Señor
Pedro Ramírez
Ciper Chile
PRESENTE.

Que de conformidad con el artículo 16 y siguientes de la Ley N° 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, dentro de plazo, ejerzo mi derecho a rectificación y aclaración, sobre la base de la información entregada mediante la nota de vuestro medio, de fecha 24 de junio de los corrientes, suscrita por las periodistas Paulina Toro y Catalina Olate, respecto de una nueva filtración de la investigación sobre el caso seguido contra la Senadora Flores, que actualmente lleva el Ministerio Público:

1°. Que, a partir de información de una declaración bajo reserva que fue publicada por este medio, fui citado a declarar, sin que existiera ningún otro antecedente.

2°. Que nunca en mi calidad de auxiliar de la administración de Justicia, ni como Presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile, se han realizado gestiones de lobby en contravención a la Ley N° 20.730, como insinúa sin fundamento la referida publicación. Tampoco es efectivo que se haya efectuado una entrega de dinero a la Senadora Flores, en relación a supuestas actuaciones de lobby durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, correspondiente al Boletín 12.092-07.

3°. Que una lectura rigurosa de la tramitación del referido proyecto de ley hace inverosímil cualquier vinculación de la Asociación de Notarios y Conservadores con supuestas actuaciones de la exdiputada y actual Senadora, pues el detalle público de sus votaciones del 7 de enero de 2020 demuestra que la referida Senadora siempre votó conforme a los criterios del Ejecutivo, los que en casi la totalidad de los puntos propuestos eran contrarios a las opiniones del gremio. A vía de ejemplo, votó a favor de la figura del Fedatario, que era el corazón del proyecto del Ejecutivo y que significaba el fin de la mayoría de las notarías que dependen de los trámites de mesón.

Luego, el informe de comisión mixta solo abarcó las disposiciones residuales rechazadas por la Cámara de Diputados, en tercer trámite con fecha 15 de enero de 2025, siendo absurdo vincular estas actuaciones, en las que existieron diversos puntos de vista, resultando que, finalmente, se impuso —una vez más— el criterio del órgano Ejecutivo, como aparece de las dos votaciones de fecha 19 de mayo de 2025.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Carlos Swett Muñoz
Abogado
Conservador de Bienes Raíces de Concón