Decálogo de razones de una gran derrota

Causas del fracaso, motivaciones del Rechazo y sugerencias de mejora para un nuevo proceso. Columna de opinión para CIPER.

A riesgo de ensayo y error, hay que encarar las razones del fracaso porque se comienza de nuevo, pero no exactamente igual. Advierto que una parte de los argumentos cabales los desconocemos, porque aún se requiere de una autocrítica que debe provenir directamente de los convencionales, y que les ha costado enunciar (además, el propio proceso los expurgó del sistema pues quedan inhabilitados de participar de un nuevo proceso). También es interesante el aporte de personas que trabajaron en la Convención y cuya mirada ofrece una perspectiva diferente [ver «Continuar con el proceso constituyente: siete bases para un nuevo intento», en CIPER 07.09.2022].

El conjunto de razones se refiere al proceso; a su metodología, a su texto, a sus provocaciones y énfasis polémicos. Otra parte es enteramente externa, o se despliega en el ámbito de no haber leído el escenario electoral sobre el cual se desarrollaba el plebiscito de salida. Lo que sigue son diez razones que hasta ahora pueden distinguirse como causas de un proceso fallido, y que permiten acentuar aquellas cosas por mejorar. Partimos de la base de que debe realizarse una nueva Convención, con reglas diferentes, si bien la tentación de abandonarla por el fracaso de la anterior puede costar muy caro.

(1) LA METODOLOGÍA: La Convención Constitucional (CC) se fragmentó antes de tiempo al dividirse en ocho comisiones temáticas superpuestas (Comisión Indígena, de Conocimientos, de Medio Ambiente y Economía, entre otras) que terminaron compitiendo entre sí, sin generar instancias de aprobación en general para la propuesta, ni de examen pormenorizado de normas; y agotando así los tiempos de un modo que impidió una auténtica deliberación.

(2) LA PARTICIPACIÓN: La CC promovió ingeniosamente un proceso inédito de participación popular y llegó mucho más allá de lo que se tenga memoria, al habilitar las iniciativas populares de norma. Participó mucha gente diversa del país. Sin embargo, el resultado de esta experiencia es otra frustración, pues no logró identificar con claridad cuál fue el resultado de ese proceso. Deberíamos saber qué normas la ciudadanía hizo propias y qué ideas fueron promovidas por ella misma. Incluso, parece ser que el mal manejo sobre una de esas iniciativas fue central en el avance del Rechazo [ver «Los cuatro días clave…», en CIPER 05.09.2022]. Al respecto, no vale que tales iniciativas hayan sido reformuladas por la Convención, lo que aconteció ampliamente, sino que faltó oxigeno popular para la propuesta.

(3) ORGANIZACIÓN INTERNA: La Ley N° 21.200 promovió desde el inicio una Secretaría Técnica (art. 133, inc. 6º) que habilitaba la idea de una colaboración activa de expertos. En la dimensión colegiada y, con el auxilio de las Cámaras, se contó con el personal idóneo para realizar el trabajo predeliberativo. Solo cabe calificar como brillante lo realizado por John Smok y equipo. Sin embargo, no existió la organización de un ámbito constitucionalista experto que preparara materiales, contrastara información e indagara fuentes. Los convencionales estimaron que podían propiciárselos por sí mismos. Las pocas ONG o juristas internacionales que pudieron participar dan cuenta de las dificultades de su trabajo. Faltó oxígeno técnico, o éste no fue oído en la propuesta.

(4) MECÁNICA DE LAS VOTACIONES: El valor de los 2/3 para integrar reglas a la propuesta constitucional jugó un papel ambiguo. Eventualmente beneficioso, pero potencialmente negativo a la vez. En lo favorable, los 103 votos significaron una muralla inalcanzable para todas las propuestas excéntricas. El problema es que estuvo lleno de ese tipo de ideas (del reino fungi) que capturaron la atención pública; sobre todo, en materias ambiental y económica (como el decrecimiento). Pero hubo otras que se alcanzaron sobre el mosaico colaborativo de negociaciones que desconocemos. La construcción conceptual pudo haberse articulado sobre la base de compensaciones diferidas en el tiempo («apoyo ésta por esto acá…»). Adicionalmente, contribuyeron a la extensión desmedida del texto propuesto. Es una hipótesis de trabajo, pero resulta razonable asumirla para entender cómo se reemplazaron ejes conceptuales o iniciativas (parlamentarismo) para trazar nuevos caminos no previstos (por ej. cuán asimétrica era la segunda cámara). La ausencia de vetos y de dirección nítida contribuyeron a la construcción de normas asistemáticas y otras fuera del rango constitucional clásico.

(5) A LA SOMBRA DEL VETO INDÍGENA: Si los resultados iniciales de la CC ratificaban la idea que nadie podía ejercer un veto sobre otras posiciones, lo cierto es que hubo un fantasma que siempre estuvo presente y que daba cuenta de una posibilidad de veto: el indígena. A partir de la consulta a los pueblos originarios, siempre quedó presente el modo en que los escaños reservados hicieron valer su poder, sea mediante la introducción de un amplio conjunto de normas e incluso como veto a la reforma constitucional misma. Más allá de que esas interpretaciones no eran correctas, la ambigüedad institucional quedó por ahí indicada. En tal sentido, siempre hubo una especie de poder de no veto indígena.

(6) POLÍTICA DE LAS IDENTIDADES: La variopinta representación derivó en una construcción de una propuesta constitucional tamizada de identidades. Desde el diseño institucional aparecieron unas como mayoritarias (paridad de género) —y exitosas, por lo mismo—, y otras minoritarias, que pugnaban por un reconocimiento normativo añadido (minoría indígena; de la comunidad LGTBI+; de personas en situación de discapacidad; de niñas, niños y adolescentes; de adultos mayores; de personas privadas de libertad; y de grupos de presión, desde bomberos, animalistas y veganos hasta deportistas). Muchas de ellas deben pasar por el grado de aceptación que tienen culturalmente en la población, respecto de lo cual recién esta década ha dado pasos claros en la repulsa a la discriminación. Además, a lo largo de todo el texto propuesto existía una infinidad de reconocimientos a los postergados o perdedores de la globalización (campesinos, temporeros, pescadores artesanales, pirquineros, etc.). Esta construcción caleidoscópica tiene el valor de la suma de intereses, pero por sí misma no representa el universo global de una propuesta constitucional. Es más, entra a disputar algunas deliberaciones trascendentales acerca de la igualdad, las libertades y las oportunidades en el marco de la justicia del trato y los derechos. No todo proceso inclusivo supone, por sí mismo, que se posterguen las discusiones globales o generales propias de una sociedad pluralista y democrática. En este caso, incluso significó postergar la preocupación por los más pobres [CAVALLO 2022]. En consecuencia, hay que recordar que la base constitucional de las sociedades democráticas pronuncia el verbo «permitir», para ampliar la libertad personal y los planes de vida; «remover» para superar los obstáculos que impiden el acceso efectivo a derechos; y «garantizar» los derechos sociales «mínimos» de dignidad que permiten un ejercicio igualitario e inclusivo al interior de una misma sociedad. Todas las energías constitucionales confluyen en construir proyectos y oportunidades vitales para todos y en evitar las discriminaciones, pero como una tarea colectiva de la sociedad. La política de la identidad, en cambio, tiende a satisfacer perspectivas individualistas [LILLA 2018]. El dilema democrático es la ciudadanía universal, y el plan constitucional es habilitar cómo se pueden producir estas sociedades que funcionan a diversas velocidades, y no como planos aislados, disgregados y ensimismados.

(7) PROVOCACIONES NORMATIVAS: Son también parte de un argumento en su contra. Las decisivas electoralmente fueron la plurinacionalidad y el aborto, que a fines de marzo cambiaron la tendencia, ahora a favor del Rechazo. Esos debates siempre se dieron en el margen de la ambigüedad y con ausencia de límites. Cuando se les quiso dar algún borde ya era demasiado tarde. Y, dentro de las provocaciones —aunque episódicas y no atribuibles a una mayoría ni siquiera representativa de grupos minoritarios significativos—, estuvo también una absurda y ofensiva aversión a emblemas nacionales que llegó demasiado lejos en la campaña. Nada impide reivindicar una sucesión de pertenencias no excluyentes. Junto a estas cuestiones, aparecieron discusiones centrales que nunca fueron bien resueltas por tener ambigüedad en un factor común: la propiedad (sobre mis ahorros previsionales; sobre los contratos como bienes incorporales; sobre la vivienda; sobre el valor de intercambio en una expropiación como precio justo, etc.) [ver «120 residentes de doce comunas…», en CIPER 08.09.2022]. Lo sorprendente es que nadie razonable pretende desconocer estos derechos de propiedad.

(8) LA HOJA EN BLANCO. Podríamos asumir que es parte de una crítica metodológica, pero merece una reflexión aparte. La hoja en blanco servía como un mecanismo para llegar a acuerdos y, si no se alcanzaban los dos tercios, no existía norma constitucional. Pero también habitaba otra idea: el poder. Para un ciudadano común y corriente, la idea de una hoja en blanco era el horror vacui; pero, para un convencional, era el epítome del síntoma del poder: un «constituyente originario», carente de límites formales y sustanciales (pese a que la CC era un órgano del Estado más, sometido a la Constitución que lo creó y lo deslindó). La metáfora permitía escribir todo desde el inicio. El vértigo de poder y de algunas discusiones teóricas sobre poder constituyente terminaron por darle un tono épico a una «conquista de la luna constitucional». Pisaban su lado oscuro para remodelarla. Y tuvieron aciertos, porque nos trajeron algunas discusiones relevantes para el debate generacional (derechos tecnológicos, cambio climático, etc.). Sin embargo, la gran mayoría de las cuestiones centrales que se discutieron provenían del constitucionalismo nacional, comparado o del internacionalismo de los derechos humanos. En los tópicos, nada más lejos de la hoja en blanco. Por lo demás, si se quiere que la propuesta rechazada sea un insumo para el nuevo debate habrá que abandonar la hoja en blanco para sumarla a las páginas de respaldo deliberativo.

(9) DESATENCIÓN POLÍTICA DE LAS NORMAS DE APROBACIÓN. Las reglas constitucionales permitieron (como a lo largo de la década que duró el voto voluntario, ojalá desterrado) que hubiera una sobrerrepresentación del activismo por la presión del voto voluntario en contextos de bajísima participación. Sin embargo, los convencionales olvidaron algo que mencionaban día tras día en la remodelación del sistema político: bicameralismo asimétrico. Pues bien, las reglas electivas eran asimétricas: voluntario-activistas en la entrada y obligatoria-generales en la salida. Lo anterior, debió haber llevado a pensar de qué manera la Convención blindaba una propuesta más ampliamente. Quizás alcanzar los 2/3 era una señal, pero había que ir más allá, cómo aconteció con el 42,7 % de las propuestas que apoyó la derecha en la Convención, pero en donde pareció que no hubiera aprobada nada significativo [ver «Énfasis y acomodos en la labor de la Convención», en CIPER 03.06.2022] (en parte, porque ésta fue excluida casi en su totalidad de obtener apoyos a iniciativas propias). Del mismo modo, la empequeñecida centroizquierda dentro de la Convención. Ambos sectores reprochan un clima de intolerancia. Una consideración política razonable debió mirar en cómo se vinculaban estos respaldos al plebiscito de salida. En la práctica, se olvidó que había que convencer y persuadir a ciudadanos comunes y corrientes, a los cuales se les debe respeto. Aquí hubo, simplemente, una rebelión del sentido común de los ciudadanos por el partisanismo de variados artículos.

(10) FACTORES EXTERNOS ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y COMUNICACIONALES: Es indudable que hubo elementos que conspiraron en contra de un ambiente que superara la mera propuesta, aunque se originara en ella. El clima económico, en contextos de inflación inédita en décadas, de bajo crecimiento o de expectativas complejas, complicaba la comprensión en una propuesta que ampliaba el gasto público, los derechos sociales y el tamaño del Estado. Hay excelentes estudios que demuestran estos mayores costos y cómo se mantenían en el tiempo, pero algunos no supieron explicar adecuadamente de dónde surgirían esos nuevos recursos. Políticamente, también un conjunto de nuevas prioridades que se agudizaron: violencia urbana con ocasión aún del estallido social y respecto del cual los convencionales quisieron seguir vinculando al proceso constituyente. Violencia rural y terrorista en la Araucanía, que era muy difícil de disociar respecto de las propuestas y que permitieron augurar «decenas de Temucuicui». Adicionalmente, en algo que nada tiene que ver con el texto propuesto, toda elección tiene objetivos múltiples pese al binario proceso en torno a un texto. Aquí también hubo una especie de plebiscito al gobierno, y los votos del Apruebo son muy cercanos al voto de respaldo gubernamental. Finalmente, cuestiones comunicacionales. El diseño de reglas establecido desde el fin de la Convención hasta la aprobación del texto contuvo un vacío complejo: sin órgano, sin convencionales y sin recursos para difundir los ejes centrales del texto. De hecho, la única norma de publicidad era la entrega a todos los chilenos de un texto ya aprobado. En consecuencia, las comunicaciones fueron tierra de nadie o de la ley del más fuerte, en contextos de muchísimos intereses cruzados, redes sociales tóxicas, fake news y medios partisanos que conviven con otros noticiosos. Pero nada de esto era ajeno a lo que conocemos. Alojarse en estas circunstancias es solo revelar que se ponderó mal esta última etapa desde el punto de vista de la promoción educativa del texto.

Este decálogo permite acentuar aquellas cosas que se deben mejorar. Partimos de la base que debe realizarse una nueva Convención, con reglas diferentes, pero la tentación de abandonarla por el fracaso de la anterior puede costar muy caro. Las elecciones dan legitimidad y la Constitución debe tenerla desde el inicio y no arrastrar estos problemas en el tiempo. Eso es reducir la incertidumbre no esconderla. Sobre esa consideración:

1. El reglamento debe permitir una deliberación real y con aprobación general y particular de las normas;

2. La Secretaría Técnica debe incorporar un área de asesoría constitucional experta;

3. Las iniciativas populares ya presentadas deben ser reexaminadas para incluir algunas dentro de la propuesta constitucional nueva;

4. Las normas que integran el texto constitucional deben cumplir con llegar a los 2/3 y hay que propiciar mecanismos que amplíen el respaldo;

5. Debe haber un acuerdo sustantivo sobre temas indígenas que partan de la exclusión de la noción de plurinacionalidad y no existe tiempo para una consulta indígena al texto constitucional. Deberían mantenerse los escaños reservados o una expresión de estos;

6. Debe fortalecerse el debate inicial de principios constitucionales de un modo tal que ordenen todos los demás capítulos de la Constitución en una perspectiva normativa y no identitaria de agregación de opciones;

7. En cuanto a los debates, las cuestiones que funcionan deben mantenerse, optar por redacciones breves, con mandatos al legislador y con una construcción teórica que revele los límites de la teoría de derechos y de la organización equilibrada del poder;

8. Debe trabajarse con los materiales reales ya producidos: constituciones históricas chilenas, la vigente y los borradores de la propuesta Bachelet 2018 y CC de 2022. Junto a eso, una dosis comparativa adecuada;

9. No debe haber asimetría electoral: voto obligatorio en las elecciones de convencionales y en el plebiscito de aprobación. Propiciar mecanismos que permitan oxigenar la propuesta con participación popular, de expertos y con campaña difusiva del texto;

10. Saber que el contexto será siempre difícil y ordenar una propuesta que tenga en cuenta costos, gradualidad, que no sea sorpresiva, y que tenga una vinculación no rupturista con el ordenamiento preconstitucional.