A 50 años del nacimiento del Plan Cóndor: el camino de la dictadura para coordinar asesinatos a nivel sudamericano

El Plan Cóndor nació en una reunión de agentes represivos de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, realizada en Santiago entre el 25 y 28 de noviembre de 1975. Fue una de las más importantes iniciativas de guerra interna y externa que la dictadura desplegó con el objetivo de perseguir a sus opositores en distintos puntos del mundo, para garantizar el control social y político del país. Documentos secretos y desclasificados muestran que no fue solo un plan ejecutado por militares, sino que contó con amplia colaboración de entidades del gobierno y funcionarios civiles.

A fines de noviembre de 1975 la noticia excluyente en Chile fue la visita del dictador Augusto Pinochet a España, para asistir a los funerales de otro célebre miembro de la galería histórica de los dictadores: Francisco Franco. El viaje de Pinochet era una rareza, ya que permanecía aislado y sus relaciones internacionales se remitían casi exclusivamente a otros gobiernos autoritarios de Sudamérica. Aunque había programado su asistencia a la coronación de Juan Carlos I, la que tuvo lugar el 27 de noviembre, los gobiernos de Reino Unido, Francia y Alemania Federal protestaron por su presencia. El propio rey Juan Carlos le informó que no estaba invitado a la ceremonia y tuvo que regresar antes de lo previsto. 

Casi 18 años después, en 1993, el exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Michael Townley, reveló que en ese viaje a Madrid el general Pinochet aprovechó de reunirse con neofascistas italianos que poco antes habían protagonizado un atentado fallido, a balazos, contra Bernardo Leighton, uno de los principales líderes de la DC chilena, y su esposa, Anita Fresno.  

En los mismos días en que Pinochet se reunió en España con terroristas de ultraderecha, a 10.730 kilómetros de Madrid, en Santiago, se registraba otro episodio clave para coordinar actividades represivas ilegales a nivel internacional. Lejos de los ojos del público, entre el martes 25 y el viernes 28 de ese mes de noviembre, en la Academia de Guerra, ubicada entonces en Alameda 2577, nació el Plan Cóndor, la iniciativa que unificó los esfuerzos de los organismos de seguridad de distintas dictaduras militares sudamericanas y que provocó la muerte, desaparición y tortura de miles de personas. 

Aunque parezca increíble, de aquella cita del horror realizada en Santiago -que reunió a agentes de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia- quedó un acta. Tras el retorno de la democracia, ese documento apareció a inicios de los noventa en los archivos de la cancillería chilena. Aunque la copia encontrada estaba incompleta -y hasta hoy no se sabe que pasó con el resto del informe-, es la fe de bautismo que permitió establecer con exactitud cuándo nació el Plan Cóndor.

Si el régimen militar desencadenó formas de terror masivo inmediatamente después del golpe de Estado de 1973, con la detención de más de 30 mil personas, a comienzos de 1975 la dictadura dio un giro hacia un periodo de represión selectivo, estableciendo blancos precisos que debían ser neutralizados. Fue en este nuevo contexto que el gobierno de Pinochet concentró sus esfuerzos en copar todas las estructuras del Estado y desplegar diferentes operaciones dentro y fuera del país que le permitieran garantizar la continuidad de su proyecto económico y político.

Documentos secretos revisados por CIPER, demuestran que entre 1974 y 1975 comenzaron a operar el Plan de Guerra Interna, el Plan de Guerra Externa y el Plan Cóndor, la más conocida de estas iniciativas. Por cierto, eran los años en que la dictadura enfrentaba críticas y presiones internacionales por sus violaciones a los derechos humanos cometidas, además de mantener una compleja relación con Perú, primero, y con Argentina después, por diferencias limítrofes.

En ese contexto, la prioridad de Pinochet, una vez asaltado el poder, fue eliminar toda oposición interna y tener, además, el control total del aparato público. Para lograrlo, otorgó atribuciones absolutas a la naciente policía secreta -la DINA-, tanto para perseguir y eliminar a opositores, como para revisar los antecedentes de las personas que trabajaban en el Estado (ver documento). 

La medida fue aplicada para evitar que nadie con ideas opositoras ingresara a la administración pública. Pinochet buscaba construir un Estado que actuara sin fisuras ideológicas, como quedó expresado en una circular reservada del 20 de febrero de 1975, firmada por el entonces ministro del Interior, el general Raúl Benavides (vea el reportaje: El copamiento militar del Estado: así operó la DINA y la CNI para detectar opositores en ministerios y servicios públicos)

En el marco de esa operación, Pinochet también instauró un Plan de Guerra Interna que convirtió todas las estructuras del Estado, incluidos ministerios -como los de Educación y Justicia-, en instituciones capaces de desplegar hombres, vehículos e incluso armas en casos de conmoción interna o protesta social, como atestiguan los múltiples oficios secretos del régimen en poder de CIPER (vea Los Papeles de la Dictadura). 

A esto se sumó un esfuerzo deliberado por infiltrar el Poder Judicial y definir los límites que tenían los jueces, para investigar los crímenes cometidos por el régimen. Incluso, el ministro de la Corte Suprema, Sergio Dunlop, comenzó a trabajar en el Ministerio de Justicia, colaborando en la selección de personal para los distintos tribunales del país. Y en paralelo, la DINA empezó a proponer nombres de personas y agentes para ingresar a las principales cortes, a través del Ministerio del Interior (vea el reportaje: Los documentos reservados que muestran cómo la DINA controlaba los límites que el Poder Judicial no podía cruzar).

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COLABORACIÓN DE CIVILES

El Plan Cóndor no fue sólo una operación digitada y ejecutada por militares. La documentación revisada por CIPER permite comprobar que las gestiones relacionadas con esta iniciativa contaban también con el apoyo de ministerios y autoridades civiles. A modo de ejemplo, los propios cancilleres aprobaron de su puño y letra las sucesivas destinaciones de agentes transferidos a las legaciones chilenas en el exterior. También el envío de armas, como prueban documentos desclasificados de la cancillería brasileña, revisados en Brasilia por nuestro medio.

Un ejemplo de este apoyo civil ocurrió el 17 de marzo de 1978. Según la documentación revisada por CIPER, aquel día el viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, el general de brigada Enrique Valdés Puga, se comunicó por escrito con el general Odlanier Mena, director para entonces de la Central Nacional de Informaciones (CNI, sucesora de la DINA).

“De acuerdo con lo conversado con US., sobre la necesidad de normalizar la situación de envío de oficiales de esa CNI como Consejeros Administrativos o Civiles a distintas representaciones diplomáticas de Chile en el exterior, mucho agradecería remitir, a la mayor brevedad posible, al suscrito, un ejemplar del Plan Cóndor”, solicitó el funcionario (ver documento). 

El vicecanciller Valdés solicitó luego a Mena la confirmación de la participación de Perú en la iniciativa, cuyo objetivo era coordinar acciones entre las policías secretas de las dictaduras militares sudamericanas. Mena respondió el 21 de febrero, dirigiéndose al canciller de la época, el contraalmirante Patricio Carvajal, y ratificó las destinaciones de tres oficiales asignados a Perú, Bolivia y Argentina, respectivamente.

Otro ejemplo de esta colaboración entre ministerios y la policía secreta ocurrió el 8 de junio de 1978.  En esa fecha, el jefe del Estado Mayor de la CNI, el coronel Jerónimo Pantoja, envió un mensaje urgente y reservado al cónsul en La Paz, Celso Moreno Laval. “La Central Nacional de Informaciones periódicamente debe emitir documentación dirigida al Servicio de Inteligencia de ese país (Bolivia), derivado de acuerdos internacionales entre los servicios de inteligencia de algunos países sudamericanos, sobre antecedentes específicos que incumben a estos servicios”, explicó Pantoja al diplomático. Luego, pidió disponer la entrega de un paquete y sobre sellados a Juan Vacaflor Alfaro, el enlace con el servicio de inteligencia boliviano en el gobierno de Banzer (ver documento). 

Es decir, aunque Bolivia y Chile mantuvieran sus relaciones diplomáticas interrumpidas a nivel de embajadores, y con un conflicto limítrofe sobre la mesa, la colaboración entre sus policías secretas se mantuvo intacta en los años del Plan Cóndor. Lo mismo sucedía con Argentina, incluso en momentos de tensión fronteriza. Por ejemplo, un documento de 1977 revisado por CIPER demuestra que ambos países conversaron, a través de sus cancillerías, la necesidad de mantener información coordinada sobre “el cruce de fronteras de personas conflictivas” (ver documento).

FRENTE EXTERNO

Al cierre de su periodo inicial de represión masiva, una vez que tuvo el control del país y que descabezó las direcciones clandestinas del Partido Socialista y el MIR, y mientras aún perseguía a la jefatura del Partido Comunista, el régimen concentró sus esfuerzos en prevenir o acotar eventuales conflictos internacionales, en especial con Argentina, Bolivia y Perú, los países limítrofes.

Un paso inicial consistió en aproximar posiciones con el gobierno de facto boliviano, lo que se formalizó mediante la firma del Acuerdo de Charaña. Este convenio tenía como objetivo abordar la solicitud de acceso al mar a través de un intercambio territorial. El acuerdo, que al final fue bloqueado por Perú, fue suscrito el 8 de febrero de 1975 por Pinochet y el dictador militar boliviano Hugo Banzer, quienes sellaron el acto con un abrazo.

Un segundo paso de la estrategia de seguridad exterior elaborada por el régimen consistió en desplegar un Plan de Guerra Externa, el que supuso una operación de espionaje y guerra sicológica contra colectivos chilenos o progresistas en todo el mundo, en el cual colaboraron funcionarios públicos dentro y fuera de Chile (ver documento). De hecho, decenas de embajadores y cónsules participaron de forma activa en estas misiones, enviando informes periódicos sobre los exiliados o entregando documentos a los servicios de inteligencia de otros países, como Bolivia y Brasil, según confirma documentación chilena y brasileña en poder de CIPER (ver documento).

En ese marco, y a través de aerogramas (cartas enviadas por correo aéreo) secretos, las embajadas informaron los movimientos de los exiliados y comités de solidaridad, además de las vías de financiamiento de la oposición, como quedó registrado en mensajes de las legaciones diplomáticas de Austria, Yugoslavia, Sudáfrica o Bélgica, revisados para este reportaje. Algunos de esos textos fueron firmados por diplomáticos como Horacio Wood, Ramón Valdés, Mario Barros van Büren y Jaime Coutts, entre otros (ver documento).

Créditos: Stringer / Agencia Uno

EL PLAN CÓNDOR

En este escenario de prevención de conflictos con las dictaduras vecinas y de recopilación de información para mantener el control total del aparato del Estado, para el gobierno de Pinochet se tornó imperativo establecer reglas y canales formales para la colaboración de inteligencia entre las policías secretas sudamericanas. De hecho, eso comenzó a fraguarse aún antes que fuera creado el Plan Cóndor. 

Documentación de la cancillería brasileña revisada por CIPER demuestra que, en efecto, el traspaso de información de inteligencia operaba desde antes de la puesta en marcha de Cóndor, como evidencian una serie de telegramas en poder nuestro medio (ver documento).

Pero en esos meses previos a la constitución del Plan Cóndor también hubo operaciones en terreno. Un ejemplo concreto fue la detención, el 2 de noviembre de 1974, en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina, del ciudadano británico-chileno William Beausire, quien fue devuelto a Chile y pasó por los centros de tortura de José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y la Venda Sexy, antes de desaparecer, según dictaminó el Informe Rettig.

Beausire era un ingeniero sin militancia política que trabajaba en la Bolsa de Comercio, pero fue detenido y desaparecido debido a que su hermana, Mary-Anne, vivía con Andrés Pascal Allende, líder del MIR.

Fue en ese contexto de colaboración que nació el Plan Cóndor, creado en una reunión efectuada entre el 25 y el 28 de noviembre de 1975 en Santiago, con la participación de las policías secretas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En definitiva, fue una iniciativa surgida bajo las lógicas de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad, que contó desde un inicio con el apoyo de Estados Unidos, como muestran documentos desclasificados de ese país. 

La articulación de esta operación de seguridad transfronteriza permitió a las dictaduras sudamericanas el intercambio de información, la realización de operativos conjuntos y la creación de centros clandestinos de detención que operaban más allá de las fronteras nacionales.

En detalle, la Fase 1 del Plan Cóndor consideraba la creación de un centro coordinador en Chile, el que tendría por misión compartir información sobre personas y organizaciones opositoras a las dictaduras sudamericanas. Esta instancia contó con toda la tecnología comunicacional disponible en esa época, incluyendo el uso de télex, criptografía y equipos de telefonía encriptada (de uso militar).

La Fase 2 incluyó el desarrollo de operaciones contra personas y organizaciones dentro de los países miembros del Plan Cóndor. Por ejemplo, un opositor uruguayo podía ser secuestrado en Buenos Aires y trasladado a Paraguay, para ser torturado y asesinado, sin que mediara ningún proceso legal.

Por último, la Fase 3 consistió en el desarrollo de ataques contra opositores fuera de los países miembros del Plan Cóndor. El asesinato de Orlando Letelier en Washington en 1976, por ejemplo, fue posible gracias a esta colaboración (vea el reportaje: Operación Cóndor: los “asesinatos selectivos” que implican a Pinochet y a Manuel Contreras).