Cerca del mediodía de este miércoles 6, efectivos del OS9 ingresaron a dependencias del Senado, en Valparaíso, en el marco de la indagatoria por posible fraude al fisco contra la senadora RN Camila Flores. Los investigadores incautaron el computador de la parlamentaria, su teléfono y diversos documentos. Lo más relevante del procedimiento continuaba hasta la tarde de este miércoles en desarrollo: la extracción de información de los servidores de la Cámara. Además, el Ministerio Público se trasladó al inmueble de la senadora, en Viña del Mar, para llevar a cabo una diligencia paralela. La indagatoria comenzó tras una denuncia anónima que T13 dio a conocer en abril pasado. Según esos antecedentes, cuando la parlamentaria era diputada, a través de una asesora, solicitó a colaboradores que le entregaran parte de sus sueldos pagados por la Cámara. Información a la que tuvo acceso CIPER indica que el Ministerio Público cuenta con el testimonio de un excolaborador de Flores, quien ha declarado al menos en dos ocasiones. El exasesor entregó antecedentes sobre los traspasos bajo investigación, incluyendo cartolas bancarias y registros de WhatsApp.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno.

A las 11:12 horas de este miércoles 6, la Fiscalía Regional de Valparaíso, junto a efectivos del OS9, llegó al Congreso Nacional, en Valparaíso, e ingresó a las dependencias del Senado para realizar la entrada y registro de la oficina de la exdiputada y actual senadora de RN, Camila Flores.

Al cierre de este artículo, las diligencias seguían en progreso en el piso donde se ubican las dependencias de la senadora. CIPER pudo constatar que los investigadores incautaron el computador que utiliza la parlamentaria en el Congreso, su teléfono y documentos. También continuaba en curso, a media tarde del miércoles 6, una extracción informática desde los servidores de la Cámara. En paralelo, el Ministerio Público se trasladó hasta la vivienda de la parlamentaria, ubicada en Viña del Mar, para llevar a cabo diligencias en ese inmueble.

Todos estos procedimientos se enmarcan en la indagatoria por presunto fraude al fisco, dada a conocer por T13 en abril pasado, que afecta a la senadora Flores. Según ese medio, el Ministerio Público recibió una denuncia anónima por eventuales delitos funcionarios, entre ellos, fraude al fisco reiterado, ocurridos durante su periodo como diputada.

La denuncia describe un mecanismo que se habría extendido por siete años, conocido informalmente entre funcionarios como “la cuota Flores”. De acuerdo con esos antecedentes, desde 2018 la parlamentaria habría implementado un sistema para apropiarse de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a asignaciones parlamentarias. La acusación sostiene que las personas contratadas transferían a la parlamentaria una parte de sus ingresos. La práctica se habría prolongado hasta 2025, involucrando un monto cercano a los $300 millones. En ese esquema, su secretaria desde 2018, Yolanda Olfos, habría tenido un rol clave, al encargarse de coordinar la recolección del dinero.

El ingreso a las oficinas de la parlamentaria, se da ad portas de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) regional presente los antecedentes al comité penal del organismo, lo que ocurrirá este jueves 7 de mayo.

DECLARACIÓN DE EXASESOR

Además, según información recopilada por CIPER, la diligencia del Ministerio Público se concretó tras la colaboración sustancial de un exasesor de la parlamentaria. El excolaborador, identificado con las iniciales J.L., ha declarado en dos ocasiones en el marco de la investigación, aportando antecedentes que han resultado clave para la fiscal que lidera la causa, Paola Castiglione: este testigo habría aportado cartolas bancarias y registros de intercambios vía WhatsApp, lo que ha permitido seguir la trazabilidad del dinero mencionado en la denuncia anónima que dio origen a la indagatoria.

Además, según antecedentes preliminares, este testigo habría vinculado a la senadora Flores con actividades de lobby relacionadas con la tramitación de la Ley de Reforma Notarial y Registral, discutida por el Congreso durante 2025 y que entró en vigencia el pasado 2 de abril. Se trata de una línea de investigación que continuará siendo mirada por la fiscalía.

De acuerdo con información recopilada por CIPER, la senadora Flores y su cónyuge, Percy Marín, han tenido relación con el presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett —conservador de Bienes Raíces de Concón—, desde la época en que este último se desempeñaba como notario en la comuna de Quilpué, perteneciente al Distrito Nº 6, el que entonces era representado por Flores como diputada.

Flores participó activamente en la tramitación de la Ley de Reforma Notarial y Registral, integrando tanto la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados como la Comisión Mixta. Durante el proceso, al igual que otros parlamentarios, criticó que el proyecto no otorgara suficiente relevancia a la experiencia, la trayectoria y el mérito en el nombramiento de nuevos cargos.

En sesiones de la Comisión Mixta revisora de la reforma, el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que la decisión de no fijar un porcentaje específico para ponderar el criterio de experiencia, que fue una de las propuestas discutidas, respondía a informes de la Fiscalía Nacional Económica, en los que se advertía que, en la práctica, la única forma de acceder al cargo de notario titular era haber ejercido previamente como notario suplente, un requisito que no estaba formalmente establecido en la normativa anterior.

(*) Este artículo fue actualizado a las 16:05 del miércoles 6 de mayo de 2026. Inicialmente, este artículo indicaba que los efectivos que realizaron la diligencia eran de la PDI. Pero, eso no es correcto. Los funcionarios a cargo del procedimiento eran del OS9 de Carabineros.