La Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió iniciar el proceso de remoción del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y del notario Rodrigo Ortúzar. En sus sanciones se incluye la participación de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Uno de los argumentos para remover a Ortúzar es el pago de $15 millones que hizo a Migueles poco antes de competir por un asiento en distintas notarías. Si bien este último emitió una factura por una supuesta gestión inmobiliaria para justificar el traspaso, el tribunal determinó que se trató de una transferencia “carente de justificación plausible” y que su verdadero objetivo era favorecer el ascenso de Ortúzar. La defensa de Yáber confirmó a CIPER que apelará para revertir su salida del cargo.

El lunes 27 de abril, la Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió las sanciones propuestas en el sumario que abrió contra el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y de los notarios Rodrigo Ortúzar, Claudio Barrena y Fernando Martel, por sus vínculos con el caso del consorcio de origen bielorruso CBM. Mientras Barrena fue absuelto y Martel recibió una multa de 5 UTM, para Yáber y Ortúzar fueron aprobadas las máximas sanciones. La sentencia, revisada por CIPER, señala que serán suspendidos de su trabajo por 60 días y que se dará “inicio al procedimiento de remoción” de ambos.

En la sentencia, la corte incluyó un antecedente que afecta directamente a Gonzalo Migueles, pareja de la destituida exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Esto, porque uno de los elementos que influyó en la remoción de Ortúzar es el pago de $15 millones que efectuó a Migueles entre el 4 y 8 de marzo de 2021, a través de una sociedad de su propiedad, mientras postulaba a varias notarías.

En la sentencia, la pareja de Vivanco es mencionada más de 200 veces. Y no se trata de alusiones de contexto: uno de los elementos que consideró el tribunal es que, tal como publicó CIPER en febrero de este año, para justificar el traspaso de los $15 millones Migueles emitió una factura a la empresa Asesorías e Inversiones Ortúzar SpA por “consultoría en gestión inmobiliaria”, un servicio que nunca brindó. En las conclusiones del sumario, la fiscal judicial Troncoso ya había calificado este pago como “infundado” y describió a Migueles como alguien que “a esa fecha solo contaba con la especial condición de ser la pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco”.

En su resolución de este lunes, la Corte de San Miguel se cuadró con las impresiones de Troncoso:

“Este Tribunal Pleno coincide con la instructora en cuanto a que la boleta de honorarios que Migueles Oteiza emitió a Asesorías Ortúzar el 8 de marzo de 2021, cuya glosa consigna un servicio de ‘consultoría en gestión inmobiliaria’, no resulta suficiente para acreditar la efectividad de los supuestos servicios prestados. Por el contrario, dichas transferencias coinciden temporalmente con las primeras postulaciones del investigado al Poder Judicial, materializadas los días 14 y 15 de marzo de 2021 a la 2° Notaría y Conservador de Minas de Coquimbo, a la 6° Notaría de Coquimbo y a la 5°Notaría de Ovalle”.

Además, el tribunal destacó que Ortúzar asistió a reuniones sociales de la exministra Vivanco, específicamente, a la celebración de su cumpleaños en 2021. En sus descargos, el notario manifestó haber coincidido con la entonces ministra de la Suprema “en algunos cumpleaños y eventos específicos, tratándose de situaciones excepcionales y puntuales”. Pero, su versión no fue suficiente para el tribunal, que consideró que “los hechos asentados dan cuenta de algo más que meras coincidencias sociales”.

La Corte de San Miguel también estimó el pago de $15 millones a Migueles como “carente de justificación plausible, seguida de las primeras postulaciones al Poder Judicial, constituye un indicio suficiente para respaldar la tesis de la instructora [Carla Troncoso] en cuanto a que dicho pago habría tenido por finalidad favorecer indebidamente a quien, en su calidad de pareja de una ministra de la Excma. Corte Suprema, podía interceder favorablemente en su carrera funcionaria”.

YÁBER APELARÁ

La eventual remoción del conservador Yáber y del notario Ortúzar todavía debe pasar su última prueba, porque sus defensas tienen opción de elevar el caso a la Corte Suprema. La defensa de Yáber, confirmó a CIPER que acudirán al máximo tribunal para revertir la decisión de la Corte de San Miguel.   

La resolución del tribunal se basó en los antecedentes que reunió desde noviembre del año pasado la fiscal judicial Carla Troncoso, quien indagó las faltas administrativas que pudieron haber cometido los involucrados. Este proceso corre en paralelo a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Los Lagos sobre el rol del conservador Yáber en una eventual triangulación de fondos provenientes de coimas que se habrían pagado a la exjueza Ángela Vivanco, en lo que se conoce como el caso del consorcio CBM. Además, hay otra arista penal en la que aparecen varios de estos mismos nombres, que es indagada por la Fiscalía Regional de Valparaíso y que se denomina “Nombramientos”, porque, precisamente, pesquisa irregularidades en nominaciones judiciales.

El documento con los argumentos del tribunal para remover a Yáber y Ortúzar, además de multar a Martel y absolver a Barrena, tiene 198 páginas y fue resuelto por el pleno de la corte, integrado en esta ocasión por diez ministros  (vea la parte final del documento aquí).