Fiscalía y PDI revisa aumento patrimonial de gendarme investigado por amenaza de muerte a un comandante del penal Santiago 1

A comienzos de 2025, la PDI visitó en Cauquenes una propiedad de un suboficial de Gendarmería cuyo incremento patrimonial está bajo la lupa del Ministerio Público y los policías. Poco después, en abril de este año, un comandante y colega suyo en el penal Santiago 1 sufrió amenazas de muerte orquestadas por reclusos de esa cárcel vinculados al Tren de Aragua: tres sujetos balearon la casa del oficial, ubicada también en Cauquenes, y dejaron una corona de flores. La fiscalía indaga la posible conexión entre ese ataque y el incremento patrimonial del suboficial. Los investigadores ya detectaron que, poco antes de la amenaza al comandante, cuatro de sus colegas consultaron su dirección en el sistema interno.

En abril pasado, un comandante de Gendarmería que trabajaba en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 fue amenazado de manera inédita por tres sujetos vinculados al Tren de Aragua. Los atacantes se movilizaron hasta la casa del funcionario, ubicada en Cauquenes, y ejecutaron un plan fraguado desde el propio centro penitenciario: dispararon a la puerta de su domicilio, dejaron una carta con amenazas de muerte y una corona de flores. 

Aunque el amedrentamiento fue planeado por internos de Santiago 1, contó con la colaboración activa de algunos colegas de la víctima, quienes proporcionaron información sobre su domicilio y los datos de contacto de sus familiares (ver reportaje de CIPER). Actualmente, se investiga si este episodio guarda relación con la investigación que el Ministerio Público realizaba sobre el patrimonio de un suboficial de Gendarmería que presta servicios en el mismo penal y, en particular, con la visita que la PDI efectuó a una de sus propiedades, también en Cauquenes, a comienzos de este año.

El suboficial estaba bajo el radar de la fiscalía desde antes del ataque al comandante. De hecho, cuando aún no ocurría el atentado, un grupo de policías se movilizó hasta las afueras de Cauquenes para fotografiar una propiedad que él adquirió en 2022, la que llamó la atención de los investigadores por su tamaño y el costo de la construcción que erigió en cuestión de meses.

CIPER revisó el patrimonio del suboficial y corroboró que ese inmueble lo compró a un familiar de su expareja, por $15 millones, en junio de 2022. Según la escritura de compraventa, el vendedor era propietario de un paño que originalmente tenía 54 hectáreas y que subdividió en once lotes. Gutiérrez adquirió dos contiguos –el primero en octubre de 2020, por el mismo monto–, que totalizan una hectárea.

Los documentos revisados consignan que el gendarme pagó por adelantado los $15 millones en ambas transacciones, en efectivo y al contado. Las escrituras señalan que “el vendedor declara haber recibido a su entera satisfacción y conformidad” el monto acordado. Sin embargo, no especifican si los notarios que certificaron las compraventas verificaron el traspaso de los recursos.

Al margen del valor de las propiedades, y de si efectivamente hubo un pago por ellas, la fiscalía prestó atención a la velocidad con que se edificó en uno de esos terrenos y pesquisa el origen del dinero con que se financió la construcción.

CIPER corroboró que la Dirección de Obras Municipales de Cauquenes no ha autorizado esa edificación. En sus registros no hay permisos de obra ni otro documento asociado a la propiedad, pese a que las faenas concluyeron hace meses. De hecho, según la información recabada, la propiedad es utilizada como una suerte de centro de eventos por el suboficial y sus colegas cercanos.

En su declaración ante la PDI, dada a conocer por T13, el comandante amedrentado ya había apuntado al suboficial como presunto colaborador del ataque que sufrió en abril: “Tiene de apodo ‘Doctor’, porque gana más que un médico. Tiene contacto directo con los internos y sería éste quien habría entregado todos mis datos”, señaló.

Al igual que el gendarme amenazado, el “Doctor”, también conocido como “Camarón”, trabaja en Santiago 1 y vive en Cauquenes. Él sabía cómo llegar a la casa del comandante. En su declaración policial, el oficial que sufrió el ataque afirmó que el “Doctor” lo condujo en dos oportunidades hasta su domicilio y que ofreció llevarlo varias veces más:

“La primera vez me dijo que tenía unas cajetillas de cigarro en el auto, que se las regalaban los internos, pero como él no fumaba, las vendía. La segunda vez que me trajo a Cauquenes en su auto, un Hyundai Santa Fe blanco (en ese tiempo), se subió también una niña que iba saliendo de la visita en la cárcel. Ella no habló nada en todo el viaje y yo sólo lo justo y necesario. Después de esa vez no viajé nunca más con él, a pesar de que me lo ofreció muchas veces”, agregó.

Este caso corre en paralelo a la investigación por corrupción que, este martes, derivó en la detención de más de 40 gendarmes de Santiago 1, quienes son investigados por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos (vea artículo de CIPER).

CIPER consultó a la Fiscalía Metropolitana Occidente sobre esta investigación, pero declinaron referirse al tema. 

(Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

INFILTRACIÓN EN GENDARMERÍA

La fiscalía ha amarrado varios datos en torno a las motivaciones de la agresión y la participación de funcionarios de prisiones en su coordinación. Lo primero, es que el comandante era un elemento incómodo para los gendarmes que tenían negocios con los internos. Había instruido varios allanamientos a los módulos o celdas VIP de Santiago 1, incautando elementos prohibidos como celulares, alcohol, droga, equipos de humidificación, proyectores de luz nocturnos o conexiones eléctricas independientes. El ataque fue una represalia directa a su trabajo en estas zonas.

El 30 de septiembre, en una audiencia de revisión de medidas cautelares de los imputados por el ataque a la casa del comandante, el Ministerio Público entregó más detalles sobre la filtración de datos del oficial. El fiscal Sergio Soto reveló que al menos cuatro funcionarios de Gendarmería realizaron 14 consultas al sistema interno de la institución para acceder a la información personal de la víctima pocas semanas antes del ataque. El desarrollo de diligencias relacionadas con este antecedente será crucial para identificar a los funcionarios que participaron en la coordinación del atentado. 

El persecutor añadió que, para la fecha de la audiencia, en la que se mantuvo la prisión preventiva de los tres detenidos, se estaba trabajando sobre otro dato relevante: el pago de $500 mil que habrían recibido los imputados por el ataque al domicilio del comandante. Según se expuso en esa jornada, el dinero fue transferido desde una cuenta RUT ya identificada, sobre la cual el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario. Actualmente, se espera la información que debe remitir Banco Estado, lo que podría aportar nuevos datos sobre quiénes están detrás de la amenaza (vea ese reportaje de CIPER).

Hasta ahora, se desconoce si “Camarón” o “Doctor” fue uno de los cuatro gendarmes que consultó los datos internos de su colega y si tiene alguna relación con la emisión o recepción del pago señalado. 

De lo que sí existe certeza es que, a la luz de los casos reportados por la prensa, el crimen organizado sigue operando con comodidad desde las cárceles. Al margen del operativo que lideró la Fiscalía Occidente esta semana, y que terminó con la detención de 44 funcionarios de Santiago 1, en junio CIPER reveló que al menos 11 miembros del Tren de Aragua, detenidos en distintos penales del país, habían accedido a celulares con los que eventualmente podían coordinar delitos en el exterior (vea el reportaje).

Un mes después, tres gendarmes de la cárcel de Arica fueron formalizados bajo la acusación de haber “facilitado” y “permitido” el asesinato de un interno a manos de otro recluso. Hasta ahora, la evidencia reunida en el caso apunta a que los funcionarios obligaron a empujones a la víctima a salir al lugar donde lo esperaba su atacante, entre otras irregularidades (vea el artículo).