En la Cámara de Diputados hay asesores que son indemnizados cada vez que termina un periodo parlamentario, aunque son recontratados de inmediato. Lo permite una norma especial aprobada en 2009. CIPER revisó todas las indemnizaciones pagadas a partir de 2012, cuando comenzó a regir esa norma y los asesores pasaron a ser contratados directamente por la Cámara: desde ese año esa corporación ha pagado a 17 colaboradores de parlamentarios más que el tope legal de 11 años que corresponde a todo empleado bajo el Código del Trabajo. La Cámara indicó que no puede entregar registros anteriores a 2012 -cuando los contratos eran gestionados directamente por los parlamentarios-, argumentando que es difícil recuperarlos desde la bodega a la que fueron enviados. Pero, CIPER conversó con asesores que confirmaron que, contando el periodo previo a 2012, han acumulado sucesivas indemnizaciones que suman hasta 32, 24 y 19 años de servicios.

Desde el año 2012, 17 asesores de diputados y de comités de partidos han sido despedidos, indemnizados y vueltos a contratar tantas veces por la Cámara Baja que ya superaron el tope legal de 11 años de indemnización al que tienen derecho todos los chilenos empleados bajo las normas del Código del Trabajo. Según los registros oficiales de la propia Cámara, la mayoría de estas personas son finiquitadas e indemnizadas cada cuatro años, cuando finaliza un periodo parlamentario, y al día siguiente, cuando se inicia el nuevo periodo, son recontratados y vuelven a sus labores habituales. Eso ocurrió, nuevamente, entre el 10 y el 11 de marzo pasados.

El fenómeno responde a una disposición legal que solo rige para la Cámara de Diputados, creada en 2009, en medio de la polémica por el caso de la diputada Claudia Nogueira (UDI), quien enfrentaba un caso judicial por mal uso de asignaciones parlamentarias. Entonces, se reformó la Ley Orgánica del Congreso y, entre otras disposiciones, se incluyó indemnizar al Personal de Apoyo de senadores, diputados y comités, cada vez que los parlamentarios terminan su periodo. Pero, muchos de esos colaboradores son recontratados de inmediato por el mismo empleador: la Cámara de Diputados. 

La situación descrita no es ilegal, en virtud de la reforma que los propios parlamentarios aprobaron en 2009, cuando los asesores parlamentarios dejaron de ser pagados directamente por los legisladores -lo que también se hacía con fondos públicos- y pasaron a ser contratados por la Cámara y el Senado. Esta reforma ha permitido a un grupo de trabajadores cobrar sucesivamente la indemnización de un mes por año de servicio cada vez que termina un periodo parlamentario, acumulando un monto global que va más allá del tope legal de 11 años. 

CIPER revisó registros públicos que detallan todas las indemnizaciones pagadas por la corporación desde 2012 -cuando comenzó a regir la mencionada disposición especial-, constatando que 17 colaboradores que llevan más de una década trabajando para diputados de un mismo sector o partido han recibido tantas veces una indemnización que en marzo pasado superaron el tope legal de los 11 años. De ellos, 16 fueron recontratados en el mismo mes de marzo, por lo que, de seguir en sus funciones, al finalizar este nuevo periodo podrían acumular entre 14 y 18 años de indemnización. 

Según una respuesta enviada por la Cámara de Diputados a CIPER, algunos de estos colaboradores ingresaron al Congreso antes: desde 2002, 2003 o 2004. La información es relevante porque esos trabajadores, antes de ser contratados por la corporación en 2012, pudieron haber recibido otras indemnizaciones, financiadas con asignaciones parlamentarias, fondos que también provienen del Estado. De hecho, siete de las personas contactadas para este reportaje señalaron que han sido sucesivamente indemnizadas incluso mucho antes de lo que señala la Cámara, porque ingresaron antes. Hay siete casos que CIPER pudo constatar que han sido indemnizados por más años. Pero solo tres confirmaron a CIPER el año de su ingreso: uno con 32 años de indemnizaciones consecutivas y dos casos con 24 y 23 años. 

CIPER solicitó los finiquitos de las personas que ingresaron antes de 2012, pero en la Cámara señalaron que no pueden entregarlos porque esos antecedentes se encuentran en una bodega: 

“La Dirección de Finanzas informó que en dicho periodo los contratos y los finiquitos eran gestionados directamente por cada diputada y cada diputado respecto de sus trabajadores parlamentarios, y que la información solicitada no se encuentra digitalizada, sino en formato papel y en bodega. Debido a ello, y considerando las limitaciones de personal con que se cuenta para abordar este tipo de requerimientos no resulta posible dar respuesta a esta solicitud”, fue lo que respondió la Cámara el 14 de mayo de 2025, cuando CIPER dio inicio a esta investigación periodística. 

Esta es la lista de los 17 asesores VIP, para quién trabajan, su fecha de ingreso y los años totales indemnizados: 

CIPER consultó al secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, si se ha previsto esta particularidad de sobrepasar el tope de 11 años, producto de esta ley especial de indemnización para asesores de parlamentarios, quien señaló que existe un proyecto de ley al respecto.  

“La ley establece que cuando se cumple el plazo del contrato debe pagarse la indemnización correspondiente. No es posible saber con anticipación si esos trabajadores continuarán o no trabajando para el mismo parlamentario u otro porque los plazos para contratar son superiores a los que la ley nos obliga a pagar esas indemnizaciones. En la actualidad hay un proyecto de ley en trámite en el que se está discutiendo este tema y como darle una solución a esa dificultad, pues en la práctica entre uno y otro contrato, como está redactado el artículo 3A de la Ley 18.918, no existe entre ambos solución de continuidad. Recordar que son trabajadores que no tienen la calidad de agentes públicos, es decir, no son funcionarios del Estado”.

Sobre la continuidad de los trabajadores que plantea Landeros, según los registros, la mayoría de los finiquitos ocurren un día antes de que comience el periodo parlamentario -los 10 de marzo cada cuatro años-, es decir, mucho después de ocurrida la elección, por lo que, al momento en que la Cámara finiquita, todo parlamentario electo tiene claridad sobre su continuidad.

LOS ASESORES VIP

Rodrigo Pinochet es uno de los asesores legislativos de mayor confianza en la Unión Demócrata Independiente. Es, además, quien recibe la remuneración más alta de toda esta lista: su último sueldo fue de $10.247.520. Según explicó la Cámara a CIPER, su debut como asesor legislativo data de 2003, como trabajador en la bancada gremialista. Según testigos, el abogado es trabajólico, con especialización académica y quien controla el trabajo legislativo de la bancada como coordinador. Según los registros consultados por CIPER, ha sido indemnizado cuatro veces, acumulando pagos por 14 años de servicio. Sus indemnizaciones -con tope de 90 UF- suman un total de $39,4 millones. Sin embargo, al ser consultado, el asesor confirmó a CIPER que ha sido indemnizado mucho antes del año 2003 que señala la Cámara, porque lleva 32 años prestando servicios a la corporación, siendo finiquitado sucesivamente. 

En el caso de Isabel Rodríguez, también asesora del Comité UDI, los registros entregados por la Cámara indican que cumplió 12 años con indemnizaciones. Pero, al ser consultada, precisó que es el doble: 24 años siendo indemnizada porque ingresó en 2002. 

Los asesores Leandro Guerra y René Canales también figuran en los registros con montos de indemnización por 14 años de servicio. El primero también es asesor del Comité UDI. El segundo, en tanto, fue asesor del Comité PPD hasta marzo de este año y hoy no figura recontratado. Según registros, los dos llegaron mucho antes del 2012.  

En la lista hay otros seis asesores que han sido indemnizados por 14 años de servicio en total: Arturo Carvacho, del Comité DC; Evelyn Centellas, del Comité PPD; y Jorge Madrid, del Comité RN. Centellas confirmó a CIPER que viene siendo indemnizada desde hace 19 años. 

También con 14 años indemnizados hay asesores que han trabajado para distintos diputados, aunque siempre en el mismo sector político. Es el caso de Andrea Muñoz, indemnizada en total con $25,6 millones. Ella partió asesorando a exdiputados como Mario Bertolino (RN) y hoy está con Claudia Mora y Rodrigo Ramírez, ambos integrantes del Comité RN. María José Polgatti es otro caso: recibió cerca de $25 millones en total por indemnizaciones sucesivas. Partió con el UDI Carlos Recondo y hoy asesora a Hans Marowski y Cristóbal Urruticoechea, ambos del Partido Nacional Libertario. También, Juana Marambio, ligada al PPD: comenzó con la exdiputada Laura Soto (PPD) y hoy asesora a José Montalva (IND-PPD).   

Entre las personas indemnizadas por 12 años de servicio, aparte de la ya mencionada Isabel Rodríguez (Comité UDI), figura Caren Oñate, hoy asesora de Erich Grohs y Paulina Muñoz, ambos PNL. En total ella ha recibido $31 millones. Asimismo, Teresita Ríos, Valeria Ramírez, Victoria Esparza y Gustavo Celis, también acumularon 12 años, con indemnizaciones totales que fluctúan entre los $15 millones (Celis) y los $26 millones (Ríos). Celis es un histórico chofer ligado a la UDI. Llegó a la Cámara con José Antonio Kast y también trabajó con Jovino Novoa en el Senado. Esparza, por su parte, fue recontratada por el Senado, porque es la jefa de gabinete del exdiputado Renzo Trizotti, ahora senador. 

 Hay dos asesores que sobrepasaron los 11 años, pero solo por meses: Gabriela Toledo -hoy asesora del diputado socialista Raúl Leiva- y Francisco Castillo. Este último, fue finiquitado por el Comité PPD la última vez en octubre de 2025, pero a los pocos días, fue recontratado en esa misma bancada bajo la modalidad de honorarios. El cambio le sirvió a Castillo para poder prestar servicios simultáneos como Personal de Apoyo, puesto que, al estar contratado a honorarios, su jornada de trabajo es flexible. Así, desde enero de 2026 trabaja para el Comité PPD (percibiendo los mismos $3,3 millones que recibía hasta octubre de 2025 bajo contrato jornada completa) y es asesor del diputado Carlos Bianchi, trabajo por el cual percibe entre $1,2 millones y $2 millones. 

CIPER contactó directamente o a través de los parlamentarios para los que trabajan,  a todos los asesores mencionados en esta lista pero, ninguno quiso hacer comentarios para este reportaje. Algunos solo confirmaron que su llegada a la corporación fue antes de lo que señalan los registros que envió la Cámara. La mayoría hizo ver que estas disposiciones legales están en sus contratos, por lo que ellos son ajenos a las decisiones que se toman al respecto. Algunos señalaron que su labor implica inestabilidad laboral, porque al ser finiquitados cada cuatro años, sus recontrataciones dependen de la confianza de los parlamentarios para los que trabajan. 

Cámara de Diputados (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno).

NORMA ESPECIAL PARA ASESORES POLÍTICOS

En 2009, en medio de un escándalo por mal uso de asesorías parlamentarias que tenía a la exdiputada UDI Claudia Nogueira dando explicaciones ante el Ministerio Público (vea esos artículos de CIPER), se hicieron varios cambios a las normas relacionadas con los fondos que el Estado pone a disposición de los parlamentarios para que puedan ejercer en mejor forma su función legislativa. Y en esa tramitación, que buscaba transparentar y controlar mejor el uso de estas asignaciones, de pronto apareció un acuerdo convenido en el Comité de Régimen Interno de la Cámara -cuyas actas son reservadas- en el que solicitaba incorporar una disposición especial solo para asesores de parlamentarios. La llegada de esa petición quedó registrada así en la tramitación de esa reforma a ley del Congreso:

“Se propone que las Cámaras, por acuerdo aprobado internamente con los trámites de una ley, a propuesta de la Comisión de Régimen Interior del Senado o de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados, podrán establecer estatutos especiales para regular la contratación de personas que presten servicios específicos para los comités parlamentarios”, dice.    

El secretario de la Cámara, Miguel Landeros, acudió a la Comisión Mixta para explicar la modificación que se estaba proponiendo: 

«El señor Miguel Landeros, Secretario Jefe de Comisiones de la Cámara de Diputados, explicó que la proposición se funda en un acuerdo de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados y se enmarca en el mismo espíritu que ha permitido la creación de los servicios parlamentarios que se consideran en otras normas de esta ley. Adujo que la norma propuesta se relaciona con la transparencia de la gestión parlamentaria. Destacó que la Cámara de Diputados acordó el año 1990 que la contratación de quienes que se desempeñan en los comités parlamentarios o como asesores de los diputados, debe hacerse directamente por los parlamentarios. Señaló que la práctica ha demostrado que este procedimiento es inadecuado pues sería como exigirle a un Ministro o Subsecretario que contrate a sus asesores o al personal que trabaja con él y que, cuando él termina su gestión Ministerial, tuviera que finiquitarlos y pagar sus deudas previsionales”.

El subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la época, Edgardo Riveros, hizo ver ante los parlamentarios de la Comisión Mixta, entonces presidida por el senador Andrés Chadwick (UDI), que esta normativa especial podía significar mayor gasto para la corporación:  

“Expresó que, a su juicio, la norma excedía el ámbito de las ideas matrices contenidas en el proyecto y podía dar origen a nuevos gastos públicos no contemplados en los presupuestos del Senado y de la Cámara de Diputados (…). Agregó que los contratos de trabajo exigirán que el Senado y la Cámara de Diputados paguen honorarios o remuneraciones por dichos servicios y, eventualmente, también indemnizaciones”, dijo. 

Chadwick intervino en la discusión, para apoyar la creación de esta normativa. Según consigna la tramitación, él señaló “que el objeto de esta norma no es incrementar los gastos de las Corporaciones, sino que facultarlas para contratar a quienes colaboran directamente con los Comités y con los parlamentarios. Subrayó que, si las Cámaras quisieran contratar a más personas y no tienen presupuesto para ello, no podrían hacerlo. Cada Corporación, agregó, debiera dictar autónomamente las normas para regular la contratación de dichas personas, las que deberán ajustarse a las disposiciones del Código del Trabajo”.

Según información recopilada por CIPER, a 14 años de esa discusión, la Cámara ha incrementado el pago de estas indemnizaciones en hasta 187 veces.