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EX FUNCIONARIA SE QUERELLA CONTRA ALCALDE AGUILERA (EX PS) Y CONFIRMA QUE TRABAJÓ EN CALL CENTER OPERADO POR EMPLEADOS MUNICIPALES
19.04.2021
Mientras el alcalde Miguel Ángel Aguilera se prepara para ser formalizado en la causa que se abrió en 2017 tras las acusaciones que lo vincularon con narcos, se activó otra investigación judicial: una ex funcionaria de San Ramón presentó una querella y confirmó que trabajaba en el Call Center de campaña que era operado por empleados municipales. La mujer muestra pruebas de que la municipalidad adulteró un documento para ocultar que ella trabajó en el centro de llamados y dejó constancia en la PDI por amenazas. La querella también apunta al director jurídico (s) del municipio porque habría clonado su registro de asistencia al trabajo. Además, dos rivales de Aguilera en la elección municipal fueron amenazados y cuentan con resguardo policial.
El martes 5 de enero, un día después de que CIPER revelara la existencia de un call center en que trabajaban funcionarios municipales de San Ramón para apoyar la campaña electoral del alcalde Miguel Ángel Aguilera, al interior de esa municipalidad se activó una operación para identificar a las fuentes de ese reportaje. A las 10:30 les dijeron a los funcionarios que habían participado en el call center que si no aparecían los responsables de la filtración, serían despedidos. Así lo relata una querella presentada por la ex funcionaria municipal María Córdova, quien además dio su testimonio para este reportaje.
María Córdova (35 años, tres hijos) asegura que trabajó en el Call Center, dice que sufrió amenazas de estrechos colaboradores de Aguilera para que revelara quién entregó los datos a CIPER y que finalmente la despidieron. En su acción judicial adjuntó pruebas de que en la municipalidad se adulteraron documentos públicos para aparentar que ella fue desvinculada antes de que la central telefónica se pusiera en marcha. Esto, para evitar sanciones de la Contraloría General de la República por haber usado funcionarios municipales, en horario laboral, en la campaña de Aguilera.
La querella dio origen a una nueva investigación judicial y aporta datos a las fiscalizaciones que la Contraloría lleva adelante en la Municipalidad de San Ramón. Así, se abren nuevos flancos judiciales para el alcalde Aguilera (ex PS), los que se suman al anuncio que hizo la Fiscalía la semana pasada, respecto de que formalizará al edil por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho, en la causa que se abrió después de que en 2017 se revelaran los vínculos de la municipalidad con narcotraficantes.
Mientras el alcalde se prepara para ser formalizado, algo que ocurrirá en septiembre, en la justicia avanza la nueva investigación que se abrió a mediados de marzo, cuando el 15º Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la querella presentada por María Córdova y por el concejal Gustavo Toro (DC), que en las elecciones de mayo apuesta por desbancar a Aguilera de la alcaldía. La querella, además, apunta al director jurídico (s) del municipio, Walter Droguett Pino, por una supuesta adulteración del reloj que se utiliza en la municipalidad para marcar la asistencia de los funcionarios.
En la querella se acusa al alcalde Aguilera y a otros cuatro funcionarios del municipio de amenazas y fraude al Fisco. En el relato contenido en la acción judicial se señala que la entonces funcionaria María Córdova fue amenazada por directivos municipales, luego de que la acusaran de haber filtrado el audio que reveló la existencia del call center.
En el reportaje de CIPER se incluyeron grabaciones de audio en las que se escucha a Sebastián Miranda, ex encargado de organizaciones comunitarias del municipio. Miranda daba indicaciones a un grupo de funcionarios sobre cómo operar en el call center: no debían transparentar que trabajaban para la municipalidad, tampoco podían contar esta nueva labor a sus familiares o amigos, debían tener claro que este era un rol de confianza y que habían sido “seleccionados con pinzas”.
María Córdova estaba entre los escogidos “con pinzas”. Ella comenzó a trabajar en la municipalidad en 2012, haciendo aseo en plazas. Luego pasó por la oficina del adulto mayor y hasta el año pasado cumplía funciones administrativas en el Departamento de Educación Municipal. Hasta hace pocos meses era considerada una funcionaria de confianza por el entorno del alcalde. Por ello, el 17 de diciembre de 2020 participó en la reunión donde Sebastián Miranda les comunicó que ejercerían su trabajo municipal como encuestadores telefónicos en dos casas que el comando de campaña del alcalde había instalado en las cercanías de calle El Parrón.
En conversación con CIPER, María Córdova relató que un día después de que le informaron que trabajaría en el call center, comenzó a asistir a una de las casas donde operaba el centro de llamados, en el límite de San Ramón y La Cisterna. Allí, dijo, le entregaban bases de datos y un celular para llamar personas y encuestarlas. Ella ratificó los antecedentes difundidos por CIPER en enero: en el call center trabajaban funcionarios en su horario laboral de la municipalidad, quien les daba las órdenes era Sebastián Miranda, tenían que hacerse pasar por encuestadores de una inexistente consultora llamada Nexus y el trabajo era secreto.
A los pocos días de iniciadas sus labores como encuestadora, María Córdova cuenta que desde el municipio les dijeron que no fueran a la casa de El Parrón “porque andan unos periodistas”. Efectivamente, desde el 21 de diciembre CIPER estuvo afuera de las dos casas que entonces funcionaban como call center y presenció cómo ingresaban funcionarios municipales.
El 5 de enero pasado, cuando el reportaje ya había sido publicado, María relata que comenzaron las amenazas. Dice que a las 10:30 de ese día la citaron a ella y a otras funcionarias para preguntarles quién había hablado con la prensa. Antes de ingresar a una oficina, cuenta, les pidieron sus celulares para revisarlos, pero ella y otra funcionaria se negaron. Por eso fueron apuntadas como sospechosas.
Según su testimonio, en esa reunión estaban Esteban Urrutia Núñez y Sebastián Miranda Sancy. La versión de María Córdova indica que el primero es un administrativo municipal que se presentó como enviado por el alcalde a investigar la filtración y que el segundo sería el encargado de los call center. A ellos se habría sumado Mercedes López Zapata, jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).
En la reunión, cuenta la querellante, Esteban Urrutia tomó la palabra: “Tengo un amigo en CIPER y me dio una pista de quién fue el que habló, me dijo que la persona trabajaba en el Departamento de Educación”. Pero ninguno de los funcionarios presentes reconoció haber hablado con CIPER. La reunión fue tensa y María Córdova por segunda vez se negó a entregar su celular. Ella dice que Urrutia fue agresivo para exigir que revelaran quién había hablado con los periodistas. Como no hubo resultados, la reunión terminó y ella se fue a su casa.
Alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera
Cuando llegó a su domicilio, según relató a CIPER, se encontró con un auto blanco conducido por Juan Carlos Aros, administrativo de la Dideco.
-Lo recuerdo bien. Juan Carlos Aros me amenazó diciendo que todos sabían que yo era quien filtró la información a CIPER, porque no quise entregar mi teléfono. Dijo que me lo decía porque no quería que me pasara nada a mí ni a mis hijos, que tienen 13, 10 y 6 años. Cuando le pregunté si eso era una amenaza, me respondió “tú sabes cómo son”- relata la ex funcionaria.
Esa misma noche puso una constancia por amenazas en la PDI.
María Córdova señala que pidió un certificado de antigüedad laboral el 7 de enero pasado, documento que le entregaron y que acredita que a esa fecha continuaba trabajando en la municipalidad. Lo solicitó, dice, porque no le habían pagado el mes de diciembre. Y asegura que aún se lo adeudan. Por esos mismos días se enteró de que la Contraloría estaba pidiendo antecedentes sobre los funcionarios que trabajaron en el call center.
Funcionarios municipales comenzaron a pedirle que devolviera el certificado de antigüedad laboral. Ella no lo hizo y certificó el documento ante notario. María Córdova asegura que firmó el libro de asistencia del municipio hasta el 7 de enero. Cuatro días después le pidieron que no fuera más a trabajar, porque la Contraloría estaba investigando. A fines de enero le comunicaron que estaba desvinculada, cuenta, y le pasaron otro certificado de antigüedad laboral. El nuevo documento señalaba que había trabajado en la municipalidad hasta el 30 de noviembre de 2020, dos semanas antes de que la mandaran a trabajar al call center (vea aquí el certificado original y aquí el que le entregaron después).
La querellante también consiguió los registros del libro de asistencia, donde se acredita que asistió a su trabajo hasta el 7 de enero pasado (vea aquí esos registros).
Sin trabajo estable, actualmente vende cosas de ella y de sus hijos en una feria libre: “Ha sido terrible, lo he pasado muy mal, fue todo muy brusco. Tengo fibromialgia desde enero y me duele la cabeza muy fuerte durante el día. Fui al médico y me dijeron que era por estrés y que tengo que ir al sicólogo. Fue como una avalancha que se me vino encima”.
La querella no solo apunta a Miguel Ángel Aguilera, pues en ella el director jurídico (s) de San Ramón, Walter Droguett Pino, también está acusado de fraude al Fisco.
El abogado, que forma parte del círculo de confianza del alcalde y cuyo sueldo bruto es de $3.547.317, de acuerdo con los registros de la Transparencia Activa de la municipalidad, habría recibido su remuneración completa pese a ausentarse sin justificación durante varias jornadas entre 2019 y 2020. Al ser descubierto por algunos concejales, indica la querella, el municipio habría optado por alterar el reloj de control de asistencia, “clonando” su planilla con la de una funcionaria de recursos humanos.
En la práctica, esto quiere decir que las horas de ingreso y retiro de Droguett (incluyendo las jornadas con salida anticipada), sus inasistencias y sus días con permisos serían prácticamente iguales a los de otra trabajadora. La modificación sería tan evidente, según la versión de los querellantes, que “se registra la misma asistencia con periodos en que el querellado Droguett se encontraba con licencia médica”.
CIPER tuvo acceso y comparó las planillas de asistencia de Droguett y de la funcionaria del área de recursos humanos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2020. Se trata de fichas elaboradas internamente, que incluyen los nombres de ambos trabajadores, sus RUT, el departamento y la dirección municipal en la que trabajan, y el número de las tarjetas que marcan al entrar y salir de sus labores.
Municipalidad de San Ramón
Esa comparación arrojó que, dentro del último trimestre del año pasado, sus horarios de ingreso y egreso coinciden en el 90% de los días. Solo se registran nueve jornadas con diferencias (seis en diciembre de 2020, dos en octubre y una en noviembre). La documentación revisada por CIPER también confirma que, entre el 24 y 30 de noviembre de 2020, y pese a que el abogado permanecía con licencia médica, su planilla consigna horas de ingreso y egreso que son exactamente iguales a las de la funcionaria municipal.
La querella indica que tanto “las ausencias y retrasos prolongados” de Droguett entre 2019 y 2020, como la posterior alteración de su planilla de asistencia, se habrían ejecutado para que el abogado acudiera a su consulta personal, en Rancagua, con el visto bueno del alcalde Aguilera.
Consultado por las acusaciones contenidas en la querella, desde la municipio contestaron por escrito que “se ordenó realizar un sumario, ya que el documento que exhibe el concejal (el contenido en la querella) no coincide en ningún aspecto con lo registrado en nuestros sistemas y/o servidores. Se han hecho pruebas y pesquisas, incluso con las empresas que controlan los sistemas informáticos, y no hay ninguna coincidencia con la realidad de los sistemas de registros, siendo más aún, que a propósito de una información solicitada por Contraloría General de la República, se adjuntaron registros de asistencia de todos los directores del municipio, y en el caso particular del abogado Droguett no se detecta lo que señala el concejal” (vea aquí la declaración completa del municipio).
La Municipalidad de San Ramón no contestó las preguntas de CIPER sobre el despido de la ex funcionaria María Córdova, ni tampoco aclaró por qué existen dos certificados de antigüedad laboral que difieren en la fecha de salida de la trabajadora. El comunicado del municipio sí se refiere a las denuncias de amenazas presentadas por el concejal Gustavo Toro: “El municipio no tiene mayor comentario que realizar, y se espera que la justicia haga su labor. Existen querellas interpuestas contra el concejal Toro por los funcionarios aludidos de amenazas”.
Las amenazas sufridas por la ex funcionaria municipal María Córdova no son las únicas que se han asociado al círculo del alcalde Aguilera en el último tiempo.
La tarde del lunes 15 de marzo, el concejal y candidato a la alcaldía de San Ramón, Gustavo Toro (DC), se dirigía a una reunión en un centro deportivo en La Bandera cuando notó que un auto de color blanco y otro de color gris lo estaban siguiendo por el sector de Alpatacal. De acuerdo con la denuncia que presentó en Fiscalía, cuando bajó para ingresar a la reunión, los dos vehículos lo rodearon sin detener el motor y con música fuerte. Sus ocupantes mostraron armas de fuego y dispararon cinco tiros al aire antes de abandonar el lugar.
“Esa fue la última expresión de lo que he denominado ‘matonaje político’, algo que vengo sufriendo desde hace más de un año de parte de un grupo cercano a Miguel Ángel Aguilera”, dice Toro.
A fines de noviembre de 2020, Toro denunció que fue amenazado de muerte por tres personas que trabajan en el Departamento de Educación de San Ramón y que, según su versión, estarían vinculadas al actual jefe comunal:
-Esa vez me dijeron que iban a correr balas y desde entonces tengo protección policial de parte de Carabineros. No es aceptable que un período de campaña electoral se desarrolle bajo estos términos, bajo ninguna circunstancia. Lo que me pasó no son hechos aislados-, agrega el concejal.
Alcalde Miguel Ángel Aguilera
La carrera para llegar a la alcaldía de San Ramón ha estado marcada por hechos similares a los denunciados por Toro. La sede electoral de David Cabedo (RN), también concejal y candidato a alcalde, fue destruida por desconocidos a comienzos de marzo. Rompieron sus vidrios y rayaron las paredes con mensajes dirigidos a Cabedo, incluyendo amenazas de muerte.
-Ese fue apenas uno de los hechos que he vivido desde que estamos en campaña, porque han sido varios los amedrentamientos. La diferencia es que en este caso quedó constancia. Denuncié ante la PDI y desde mediados de marzo tengo una medida de protección-, afirma Cabedo.
Toro y Cabedo se han posicionado como dos de los mayores detractores de la actual administración comunal. Junto con Juana López (Comunes, Frente Amplio), presentaron una solicitud de destitución del alcalde Aguilera ante el Tribunal Electoral Metropolitano en septiembre de 2020, por notable abandono de deberes y posibles faltas a la probidad (vea ese artículo de CIPER).
De acuerdo con lo informado por ambos concejales, el proceso de destitución se encuentra suspendido por el Tribunal Electoral, al igual que otras causas, debido a la pandemia.
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