Una denuncia ingresada en febrero ante la Contraloría General de la República (CGR) solicita indagar a la próxima subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, por haber mantenido contratos con tres entidades públicas al mismo tiempo lo que, según la acusación, implicaría una improbable jornada de trabajo de 17 horas diarias. En el texto además se señala que Garrido habría mantenido durante 4 años una deuda fiscal por licencias médicas, la que habría pagado solo una vez que se confirmó su nombramiento. También se cuestiona un posible conflicto de interés de la nueva autoridad, al haber asesorado la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales mientras mantenía una consultora en esa área. La denuncia incorporó además un informe que profundiza reparos a la idoneidad de Garrido para asumir el cargo, en cuyo texto se hacen sugerencias a la Oficina del Presidente Electo (OPE), lo que indica que ese documento podría haber circulado al interior de la oficina de Kast. Sin embargo, desde esa entidad dijeron a CIPER que ese documento “no tiene nada que ver con la OPE”.

Mientras los ministros y subsecretarios designados por José Antonio Kast se preparan para asumir en el próximo gobierno, la Contraloría General de la República (CGR) recibió una denuncia ingresada el 24 de febrero pasado por eventuales faltas administrativas de la futura subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido. Entre otros puntos, en el escrito presentado ante el organismo —al que accedió CIPER— se pide esclarecer si existió superposición de jornadas laborales luego de que Garrido prestara asesorías simultáneamente a las subsecretarías de Salud Pública, Transporte y Telecomunicaciones, las que podrían sumar una inusual jornada de 17 horas diarias. También, si el haber mantenido una deuda durante cuatro años por licencias médicas que saldó recién días antes de ser anunciada su nominación, pudiera constituir una falta administrativa. Y si existe conflicto de interés en el hecho de que Garrido asesoró la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales mientras mantenía una sociedad comercial dedicada a materias tratadas en el proyecto. 

La denuncia adjunta un informe que aparentemente circuló en la oficina de José Antonio Kast, porque el apartado 6.2 de la  página 39 se titula “Recomendaciones Operativas (OPE)”, dedicado a hacer sugerencias al equipo del presidente electo. En este, se señala lo siguiente: “Ante la contundencia de la evidencia de incompatibilidad estratégica, técnica, ética y política, se sugieren los siguientes cursos de acción graduados para la Oficina del Presidente Electo, orientados a la mitigación de daños: Considerar la reubicación inmediata de Romina Garrido en un cargo técnico de segunda línea, más afín a su perfil académico y menos expuesto políticamente ni operativamente”.  No obstante, desde la OPE señalaron a CIPER que ese informe “no tiene nada que ver” con ellos, sin precisar si lo recibieron o no. 

Los antecedentes presentados ante la Contraloría advierten que Garrido mantuvo tres contratos en simultáneo con reparticiones públicas. El primer vínculo se remonta al 1 de enero de 2017, cuando firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Salud Pública que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2021 como asesora jurídica. Según la descripción disponible en el Portal de Transparencia, Garrido debía “dar al Ministerio de Salud, por intermedio de la División Jurídica, asesoría legal en todas las materias propias y relacionadas con el área de competencia del Departamento de Gestión Sectorial de TIC”. Durante esos años, su remuneración mensual evolucionó desde $1,8 millones hasta cerca de los $2 millones.

En paralelo, el 2 de mayo de 2018, inició otro contrato a honorarios con la Subsecretaría de Transportes, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), el que concluyó el 31 de diciembre de 2022. En este caso, sus servicios estaban orientados a apoyar al gabinete de la entonces ministra Gloria Hutt “en el seguimiento y tramitación de proyectos de ley, reglamentos y otros instrumentos regulatorios relacionados al sector de Transportes; colaborar con la redacción de proyectos de ley, indicadores, informes, presentaciones y minutas en relación con mociones e iniciativas legislativas en trámites en el Congreso Nacional o que el Ministerio desee impulsar”, entre otras funciones. De acuerdo con los registros públicos, su remuneración mensual en esta subsecretaría comenzó en $2 millones y alcanzó los $2,6 millones hacia el término del contrato.

Por último, entre el 9 de mayo y el 31 de octubre de 2019, Garrido mantuvo otro contrato, esta vez con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), por asesorías en materias relacionadas con el estudio, análisis, desarrollo y tramitación de normas vinculadas a la Televisión Digital (TVD). La descripción de su cargo detalla que también le correspondía participar en reuniones intersectoriales con otros ministerios, instituciones públicas y parlamentarios por el mismo tema. Por estos servicios recibió una renta líquida de $450 mil mensuales.

El cruce de los contratos celebrados por Garrido arroja que la triple contratación ocurrió entre mayo y octubre de 2019, y los portales de información pública indican que recibió pagos de las tres entidades en diciembre de 2019. En la denuncia hecha a la Contraloría se señala que, para cumplir con todas estas obligaciones, Garrido debió tener una jornada laboral de 17 horas diarias, cálculo que CIPER no pudo corroborar porque, con el fin de conocer la cantidad de horas que debía cumplir por contrato, se comunicó con las tres subsecretarías a las que Garrido prestó los servicios, sin obtener información. La Subsecretaría de Transportes y la de Telecomunicaciones optaron por derivar la consulta vía Ley de Transparencia, mientras que desde Salud no dieron respuesta hasta el cierre de este reportaje. Con el mismo objetivo, CIPER además llamó por teléfono y envió mensajes vía whatsapp y correo electrónico a Romina Garrido, sin embargo, hasta el cierre de este artículo, no hubo respuesta.  

Además de estos datos, la denuncia recibida por la CGR señala que Garrido mantuvo una deuda fiscal con la Subsecretaría de Transporte asociada a licencias médicas no reintegradas por $871.458 desde 2022, luego de su renuncia al organismo. La misma acusación establece que la suma fue pagada en febrero de este año, poco antes de que Kast anunciara su cargo en la Subtel. En el informe incluido en la denuncia, se adjuntó el pantallazo de un correo electrónico de la Subsecretaría de Transportes fechado el 12 de diciembre de 2022, en el que una funcionaria de la Unidad de Administración de Personal de esa institución notificó que Garrido “dejó pendiente el pago” de las licencias médicas, “cada una por 7 días de reposo”.

Luego, en el mismo documento se adjuntó un oficio remitido el 22 de diciembre de 2022 al entonces contralor Jorge Bermúdez, por parte del subsecretario de Transportes de la época, Cristóbal Pineda, en el que indica que “se detectó que, a la fecha de renuncia voluntaria, de la sra. Romina Garrido, presentaba 10 días hábiles de Licencias Médicas sin ser restituidos a la institución. Por tanto y en resguardo del patrimonio fiscal, es necesario constituir como deudora fiscal a la señora Romina Garrido (…) por un monto de $871.458”.

Garrido es abogada experta en protección de datos personales y derecho informático. Su trayectoria en el ámbito académico cuenta con docencias asociadas a estas materias en la Universidad de Chile, Adolfo Ibáñez y Diego Portales. Además, se desempeña en el estudio de abogados Prieto como líder de las áreas de Protección de Datos, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, y en los últimos años ha asesorado a diversas carteras por estos temas. De hecho, eso es parte central de la denuncia que recibió la CGR en febrero pasado.

En el informe también se alude a cuestionamientos relacionados con el perfil profesional de Garrido, sobre los cuales la CGR no puede ni debe pronunciarse. Esos reparos apuntan a que la próxima subsecretaria permanentemente ha manifestado una preocupación por la protección de los datos personales en el mundo tecnológico, y para los autores del informe, esto podría desalentar los negocios e inversiones del sector. 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: ¿CONFLICTO DE INTERÉS?

El 17 de enero de 2023, los parlamentarios de la Comisión de Constitución aprobaron una serie de cambios a la Ley de Protección de Datos Personales, particularmente al modelo de prevención de infracciones, que es voluntario para las empresas. En específico, se estableció un plan de cumplimiento, con una serie de requerimientos y en el que se consolidó la figura del delegado de protección de datos personales, servicios que prestan las empresas dedicadas a la asesoría del mundo privado en materia de datos personales. Al menos hasta esa fecha, Garrido tenía una consultora que ofrecía estos mismos servicios. Y como ella había participado de la tramitación como experta o asesora de un parlamentario, la denuncia que se presentó a la CGR plantea si podría haber un conflicto de interés en el hecho de que ella haya promovido una serie de cambios legales que tenían incidencia en el negocio que ella misma tenía. 

En 2025 CIPER publicó un artículo donde se plantea que, luego de estas modificaciones a la Ley de Datos Personales, el expresidente del Consejo de Transparencia y también impulsor de esa normativa en la menciona ley, Marcelo Drago, constituyó la empresa Data Compliance SpA, consultora que se dedica a la implementación de modelos de prevención de infracciones para la protección de datos personales. En ese artículo se mencionó la situación de Garrido, antecedente que también fue remitido a la Contraloría. 

Según los registros de la página web de Privacy Consulting, rescatados a través de la plataforma archive.org, en junio de 2023 esta empresa de Romina Garrido ofrecía el servicio de “planes y estrategias de compliance o prevención de riesgos e infracciones en la gestión de datos personales para que los procedimientos tecnológicos se adecúen a los estándares normativos internacionales y a la inminente legislación chilena en protección de datos personales”. En la página también se destacaba que “la futura ley de datos personales contempla la implementación de programas de prevención de infracciones, los que si bien son voluntarios, pueden ser atenuantes de infracciones y multas”. Según los registros rescatados, la web de Privacy Consulting estuvo vigente hasta octubre de 2024, mientras que el rut de la empresa registra en el SII la emisión de facturas hasta 2025.

Tras estos cambios, Garrido siguió participando como asesora en la tramitación del proyecto de Ley de Datos Personales. Según el informe de la comisión mixta que revisó el proyecto, la futura subsecretaria asistió a la sesión del 23 de enero de 2024 como asesora del senador Kenneth Pugh (RN), junto a otros miembros del gabinete del parlamentario. El 14 de marzo de 2025, Garrido participó en calidad de tesorera de la Asociación Gremial de Profesionales para la Protección de Datos Personales (AGPD) en una reunión consignada en la plataforma de la Ley de Lobby, con la subsecretaria Macarena Lobos. Según información pública, el objetivo del encuentro era conocer el plan de implementación de la Ley de Datos Personales. A la reunión también asistieron Marcelo Drago y la socia de Garrido, Constanza Pasarin. 

CIPER tomó contacto con la abogada Constanza Pasarin con el objetivo de conocer más detalles del funcionamiento de la sociedad que mantiene con Romina Garrido, pero tras hacer un primer contacto no respondió a las preguntas del medio.