En mayo de este año, el Comité de Ministros dio luz verde al proyecto Planta de Producción de Sales de Potasio en el Salar de Atacama, del Grupo Errázuriz, avaluado en US$142 millones. La iniciativa había sido rechazada en cuatro gobiernos y ahora fue aprobada pese a un informe negativo del Sernageomin. Se trata de uno de los proyectos de inversión apalancados por el sistema creado por el ministro Jorge Quiroz para acelerar aprobaciones ambientales. En 2025 el Grupo Errázuriz contrató la consultora de Quiroz y le encargó elaborar un informe sobre la alianza para la explotación del litio entre Codelco y SQM. Uno de los autores del estudio es el coordinador de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda, Tomás Bunster, quien fue designado por Quiroz para monitorear el avance de los proyectos en tramitación ambiental.

El proyecto inmobiliario Alto Santorini, entre cuyos propietarios está el hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no es la única iniciativa conectada a ese secretario de Estado que ha sido beneficiada por la estrategia del gobierno para apurar inversiones que están estancadas en la tramitación de sus permisos ambientales (vea acá el reportaje de CIPER sobre Alto Santorini). El 7 de mayo pasado el Comité de Ministros aprobó el recurso de reclamación de la Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine, del Grupo Errázuriz, con lo que fue autorizado su proyecto “Planta de Producción de Sales de Potasio en el Salar de Atacama”. En 2025, ese mismo conglomerado contrató a la consultora del ministro -Quiroz & Asociados- para realizar un estudio acerca de la factibilidad económica de la alianza para la explotación del litio entre Codelco y SQM, el que fue difundido por el propio Quiroz en la prensa (vea acá una nota de T13 Radio). 

En marzo, el gobierno incluyó a la minera del Grupo Errázuriz dentro de los 51 proyectos de inversión prioritarios para esta administración. La iniciativa llevaba 17 años en tramitación ambiental y había sido rechazada en cuatro gobiernos, porque nunca respondió un requerimiento del Servicio Nacional de Minería y Geología (Sernageomin). Ahora fue finalmente aprobada pese al informe negativo de ese mismo servicio.

Este permiso para el Grupo Errázuriz es resultado de una política diseñada por el Ministerio de Hacienda bajo el liderazgo de Quiroz para agilizar la tramitación de proyectos detenidos en su proceso de autorización ambiental, lo que el oficialismo denomina “permisología”. Esta política se ejecuta a través de una instancia también creada bajo la gestión de Quiroz: el Comité de Proyectos en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), compuesto por las subsecretarías de Economía, Interior, Medioambiente y Hacienda. El objetivo de este grupo es agilizar la tramitación ambiental de los proyectos, haciendo un seguimiento en detalle de cada etapa del proceso, alertando y apurando a los funcionarios públicos que intervienen, para que finalmente las autoridades competentes puedan conceder la autorización. 

De hecho, antes de convertirse en ministro, en enero pasado, Quiroz anunció en El Mercurio su iniciativa: “«Estamos construyendo un programa de gestión para advertir a cada ministro, con semanas de anticipación, cuándo algún subordinado debe emitir un informe y lo obliga a hacerse responsable de esa respuesta (…). Eso requiere de una coordinación estrecha, que se hará desde Hacienda”. 

La persona que Quiroz dejó a cargo de hacer el seguimiento a los proyectos de inversión monitoreados por el Ministerio de Hacienda es Tomás Bunster, actual coordinador de Regulación Económica y jefe de los Coordinadores de Hacienda. Bunster tiene el mismo nexo de Quiroz con el Grupo Errázuriz, el conglomerado cuya inversión en el Salar de Atacama fue favorecida con la política de acelerar trámites que está a su cargo: fue uno de los autores del informe de consultoría elaborado por Quiroz & Asociados sobre la alianza entre Codelco y SQM.

La investigación de CIPER constató que no se elaboran actas de las sesiones del Comité de Proyectos en el SEIA, por lo que no se puede saber cuáles son los criterios para abordar unos proyectos antes que otros o para citar a determinados funcionarios sectoriales. Tampoco hay registros de los informes ni de los análisis hechos por Hacienda sobre las iniciativas que se busca acelerar.

Salar de Atacama (Créditos: Ariel Marinkovic / Agencia Uno).

El INTENTO DE DESMENTIDO DE QUIROZ

Tras la publicación del reportaje de CIPER “Plan de Quiroz contra la “permisología” permitió aprobar millonario negocio de su hermano a pesar de informe negativo del Sernageomin”, el ministro de Hacienda declaró a Radio Biobío que lo informado en ese artículo era “totalmente falso”, porque a él no le compete la aprobación de ningún proyecto. Pero, su desmentido carece de sustento, puesto que ese reportaje no dice que él haya aprobado el proyecto de su hermano. Lo que dice el artículo es que él creo un sistema para acelerar la tramitación ambiental de proyectos de inversión y que ese mecanismo apuró la aprobación de la iniciativa por parte de las autoridades que tienen la facultad legal de conceder las autorizaciones. 

De hecho, en la siguiente frase de esa intervención del ministro Quiroz, él reafirma lo que se sostiene en el reportaje de CIPER: “Las políticas del gobierno lo que han hecho es apurar los procesos de toma de decisiones de los organismos, sin empujar posiciones negativas o positivas”.

En el caso del proyecto del Grupo Errázuriz, la situación es la misma que lo ocurrido con la iniciativa de su hermano, incluyendo el hecho de que la autorización se concedió a pesar de los informes negativos del Sernageomin. 

A inicios del gobierno del Presidente José Antonio Kast, la relación de Quiroz con el Grupo Errázuriz fue objeto de críticas por parte del exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien, a propósito de los cuestionamientos hechos por el ministro de Hacienda a la administración de Máximo Pacheco en Codelco, escribió en su cuenta de “X” (ex Twitter): “El ministro de Hacienda critica a Codelco habiendo sido consultor de las empresas que quedaron fuera del acuerdo. Hubo un momento que eso generaba inhabilidades como lo establecen las leyes 20.880 y 19.880. Pero son tiempos nuevos donde esas cosas pasan coladas”.

En respuesta al emplazamiento del exministro Mena desde Hacienda señalaron a La Tercera que: “La asesoría a la que se hace referencia no corresponde a una actividad como persona natural, sino a una prestación realizada por una persona jurídica”.

Debido a que los informes realizados por Hacienda para el Comité de Proyectos en el SEIA no son públicos, ni tampoco existen actas de las sesiones del comité, por lo que no es posible conocer el detalle de las instrucciones emanadas desde la cartera de Quiroz, el diputado Jaime Bassa (FA) anunció que oficiará al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y otros organismos, con el objetivo de “revisar cómo se tomaron las decisiones” y entregar garantías de que el proceso se desarrolló con imparcialidad. Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS) adelantó que oficiará a la Contraloría para que se pronuncie.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

LUZ VERDE PARA EL GRUPO ERRÁZURIZ

Fueron los ministros Jaime Campos (Agricultura), Francisca Toledo (Medio Ambiente), Daniel Mas (Economía y Minería) y May Chomalí (Salud), los que dieron luz verde al proyecto “Planta de Producción de Sales de Potasio en el Salar de Atacama”, del Grupo Errázuriz. La iniciativa llevaba 17 años en proceso de tramitación y su permiso ambiental había sido rechazado en cuatro gobiernos porque su titular nunca presentó un estudio -requerido por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin)- que midiera la posible infiltración de sales de descarte hacia aguas subterráneas del Salar de Atacama.

Al igual que en el caso del proyecto inmobiliario Alto Santorini, los ministros de gobierno optaron por ignorar la advertencia del Sernageomin. La empresa deberá presentar directamente ante ese servicio los antecedentes requeridos, pero ya fuera del proceso de tramitación ambiental, en la etapa de tramitación sectorial; en esta última instancia, el Ministerio de Hacienda preside el Comité Económico, integrado por Economía e Interior, esta instancia fue creada en la Ley 21.770 de permisos sectoriales.  

En agosto de 2025, cuando Jorge Quiroz ya lideraba el equipo económico de la campaña de José Antonio Kast, anunció las primeras medidas que tomaría contra la “permisología” en un futuro gobierno del Partido Republicano: «Se convoca al Consejo de Ministros y se aprueban los US$7 mil millones que están ahí parados, esperando a que se reúnan», dijo en un seminario de Clapes UC. Fue justamente esta instancia la que terminó con los 17 años de tramitación en el SEIA de la iniciativa de la Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine, del Grupo Errázuriz.

Para esa fecha, el proyecto minero había sido rechazado por el SEA de Antofagasta, y sus dueños preparaban un recurso de reclamación en el que solicitaron que se aprobara la iniciativa. Ante éste nuevo requerimiento, el servicio ambiental pidió al Sernageomin responder si la empresa cumplió con los criterios técnicos para obtener su permiso. No fue hasta el 23 de marzo de 2026 que el servicio sectorial respondió concluyendo que en los estudios de la minera persistían incertidumbres para poder descartar efectos sobre el flujo subterráneo del salar (vea aquí esa resolución). 

Cuatro días después, pese a que Sernageomin manifestó que los antecedentes presentados por Grupo Errázuriz no eran concluyentes, el SEA, dirigido por Arturo Farías, insistió con un nuevo oficio y solicitó a ese servicio responder si los antecedentes técnicos de la minera eran suficientes para obtener el permiso sectorial y que, además, el propio Sernageomin determinara si “las potenciales infiltraciones que se generarían al subsuelo (….), serían capaces de generar una eventual contaminación que perturbe flujos de agua subterránea o superficiales”. 

El 9 de abril, el organismo sectorial insistió: “Desde el punto de vista técnico, los antecedentes presentados no permiten acreditar que las potenciales infiltraciones asociadas al apilamiento de sales de descarte no sean capaces de generar una eventual contaminación susceptible de perturbar flujos de agua subterránea o superficiales”. 

A pesar del rechazo del organismo técnico competente -en dos ocasiones distintas-, el Comité de Ministros resolvió que los requerimientos del Sernageomin se extralimitaron debido a que “se extendió a materias que no contendrían un vínculo causal con los resultados de la nueva modelación hidrológica presentada por el Titular” (vea aquí resolución).

Los ministros de gobierno optaron por aplazar la entrega del informe requerido por Sernageomin , dejándolo fuera de la tramitación ambiental y establecieron que la empresa debe presentar el estudio antes de su operación, con los mismos antecedentes que ya le habían sido requeridos, pero en su etapa de tramitación sectorial.

Hasta la fecha se han presentado dos reclamaciones ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para anular la resolución. Las comunidades atacameñas de Toconao y de Peine, reclaman que las observaciones que hizo Sernageomin durante la evaluación debieran haber sido subsanadas en el proceso de evaluación.