Dinero y campañas electorales: lo avanzado y lo pendiente

Concluye en estos días otra campaña electoral por la que han circulado enormes (y desiguales) cifras de dinero. Sus límites y transparencia son hoy más regulados que antes de 2016, recuerdan los autores de esta columna para CIPER, pero de todos modos muestran aún tareas pendientes para asegurar una competencia electoral en igualdad de condiciones entre candidatos: «Aún resultan sorprendentes las diferencias en términos de recaudación y gasto electoral entre los principales candidatos. La inequidad estructural de nuestro país y del sistema económico continúan encontrando un espejo en las campañas».

Ayer jueves (18 de noviembre de 2021) finalizó el periodo regular de propaganda electoral para todas las candidaturas. Se debieron retirar palomas, paralizar actividades de volanteo y puerta a puerta, y toda otra forma de propaganda. Hasta el domingo, las candidaturas podrán continuar efectuando gastos electorales, siempre que no se destinen a propaganda.

Luego de las reformas a las leyes electorales del año 2016 y de las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción —más conocida como Comisión Engel—, las campañas que hoy conocemos son más transparentes, equitativas y limpias. El recuerdo de las ciudades en tiempo electoral antes de las reformas es como el de una imagen distópica: calles, plazas y bandejones atestados de impresos, y gigantografías millonarias sin regulación en las autopistas. También los aportes electorales eran oscuros (se permitirían los aportes reservados y anónimos de empresas). Los gastos electorales y su control tenían también una regulación deficitaria, permitiendo que se fijaran verdaderos sueldos a los candidatos por el solo hecho de serlo, y que los montos límite para gasto fueran casi el doble de lo que hoy conocemos.

En conjunto, las nuevas normas establecen un marco regulatorio que apunta a campañas equitativas y transparentes, así como la fijación de límites a la desigual influencia del dinero en las campañas. Según los hallazgos de nuestros informes electorales (Lupa Electoral 2016-2017 y Lupa Electoral 2021), estos objetivos se han cumplido razonablemente, pero todavía quedan muchos aspectos significativos pendientes.

En efecto, sigue siendo perentorio avanzar en normas que reduzcan las brechas de financiamiento, estableciendo topes más estrictos a los aportes de tipo privado y propio. Siguen viéndose enormes sumas de dinero desplegadas en campaña. A modo de ejemplo, y según datos entregados por el Servel (actualizados al 12 de noviembre), en esta campaña se han aportado más de $32.000 millones, de los cuales $4.000 millones corresponden solamente a la campaña presidencial (en contraste, $13.000 millones corresponden a campañas para la Cámara de Diputadas y Diputados; $8.000 millones , para el Senado; y $6.000 millones, para CORE).

Aunque en el primer semestre de este año el dinero fue menos preponderante para la elección de convencionales constituyentes (mayo 2021), éste sigue siendo un factor relevante de desigualdad política. Por lo mismo, deberemos ser cuidadosos en las conclusiones que se extraigan a partir de los resultados de las elecciones de este domingo: todo parece indicar que el candidato presidencial con más dinero por aportes electorales (Sebastián Sichel, con $1.000 millones recibidos) no resultará electo, y probablemente muchos pensarán que ha terminado la influencia del dinero en las campañas, lo que sin duda constituye una ilusión; o, al menos, no puede ser una conclusión generalizable a todas las candidaturas que resulten electas.

Por otra parte, aún resultan sorprendentes las diferencias en términos de recaudación y gasto electoral entre los principales candidatos. Vemos aportes electorales que superan en más de diez veces el sueldo promedio de una persona en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de tres candidaturas presidenciales, el promedio por aporte se eleva por sobre los $2 millones de pesos (Sichel, Provoste y Enríquez-Ominami). La inequidad estructural de nuestro país y del sistema económico continúan encontrando un espejo en las campañas.

También pudimos comprobar en nuestro último informe que existen desigualdades importantes entre los aportes que reciben candidaturas de hombres y de mujeres, a favor de los primeros; lo que hace necesario establecer mayores aportes o incentivos a favor de candidatas mujeres y así reducir las brechas de género en las campañas. A partir de la ley que puso fin al sistema binominal (2014) existe un reembolso mayor por votos obtenidos a candidatas mujeres [1], pero tales reglas han demostrado ser insuficientes para paliar las desigualdades de financiamiento que ellas enfrentan en sus campañas.

**********

Contar con datos accesibles de las campañas, candidaturas y de los procesos electorales es fundamental para que la sociedad civil pueda ejercer su rol de control y votar de manera informada. Es por eso necesario fortalecer las capacidades fiscalizadoras del Servicio Electoral, así como hacer mayores esfuerzos para entregar información actualizada y fácil de revisar. El Servel debería tener disponible de forma proactiva información en formatos amigables, tales como infografías y datos en formato abierto que permita que sean reutilizados. Considerando que cada vez más las campañas se han ido digitalizando, es necesario que el Servel cuente con un enfoque de fiscalización más centrado en este tipo de campañas, y que cuente  con herramientas idóneas para fiscalizar y estimar los gastos electorales efectuados en redes sociales e internet.

En términos de transparencia de aportes y gasto electoral es necesario avanzar. Deberíamos contar con información oportuna sobre los aportes en especies —no en dinero, sino de cosas materiales o servicios— que reciben los candidatos, los que hoy no son informados sino hasta después de las elecciones. Por su parte los gastos electorales no los conocemos muy posteriormente al cierre de las campañas, por lo que al menos se hace necesario acceder a un informe estimado antes de las elecciones. Sugerimos publicar durante la mitad del periodo de campaña un informe consolidado de los ingresos y gastos en que han incurrido hasta la fecha candidatos y partidos.

Asimismo es necesario contar con mayor transparencia sobre quiénes son los proveedores de servicios a las campañas, disponer parámetros de tarifas y precios que se conozcan con anterioridad y establecer algunas incompatibilidades de contratación que impidan la utilización de las campañas como rubro de negocios para partidos políticos o candidaturas. También la fiscalización de las precampañas informales debe ser más eficaz. Casos como el de la candidata al senado Karina Oliva —quien ha reconocido que actividades de su campaña fueron realizadas hasta seis meses antes de la elección— o el caso de las denominadas «primarias ciudadanas» dejan a la vista que los tiempos de campaña no se están respetando, y que urge revisar el tipo de control y las normas que regulan cada situación.

En cuanto a campañas de información por parte del Servicio Electoral, se valora que para la capacitación de vocales de mesa se haya potenciado la utilización de vídeos prácticos y breves que pueden ser difundidos ampliamente por redes sociales y en línea, pues la mayoría de los vocales recurre a Internet para buscar información. Esta fue una de las recomendaciones que efectuamos en nuestro informe sobre voto anticipado en dos días.

Por último, urge repensar los mecanismos para impedir de forma efectiva la injerencia de autoridades de gobierno en las campañas. Pese a la existencia de normas con prohibiciones explícitas y estándares claros, pudimos apreciar la situación de una ministra que vulneró el principio de prescindencia política al dar instrucciones a funcionarios para favorecer a su pareja en campaña electoral, así como la del subsecretario del Ministerio del Interior que denostó públicamente a dos candidatos presidenciales fuera de sus competencias legales, según lo dictaminado por Contraloría. En un contexto de debilidad institucional, desconfianza y desinformación como el que vivimos, es necesario que cuidemos aspectos de nuestras instituciones que son valorados por la ciudadanía, tales como la legalidad e imparcialidad.

Seguir avanzando en campañas más equitativas y transparentes debe ser una meta permanente. Esto es especialmente relevante en el marco del actual proceso constituyente. Sea cual sea el nuevo sistema de gobierno o sistema electoral que se defina en la nueva Constitución, aquellos principios que caracterizan elecciones y campañas deberían permanecer y ser una guía para futuras reformas que permitan continuar fortaleciendo la democracia y nuestros procesos electorales.

NOTA: