Conapran tiene 18 propiedades que no destina al cuidado del adulto mayor: están inutilizadas, en arriendo o en venta

En 2024, Conapran anunció el cierre de 10 de sus 12 Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) a lo largo del país. Según argumentó, esto se debe a que el Estado dejó de darle financiamiento directo a través de la Ley de Presupuesto. La medida, que redujo en un 69% los recursos que recibía del Servicio Nacional del Adulto Mayor, busca equiparar la asignación de fondos públicos con otras corporaciones del rubro. Pero, Conapran tiene un amplio patrimonio inmobiliario que no utiliza en el cuidado del adulto mayor. De las 67 propiedades que ha tenido, 15 transferidas gratuitamente por el Estado en dictadura, el consejo actualmente es dueño de 23, sumando más de $10 mil millones en avalúo fiscal. De estos inmuebles, 18 están inutilizados, en arriendo o en proceso de venta. Según Conapran, las ganancias las utiliza en los ELEAM que conserva.

Al tocar el timbre de la propiedad ubicada en Las Vizcachas 593, El Bosque, responde el cuidador. Junto al portón de entrada hay un cartel con el logo del Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, Conapran, que señala que este es el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) El Bosque. El cuidador abre la puerta metálica y a través de esta se ve una casona grande y descuidada que parece abandonada hace un tiempo. 

—¿Esto sigue siendo un hogar para adultos mayores (ELEAM)?

—No, desde el 30 de diciembre que no. A mí me tienen de cuidador —responde.

—¿Y sabe si está en venta?

—No sé, ahí tienes que preguntarle a los de arriba. 

Al igual que este ELEAM, en 2024 Conapran decidió cerrar otros nueve establecimientos luego de que el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) recortara el presupuesto destinado para el consejo en un 69%. Esta reducción se debió a que Senama buscaba equiparar la asignación de recursos con las otras corporaciones que se dedican al cuidado del adulto mayor, las que, a diferencia de Conapran, debían postular a fondos concursables. Por esta razón, de doce ELEAM el consejo decidió mantener solo dos en funcionamiento, ya que, según ellos, no tienen recursos suficientes para continuar con las operaciones del resto. Sin embargo, actualmente el consejo es dueño de 23 propiedades a lo largo del país, las que suman un avalúo fiscal de más de $10 mil millones. 

En sus 51 años, Conapran ha sido propietario de 67 inmuebles, 15 de los cuales recibió por transferencia gratuita del Estado durante dictadura, y otros por donaciones, herencias, compraventas o transferencias desde municipios o personas naturales. Esto ha sido confirmado a través de la revisión de transacciones en conservadores de bienes raíces, documentos del Ministerio de Bienes Nacionales obtenidos por Ley de Transparencia, Archivo Judicial de Santiago y el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades.

Fundada en 1974 por la Fuerza Aérea, Conapran es parte de una serie de fundaciones y corporaciones creadas en dictadura, dedicadas a labores de ayuda social. Estas entidades eran presididas por las esposas de los integrantes de la Junta Militar de Gobierno. Gabriela García, esposa del entonces comandante en jefe de la FACh, Gustavo Leigh, fue la primera presidenta de Conapran.  Actualmente, el directorio está compuesto por siete personas, de las cuales cinco están “vinculados a la Fuerza Aérea” y dos son civiles que estudiaron en la entidad, según menciona Gerardo Petersen, director de Conapran. 

Por años el consejo fue la cara visible del Estado en el cuidado de personas mayores, teniendo como objetivo “promover, organizar, sostener y subvencionar hogares, residencias, clubes y otras instalaciones destinadas a la asistencia y protección del anciano”, establecen sus estatutos.

En comparación con las otras corporaciones que se dedicaban a esta materia, Conapran recibió, desde su creación, un trato privilegiado del Estado que se mantuvo durante 49 años, al ser la única que obtuvo financiamiento directo de fondos públicos. “Nosotros partimos desde una creación de la Junta Nacional de Gobierno y con un estatus que fue distinto al resto”, señala Petersen. A través de la revisión de las leyes de presupuesto, se comprobó que en los últimos 30 años el consejo obtuvo más de $6 mil millones desde el Estado, sin necesidad de postular a fondos ni subsidios. Pero este número se queda corto, ya que, en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, figura que desde 2003 Conapran ha recibido más de $24 mil millones de fondos públicos. 

En las leyes de presupuesto anteriores a 1994, no se especifican los montos ni qué entidades públicas financiaban a Conapran, y tanto Petersen como Sergio Parra, director ejecutivo del consejo, señalaron que no manejan información al respecto. Tampoco saben la cantidad exacta de propiedades que ha tenido, a lo largo de su historia, la corporación que dirigen. Según Petersen, son 40, pero esta investigación ha identificado 67. 

EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE CONAPRAN

En sus casi 51 años de historia, el Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad ha sido dueño de 67 propiedades, 16 de estas fueron transferidas gratuitamente por el Estado, 15 durante dictadura y una en 1994. El resto las obtuvieron por donaciones, herencias o compraventas de parte de municipios o personas naturales, y ratificamos que, de esos 67 inmuebles, sigue siendo dueño de 23. 

Logramos obtener el avalúo fiscal (valor de referencia de la propiedad establecido por el SII para fines tributarios) de 12 de las propiedades que conservan, y la suma asciende a $9.805.226.849. El avalúo fiscal tiende a ser más bajo que el comercial, pero según explica el ingeniero civil y tasador de bienes raíces, Roberto Nieto, se puede hacer un estimado: “Si las propiedades son antiguas, (la razón) tiende a estar entre dos y tres, siempre y cuando la zona tenga plusvalía”, explica el experto, y agrega que un número razonable es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede estimar que el valor comercial de las propiedades de Conapran se aproxima al doble del avalúo fiscal, en este caso, a más de $18 mil millones, y esto es solo considerando 12 de los 23 inmuebles.

Se corroboró que de las 23 propiedades que conservan, solo cinco se utilizan actualmente en el cuidado de adultos mayores, dos administradas por Conapran. ¿Cuáles son estas dos? El ELEAM Nuestra Señora de los Ángeles, ubicado en la excasa presidencial de Tomás Moro 200 en Santiago, y el ELEAM Carolina Salgado, en San Javier.

El inmueble de la excasa presidencial de Tomás Moro fue transferido gratuitamente por el Estado en 1975, siendo la primera sede de Conapran y su estandarte. Dentro del terreno está el hogar de ancianos emplazado en una construcción fuera de la casa misma, ya que esta está reservada para las oficinas administrativas del consejo. En dicho establecimiento residen 26 adultos mayores, pero tiene una capacidad para 60. La propiedad es monumento histórico desde 2007 y su avalúo fiscal está fijado en $3.660.254.421.

El otro ELEAM propiedad de Conapran que sigue funcionando bajo su administración está en San Javier de Loncomilla, y fue donado al consejo en 1981. Ese mismo año el Estado le transfirió, de forma gratuita, un tercer inmueble que sí se utiliza en el cuidado de adultos mayores, pero que no es administrado por el consejo. Este corresponde a un pequeño hogar de ancianos particular ubicado en Av. Suecia, Ñuñoa, que paga a Conapran un arriendo de $1.300.000 mensual por funcionar en su propiedad.

Las otras dos propiedades que sí se utilizan son ELEAM que fueron dados en comodato a Senama en 2024, esto significa que la propiedad sigue siendo del consejo, pero la administración se cedió a la entidad pública. Hoy Senama administra el ELEAM Miguel Frank Vega, ubicado en Lo Prado, y el ELEAM Nuevo Atardecer, en Puerto Natales.

El ELEAM de Lo Prado fue dado en comodato a Senama en octubre de 2024 por 30 años. Previo a esto, Miguel Ángel Morales, miembro de la directiva de apoderados del ELEAM, señala que este “era un establecimiento que mostraba deterioros producto de falta de mantención”. Sin embargo, Morales asegura que la atención no era deficiente y la gente estaba conforme. Distinto es el caso de Gonzalo Valdés, exapoderado de este mismo hogar, quien además de criticar las instalaciones, acusa que la atención para su abuela, Viola Turfuna, era negligente: “Tenía unas costras en la cara, tenía lagañas, y estaba como sucia”. También recuerda que Conapran no envió la información de su abuela para cobrar su Pensión Garantizada Universal (PGU), por lo que después de unos meses esta se invalidó. 

Tanto Valdés como Morales están de acuerdo en que el recinto estaba en mal estado, y no solo el de Lo Prado. “Nosotros como directiva visitamos todos los hogares de la Región Metropolitana (…), todos más o menos en situación similar, en cuanto a mantención deficitaria”, concluye Morales. Ambos relatan que los apoderados del ELEAM de Lo Prado, una vez notificados del cierre del establecimiento, se organizaron y fueron directamente a Senama, y cuando este tomó el control del hogar, las condiciones mejoraron notoriamente.

El ELEAM de Puerto Natales también iba a cerrar para ser vendido al Gobierno Regional de Magallanes, pero mientras tanto fue dado en comodato a Senama, para que los adultos mayores no tuvieran que ser reubicados. Sin embargo, el comodato es renovable cada tres meses, supeditado a la venta. 

—Nosotros, a los corredores, en un principio les dijimos que preferíamos que no colocaran el letrero porque queríamos que fuera algo de bajo perfil —dice Petersen sobre las ventas de propiedades de Conapran.

—¿Por qué?

—Porque no queríamos meter bulla con la venta de nuestros activos nomás.

—¿Por qué no?

—No sé (…) Conapran siempre ha sido de bajo perfil. 

El ELEAM de Conchalí, por otro lado, se arrienda en $1.300.000 mensual a la Fraternidad Casas de Assis, y es ahora un centro de acogida para personas en situación de calle.

—¿Piensan mantenerlo en arriendo?

—Todo depende de las circunstancias. Conapran ha sobrevivido todos estos años por la venta de propiedades —explica Sergio Zúñiga, director de comunicaciones del consejo.

—¿Entonces están vendiendo las propiedades que tienen?

—Claro, para seguir subsistiendo. Es la única forma porque no hay ingresos.

—¿Y han vendido propiedades que les fueron entregadas por el Estado?

—No te sabría responder porque no tengo esa información. 

Esta investigación ha confirmado que Conapran ha vendido 24 de las 67 propiedades que sumó durante su historia y, de las 16 que recibió gratuitamente desde el Estado, vendió siete. 

—¿Esta (Tomás Moro 200) no han pensado venderla?

—Esta propiedad, según lo que me informó el directorio, no se vende.

Al consultarles a Parra y Petersen sobre la venta de la excasa presidencial, respondieron que han pensado varias veces en venderla, pero que no hay oferentes. 

Además de estas propiedades que son o fueron ELEAM, el consejo aún conserva otras. Entre estas hay dos estacionamientos en el centro de Santiago, que fueron dados en legado a la corporación, y que hoy se arriendan entre $60.000 y $80.000, según Petersen; y una propiedad en el barrio Lastarria donada por Miguel Frank Vega, quien, según está especificado en la escritura de donación de la propiedad, a la que se accedió en el Archivo Judicial de Santiago, la entregó para que fuera utilizada exclusivamente en la labor de atención a adultos mayores, pero en la que actualmente hay una galería que es propiedad de la Inmobiliaria Brickell desde 2013. 

El consejo no maneja el número exacto de propiedades que ha tenido Conapran a lo largo de su historia. Petersen confirma esto y añade que actualmente están elaborando una lista en la cual han registrado 40 propiedades, mientras que esta investigación ha identificado 67. 

—¿Tienen algún registro ordenado de todas sus propiedades? 

—No, no hay un catastro (…) Si la corporación recibió estos inmuebles y no están en su contabilidad, tenemos un problema —responde Petersen. 

FINANCIAMIENTO DE CONAPRAN

Entre 1975 y 2024, Conapran fue la única corporación privada en recibir financiamiento directo vía Ley de Presupuesto. Solo en los últimos 30 años ha recibido $6 mil millones (ver tabla) del Estado, según la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Sin embargo, según el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, entre 2003 y 2024 el consejo recibió más de $24 mil millones en transferencias desde distintos organismos, incluyendo a Senama, principal aportante a través de la Ley de Presupuesto. 

Desde 2003 Conapran y Senama firmaban anualmente un convenio que establecía el monto del financiamiento entregado por Ley de Presupuesto, y los acuerdos que debían cumplir (ver convenio 2023). La directora de Senama, Claudia Asmad, explica que este convenio fijaba las supervisiones y condiciones contractuales entre ambas partes, y que estas eran muy distintas a las que regulaban a otros operadores de ELEAM. 

En diciembre de 2023 Senama decidió disminuir en un 69% el financiamiento transferido a Conapran a través de los convenios, pasando de $1.866 millones entregados ese año a $596 millones para 2024. La directora Asmad señala que esto se hizo para dar un “periodo de transición durante 6 meses, para que ellos aprendieran de la postulación del fondo subsidio”. 

Senama le comunicó a Conapran la medida en una reunión realizada el 19 de octubre de 2023 (ver documento). Petersen cataloga la reducción como injusta y violenta, ya que se les avisó dos meses antes de terminar el año: “Si yo como Estado voy a generar una política distinta a la que vengo aplicando, está bien. Yo no tengo problema en que te digan ‘te vas a quedar sin presupuesto’, pero dilo con el suficiente tiempo para prepararnos”. Aunque el exdirector de Senama, Octavio Vergara, señala que durante el tiempo que él estuvo en el cargo sí tuvo conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social sobre una posible reducción en el presupuesto que se le entregaba a Conapran, principalmente porque las entidades privadas no recibían los mismos recursos que el consejo. En ese sentido, Vergara dice que el recorte de fondos públicos “era algo que podía pasar”.

Desde 2025 el consejo no recibe financiamiento directo del Estado. Senama argumenta esta decisión apelando a que quieren equiparar la situación de Conapran con las otras entidades de la misma naturaleza. “Hoy, como Estado, debemos transparentar recursos que se entregaban de manera directa, por lo que se llamó a Conapran a participar en los concursos públicos, tal como lo hacen otras instituciones similares”, señaló la directora el 4 de enero de 2024 en una reunión con apoderados del ELEAM El Bosque, de acuerdo con la minuta de ese encuentro elaborada por Senama (ver documento). 

Además de querer equiparar la asignación de recursos, una de las preocupaciones de la directora Asmad eran las condiciones de los ELEAM de Conapran, pero ella dice que no tenían “muchas facultades con el convenio para exigir algunos cambios de mejora”. En un documento que Senama le envió a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, se menciona que Conapran no tuvo “acogida a estas recomendaciones técnicas, por el contrario, hay resistencia de parte del equipo directivo”. Además, Senama señala que hay una falta de inversiones y que “solo se realizan reparaciones menores que no subsanan los problemas estructurales”. 

En 2023 el Comité para la Prevención de la Tortura elaboró un informe sobre el ELEAM de Lo Prado, el cual sugiere, ante situaciones informadas como maltratos, que “se interpongan las denuncias penales correspondientes, tanto para el esclarecimiento de los hechos, como de las eventuales sanciones que puedan proceder”. Mientras que en el de Puerto Natales el comité identificó “situaciones de maltrato verbal hacia las personas mayores” (ver informe). En octubre del mismo año el coordinador regional de Senama en Coquimbo, Eduardo Lara, solicitó a Conapran aclarar las denuncias de personas mayores con lesiones “que dan cuenta de maltrato físico, negligencia, abuso entre los tipos de maltrato que muestran los verificadores observados” en el ELEAM de Illapel (ver oficio).

ELEAM El Bosque, actualmente inutilizado y en venta.

Estos antecedentes, según la directora Asmad, se sumaron a la decisión de poner término al modelo de financiamiento que Conapran mantuvo por 49 años. Sin embargo, esto generó diversas reacciones políticas. En enero de 2024, en la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad del Senado, donde participó Senama y Conapran, el senador Francisco Chahuán dijo: «Yo fui muy enfático en la Ley de Presupuesto, acá es responsable el Gobierno, el presidente Boric, y ustedes, si finalmente Conapran cierra, y créanme que esa responsabilidad la vamos a hacer valer” (ver documento de Conapran en el que se citan las intervenciones de esa sesión de la comisión). 

La diputada Marlene Pérez también se manifestó contraria a la rebaja presupuestaria, mencionando que “haré todas las gestiones que estén en mis manos para revertir esta situación”. Aunque Pérez reconoce que, a medida que avanzaron las conversaciones con ambas entidades, fue cambiando de parecer: “En primera instancia me preocupé muchísimo, creo que acá era relevante saber qué iba a pasar con estas personas mayores, pero también me fui enterando (…) de que había algunas deficiencias y algunos recursos que no se estaban utilizando de manera efectiva”. 

El convenio firmado en 2023 entre Senama y Conapran, además de fijar el monto transferido vía Ley de Presupuesto, establece que la corporación debe entregar, a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) de Contraloría, informes financieros mensuales que indiquen “cada uno de los gastos realizados en el mes correspondiente”. A través de una solicitud de transparencia Senama entregó la rendición de 2022, 2023 y 2024 de las transferencias que le realizaron a Conapran, pero no el detalle de los gastos por mes. Además, estas cifras no coinciden con las del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, en el cual se evidencian transferencias más altas que las declaradas por Senama. 

Conapran recibió y sigue recibiendo financiamiento de la Polla de Beneficencia, sumando, según los estados financieros de la entidad, entre 2007 y 2025, $913 millones. También obtiene, según el director ejecutivo, Sergio Parra, $30.000.000 anuales de la Lotería de Concepción y, hasta el momento, se desconoce el monto exacto de los recursos entregados por el Estado entre 1975 y 1993. Tampoco existen registros detallados del uso que le dio Conapran a los fondos entregados por la Ley de Presupuesto destinados a los ELEAM.

Hoy, el consejo financia el hogar de Tomás Moro y La Reina a través del Fondo Subsidio ELEAM de Senama. Esto implica más supervisión desde el servicio y también mayores exigencias a la corporación, como, por ejemplo, visitas mensuales, cuando antes se realizaban cada tres meses. 

La corporación que fue creada con el objetivo de cuidar al adulto mayor, y que durante muchos años fue la cara del Estado en esta materia, hoy está liquidando su patrimonio inmobiliario. Desde el inicio de Conapran, el Fisco le transfirió gratuitamente 16 inmuebles para cumplir con su labor, de los cuales vendió siete. Al mismo tiempo fue adquiriendo más propiedades a través de compras, donaciones y herencias.

De los 67 inmuebles que ha tenido Conapran a lo largo de sus 51 años de historia, 24 fueron vendidos, 23 siguen en sus manos, y faltan otros 20 por confirmar. A pesar de estar conscientes, según Zúñiga, Petersen y Parra, de la falta de recursos que arrastran hace años (siendo el punto de inflexión la baja presupuestaria determinada por Senama), el principal responsable del consejo admite que no conocen el total de las propiedades que posee la entidad, las que debieran estar dedicadas al cuidado del adulto mayor. Pero, ese patrimonio no cumple su objetivo.

Esta investigación seguirá actualizando sus bases de datos a medida que se encuentren más propiedades y se confirme su estado. 

*Este reportaje fue realizado por los estudiantes Amanda Astudillo y José Gubbins, en la sección del profesor Pedro Ramírez del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.