¿Qué contamos?
La Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió iniciar el proceso de remoción del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y del notario Rodrigo Ortúzar. En sus sanciones se incluye la participación de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Uno de los argumentos para remover a Ortúzar es el pago de $15 millones que hizo a Migueles poco antes de competir por un asiento en distintas notarías. Si bien este último emitió una factura por una supuesta gestión inmobiliaria para justificar el traspaso, el tribunal determinó que se trató de una transferencia “carente de justificación plausible” y que su verdadero objetivo era favorecer el ascenso de Ortúzar. La defensa de Yáber confirmó a CIPER que apelará para revertir su salida del cargo.

¿Por qué importa?
En la sentencia, la pareja de Vivanco es mencionada más de 200 veces. Y no se trata de alusiones de contexto: uno de los elementos que consideró el tribunal es que, tal como publicó CIPER en febrero de este año, para justificar el traspaso de los $15 millones Migueles emitió una factura a la empresa Asesorías e Inversiones Ortúzar SpA por “consultoría en gestión inmobiliaria”, un servicio que nunca brindó. En las conclusiones del sumario, la fiscal judicial Troncoso ya había calificado este pago como “infundado” y describió a Migueles como alguien que “a esa fecha solo contaba con la especial condición de ser la pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco”.

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