Un gendarme y nueve civiles siguen prófugos en “Operación Apocalipsis»; exsuprema Ángela Vivanco anuncia apelación por querella de capítulos, y allanan el MOP por presunta corrupción en la Dirección General de Concesiones

Al cierre de la presente edición del Radar de CIPER otros dos gendarmes se habían entregado en el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, con lo que el número de funcionarios de la institución carcelaria detenidos en el marco de la “Operación Apocalipsis” llegó a 46. Según informó Bío-Bío, hay otro con orden de detención que se encuentra prófugo, además de nueve civiles. De este modo serían ya 47 los gendarmes involucrados en la red de corrupción.

Uno de los funcionarios que se entregó es Luis Bravo Pigatti, quien tuvo figuración pública en el año 2022, cuando en medio de un intento de fuga fue herido a bala en una pierna con su propia arma de servicio.

Tal como informó CIPER (lea aquí uno de los reportajes), la “Operación Apocalipsis” se realizó a primera hora del miércoles y fue parte de una investigación de varios meses que incluyó escuchas telefónicas, revisión de cuentas bancarias y análisis patrimonial de funcionarios que habrían cometido una serie de irregularidades como permitir el ingreso como visitas a la Cárcel de Alta Seguridad Santiago 1 a personas sin identificación, y tener un tarifario para proveerles a los internos de insumos como celulares, drogas y alimentos prohibidos. Un total de 66 personas fueron detenidas en esa jornada y se estima que los negocios ilícitos desarrollados por el grupo superaron los $6.000 millones.

Foto de referencia (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

La Segunda informó este jueves que el abogado de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Carlos Mora, anunció una apelación ante el máximo tribunal luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera la querella de capítulos en contra de su defendida. El tribunal de segunda instancia dio luz verde a la posibilidad de que Vivanco sea formalizada y que se pidan medidas cautelares en el marco de una investigación por delitos como cohecho y lavado de activos.

Mora señaló a través de un comunicado que “ejerceremos los derechos que franquea la ley para intentar revertir esta resolución, para que sea nuestra Excelentísima Corte Suprema la que se pronuncie al respecto”.

En esta causa ya se encuentran en prisión preventiva los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, y la pareja de la exjueza, Gonzalo Migueles, acusados de participar de un mecanismo de pago por fallos en favor de los intereses de los clientes de los dos primeros.

Exministra de la Suprema Ángela Vivanco (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

La Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue allanada este jueves por personal de la PDI en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción. La causa está encabezada, según informó La Tercera, por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte que dirige la fiscal Ximena Chong, y se inició debido a una denuncia realizada por la propia DGC acusando eventuales pagos a funcionarios de esta repartición con el objetivo de acelerar el pago de contratos.

En la nota se cita un comunicado del MOP que indica que esta semana se “entregaron nuevos antecedentes relacionados con la denuncia formulada por el MOP en abril de 2023”. También se informó que en paralelo la ministra (s) Jessica López instruyó un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades asociadas al caso.

(Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

La Tercera informó este jueves que el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) abrió un sumario en contra de tres funcionarios del Departamento de Desarrollo Institucional, a quienes suspendió provisionalmente. La investigación es por eventuales hechos vinculados a faltas a la probidad funcionaria. La sospecha es que habrían realizado negocios paralelos aprovechando el conocimiento adquirido por sus funciones en el ente que administra todo el Poder Judicial.

Se trataría del jefe, el subjefe y un funcionario de esa repartición. El primero tiene a su cargo la implementación de inteligencia artificial en el Poder Judicial. La investigación apunta a que el funcionario aprovechó el financiamiento público que tuvo para el desarrollo de este tipo de aplicaciones y que es lo mismo para lo que habría prestado servicios para la institución similar de República Dominicana, algo que el acusado niega.

 (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)