El 26% de las comunidades mapuche mantiene relaciones de colaboración o prestación de servicios con empresas forestales

Mientras la Conadi tiene registradas 3.814 comunidades mapuche entre las regiones de Biobío y de Los Lagos, la Corporación de la Madera contabiliza 1.012 comunidades que mantienen relaciones de colaboración o comerciales con empresas forestales. Es decir, un 26,5% del total. La incorporación de grupos mapuche en el proceso productivo forestal –algunos organizados en sociedades comerciales– genera una creciente tensión en las comunidades. El ataque que sufrió en marzo un equipo de TVN se produjo precisamente en un sector donde comuneros que prestan servicios a forestales están en conflicto con grupos radicales. Esta política impulsada por las empresas, con apoyo del sector público, incluye contratos de prestación de servicios, acuerdos de usufructo, apoyo al emprendimiento y colaboración para resguardar áreas de relevancia cultural.

Los miembros de la comunidad Juan Lincopan, de Lleu Lleu (Biobío), tienen una historia de resistencia: desde hace 20 años ocupan un terreno de Mininco, la empresa forestal de la CMPC. En 2017 consiguieron sentarse a negociar con Mininco el traspaso de la tierra. Contaban con el entonces alcalde y hoy convencional, Adolfo Millabur, como garante del proceso. Y aunque llegaron a un acuerdo con la forestal, la entrega de la tierra se frustró porque la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) no realizó la compra. El proceso quedó en pausa, pero los vínculos entre la comunidad y Mininco se reactivaron a fines de 2020, cuando, mediante un convenio de usufructo, la mayoría de los comuneros aceptó realizar proyectos en conjunto y se formó una sociedad comercial para prestar servicios a la forestal, con la idea de generar empleos y otros beneficios.

La relación duró poco. El presidente de la comunidad, Aurelio Millabur, cuenta que recibió amenazas telefónicas y que fue encañonado en el camino. Les quemaron las máquinas con las que trabajaban. A los cuatro meses, el líder de los comuneros decidió bajarle la cortina al proyecto:

–No podíamos estar por un lado con dios y por el otro con el diablo. O estamos con uno o con el otro. Entendí que en eso estábamos–, dijo Aurelio Millabur a CIPER.

Un conflicto similar al que se vive en la comunidad Juan Lincopan, es el que protagonizan los mapuche de la zona de San Ramón, en Tirúa (Biobío). Ese sector se hizo conocido a fines de marzo pasado por el ataque a balazos que afectó a un equipo de TVN, cuyo camarógrafo Esteban Sánchez sufrió la pérdida de un ojo. En ese lugar también se ha instalado una dura disputa entre los mapuche que prestan servicios a la industria forestal local y aquellos que consideran que esa vía implica renunciar a la recuperación de la tierra.

La incorporación de las comunidades mapuche en el proceso productivo de la industria forestal es una política apalancada por las principales compañías del rubro y que ha contado con apoyo del sector público, principalmente a través del Plan Impulso Araucanía, que en 2018 lideró el entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno (vea el reportaje “El mapa político de las organizaciones mapuche tras las elecciones de la Convención Constitucional”).

Los números revisados por CIPER muestran la exitosa penetración de esta política: mientras la Conadi tiene registradas 3.814 comunidades entre las regiones de Biobío y Los Lagos, la asociación gremial de las forestales, la Corporación de la Madera (Corma), contabiliza 1.012 que mantienen relaciones de colaboración o prestación de servicios con esa industria. Es decir, un 26,5% de la totalidad de las comunidades registradas por Conadi.

Actualmente, Mininco –uno de los mayores grupos forestales de Latinoamérica y controlado por la familia Matte– colinda en 12 mil hectáreas con 380 comunidades mapuche, lo que significa que aproximadamente 47 mil personas mapuche son vecinas de esa compañía. A su vez, la forestal Arauco (del grupo Angelini) es vecina de  404 comunidades. Estas cifras, aportadas por las mismas empresas para este reportaje, indican que ambas forestales se relacionan en sus territorios con 784 comunidades, un 20,5% del total de comunidades registradas en Conadi.

Ambas compañías establecen un relacionamiento directo con las comunidades o, a través de convenios con el sector público, construyen estructuras para fomentar el diálogo. También han impulsado capacitaciones para sus propios empleados, a objeto de que conozcan la cultura mapuche y sepan cómo relacionarse con las comunidades en su trabajo diario.

REACOMODO DE LA “MATRIZ COLONIAL”

“(Como comunidad) hemos dado la batalla desde el principio y hoy se han sumado otros actores, con otras ideas. Es un grupo pequeño que tiene (aceptado) el uso de las armas. Teníamos buenas propuestas con Mininco de sacar el proyecto adelante y dar trabajo para mucha gente, pero estos grupos llegaron, nos amenazaron cuando estábamos trabajando, con armas y todo”, aseguró Aurelio Millabur. Se refiere a los grupos más radicales que operan en la zona donde se ubica la comunidad Juan Lincopan, como la CAM y la Franja Lafkenche, entre otros.

Viven intimidados, admite el dirigente, por atentados a casas de las comunidades del sector y por el aumento de la violencia.

–Esto está creciendo como una burbuja, va a llegar un momento en que se va a volver insostenible–, dijo.

Para el ex alcalde Adolfo Millabur, hoy constituyente por escaños reservados, el problema no se solucionará con integración económica. Si bien él propició el acercamiento inicial entre la comunidad Juan Lincopán y Mininco, lo hizo para que se produjera el traspaso de la tierra, objetivo que sigue pendiente. A su juicio, la única solución es que se revise la legimitidad de las transferencias de propiedad que terminaron con las forestales como dueñas de predios que son reclamados por comunidades:

–Son terrenos que les pertenecen a los mapuche, fueron traspasados en un momento de dictadura y eso hay que discutirlo. La legitimidad tiene que estar por sobre la legalidad que instaló la dictadura. Lo otro es que la actividad económica del monocultivo está generando una crisis medioambiental que tiene tanto valor como el reclamo de las comunidades. Ante los dos problemas evidentes, yo soy partidario de que se retiren.

Para el investigador académico Pablo Millalen, la actual estrategia de la empresa privada es una forma de garantizar su presencia en el territorio a través de una base multicultural, “porque sus principales críticos, las comunidades mapuche, ahora son sus aliados a través de la externalización de funciones laborales. Y esta estrategia le acomoda al rubro, porque ante un escenario de incertidumbre –que se ha exacerbado con el Covid– en algunas familias y comunidades hay una mayor persuasión para ser parte de esta cadena productiva, la cual claramente se da en condiciones asimétricas”.

Millalen es uno de los autores de una reciente columna escrita por académicos en la que se argumenta que estas relaciones entre forestales y comunidades son un “reacomodo de la matriz colonial y capitalista”. A juicio del investigador, permite a las empresas continuar la extracción de recursos, profundizando múltiples crisis en los territorios. Además, dice, “confronta una definición política del movimiento mapuche, que dice relación con expulsar a este tipo de empresas extractivas del territorio. Así, la reproducción de una expresión del capital global se adecúa para perpetuarse en el territorio, desplazar a quienes allí viven y sostener múltiples opresiones que decantan en una profundización del colonialismo, por ejemplo, al ser subordinados como trabajadores”.

FORESTALES: RESPETO Y COLABORACIÓN

Empresas como Mininco y Arauco han enfocado sus esfuerzos en tender puentes y entablar relaciones de diversa índole con las comunidades adyacentes a sus predios, desde el resguardo de zonas de relevancia cultural hasta la prestación de servicios para la empresa y apoyo al emprendimiento local.

A partir de la necesidad que tenían las empresas de contar con la certificación FSC (Forestal Stewardship Council), que pretende garantizar el buen manejo de las industrias forestales, en 2010 Arauco comenzó un acercamiento con comunidades indígenas. El primer paso fue crear el Foro Mapuche, al que invitaron a mapuches de diversos orígenes para dialogar sobre cómo mejorar los vínculos entre las comunidades y las forestales. El resultado de esas reuniones fue la Política de Relacionamiento con Comunidades Mapuche (vea ese documento), de 2012, que comprometió programas educativos sobre el contexto y el pueblo mapuche para trabajadores de Arauco; instancias de diálogo y consulta; identificación de los sitios de interés religioso, cultural y económico para las comunidades y ayudarlas a gestionar sus requerimientos de tierra.

El Foro Mapuche funcionó hasta 2013 y dio paso a la creación, en 2018, de un comité consultivo mapuche, el que está integrado por representantes de la academia, profesionales, dirigentes indígenas y figuras del mundo de la cultura y las artes. Mauricio Leiva, subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, dijo a CIPER: “Sólo en la medida en que la gente (de la empresa) conozca más, tenga más antecedentes y sepa hacer mayores distinciones respecto a la cultura y el pueblo mapuche, va a tomar mejores decisiones, estando en El Golf o en un predio forestal”.

Aunque Arauco ya no tiene una política para suscribir convenios de usufructo de terrenos con comunidades mapuche, todavía quedan algunos vigentes de un proyecto pasado que se llamó Somos Socios y que actualmente representan unas 500 hectáreas, aproximadamente, cifra poco significativa para una forestal de esta envergadura.

Para su proyecto MAPA (Modernización Ampliación Planta Arauco), una nueva planta de celulosa en la comuna de Arauco, la empresa realizó una consulta a 27 comunidades en el marco del Convenio 169 de la OIT, para conocer sus necesidades, acordar líneas de desarrollo productivo y un fondo concursable anual mientras dure el proyecto. La idea es apoyar el desarrollo de “líneas que van desde mejoras de productividad en la parte agrícola hasta actividades más tradicionales, como panaderías, pesca artesanal y otras”, explica Leiva. Tales gestiones les permitieron contratar a 167 personas para el área forestal a través de las empresas Newen y Serfint, pertenecientes a comunidades mapuche, entre 2015 y 2018 (vea el informe del proyecto).

En el mismo periodo se desarrollaron proyectos para formación en oficios, inversión productiva y mitigación, con un presupuesto de $491 millones. En ese monto se incluye, por ejemplo, la adquisición de máquinas de extracción lechera para la comunidad Raqui Willi Mapu y el levantamiento, junto al apoyo de CorpAraucanía, de proyectos productivos con comunidades indígenas de Quiñiquilco, Los Huapes, Yani Mapu Lafken y Menalkenum.

Si bien desde Arauco evitan precisar el número de comunidades con las que actualmente mantienen relaciones productivas o de cooperación, destacan el proyecto Koyaüwe, realizado en conjunto con la Asociación de Comunidades de Loncoche, que agrupa a 80 comunidades, y la firma Elemental, del arquitecto Alejandro Aravena. Es, se podría decir, su “proyecto estrella”: está expuesto en la Bienal de Arquitectura de Venecia, aunque no ha estado exento de críticas. Consiste en una estructura de madera de pino que, de forma circular, busca representar la tradición de los parlamentos mapuche.

–El proyecto honra la tradición de los parlamentos, que es algo que hay que recuperar. Así, estás emparejando la cancha y viendo al otro como sujeto político, integral, y no como un vecino de escasos recursos al cual tienes que ayudar, algo que siempre puede llegar a ser una tentación, especialmente si estás hablando desde un actor económico relevante, una compañía global como Arauco. Puede haber una tentación dentro de la lógica de “oye, son pobres, entonces hay que ver cómo ayudarles, démosle empleo, démosle posibilidades” –, dijo Leiva.

Mininco, en tanto, mantiene 107 hectáreas en convenio con comunidades mapuche, las que pueden plantar en esos terrenos. A su vez, tiene contratos con 20 empresas de servicios integradas por mapuche, las que proveen atención a los viveros de árboles, servicios de cosecha, silvicultura y transporte. Para faenas de prevención de incendios forestales tienen actualmente 40 subcontratos de servicios con comunidades. También cuentan con programas de formación de emprendedores locales, donde participan 17 empresas de servicio formadas por mapuche, las que generan 600 empleos relacionados con prevención de incendios y restauración del bosque.

En Huapitrio (Collipulli), Mininco mantiene convenios con siete comunidades para apoyarlas en el cultivo de berries. En Lumaco respaldó el establecimiento de una cooperativa de carbón, un desecho comercializable de la industria forestal, para lo cual instaló hornos de acero, un centro de acopio y presta apoyo en la venta del producto. En Tranaquepe (Tirúa) estableció cooperación con las comunidades María Colipi y Gladys Huenuman para desarrollo agrícola, restauración de áreas de bosque y plantaciones. En el sector donde se ubica esta última comunidad se produjo el ataque al equipo de TVN.

A través de estos vínculos, Mininco establece planes de negocio y realiza pagos anticipados a las comunidades por cultivar eucalipto y pino, mediante rentas anuales por 18 años, que es el promedio de crecimiento de esas especies.

“CRISIS DE CONVIVENCIA”

Pablo Millalén piensa que, en este contexto, “es clave conversar en torno al territorio y a nuestra autonomía en las decisiones que nos afectan, que hasta ahora han sido tuteladas por la sociedad colona y hegemónica que habita en la zona, conjugada con algunas estructuras de poder que, a través de investiduras políticas, institucionales y académicas, entre otras, administran, estructuran y determinan nuestra existencia individual y colectiva”.

En ese sentido Adolfo Millabur asegura que la salida a este conflicto implica que las empresas forestales deben abandonar el territorio, poniendo en la balanza si es más importante “lo inmediato, que es tener algo para poder generar recursos, que es necesario, o la permanencia de la existencia de nuestro pueblo y, sobre todo, del medio ambiente. Soy partidario de cambiar la matriz productiva, que está provocando hoy una crisis de convivencia en las comunidades”.

Un convenio que ha generado conflictos como los que describe Adolfo Millabur es el que suscribió la CMPC con la comunidad Didaico (Traiguén), encabezada por el lonko Aniceto Norin. Ese acuerdo incluye 50 hectáreas de plantaciones de eucalipto, 20 hectáreas de baja densidad para silvopastoreo, una hectárea para el cultivo de frutillas y otra para avellanos europeos, además de un sistema de riego y acopio de agua con energía solar y diez baños destinados a los ancianos de la comunidad. El convenio se realiza a través de la empresa Mawelfe, creada por Norin para estos fines.

El lonko Norin, quien estuvo encarcelado cinco años durante el gobierno de Ricardo Lagos por Ley Antiterrorista, inició acercamientos a la actual administración de Sebastián Piñera a través del Plan Impulso Araucanía. En agosto de 2020 denunció la quema de maquinaria próxima a su vivienda. Entonces, Norin dijo a Araucanía Diario: “Vamos a tener que estar preparados porque esta cosa no va a parar. Lamentablemente lo que está ocurriendo es muy grave”.