Vidal renuncia a TVN; millonario convenio del GORE Metropolitano fue asignado a amigo del administrador de Orrego y reabren investigación de Democracia Viva

El presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), Francisco Vidal, presentó su renuncia ante el Presidente Gabriel Boric, la cual se hará efectiva desde este martes 9 de septiembre. Las razones que expresó el exministro de Michelle Bachelet en una carta a los trabajadores del canal tienen que ver con las críticas que le formuló el candidato presidencial republicano José Antonio Kast, quien lo tildó de “bot número uno” del país.

En su misiva de despedida, explicó que su decisión se debía a las “reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristián Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad”. Agregó que “sostener que mi presencia en el Directorio podría intervenir, de alguna manera, en la pauta del Departamento de Prensa o en algún espacio programático, constituye una nueva ofensa al profesionalismo del equipo y del trabajo que sus periodistas realizan día a día y que se refleja en la pauta noticiosa y en los mecanismos institucionales infranqueables que se han respetado, de manera irrestricta, desde el retorno a la democracia”.

Las declaraciones de Kast se dieron en medio de la polémica por un reportaje de Chilevisión sobre los ataques anónimos en redes sociales. En la investigación se apuntó a Patricio Góngora como la persona tras la cuenta @Patitoo_verde en X, Instagram y Tik Tok, identidad que fue confirmada por CIPER (vea aquí). Góngora es periodista y producto de la nota renunció al directorio de Canal 13, y es quien está detrás de ese perfil, cuyo foco es postear contenido para desprestigiar al Presidente Boric y a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC). Fue en ese contexto que el candidato presidencial del Partido Repúblicano apuntó a Vidal, quien decidió dimitir tras sus dichos.

Francisco Vidal (Créditos: Lukas Solis / Agencia Uno)

Un reportaje de CIPER dio a conocer que, así como en el Caso Procultura donde el gobernador Claudio Orrego tenía una relación previa con el director de esa fundación, existe otro convenio en que se repitió ese patrón (vea aquí). Se trata del programa Promueve Empleo Mujer celebrado entre el Gobierno Regional Metropolitano (GORE) y la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y que costó $1.900 millones al GORE en 2022. Este convenio fue encabezado por Mauricio Araneda, un reconocido miembro del mundo de la Democracia Cristiana (DC) y actual director de Vinculación con el Medio y Proyectos de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH (FEN UAH). Araneda mantiene una antigua relación social y política con el círculo de confianza de Claudio Orrego, pues es cercano a Manuel Gallardo, entonces jefe de gabinete del gobernador y que en la actualidad se desempeña como administrador de ese organismo. Vale decir, es un estrecho colaborador del gobernador.

La relación entre Araneda y Gallardo se demuestra en la campaña a convencional constituyente de este último, ya que Araneda le donó $300 mil a su candidatura. Asimismo, Consuelo Gárnica, quien presta asesorías al área que Araneda dirige en la FEN UAH, es pareja de Gallardo y militó en la Juventud Demócrata Cristiana junto a Araneda durante su época universitaria.

La investigación periodística constató que al menos dos personas figuran contratadas en el 2023 por la FEN UAH por el programa Promueve Empleo Mujer, pero que en realidad prestarían servicios para el GORE. Lo mismo ocurrió en el Caso Procultura, donde un trabajador de esa fundación declaró ante la fiscalía que aunque estaba contratado por el convenio con el GORE, en realidad su rol era trabajar para el Gobierno Regional.

CIPER contabilizó que $845 millones de ese convenio se asignaron al pago de sueldos y bonos a quienes integraron el equipo estratégico del programa, lo que corresponde a casi la mitad del presupuesto. Esos pagos fueron agrupados bajo el ítem de “consultorías y recursos humanos”, y no incluyó el desembolso por servicios de docencia, ni el de los técnicos que pusieron en marcha la plataforma para dictar clases online. Porque ambos servicios -docentes y técnicos-, fueron externalizados a través de la Universidad SEK, por un valor de $424 millones.

Frontis Gobierno Regional Metropolitano (GORE) (Créditos: Victor Huenante / Agencia Uno)

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Antofagasta aceptó la solicitud de la defensa de Daniel Andrade, el representante de la fundación Democracia Viva, para reabrir por 45 días la investigación penal esta arista inicial del Caso Convenios. Según argumentaron, algunas diligencias no fueron concretadas, tales como pedir información sobre el inicio de actividades y el domicilio de la organización al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Municipalidad de Ñuñoa.

El Ministerio Público había cerrado la investigación, tras presentar la acusación penal ante el tribunal por fraude al fisco donde solicitó 10 años de pena para cuatro imputados: contra la desaforada diputada Catalina Pérez; su expareja y representante de la fundación, Daniel Andrade; el exseremi de Vivienda Carlos Contreras, y la exconcejala Paz Fuica. Todos ellos exmilitantes de Revolución Democrática (RD), ahora Frente Amplio (FA). La fiscalía apunta a que Contreras habría intervenido de manera improcedente en la selección de Democracia Viva ya que la fundación no cumplía con los requisitos del convenio. Además, señala una posible coordinación entre Pérez y el exseremi para convocar a la fundación. Sin embargo, el Ministerio Público no ha entregado pruebas para esta última acusación (lea aquí el reportaje).

Daniel Andrade (Créditos: Camilo Alfaro / Agencia Uno)