue un reportaje de CIPER el que reveló que al menos en nueve casos el ministerio, bajo la gestión de Rabat, se opuso (vea ese artículo).

Ahora, una nueva revisión de documentos judiciales realizada por CIPER muestra que, después de la fecha en la que se puso en práctica su nueva doctrina, el ministerio de igual manera se opuso a lo que habían determinado las comisiones de Rebaja de Condena y rechazó conceder la reducción en al menos 22 casos de otros delitos, como homicidios y tráfico de drogas. CIPER revisó cada uno de los decretos en los que la autoridad plasmó su decisión de oponerse a la liberación anticipada.

Estos decretos argumentan que el Ministerio de Justicia tiene la atribución de rechazar una solicitud de reducción de pena, aprobada por las comisiones de Rebaja de Condenas, cuando, tras revisar los antecedentes, identifica alguna causa de exclusión. Por ejemplo, cometer un delito mientras se cumple condena, infringir la reclusión, estar condenado por delitos cuya sanción sea cadena perpetua, como el homicidio, y estar recluido por un crimen de carácter sexual contra menores de edad. Es justamente esta atribución del ministerio la que ha estado en controversia, ya que el jefe de la cartera ha justificado la liberación anticipada de condenados por delitos sexuales contra menores, argumentando que el Ministerio de Justicia no puede revocar la decisión de las comisiones de Reducción de Condenas de asignar el beneficio. Estos 22 casos dejan en evidencia que el ministro Rabat sí contaba con esa atribución.

Cada uno de estos 22 casos dio origen a un recurso de amparo presentado por el recluso. CIPER los revisó todos. En algunos de ellos se reclamó por la lentitud del ministerio para tramitar la solicitud. En otros, se alegó por la oposición de la cartera a conceder el beneficio, bajo el argumento de que la comisión ya lo había aprobado. En nueve de estos recursos, la justicia se pronunció específicamente sobre la atribución del Ministerio de Justicia para rechazar la rebaja: en siete de ellos las cortes respaldaron la denegación, en uno se favoreció al condenado y el restante sigue en tramitación. Ninguno de estos antecedentes fue mencionado por Rabat cuando se presentó ante la Cámara a fines de octubre. 

LAS EXCLUSIONES QUE FIJA LA LEY

La normativa que establece los parámetros para acceder a las rebajas de condena es la Ley N°19.856. En su artículo 17, este cuerpo legal establece de manera expresa que las reducciones de penas no deben aplicarse a condenados por delitos que se sancionan con presidio perpetuo, a reclusos que cometan un nuevo delito mientras están cumpliendo la sentencia y a los agresores sexuales de menores, entre otros (vea esa norma). En los 22 decretos emitidos por el Ministerio de Justicia que se revisaron para este artículo, la autoridad argumentó que los reclusos en cuestión no podían acceder a ese beneficio porque cumplían con alguno de los criterios de exclusión.

Uno de los casos en que la Corte Suprema respaldó el rechazo adoptado por el ministerio corresponde al de un sujeto condenado por el homicidio de un carabinero, cuya solicitud fue rechazada por encontrarse cumpliendo una pena de presidio perpetuo.

En este caso, la comisión había aprobado el beneficio y no se había pronunciado sobre dicha causal de exclusión, y la cartera de Justicia resolvió rechazar su aprobación. La mayoría de los jueces de la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por el condenado. La única disidencia fue el ministro Leopoldo Llanos, quien sostuvo que, dado que el delito se había cometido con anterioridad a la reforma introducida a la ley sobre rebajas de condena (en 2022), la causal de exclusión no resultaba aplicable, atendiendo que dicha normativa no contemplaba expresamente su aplicación retroactiva. Este argumento también ha sido invocado en la controversia relativa a la exclusión de las personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad; sin embargo, en este caso fue desestimado por la Suprema.

La cartera también obtuvo el respaldo de la justicia en la denegación del beneficio a un condenado por femicidio, pese a que este ya contaba con la aprobación de la Comisión de Rebaja de Condenas y el respaldo de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Justicia. En este caso, el ministro Rabat resolvió rechazar la solicitud, al considerar que el femicidio contempla la cadena perpetua calificada como pena máxima, al igual que en el caso del homicidio del carabinero. En sus alegatos ante la Corte de Apelaciones local, el ministerio sostuvo que “tiene el deber de revisar los antecedentes a la luz del artículo 17 de dicha ley” y verificar si concurre alguna de las causales de exclusión contempladas en la normativa (vea el documento).

En este caso, la Segunda Sala de la Corte Suprema determinó que el Ministerio de Justicia resolvió “en estricta observancia del mandato contenido en la ley y en su Reglamento”, el que señala en su artículo 77 que el ministerio tiene la “obligación de dictar el decreto que rechaza el beneficio” en los casos en que se aplique alguna de las exclusiones de la ley de rebaja de condenas (vea aquí el reglamento).

En una causa que se tramitó en agosto pasado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la que otro condenado por femicidio pidió su rebaja de condena, la Seremi sí le advirtió al ministerio sobre la exclusión. El tribunal de alzada acogió el recurso a favor del reo, pero la Corte Suprema revocó la sentencia, negó el beneficio y respaldó la decisión de la cartera liderada por Rabat.

Si bien Rabat ha planteado que su criterio está determinado por lo que resuelva la Comisión de Reducción de Condenas, es decir, si es que esta acepta o rechaza una rebaja, él está impedido de cambiar esa decisión, los hechos demuestran algo distinto. Por ejemplo, el 20 de agosto de este año el ministro negó la rebaja de un reo tras considerar que éste había cometido dos veces el mismo delito: porte de arma y ocultación de identidad. La comisión le había reconocido al recluso la posibilidad de acceder a la rebaja, pero el jefe de la cartera razonó que, de acuerdo con la ley de reducción de pena, este estaba excluido de acceder al beneficio. 

En cambio, Rabat aplicó un criterio distinto en los casos que involucraban delitos sexuales contra menores. Por ejemplo, respaldó la decisión de la comisión, el 28 de julio pasado, cuando firmó un decreto que redujo la pena de un recluso condenado por violación de una menor de 14 años, a quien se le autorizó el beneficio pese a que la ley establece este delito como una causal de exclusión. 

El caso más reciente de los revisados por CIPER es del mes pasado. El 22 de octubre, el Ministerio de Justicia se negó a que un condenado por tráfico de drogas y lesiones graves pudiera optar a una rebaja de condena. La comisión le había reconocido el beneficio y la Seremi no se había pronunciado sobre el caso. La cartera esgrimió que el condenado volvió a cometer una falta durante el cumplimiento de la pena, cuando fue sorprendido con elementos tecnológicos en la cárcel. El 3 de noviembre, el condenado ingresó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que permanece en trámite. 

Ministro de Justicia, Fernando Rabat (Créditos: Agencia Uno).

EL REGLAMENTO OLVIDADO

El ministro Rabat dijo a los diputados que, tras escuchar sus intervenciones en la sala, se dio cuenta “que no se entiende el procedimiento de rebaja de condena, que no se dividen ni se señalan cuáles son las competencias que le corresponden a un ministro de Estado (…) en definitiva quien adopta las decisiones”. Según el ministro, el proceso se divide en dos etapas en las que intervienen distintas instituciones, como Gendarmería, la Comisión de Reducción de Condenas, las Secretarías Regionales Ministeriales y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“En la primera gran etapa es que se dicta por única vez la resolución de calificación de la persona que va a obtener el beneficio de reducción de condena. Es allí, conforme al artículo 10 de la Ley 19.856, que se radica la competencia para calificar si la persona que va a obtener el beneficio tiene o no el carácter para poderlo recibir. Así se ha fallado expresamente, incluso dándole a esta comisión el carácter de tribunal”, dijo.      

Luego, agregó que “en la segunda etapa interviene la seremi respectiva y también el Ministerio de Justicia. Es la seremi, quien en conformidad con el artículo 14 de la ley, debe analizar los requisitos objetivos, insisto, objetivos, que establece la ley, y luego el Ministerio de Justicia simplemente formaliza, firmando el decreto respectivo para dar vida jurídica a la decisión que había adoptado con carácter de firme la comisión evaluadora respectiva”.

Lo que el jefe de la cartera no explicó en su intervención ante los diputados es que el reglamento de la Ley N°19.856 define que la atribución de la revisión de las exclusiones recae tanto en la Comisión de Rebaja de Condenas como en el Ministerio de Justicia. Este argumento es citado en los fallos de las cortes revisadas por CIPER para este artículo.

El reglamento también establece que Gendarmería deberá incluir en la información de los postulantes al beneficio los antecedentes que puedan excluirlos del proceso, como ser condenado por delitos sexuales contra menores. Según el texto, la primera tarea de las Comisiones de Reducción de Condena es revisar estos antecedentes y detectar si hay casos que deben ser excluidos. 

Pero, la revisión de las exclusiones no termina allí. El artículo 77 del reglamento, le reconoce explícitamente al Ministerio de Justicia la opción de rechazar el beneficio en caso de detectar alguna causa de exclusión:

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá dictar el decreto que rechaza el beneficio sólo cuando de la revisión de la postulación se verifique alguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la ley Nº 19.856”.

En los 22 decretos que revisó CIPER para este artículo, el Ministerio de Justicia dice haber detectado alguna causal de exclusión, la que no había sido advertida por la Comisión de Reducción de Condena. El mismo argumento utilizó -antes de cambiar su doctrina- para rechazar el beneficio en casos de condenados por delitos sexuales contra menores, que contaban con la aprobación de la comisión respectiva.

 Por ejemplo, en el Decreto N°1307, del 30 de abril de 2026, el ministro Rabat cita el artículo del reglamento para sustentar su decisión de rechazar la solicitud de un condenado por abuso y violación de un menor de 14 años, quien contaba con la aprobación de la rebaja por parte de la comisión. En ésa ocasión, antes del cambio de doctrina, el ministerio revocó la decisión tras revisar los antecedentes e identificar el tipo de delito por el que el reo cumplía la condena.