Los documentos reservados que muestran cómo la DINA controlaba los límites que el Poder Judicial no podía cruzar

La historia de cómo los militares buscaron tomar el control del Poder Judicial es extensa y parte de ella quedó registrada en documentos secretos que permanecen en el Archivo Nacional de la Administración (ARNAD). En sus estanterías hay desde cartas entre la DINA y los tribunales hasta la orden directa de la dictadura a la Corte Suprema para que la Justicia no investigara ni tomara declaración a los miembros de ese aparato de inteligencia. Eso archivos fueron revisados para esta serie de reportajes publicados por CIPER a raíz de los 50 años del golpe de Estado y ahora pueden ser consultados en el buscador online “Papeles de la Dictadura”.

El 23 de noviembre de 1974, el general Augusto Pinochet decidió quebrantar nuevamente la ley, tomando esta vez por sorpresa a su propio ministro de Justicia, el general (J) de Carabineros, Hugo Musante. Lo hizo en un tema que se estaba tornando espinudo para el régimen, por las crecientes denuncias a nivel internacional: la detención arbitraria de opositores.

Para entonces, los agentes del régimen ya habían asesinado en Buenos Aires al excomandante en Jefe del Ejército, general (r) Carlos Prats (vea el reportaje de CIPER “La historia que no se cuenta de Arancibia Clavel”), una operación que trajo muchas complicaciones al gobierno militar en el exterior. Además, permanecían detenidas por razones políticas más de 30 mil personas en todo el país, según los reportes internos de la dictadura.  Asimismo, el Ministerio del Interior había confirmado el exilio de los líderes DC Renán Fuentealba y Bernardo Leighton, este último exvicepresidente de la República durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y quien sería posteriormente blanco de un atentado en Roma.

En ese contexto, la nueva orden de Pinochet -como era habitual- la recibió directamente el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el coronel Manuel Contreras, quien se contactó de inmediato con el Hospital Militar, donde agonizaba el obrero Oscar Segundo Julio Rojas, herido a bala ese mismo día, cuando intentaba ingresar a la Embajada de Italia, en Providencia.

“Yo había estado detenido desde el 12 de septiembre en el Estadio Chile, primero, y, luego, en el Estadio Nacional. Cuando salí, sentí que tenía problemas de seguridad y decidí asilarme”, relató después Oscar Julio, militante de las Juventudes Comunistas.

La orden de Pinochet fue perentoria y Contreras la transmitió sin claroscuros, como reseñan los oficios secretos revisados por CIPER. Tras ello la ambulancia patente FH 125 trasladó a Oscar Julio, en calidad de incomunicado, hasta el Hospital de la Penitenciaría, sin que mediara documento legal alguno, sólo bajo la vigilancia del sargento Patricio Silva Abarca. 

Sin embargo, en la guardia de la Penitenciaría, el teniente Jaime Agurto Vásquez, anotó cada detalle en el libro de novedades y se contactó telefónicamente con el oficial de turno de la DINA, el capitán Raúl Etcheverry, quien le confirmó que desde ahora este era el nuevo procedimiento ordenado por Pinochet, que no era necesaria una orden escrita, bastaba la instrucción verbal del general para meter a cualquiera a la cárcel.

Oscar Julio quedó aislado y recién cinco días después las autoridades penitenciarias pidieron instrucciones al ministro de Justicia, explicando que este obrero estaba detenido e ingresado a prisión sin que existiera una resolución escrita de respaldo, aunque fuera de un tribunal militar. Tampoco había acudido nadie a interrogarlo. 

El ministro Musante, un exoficial de Justicia de Carabineros, decidió escribir a Pinochet cinco días después, explicándole que la situación contravenía la propia Constitución y que era necesario adoptar algún tipo de procedimiento legal: “Agradeceré a Vuestra Excelencia, si lo tiene a bien, impartirme las instrucciones correspondientes para proceder en lo relativo a la situación legal en que se encuentra el ciudadano Oscar Segundo Julio Rojas”, escribió el ministro (ver documento).

Oscar Julio, sin embargo, permaneció en la Penitenciaría hasta febrero de 1975, cuando, otra vez sin una orden judicial, fue trasladado a los campos de tortura de Tres Álamos y Villa Grimaldi. La operación era parte de una serie de estrategias y medidas adoptadas por el régimen para actuar por sobre la ley, las que quedaron increíblemente registradas en oficios secretos, reservados y confidenciales, que permanecieron en el Archivo Nacional de la Administración (ARNAD). Esos documentos ahora fueron revisados por CIPER. La historia incluye desde las cartas entre la DINA y los tribunales civiles hasta la orden directa de la dictadura a la Corte Suprema, en orden a que no se interrogara a ninguno de los miembros de este aparato de inteligencia.

Aquellos documentos ahora forman parte del buscador online de archivos “Papeles de la Dictadura”, una iniciativa desarrollada por CIPER con la colaboración del Centro de Investigaciones y Proyectos Periodísticos (CIP) de la Universidad Diego Portales (acceda acá al buscador “Papeles de la Dictadura”).

LOS PRIMEROS PASOS

Una de las primeras operaciones del régimen fue copar el Estado con personas leales, sacando de la planta de funcionarios de organismos públicos a opositores y asegurándose de que las nuevas contrataciones solo consideraran a personas adictas al nuevo gobierno. En la tarea de revisar los antecedentes de los funcionarios, la DINA, y luego la CNI, jugaron un rol clave, no solo de coordinación sino operando al interior de ministerios y servicios públicos (vea el reportaje de esta serie “El copamiento del Estado: así operó la DINA y la CNI para detectar opositores en ministerios y servicios públicos”).

La operación de “limpieza” para deshacerse de funcionarios opositores, incluyó tempranamente a los tribunales. Esto se tradujo espontáneamente en el interrogatorio, sanción y remoción de cualquier juez o funcionario que hubiera expresado simpatías políticas con el derrocado gobierno de la Unidad Popular o que fuera crítico a la dictadura en algún aspecto.

Ya el 6 de noviembre de 1973, en el primer caso del que hay registro documental, el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, Lionel Beraud, envió un informe de cuatro páginas al ministro de Justicia, explicando que la secretaria del Juzgado de Yungay, Luz Matus Pincheira, sería trasladada de su cargo por razones políticas. El sumario, iniciado y cerrado en un par de semanas después del golpe militar, fustigaba que la mencionada funcionaria diera “trato de ‘compañeros’ a los dirigentes marxistas de la empresa Maderas y Prensados Cholguán”.

Entre los testigos citados en el sumario estaba el alcalde de Yungay, Sergio Benavente, quien aseguró que “personas responsables, que merecen fe, dicen que Luz Matus sería militante del Partido Socialista”.  Otros de los acusadores era el juez Hugo Sandoval quien criticó que su subalterna creyera que el país caería en una dictadura.

La funcionaria, conminada a confesar sus ideas políticas, admitió que era simpatizante del derrocado presidente Salvador Allende y contó que había llorado después del golpe de Estado. También relató que estaba desesperada, porque no tenía noticias de sus familiares, desde el 11 de septiembre de 1973. “Somos todos de izquierda”, insistió.

Con el paso de las semanas, la concomitancia entre el Poder Judicial y la dictadura creció sin embargo a niveles impensados. Y no sólo se expresó en actuaciones espontáneas de algunos jueces y ministros. 

De hecho, en un paso clave, el ministro de la Corte Suprema Sergio Dunlop comenzó a trabajar en el Ministerio de Justicia, colaborando en la selección de personal para los distintos tribunales del país.

En paralelo, la DINA comenzó a proponer nombres de personas y agentes para ingresar a las principales cortes del país, a través del Ministerio del Interior (ver documento).

En ese contexto, el otro objetivo de la DINA dentro del sistema de Justicia fue Gendarmería. El entonces coronel Manuel Contreras, director de ese organismo represivo, tenía una especial preocupación por investigar y proponer la remoción de cualquier funcionario, en especial de alto rango, que tuviera actitudes supuestamente humanitarias con los detenidos (ver documento). Gendarmería era también una institución que nutría habitualmente a la DINA con funcionarios en comisión de servicio, seleccionados por el propio Contreras (ver documento).

Todas estas últimas operaciones, por cierto, fueron parte del amplio poder que Pinochet otorgó por escrito a la DINA, y luego a la CNI, para supervisar la contratación y traslado de cualquier funcionario público durante los 17 años del régimen (ver documento).

INTOCABLES, POR ESCRITO

Desde los primeros años, el régimen buscó también la impunidad legal y administrativa para sus agentes. Ya en noviembre de 1973 el Ministerio de Justicia y los asesores de la Junta Militar comenzaron a debatir la promulgación de una Ley de Amnistía que eliminara las consecuencias penales de los crímenes cometidos. Es decir, que abortara siquiera el intento de abrir una investigación judicial.

La norma -que finalmente fue promulgada en 1978- permanece vigente hasta hoy, aunque los tribunales dejaron de aplicarla desde 1998, por contravenir los tratados internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos. La nueva jurisprudencia de la Corte Suprema fue asumida luego de la detención de Augusto Pinochet en Londres.

Sin embargo, la impunidad de los uniformados en los albores de la dictadura no sólo se amparó en esta norma, pues desde antes de que ella fuera promulgada el régimen dio instrucciones a la Corte Suprema en orden a que los tribunales no podían someter a pesquisa el actuar de la DINA, ni siquiera interrogar a sus integrantes.

Fue en enero de 1976 cuando el Ministerio del Interior advirtió a la Corte de Apelaciones que la DINA dependía sólo de Pinochet y que era intocable, en la práctica: “Los servicios de seguridad trabajan en condiciones absolutamente secretas y no es posible que puedan comparecer ante un juzgado”, afirmaron las autoridades en un documento oficial (vea ese documento).

En ese escenario de impunidad, la DINA continuó exigiendo la exoneración de jueces y funcionarios de los tribunales, como el oficial de sala José Alfaro (ya fallecido) del Juzgado de Andacollo, a quien acusó de tener una «marcada tendencia marxista» (ver documento), lo que motivó una inmediata investigación de la Corte Suprema (ver documento). 

Sin embargo, la docilidad de los tribunales a veces no era monolítica, lo que desataba los reclamos de Manuel Contreras ante la Corte Suprema. Así sucedió unas semanas antes de que el  21 de septiembre de 1976 estallara la bomba que el estadounidense Michael Townley, agente de la DINA, instaló en el automóvil en que viajaban por Washington el excanciller Orlando Letelier y su secretaria, Ronni Moffitt. En esos días, el juez Tomás Dahm Guíñez, contra lo habitual, había decidido interrogar al agente civil de la DINA Osvaldo Romo por su participación en la desaparición de militantes del MIR.

Molesto, Contreras escribió al presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, y reclamó que el juez Dahm hiciera “preguntas que son netamente de inteligencia, para resguardo de la Seguridad Interior de Estado”. El jefe de la policía secreta luego escribió al Ministerio del Interior, denunciando la situación y exigiendo medidas “severas” contra el magistrado por su forma de actuar “insolente” y “desusada”. 

“El juez -reclamó Contreras- dispone una serie de medidas a este director de Inteligencia Nacional en un caso en el cual la DINA no ha tenido participación”.

La Corte Suprema, tras una reunión urgente de su Pleno, respondió a Contreras que las actuaciones de Dahm eran parte de sus atribuciones, pero instruyó al magistrado para que limitara el ámbito de su investigación, sin ahondar mayormente en las operaciones y estructura de la DINA. “Para la mejor eficacia del servicio de inteligencia, el juez, después de requerirlas de quien corresponda, le remitirá sendas fotografías de los individuos que se dicen desaparecidos”, acotó la misiva zanjada por la Corte Suprema (ver documento).

UNA INCONGRUENCIA

En paralelo a estas operaciones y actuaciones ante los tribunales, otro problema para el régimen era qué hacer con los miles de detenidos. Básicamente, dónde mantenerlos, cómo llamarlos (las denominaciones “presos políticos” o “prisioneros de guerra” generaba tensiones a nivel internacional) y cómo evitar que salieran libres, aunque por ley tuvieran derecho a algún beneficio carcelario.

Una de las principales preocupaciones en marzo de 1974 era donde mantener a los presos de manera permanente y segura (ver documentos).

Asimismo, las crecientes condenas de los tribunales militares, aunque resolvían jurídicamente la situación de los detenidos, comenzaron a crear una inquietud en la DINA. El punto era que, tras las sentencias, los prisioneros políticos podrían acceder en un tiempo futuro a beneficios carcelarios que eventualmente les devolverían la libertad. Aquello era inaceptable para Contreras, quien alertó de esa posibilidad al ministro de Justicia, el general (J) de Carabineros Hugo Musante. “Sea legal o reglamentario (…) aparece como una incongruencia entre la juridicidad y la realidad nacional”, recalcó Contreras, exigiendo una modificación de las normas jurídicas (ver documento).

A fines de ese año, en línea con estas preocupaciones, la dictadura emitió un memorando secreto recordando además la necesidad de silenciar la existencia de presos políticos, debido a las presiones internacionales, en especial de Naciones Unidas.  “El Ministerio de Defensa dispone que a contar de esta fecha debe ponerse término a la utilización del concepto ‘prisionero de guerra’ en toda referencia que se haga a las personas detenidas o procesadas por los tribunales militares”, escribió el general Óscar Bonilla, responsable de esa secretaría de Estado (ver documento).

La decisión, por cierto, tenía como respaldo una resolución anterior del régimen en la que se prohibió hablar de presos políticos y se obligó a denominarlos “prisioneros de guerra”, expresión que luego también fue censurada.

Cada detalle importaba.