El copamiento militar del Estado: así operó la DINA y la CNI para detectar opositores en ministerios y servicios públicos

Ya instaladas en el gobierno, las Fuerzas Armadas se abocaron a construir un Estado que respondiera a lógicas castrenses. No solo se instalaron militares a la cabeza de ministerios y servicios públicos, sino que en cada una de esas entidades operó una oficina de seguridad que, coordinada con la DINA y luego con la CNI, desarrollaría una maquinaria de delaciones y espionaje para expulsar de las plantas de funcionarios a quienes no fueran adictos al régimen. Así lo comprueban oficios, memos, circulares e informes que siguen guardados en el Archivo Nacional de la Administración (ARNAD), los que fueron revisados para esta serie de reportajes publicados por CIPER por los 50 años del golpe de Estado. Todos esos documentos ahora forman parte del buscador online “Papeles de la Dictadura”.

Después de que las Fuerzas Armadas y de Orden bombardearan La Moneda el 11 de septiembre de 1973, una de las principales tareas del régimen fue copar toda la estructura del Estado con hombres “adictos” al régimen, como revelan los miles de oficios, memos y circulares secretas revisadas por CIPER y que provienen del Archivo Nacional de la Administración (ARNAD). El mismo general Augusto Pinochet, en lo que fue un primer paso en aquella labor, creó el 18 de octubre de 1973 un comité asesor propio y le otorgó poderes amplios para operar en “organismos fiscales, semifiscales y privados”. Fue una intervención que implicaba decisiones políticas, pero también delaciones, persecuciones y espionajes. Al frente de ese grupo fue nombrado el coronel Julio Canessa, a quien se le asignó una oficina en el octavo piso del edificio Diego Portales, donde se instaló el gobierno tras el bombardeo del palacio presidencial (ver documento).

Inicialmente, además de eliminar a los funcionarios que adscribían a sectores políticos de centro e izquierda de las plantas de los organismos públicos, la idea era construir un Estado y una sociedad nacionalista. Asó lo advierten los propios jefes de los equipos de inteligencia en diferentes oficios. Luego, en una segunda etapa, y tras una disputa al interior del propio régimen, se impuso además la idea de construir el proyecto de economía neoliberal que predomina hasta hoy. 

También desempeñó un papel clave en esta operación el director de la naciente Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el entonces coronel Manuel Contreras, un hombre que en democracia fue condenado por secuestros, torturas y asesinatos, entre otros crímenes. De hecho, varios oficios reservados de 1974 muestran las gestiones que realizó este oficial en un inicio para nombrar personas de su confianza en instituciones clave del gobierno y del Poder Judicial, como la Corte de Apelaciones de Santiago y en la administración de las prisiones (ver documento).

La DINA, responsable de atentados en Washington, Buenos Aires y Roma, comenzó paulatinamente a vigilar e intervenir también en regiones, informando a veces al Ministerio del Interior o directamente a la Presidencia de la Corte Suprema (ver documentos).

La idea, encabezada por Pinochet, era disponer de una administración y una judicatura que facilitaran la acción del régimen, el control diario de la vida de millones de chilenos. Por ello, algunos documentos, revelan la preocupación personal y directa de Pinochet en la detención, espionaje o despido de personas. En ese marco, en un acto sin precedentes en la historia chilena, y símbolo de esta concentración del poder, el entonces ministro de la Corte Suprema, Sergio Dunlop, comenzó a trabajar en el Ministerio de Justicia en la selección de personal para las distintas estructuras del Poder Judicial, como muestra otro documento reservado (vea otro reportaje de esta serie: “Los documentos reservados que muestran cómo la DINA controlaba los límites que el Poder Judicial no podía cruzar»).

UN PODER EN ASCENSO

La idea de tener todo bajo control fue una obsesión de Pinochet. Por ello, paulatinamente, el poder de la DINA, y luego de la CNI, fue creciendo al interior del Estado, así como su capacidad para coordinar labores de diferentes ministerios, imponerles tareas y proponer políticas públicas en Educación, Relaciones Exteriores o Interior, entre otras reparticiones.

Un primer ejemplo de ello fue el Plan de Operaciones Epsilon (ver documento), iniciativas en que el director de la DINA, Manuel Contreras, impartió tareas específicas a los jefes de cada cartera de Estado, en la antesala de la visita a Chile en 1977 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La iniciativa, detallada en 11 páginas distribuidas a ocho ministerios y servicios, tuvo por objetivo “realizar una campaña de acción psicológica abierta y clandestina”, cuyo objetivo fue neutralizar las denuncias contra Chile por violaciones a los derechos humanos que se habían presentado ante la CIDH. La DINA, convertida en gestora y responsable final del proyecto, lamentó en el texto de su plan que faltara “una coordinación de todos los chilenos residentes en el exterior y adictos a la causa (del gobierno militar)”. 

El mando de cada fase del Plan Epsilon quedó radicado en ministros o jefes de servicios de entidades como la Cancillería, la Dirección General de Deportes y la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos), entre otras. Y si algún ministro o jefe de servicio tenía dudas sobre lo qué debía hacer, subrayó Contreras en aquel documento, podía llamarlo directamente al teléfono 392631, anexo 49. Ese era su contacto personal en el cuartel central de la DINA.

 El Plan Epsilon es el primer vestigio de una situación que se acrisoló en la década de 1980: la policía secreta operó como un supra ministerio o, al menos, como un agente coordinador de las intervenciones ministeriales, siempre con el aval de Pinochet.

La documentación revisada revela que un paso clave en este camino de ascenso institucional de la DINA ocurrió el 20 de febrero de 1975, cuando Pinochet otorgó poder absoluto a la policía secreta para revisar la contratación de todos los funcionarios públicos. La medida, que perduró hasta el final del régimen, fue aplicada para evitar que un opositor ingresara a la administración. Ningún ministro podía contratar un asesor sin el respaldo de los equipos de inteligencia. La decisión, que fue pormenorizada en años sucesivos, fue firmada por el ministro del Interior, el general Raúl Benavides, en la Circular Reservada 35 F—151. 

Fuente: Archivo digital Londres 38

“Su Excelencia —informó Benavides a todos los ministerios— ha dispuesto que a partir de esta fecha ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte a los antecedentes un informe DINA respecto a las actividades que el interesado pudo haber realizado”. 

Sin embargo, las consultas de antecedentes sobre la idoneidad política de los funcionarios públicos fueron caóticas y no respetaron un conducto regular, algo que resultó complejo de administrar para la policía secreta. Ante ello, el 19 de enero de 1976, la DINA emitió decenas de copias de su Circular Secreta número 2 de ese año, anexando un detallado procedimiento de solicitud de antecedentes, definido en conjunto con el Ministerio del Interior (ver documento). 

A partir de esa fecha, todos los requerimientos en esa materia debieron efectuarse sólo a través de las Oficinas de Seguridad que operaron en cada repartición del Estado, como enlace con la policía secreta. Estos eran equipos armados que realizaban labores administrativas y represivas y que eran considerados como tropa en caso de conmoción interna.

Las solicitudes para empleados contratados o por contratar debieron entonces pormenorizar nombre completo de la persona a investigar, su domicilio, cédula de identidad, último empleo conocido y las razones de la pesquisa.

En esta misma línea, en 1979 la CNI —órgano que reemplazó a la DINA en 1978— ahondó su presencia y control en el aparato público, confirmando que sus labores no eran sólo represivas, sino también administrativas y políticas. Ese año el director de este organismo de inteligencia, el general Odlanier Mena, informó a los ministerios que la policía secreta no solo emitiría fichas sobre los funcionarios, sino que además requería tener el organigrama directivo de cada repartición pública, con una explicación de todos los movimientos de funcionarios (ver documento). 

Tras el descabezamiento de los partidos de izquierda y en la antesala de los cambios estructurales que el régimen planeaba ejecutar, el control del Estado era un factor clave (ver documento). De hecho, en Educación, el régimen dispuso la revisión de antecedentes de los noventa mil profesores del sistema público, para evitar que personas con ideas de oposición ingresaran a los colegios (vea otro reportaje de esta serie: «Espionaje, delaciones e impulso a la municipalización de la enseñanza: así actuó la DINA y la CNI en escuelas y liceos»).

UNA COMUNICACIÓN DIARIA

El control del Estado y del país requería construir un Estado monolítico, pero también un relato común, disponer de información elaborada de manera conjunta por los ministerios y la policía secreta. Por ello, en medio de este escenario de consolidación de su posición institucional, la DINA emitió de manera diaria una Síntesis Informativa, dirigida a unas 33 reparticiones públicas, incluidos los ministerios. En este boletín, que luego continuó produciendo la CNI, la policía secreta reportó cotidianamente la situación del país, compartió información de inteligencia sobre detenidos y defendió el actuar de la dictadura. 

La información del boletín era sensible y cada mes los ministros debían enviar un Acta de Incineración a la DINA, primero, y a la CNI, después, comprobando que habían destruido esos documentos. Sin embargo, no todo fue quemado (ver documentos). Por ejemplo, en un informe sobreviviente del 6 de agosto de 1976, el coronel Contreras redactó una detallada defensa de la expulsión del país del líder demócrata cristiano Jaime Castillo Velasco y del dirigente radical Eugenio Velasco Letelier: “Como el país ha tomado conocimiento, desde hace un tiempo a esta parte se ha venido realizando una conjura en lo nacional e internacional”, arrancó el documento de seis páginas mecanografiadas. 

Luego, Contreras enumeró las razones por las que ambos políticos y académicos fueron considerados “traidores a la patria” y debieron partir al exilio. Las acusaciones incluyeron la defensa de detenidos y la realización de actividades contrarias al régimen en el exterior (ver documento).

Pero los flujos de información en ocasiones provenían también desde los ministerios. Por ejemplo, fue el propio vicecanciller, coronel Enrique Valdés en esos años, quien sistematizó los reportes enviados a la CNI, como consta en el Memorando Reservado número 31 del 16 de abril de 1979, sobre las discusiones al interior del Partido Socialista, al borde de la fragmentación por sus diferencias internas: “Las diversas informaciones recogidas hasta la fecha se pueden resumir en las siguientes observaciones: a) Parece evidente que el PS chileno atraviesa una crisis de gran envergadura, que afecta principalmente a su conducción política; b) Concretamente, se habría coordinado un frente opositor a Carlos Altamirano”.

En otros documentos, el ministro de Educación Sergio Gaete aparece entregando antecedentes de profesores y estudiantes a la CNI. 

De esta forme, la DINA, primero, y la CNI, después, como desnuda la evidencia, centralizaron los reportes de todo el aparato público y construyeron con ello informes políticos que remitieron a los ministros y sus asesores, además de la propia Junta de Gobierno. Pronto, sin embargo, las operaciones involucraron intervenciones directas sobre la realidad, lo que supuso el despliegue de recursos humanos, materiales, políticos y financieros, de acuerdos a planes específicos, jamás como una improvisación. Incluso, fuera de Chile.

LOS AÑOS DEL CÓNDOR

La coordinación administrativa de la policía secreta con los ministerios incluía el exterior, incluso en las tareas más secretas. Un ejemplo de este tipo colaboración ocurrió el 17 de marzo de 1978, cuando el viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, el general de brigada Enrique Valdés Puga, firmó el oficio secreto número 35 de la Cancillería, dirigido al general en retiro Odlanier Mena, director para entonces de la CNI: 

“De acuerdo con lo conversado con US., sobre la necesidad de normalizar la situación de envío de oficiales de esa CNI como consejeros administrativos o civiles a distintas representaciones diplomáticas de Chile en el exterior, mucho agradecería remitir, a la mayor brevedad posible, al suscrito, un ejemplar del Plan Cóndor”, solicitó Valdés. El vicecanciller también pidió a Mena confirmar la participación de Perú en el Plan Cóndor, la iniciativa que coordinó a los organismos represivos de distintos gobiernos del Cono Sur latinoamericano (ver documentos).

Mena, como era habitual, contestó el 21 de febrero directamente al canciller de la época, contraalmirante Patricio Carvajal, ratificando las destinaciones de los militares José Aqueveque, León González y Raúl Tejo. Los uniformados fueron enviados a Perú, Bolivia y Argentina, respectivamente. “Los detalles del nombramiento serían conversados con el Sr. Subsecretario”, aclaró el jefe de la policía secreta en su memorando, evidenciando la estrecha cooperación política y administrativa entre ambas instituciones. 

Eran los años del poder absoluto de la policía secreta, dentro y fuera de Chile.

LOS AÑOS DE LAS PROTESTAS

La situación comenzó a cambiar en la década de 1980, con el auge de las protestas sociales contra el régimen. La transformación económica y social del país provocó una crisis que impulsó la movilización ciudadana, por lo que se redoblaron las labores políticas y administrativas de la policía secreta. En esa línea, el 6 de julio de 1983, en la Circular Reservada número 43, el ministro del Interior de la época, Enrique Montero Marx, amplió otra vez las labores de la CNI, subrayando que urgía evitar “una grave vulnerabilidad en la seguridad nacional”. 

“Deberá disponerse un rechequeo de los antecedentes del personal dependiente, para lo cual se considerarán los informes emitidos a la fecha por la Central Nacional de Informaciones (CNI)”, remarcó en ese contexto el ministro Montero Marx. 

De hecho, ya en 1980, cuando las transformaciones estaban en marcha en la educación, las pensiones, el mercado laboral y en el propio marco constitucional, los archivos secretos revelan que la CNI consolidó plenamente su poder institucional. Por ejemplo, en el Oficio Secreto 211479 del 12 de noviembre de 1980, el nuevo director de la CNI, general Humberto Gordon, propuso formalmente una serie de medidas de política local e internacional al Estado Mayor Presidencial: 

“De todos es conocido el hecho indesmentible que la mayoría de los organismos internacionales especializados están fuertemente infiltrados por elementos proclives al marxismo”, lamentó el jefe de inteligencia en las primeras líneas de su informe de cinco páginas. Gordon, tras calificar la lucha de los funcionarios diplomáticos de la dictadura como “ardua y difícil”, ofreció apoyar con acciones concretas la labor de Cancillería en los foros internacionales “en base a medidas e iniciativas que neutralicen y anulen los flancos más vulnerables que tenemos”, explicó. 

En ese contexto, Gordon planteó, como estrategia complementaria a las medidas diplomáticas de Cancillería, instaurar grupos de trabajo interministeriales para preparar con información de la CNI los reportes diplomáticos.

En 1981, cuando las propuestas de Gordon comenzaron a ser ejecutadas, diversos ministerios quedaron bajo la coordinación de la CNI para el desarrollo de un Plan Nacional de Acción Sicológica, dentro y fuera de Chile. Un ejemplo está contenido en el Memorando Secreto 82, en el cual el vicecanciller interino, coronel Fernando Arancibia, informó al jefe de la CNI, el general Gordon, sobre el avance de las tareas encomendadas a la diplomacia chilena por la policía secreta. Huelga precisar que esas misiones habían sido definidas y comunicadas a Cancillería en el propio cuartel central de la policía secreta por el subdirector de ese organismo, Gustavo Rivera. “Las misiones que se le encomiendan a este Ministerio, tanto para la primera como la segunda fase del Plan, se considera que son adecuadas”, afirmó el vicecanciller Arancibia, exsubdirector de la propia CNI. 

Fuente: Archivo Digital Londres 38

Meses después, el jefe de la policía secreta abrió un nuevo debate en medio del auge de las protestas y el cuestionamiento internacional al régimen. En concreto, sugirió facilitar el retorno de algunos exiliados: “(Se propone) autorizar el retorno al país, en la forma y periodicidad que se estime conveniente, de 148 exiliados cuyos antecedentes, estudiados y analizados por CNI, establecen que se trata de ciudadanos de escasa importancia y cuyo eventual regreso no compromete la seguridad interna”. 

El jefe represivo luego planteó que aquella medida “podría servir de base a una inteligente y elaborada campaña publicitaria”. En esa ocasión, sin embargo, el Ministerio de Interior, encabezado por Sergio Fernández, desechó la sugerencia.

Otro ejemplo de estos debates fue el que surgió respecto a la edad en que era adecuado prohibir el ingreso al país a menores de edad de nacionalidad chilena, como muestra la Circular Reservada 00176, la que por primera vez permite el retorno a Chile de niños, niñas y adolescentes que eran considerados peligrosos y cuyos pasaportes estuvieron marcados con la letra “L”, como todos los exiliados. 

El gobierno, con dicha medida, quiso reducir la lista de problemas que encaraba, consciente de los diversos flancos que mantenía abiertos en los foros internacionales. Finalmente, las autoridades del régimen decidieron mantener la prohibición para mayores de 13 años.

La CNI también colaboró en el diseño de las políticas educacionales e incluso laborales, permitiéndose indicar a los ministros que tareas hacer o qué medidas adoptar primero. Por ello, requerían tener informes detallados de las políticas públicas, para cerciorarse de que cumplieran con los criterios de seguridad nacional (ver documento.

En este proceso de construcción de un Estado monolítico, funcionarios de diversos ministerios fueron enviados a cursos en la propia CNI y, principalmente, en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe). Aprobar estas capacitaciones era clave para que un funcionario ascendiera. Las materias incluían temas como seguridad nacional, geopolítica, guerra nuclear, poder naval, teología de la liberación y estudio crítico del marxismo, como consta en los oficios secretos revisados por CIPER.

El objetivo de este proceso de instrucción era formar a los cuadros civiles en las doctrinas de seguridad nacional, en el marco de las transformaciones neoliberales en curso. Cada curso duraba una semana y la inscripción costaba $50 mil (ver documento).

LOS AÑOS DE LA SALIDA

Con el auge de las protestas, el régimen y los equipos de inteligencia comenzaron a evaluar la posibilidad de que la dictadura se derrumbara y que la propia Constitución de 1980 fuera desechada. El régimen aprovechó la creciente popularidad del papa Juan Pablo II para acercar posiciones con la Iglesia y comenzó a delinear un plan de salida, el que quedó registrado en los Informes Sociológicos de la Armada, un material que era de uso exclusivo de la Junta Militar y de un puñado de ministros.

Paso a paso, los militares planearon el retorno a la democracia en un marco que les permitiera preservar un “principio de autoridad” sobre los civiles, como dejaron por escrito en los informes de la Marina. Un objetivo central, insistían en esos documentos, era garantizar la continuidad de los tres primeros capítulos de la Constitución, aprobada en un plebiscito en 1980 cuando en el país no existían registros electorales.

En ese escenario, tras el triunfo del NO en 1988, que cerró la puerta a la extensión del gobierno militar, tanto al régimen como la oposición consensuaron 54 reformas constitucionales que fueron ratificadas en el plebiscito del 30 de julio de 1989 por un 91%0 de los electores. Sólo el PC y el MIR llamaron a oponerse.

Fue el inicio de la extensa transición a la democracia.