Policías, FF.AA. y Gendarmería detectaron al menos 64 casos de venta y tráfico de drogas en sus filas desde 2023

Después de que fueran detenidas dos supuestas bandas dedicadas al narcotráfico que operaban al interior del Ejército y la Fuerza Aérea, CIPER revisó las cifras de casos de venta y tráfico de estupefacientes tanto en filas de las Fuerzas Armadas como al interior de policías y del servicio penitenciario. Carabineros resultó ser la organización con más casos registrados desde 2023, seguida de Gendarmería y la PDI.

Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y las Fuerzas Armadas detectaron al menos 64 casos de venta y tráfico de drogas en sus filas desde 2023 a la fecha, según información a la que accedió CIPER a través de solicitudes de Transparencia realizadas a cada una de estas instituciones policiales y de Fuerzas Armadas. Las entidades más afectadas —según estos registros— son Carabineros y Gendarmería. De los casos reportados, 36 corresponden a Carabineros, 24 a Gendarmería, dos a la PDI, uno a la Fuerza Aérea (FACH) y otro al Ejército. La Armada, en tanto, informó que no registra casos en los últimos 10 años. 

La preocupación por la penetración de las drogas y el crimen organizado en las FF.AA. y de Orden cobró relevancia en el debate público luego de que, a mediados de este año, fueran detenidos de manera separada siete miembros del Ejército y otros cinco la FACH, todos acusados de transportar diferentes cargamentos de droga, usando instalaciones y equipamiento militar.

Los 64 casos reportados por las entidades policiales y castrenses no representan la magnitud total del problema, pues el Ejército se negó a entregar la información solicitada vía Transparencia. En su respuesta, esta institución señaló que no puede responder cuántos casos de “tráfico de drogas” ha detectado en sus filas. Esto, por dos razones: porque afectaría la seguridad nacional y porque , según argumentan, los antecedentes no son de calificación del Ejército, ya que “en caso de detectar un eventual caso de tráfico de drogas, esto se remite a la Fiscalía Militar, que a raíz de un sumario califica la conducta como tráfico, microtráfico, porte. En consecuencia, malamente el Ejército podría tener dichos números o realizar investigaciones sumarias administrativas de materias penales”.

A pesar de esta respuesta, a principios de julio trascendió un caso ocurrido en el Ejército, en el que fueron dados de baja siete funcionarios imputados por actividades de tráfico de cocaína en la Región de Tarapacá, los que actualmente están en prisión preventiva. En tanto, en la FACH, fueron capturados y desvinculados cinco funcionarios que intentaron transportar una maleta que contenía cuatro kilos de ketamina, en un vuelo castrense desde Iquique a Santiago, los que actualmente se encuentran en prisión preventiva (vea aquí el comunicado).

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó estos hechos como “la situación más grave que ha enfrentado” el país desde el punto de vista de la seguridad en los últimos años.

CIPER averiguó qué tan extendido está el problema en las instituciones encargadas de resguardar la seguridad exterior e interior del país, incluyendo a Gendarmería, cuyo personal es clave en el control del crimen organizado. Estas son las cifras sobre venta y tráfico de drogas en las instituciones castrenses y policiales del país, de acuerdo con las respuestas de cada institución a las solicitudes por transparencia.

CIFRAS DEL TRÁFICO ENTRE UNIFORMADOS

La información obtenida a través de la Ley de Transparencia reveló que Carabineros detectó 36 casos de venta y tráfico de drogas en sus filas entre 2023 y 2025. De manera desagregada por años, hubo 10 casos en 2023, 14 en 2024 y en el primer semestre de 2025 ya fueron detectados 12.

Gendarmería, en tanto, reconoció que desvinculó a 24 funcionarios, desde enero de 2023 a marzo de 2025, por infracciones calificadas como ingreso o tráfico ilícito de estupefacientes y sicotrópicos, contemplada en la Ley N°20.000. De ellos, 19 casos se registraron en 2023, cuatro en 2024 y uno en 2025 (registros revisados hasta marzo). 

Respecto de los rangos de los funcionarios sancionados por venta y tráfico, en la totalidad de los casos detectados estos pertenecían a la planta de suboficiales. En detalle, fueron desvinculados dos suboficiales mayores, un suboficial, un sargento primero y dos sargentos segundos. Les siguen otros cinco casos con rango de gendarme segundo; cinco gendarmes primeros, cuatro cabos, dos de cabos primeros, uno de cabo segundo y uno de gendarme.

Por su parte, la PDI indicó que entre 2023 y 2025 desvinculó a dos subcomisarios por tráfico de drogas.

Con respecto a las Fuerzas Armadas, la FACH detectó un caso de venta y tráfico de drogas en sus filas. Se trata del episodio ya mencionado que tuvo lugar a mediados de este año, por el que se mantiene a cinco exfuncionarios en prisión preventiva. 

En tanto, la Armada señaló vía Ley de Transparencia, que “no se registran sumarios iniciados por venta o tráfico de drogas al interior de la institución entre los años 2015 al 2025”. 

El Ejército, por último, se negó a entregar información aduciendo razones de seguridad. “Dar publicidad de estos antecedentes develaría una vulnerabilidad en la capacidad de la dotación, evidenciando el nivel de alistamiento para un eventual conflicto, lo que afecta la seguridad de la nación considerando que las Fuerzas Armadas están para la defensa de la patria”, respondió esta institución.

OPINIÓN DE EXPERTOS

Con respecto a la respuesta negativa del Ejército a entregar cifras de tráfico de droga entre sus funcionarios, el abogado Alberto Precht, especialista en materia de transparencia, indicó que “las causales de secreto de reserva no deben ser meramente hipotéticas, sino deben ser comprobables. Cuando se invoca la seguridad de la nación, se debiese demostrar cómo la entrega de estos datos podría afectar esa seguridad”.

Precht señaló que, en los casos de tráfico realizado por funcionarios del Estado, lo que incluye al personal militar y policial, el deber siempre va a ser denunciar: “Hay un deber de denuncia a los funcionarios públicos. Si no se estaría cometiendo otro delito”. 

La abogada y académica María Inés Horvitz, quien fuera consejera del Consejo de Defensa del Estado durante 17 años, consideró los antecedentes como “gravísimos”, sobre todo porque se trata de funcionarios públicos que tienen a su cargo tanto la defensa de la soberanía nacional como de la seguridad interior del país. A su juicio, es esencial que “el Ministerio Público investigue exhaustivamente estos hechos y que los responsables sean condenados a las penas máximas que establece la ley penal”. 

“Sin perjuicio de que no todos los delitos perpetrados por funcionarios públicos contemplan penas de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, agregó la académica, esta sanción, a su juicio, “debiera estar siempre prevista en estos casos, por tratarse de la infracción de exigentes deberes de probidad y rectitud que impone la función pública, la que trae aparejada la creciente desconfianza y falta de credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones públicas”.

La socióloga y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, señaló que, respecto a los temas de tráfico, la situación “refleja la problemática de la presencia de organizaciones criminales con capacidad de corrupción de las instituciones o de las personas y que esto debería de fortalecer los mecanismos de fiscalización”. Además, aseguró que las Fuerzas Armadas y de Orden deben tener mayores instancias de supervisión: “El Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa son ministerios que tienen que empezar a tener, dentro de sus orgánicas, capacidades mayores de fiscalización. Hoy en día casi todas las capacidades de fiscalización son intrainstitucionales”.