La causa sobre uso indebido de asignaciones parlamentarias en la que se indaga a la senadora Camila Flores, tiene una arista que apunta a la tramitación de la Ley de Notarios y Conservadores. Según fuentes conocedoras de la investigación, la fiscalía citó en calidad de imputado a Carlos Swett, conservador de Concón y presidente de la Asociación de Notarios. Lo hizo porque un asesor de la parlamentaria declaró que Swett acudió a la casa de la senadora y que, sin entrar al domicilio, le entregó un sobre. La fiscalía busca descartar si en ese sobre había dinero. Según conocedores de la diligencia, Swett, dijo que solo había documentos, pero confirmó que conoce a Flores, que fue a su casa y que le pasó un sobre. Por su parte, la defensa de Flores a cargo del penalista Samuel Donoso, presentó el pasado 9 de junio, un recurso para dejar sin efecto la resolución que autorizó la entrada y registro a la oficina de la parlamentaria en el Senado y su domicilio en Viña del Mar. Solicitó que esa información incautada sea eliminada del expediente.

Créditos imagen de portada: Yvo Salinas / Agencia Uno.

La Fiscalía Regional de Valparaíso tomó declaración en calidad de imputado al Presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett, en la causa donde se indaga por fraude al fisco a la senadora de RN, Camila Flores. Según conocedores de la diligencia, la razón para citarlo fue que en uno de los testimonios que entregó el exasesor de la parlamentaria, Julio Lillo, este habría señalado que vio a Swett en un auto, afuera del domicilio de la senadora, entregándole un sobre. 

Lillo es el mismo asesor que respaldó con antecedentes bancarios la denuncia de que Flores le pedía parte de su sueldo en el Congreso. Pero, en su testimonio sobre el encuentro entre la senadora y el conservador Swett no acompañó evidencia respecto al contenido de ese sobre. El Ministerio Público busca descartar que en ese sobre se haya entregado dinero. Por eso, la fiscalía activó una serie de diligencias, las que incluyeron la comparecencia, concretada hace algunos días, de Swett y su abogado, Juan Carlos Manríquez. 

Según explican personas que conocen parte de lo que declaró el conservador ante la fiscalía, este habría reconocido que en una mañana del segundo semestre de 2025, acudió a la casa de Flores y que, efectivamente, le hizo entrega de un sobre, pero negó tajantemente que en este hubiera dinero, señalando que lo que había eran documentos. 

Las mismas fuentes señalan que el Ministerio Público consultó al conservador acerca de su rol, y de la asociación que representa, en la tramitación de la Ley de Reforma Notarial y Registral que culminó en julio de 2025, proceso en el que participó activamente la entonces diputada Camila Flores, como integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara y luego en la Comisión Mixta. 

CIPER tomó contacto con Swett para consultarle, a partir de lo que declaró ante la fiscalía, qué documentos eran los que, según su versión, estaban en el sobre que entregó a la parlamentaria. Pero, antes de recibir las preguntas, Swett señaló que no haría comentarios. Lo mismo su abogado, Juan Carlos Manríquez, quien se excusó de entregar antecedentes o detalles sobre esta investigación “atendida su estricta reserva”, agregando que sus actividades profesionales en la causa se encuentran sujetas a esa misma reserva. 

Pese a la reserva, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso existe un recurso ingresado el día 9 de junio por el abogado de la parlamentaria, Samuel Donoso, que cuestiona la legalidad del allanamiento realizado el 6 de mayo por el OS9 de Carabineros, y donde consta una serie de detalles sobre otras diligencias de la causa. 

En ese procedimiento, que incluyó la entrada y registro de la oficina de Flores en el Congreso y de su domicilio en Viña del Mar, los funcionarios policiales se llevaron un teléfono celular, un notebook, un computador de escritorio y diversa documentación  (vea artículo de CIPER:  Fiscalía ingresa al Senado por investigación contra Camila Flores por posible fraude al fisco).

El escrito no solo busca dejar sin efecto la diligencia, también solicita la devolución de los objetos incautados y la eliminación de la carpeta investigativa de todos los antecedentes obtenidos desde los dispositivos requisados. 

El 10 de junio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró inadmisible el recurso. Pero, la defensa apeló a esa decisión y, el 22 de junio pasado, la Segunda Sala de la Corte Suprema revocó la resolución de la Corte de Valparaíso y declaró admisible el recurso presentado en favor de la senadora. Tras esa decisión, la corte porteña pidió al Juzgado de Garantía de Valparaíso un informe sobre la resolución que autorizó la medida intrusiva. CIPER revisó ese documento alojado en el sitio web del Poder Judicial. En este se detalla que el 29 de abril se autorizó el ingreso a la oficina parlamentaria de la senadora y el acceso al tráfico de llamadas y de datos de su celular desde marzo de 2018. También al de los teléfonos de su secretaria, Yolanda Olfos; de Julio Lillo y de otra asesora de la parlamentaria, Heidi Serrat. 

Al ser consultados sobre la tramitación de este amparo y la comparecencia de Carlos Swett, ni la senadora Flores ni su abogado quisieron referirse al tema. El Ministerio Público, en tanto, también declinó responder preguntas de CIPER. 

Carlos Swett, conservador de Concón y presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores (ASDENO) (Fuente: Web ASDENO)

EL PASO DE FLORES POR LA LEY DE NOTARIOS

Camila Flores y Carlos Swett se conocen, al menos, desde que el actual conservador de Concón fue notario de Quilpué. Según cuentan cercanos al conservador, como Flores representa a la comuna de Quilpué desde que es diputada, han tenido contactos con Swett.  

En la declaración prestada por el conservador, el Ministerio Público revisó con él los pasos que siguió la reforma a ley de notarios que finalmente fue despachada en julio de 2025. Camila Flores participó activamente en la tramitación de esa ley, integrando tanto la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados como la Comisión Mixta. Durante el proceso, al igual que otros parlamentarios, criticó que el proyecto no otorgara suficiente relevancia a la experiencia, la trayectoria y el mérito en el nombramiento de nuevos notarios titulares.

En sesiones de la Comisión Mixta que revisó la reforma, el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que no fijar un porcentaje específico para ponderar el criterio de experiencia, que fue una de las propuestas discutidas, respondía a informes de la Fiscalía Nacional Económica. En esos informes se advertía que, en la práctica, la única forma de acceder al cargo de notario titular era haber ejercido previamente como notario suplente, un requisito que no estaba formalmente establecido en la normativa.

EL INFORME DEL TRIBUNAL DE GARANTÍA

La senadora Camila Flores interpuso a través de su defensa, un recurso que busca eliminar de la investigación toda la información incautada en su domicilio y en el Congreso el día 6 de mayo pasado. Inicialmente, ese recurso fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero tras acudir a la Suprema, el máximo tribunal lo acogió a trámite.

El juez de garantía de Valparaíso que dio lugar al allanamiento de la senadores Flores, Lucas Ponce, debió evacuar un informe el 23 de junio pasado en el que detalla lo que solicitó el Ministerio Público y lo que se autorizó. Según ese informe, en esa resolución la fiscalía pudo obtener autorización para respaldar y revisar el contenido de correos electrónicos, servicios de almacenamiento en la nube y aplicaciones de mensajería instantánea, entre ellas WhatsApp, Telegram y Signal, extraídas desde los dispositivos incautados. Además, de la revisión íntegra de las cuentas institucionales de correos electrónicos de la senadora y de su secretaria, Yolanda Olfos.

En esa solicitud, la fiscalía también pidió acceder al tráfico telefónico y de datos asociados a cuatro números vinculados a la parlamentaria, a su secretaria y a dos de sus asesores: Julio Lillo y Heidi Serrat. La autorización para revisar esas llamadas abarcó el período comprendido entre marzo de 2018 -fecha en que Flores asume por primera vez como diputada- y abril de 2026, permitiendo a la fiscalía acceder a registros de llamadas, mensajes SMS, tráfico de datos, ubicación georreferencial de los equipos, identificación y potencia de antenas utilizadas, rutas de conexión, y otros antecedentes técnicos.

En la tramitación de ese recurso también se agrega la solicitud completa de la fiscalía para pedir el allanamiento a la oficina y domicilio de Flores, donde constan los mensajes WhatsApp y parte de la declaración de Lillo en la causa que prestó ante la PDI el 23 de febrero. En esta afirmó que desde 2019 entregó mensualmente parte de su sueldo a Yolanda Olfos —monto que llegaron a los $1,8 millones— bajo amenaza de perder su trabajo. La fiscalía también incorporó cartolas bancarias del exasesor de Flores. Uno de los registros muestra el depósito de su sueldo como personal de apoyo y un giro realizado dos días después de $1,2 millones.