“Zonas ocupadas” se duplicaron en una década: territorios dominados por el narco en la Región Metropolitana pasaron de 80 a 174

Primero en 2009 y luego en 2012, CIPER identificó las zonas controladas por el narcotráfico en la Región Metropolitana. Las llamamos “zonas ocupadas”, porque sus habitantes viven prácticamente al margen de la acción del Estado, expuestos a la violencia y con escaso acceso a equipamiento urbano. Ahora, en alianza con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, presentamos la tercera versión. Revisamos bases de datos, entrevistamos a pobladores y preparamos una visualización con los mapas y el detalle de cada zona. El resultado es desalentador: las “zonas ocupadas” pasaron de 80 a 174. Y sus habitantes, que hace algunos años aún consideraban que los tiroteos y “balas locas” eran episodios graves y extraordinarios, finalmente se acostumbraron a la violencia. Este es el relato de quienes conviven con el crimen organizado.

Investigación: Gabriela Pizarro
Análisis de datos y visualización: Pablo Arriagada

Vea aquí la segunda parte de esta investigación: Zonas ocupadas II: un millón de santiaguinos vive en áreas catalogadas de alto riesgo y lejos de servicios básicos 

Vea aquí la visualización completa de las 174 zonas ocupadas y las instrucciones para navegar en ella

CIPER decidió mantener bajo reserva las identidades de los pobladores para resguardar a quienes aceptaron entregar su testimonio.

En uno de los pasajes de la Población La Chimba, en el corazón de Recoleta, un grupo de niños juega en una piscina de plástico. El panorama, ideal para capear las altas temperaturas del verano 2020, dura hasta que los gritos y las risas son interrumpidos por un balazo. El tiro desencadena una reacción instantánea. Todos saben que al primer disparo le puede seguir una cascada de balazos. Los niños no preguntan qué está pasando ni esperan que los adultos reaccionen. Ya saben lo que deben hacer: corren a resguardarse o se lanzan al piso. Cuando la balacera termina, los chicos ríen y muestran sus escondites. “¡Yo me metí atrás de la piscina!”, grita uno, como si todo fuera un juego.

Los vecinos de La Chimba cuentan esta historia con la resignación de quien ya se acostumbró a que sus hijos estén expuestos a las balas. Saben que nadie vendrá a ayudarlos y que los “soldados” del narco son los dueños de sus calles.

Primero en 2009 y luego en 2012, CIPER identificó las zonas controladas por el narcotráfico en 31 comunas de la Región Metropolitana. Las llamamos las “zonas ocupadas”, porque sus residentes viven casi al margen de la acción del Estado, sin protección policial, en un entorno con alto nivel de violencia, hacinamiento y escaso acceso a servicios de urgencia, farmacias, supermercados, bancos, transporte público, bomberos o comisarías.

Ahora lo hicimos por tercera vez, en alianza con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP) de la Universidad Diego Portales. Y dos son las conclusiones más significativas:

• Las “zonas ocupadas” se duplicaron entre 2009 y 2020: pasaron de 80 a 174. Los habitantes de la Región Metropolitana que viven en estos sectores aumentaron, en el mismo periodo, de 660 mil personas a más de 1.012.000. Esto equivale a más del 15% de una ciudad con una población estimada de 6,5 millones de personas, según el Censo 2017.
• Sus residentes han normalizado la violencia narco y el abandono policial.  Se han acostumbrado a convivir con cuatro situaciones que a inicios de la última década aún consideraban graves y extraordinarias: las balaceras, el comercio y consumo de drogas a toda hora, la presencia de vigilantes armados del negocio ilícito (los “soldados”) y la nula respuesta de la policía.

“Ahora vienen con metralletas a reventar las casas. Es cuático. El otro día hubo un enfrentamiento aquí y yo igual salí pa’ fuera. Fui a comprar pan. Estaban todos los locos escondidos. Cuando volví, los hueones me miraron. Abrí el candado, me metí pa’ dentro y les grité: ‘¡Qué hueá cabros, no estamos peleando de una cuadra a otra!’. Tenían una 9 milímetros con así un cargador (hace un gesto separando las manos), cien tiros debe tener esa hueá… tararararara… se escuchaban las balas”, cuenta un joven vecino de la Población San Luis, de Maipú. Y agrega que nadie llama a Carabineros, porque saben que no van a llegar.

El trabajo de campo y la revisión de bases de datos para esta tercera versión de las “zonas ocupadas” se realizaron entre marzo de 2020 y abril de 2021.

Para esta nueva entrega seleccionamos solo las zonas que cumplieron al menos con dos de los siguientes criterios:

• Que integren la nómina de poblaciones, villas o barrios de la Región Metropolitana con mayor concentración de delitos vinculados a drogas, según el informe 2016 del Observatorio del Narcotráfico, del Ministerio Público.
• Que sean identificadas como “zonas de alto riesgo” por empresas que prestan servicios básicos (agua potable y electricidad), correo, aplicaciones de delivery y ambulancias de urgencia.
• Que la mayor parte del equipamiento para una zona urbana (colegios, centros de salud, supermercados, transporte, policía, bomberos y farmacias, entre otros servicios) se encuentre a más de un kilómetro de distancia.

Para establecer el nivel de equipamiento de cada zona, CIPER revisó estadísticas y bases de datos públicas y privadas (vea el detalle al final del texto), lo que permitió geolocalizar 18.055 servicios y determinar aquellos que están más cerca de cada zona (por una vía que se pueda recorrer a pie) según Google Maps. Además, se pidieron datos a empresas y organismos públicos que prestan servicios básicos, o en su defecto se realizaron entrevistas a sus dirigentes sindicales. Y, finalmente, se seleccionó una muestra aleatoria de 13 zonas (vea el detalle al final del texto) en las que se hizo trabajo en terreno para conversar con sus habitantes.

Los resultados de esta investigación quedaron registrados en la siguiente visualización, que permite revisar cada una de las 174 zonas ocupadas. En ella podrá ver, para cada zona, su extensión, número de habitantes y viviendas, así como su equipamiento dentro de un kilómetro a la redonda: colegios, hospitales y centros de salud primaria, comisarías, cuarteles de bomberos, farmacias, supermercados, centros de pago y bancos, además de estaciones de metro y metrotren, y paraderos de buses. Adicionalmente, podrá revisar el nivel de riesgo con que estos sectores son calificados por empresas e instituciones que prestan servicios en terreno: agua potable, electricidad, ambulancias, correos y delivery de comida.

Vea a continuación el mapa completo:

LA EXPLOSIÓN DE LAS MACRO-ZONAS

“Aquí los niños ya lo tienen incorporado. Saben que al primer balazo ¡pum! pa’ adentro”, dice una residente de La Chimba, sentada en el comedor de su casa. Pero ni ella ni sus vecinos se escandalizan. Se han acostumbrado, dice. Así como sucede en La Chimba, el shock inicial de convivir con la violencia del crimen organizado parece haber mutado en muchas poblaciones de Santiago, dando paso a una peligrosa resignación. “Mejor amigo que enemigo”, repiten los vecinos.

-Hay que hacer oídos sordos, porque hay represalias. Vive y deja vivir. Yo no molesto a nadie. Trato de no incomodar a nadie. El negocio que tenga mi vecino no es problema mío. Pero como es mi vecino, de al frente, de al lado, me afectan las balaceras. Lo fome es que al final, como está tan hacinada la población, las consecuencias las sufrimos todos. Puedes tener una bala loca o un incendio por los fuegos artificiales (que se lanzan para avisar que llegó un nuevo cargamento de droga)- dice un antiguo residente de la Población San Luis, de Maipú.

Antiguos vecinos de poblaciones emblemáticas, como la José María Caro –en el límite de las comunas de Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda–, cuentan que las balaceras ocurren al menos dos veces por mes. “Pero donde yo vivo una vez no más han matado a alguien”, acota un poblador de “la Caro”, como prueba de que su cuadra no es “tan” peligrosa.

No todos los pasajes de la población son iguales, dicen los vecinos. Uno de ellos agrega que “depende de cada calle. Aquí el que sabe, sabe. Si te equivocaste o no sabías y te metiste a la calle equivocada, cagaste. Sobre todo en la noche”. Los pobladores de la José María Caro dicen que todos los residentes conocen los sectores en los que se vende droga y los evitan. Por lo mismo, estiman que es imposible que Carabineros y la PDI no manejen esa información.

Pero la estrategia de no transitar por los pasajes más conflictivos no asegura que se eviten los problemas: “Yo vivo en la parte tranquila de la población, pero a mi casa han llegado balas locas. En la cocina encontré una la otra vez. Yo pensaba que ahí estaba más segura, pero que haya llegado esa bala fue fuerte. Rompió el techo, rompió todo para abajo, con un hoyo grande. Entonces darte cuenta de que estás expuesto a eso, y tus hijos… es fuerte”, cuenta una vecina.

Desde la última medición hecha por CIPER, en 2012, los límites de muchas “zonas ocupadas” se ampliaron, llevando la violencia a otras villas o poblaciones aledañas. En algunos casos, la zona se ha extendido a un barrio completo. Estas son las macro-zonas. En 2012 CIPER detectó tres: Bajos de Mena (Puente Alto), San Luis (Quilicura)  y Santo Tomás (La Pintana). Hoy se han extendido en al menos otras siete comunas: San Joaquín, Maipú, Cerro Navia, Pudahuel, La Florida, Recoleta y El Bosque, con una explosión muy significativa en las dos últimas. En 2012, CIPER identificó solo una “zona ocupada” en ambas comunas, pero ahora cada una suma 13 zonas, con más de 90.000 habitantes afectados en total.

En Recoleta, el sector más complicado está en el noreste de la comuna, hacia el límite con Huechuraba, donde hay seis “zonas ocupadas”; en El Bosque hay diez nuevas zonas que se reparten por la franja este de la comuna, en los límites con La Pintana y San Ramón.

Habitantes de villas y poblaciones que hace ocho años no estaban en la nómina de “zonas ocupadas” relatan cómo les ha cambiado la vida. Sectores que antes eran “tranquilos”, como cuentan sus residentes, ahora están virtualmente tomados por el narco. Así ocurre, por ejemplo, en la Población Ignacio Carrera Pinto y en sectores de las villas La Esperanza, Las Águilas, Las Higueras, Claudio Arrau y José Fuentes Guerra, todas de Colina, una comuna rural del norte de la Región Metropolitana.

-Antes se escondían, todo era camuflado. Ahora no. Ahora es a vista pública, en una plaza, falopeándose, vendiendo. Aquí hace como una semana vinieron a hacer una transacción justo al frente. Se armó una cola ahí, una fila de autos- cuenta una vecina de la Población Ignacio Carrera Pinto.

Otros residentes de la misma población dicen que hay villas cercanas en las que los jefes narcos han comprado varios departamentos de un mismo block, que se convierten en territorios donde el negocio ilícito se desarrolla a la vista de todo el mundo:

-Aquí hay viviendas sociales, departamentos, que los compran los narcotraficantes. Compran de a 10, 20 departamentos. Usted puede ver en los postes de luz los avisos “compro departamentos, pago al contado”.

La falta de acceso a vivienda es otro foco de conflicto que levanta alertas por toda la capital, debido a la gran cantidad de familias que viven hacinadas en estas zonas, a los nuevos campamentos que han surgido en distintos puntos y al mayor número de personas en situación de calle. En la casa de una pobladora que nos recibió en La Chimba (Recoleta), conviven cuatro generaciones: ella, su madre, su hija y sus nietos. Se trata de una zona de alta densidad poblacional, con un promedio de casi cinco habitantes por vivienda, según el Censo 2017 y la información aportada por la municipalidad. El mismo escenario se repite en todas las poblaciones visitadas por CIPER.

“Los comités para postular a una vivienda se han transformado en un negocio”, advierte un vecino de una zona de Puente Alto. “Se aprovechan de la desesperación de la gente para cobrar hasta $60.000 por un cupo y por cada reunión”, cuenta. El mismo fenómeno se vio hace unas semanas en la frustrada toma de terrenos en Renca, donde hubo personas que comenzaron a cobrar $4,5 millones por loteos ilegales.

Los vecinos cuentan que han aparecido nuevos negocios que involucran a residentes que antes no trabajaban con el narco. Los capos de las bandas, dicen, ahora le pagan a vecinos para que escondan grandes sumas en efectivo: “Un caballero le guarda plata a los narcos. Le pagan $20 mil diarios por tener millones de pesos, porque a ellos cuando los allanan, la policía lo primero que les quita es la droga y la plata”.

Los préstamos hechos por narcos también se han extendido, cuenta un vecino de una villa de Colina:

-Uno conversa con alguien y te dice «me van a prestar $500 mil y los voy a ir devolviendo de a poquito y voy a poner un negocito en la feria». Así opera aquí en Colina la plata prestada, mucha plata prestada, que la pueden devolver de a diez lucas (…). Al hijo de un vecino le prestaron para comprar un vehículo para trabajar en hortalizas. Él empezó a pagar todos los meses y de repente dejó de pagar. Y el tipo vino a dispararle a su casa, a las tres de la tarde. Aquí cerquita, a 20 pasos. Me escondí mejor. Le dispararon a los neumáticos del auto que había comprado.

El jefe de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público, fiscal Luis Toledo, explica que Colina se ha transformado en un lugar importante para el almacenamiento y distribución de la droga que ingresa desde el extranjero. Como se trata de un sector rural –con menos movimiento y más aislado que las zonas urbanas–, pero cercano a Santiago, allí los narcos instalan “caletas”, que es el nombre que se da a los lugares de acopio.

"GOBIERNO PARALELO”

Sobre la base del Censo 2017 es posible afirmar que hoy más de un millón de habitantes de la Región Metropolitana viven bajo el permanente miedo de las amenazas, las balaceras y el delito sin contrapeso. El crimen organizado aparece como un “gobierno paralelo”, según describen académicos consultados por CIPER, que amordaza a los que se quejan, beneficia a los que lo aceptan y eventualmente compra el silencio de los que vigilan.

Un aspecto gravitante en esto es la crisis que vive Carabineros, blanco de críticas en todas las zonas visitadas por CIPER, debido a la incapacidad, la indiferencia y en algunos casos la corrupción de sus funcionarios en estas zonas críticas. “Ya nadie los respeta”, es una frase en la que coinciden los entrevistados en las 13 zonas ocupadas visitadas para este reportaje.

-Aquí hay mucha delincuencia. Pero no hay carabineros y cuando los llaman no vienen. Carabineros no sale de su zona de confort, allá frente a la Municipalidad de Colina-, dice un vecino del sector “la copa de agua” de la Población Ignacio Carrera Pinto.

En su último informe, la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público llega a conclusiones alarmantes: “Más que una era de cambios, estamos frente a un cambio de era”, reza el documento.

¿Estamos acaso un paso más cerca de realidades como las de México o Colombia? En el Ministerio Público piensan que el modelo que está siguiendo el narco en Chile es diferente y que va de la mano con el modelo económico del país en las últimas décadas: tercerización de servicios y especialización, además de fronteras totalmente abiertas para facilitar el comercio exterior. Acá no hay una organización tipo cartel, que busca monopolizar toda la cadena, desde el cultivo a la venta. Con escasa fiscalización aduanera, los mayoristas ingresan y distribuyen el producto, para que después las bandas territoriales lo comercialicen. Este esquema hace que el negocio evolucione con rapidez y que las normas para perseguirlo penalmente siempre vayan un paso más atrás, lo que se une a la escasa fiscalización.

“No es comparable con lo que vivió Colombia o lo que vive México. El caso de Chile es peligrosamente particular”, advierte el fiscal Toledo.

BAJO LA LEY DEL MÁS FUERTE

Tal como ocurrió en muchas poblaciones de Santiago después del estallido social y el impacto de la pandemia, un grupo de habitantes de la Villa Nocedal, en Puente Alto, se organizó para ir en ayuda de sus vecinos. Se bautizaron como “Unidos por un mejor Nocedal”. Levantaron una olla común, armaron una red de donaciones, repartieron canastas e incluso mejoraron viviendas en la villa, que según el Censo 2017 alberga a más de 11.300 habitantes.

La iniciativa solidaria funcionó sin mayores contratiempos hasta el 11 de septiembre de 2020, cuando dos hermanos que participaban en la organización vecinal fueron baleados por “recuperar” una casa que había sido tomada por narcos. Uno de los hermanos murió. El otro, junto a su esposa, una de las dirigentes de “Unidos por un mejor Nocedal”, tuvieron que borrarse del mapa.

“Si te metes con ellos te llega la amenaza a la puerta o la venganza. Ellos se mueven así. Te marcan”, dijo a CIPER una vecina. Cuando dice “ellos”, se refiere a los narcos, los controladores de la población. “Ellos” se ubican al final de una cadena que, a diferencia de lo que sucede en las primeras etapas del negocio (importación y distribución), necesita dominar el territorio, saber quién entra y quién sale, controlar a la policía y contar con el silencio de los residentes a través de la beneficencia (apoyar a una familia en desgracia o ser benefactor del club local) o mediante amenazas.

En varias poblaciones, en los momentos más críticos de la pandemia en 2020, los narcos ofrecieron mercadería para las ollas comunes o pagar las cuentas de los vecinos que perdieron sus ingresos. Así lo cuentan también los vecinos de una de las villas de Colina que ahora se sumó a la nómina de “zonas ocupadas”:

-Las ollas comunes en Colina están muy mezcladas con el narcotráfico. Hace poco se murió en un accidente en moto un narcotraficante de acá, que ayudaba en las ollas comunes. Iba a las ollas comunes en los campamentos, iba a las ollas comunes de las organizaciones. Se mostraba en Internet, no en la tele. Ahí lo veíamos a él diciendo “¡aquí están las mujeres voluntarias!”, y les palmoteaba la espalda, “¡nosotros estamos trayendo la mercadería!”.

INCREMENTO DEL PODER DE FUEGO

Los enfrentamientos entre bandas narcos no son algo permanente. Aunque los asesinatos por encargo o los secuestros son ampliamente cubiertos por la prensa y se convierten en el foco de las políticas públicas, el principal problema en estos territorios es la circulación de personas armadas, lo que hace que riñas habituales o el consumo de drogas termine en tiroteos y víctimas de “balas locas”. Así lo acreditó una investigación académica en 33 barrios críticos de la capital.

“No es que tú entres a la población y te asalten o te llegue un balazo”, acota un joven habitante de la José María Caro, en Lo Espejo.

Pero la aparente calma entre cada episodio violento en realidad pende de un hilo.

“Al narco le conviene que todo esté tranquilo. La violencia ocurre cuando se rompe un acuerdo o se rompe un equilibrio determinado”, explica Juan Pablo Luna, profesor del Instituto de Ciencia Política y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, quien ha dirigido investigaciones sobre la penetración del narco en las instituciones. Según el académico, ese “equilibrio” o ausencia de violencia en una zona está determinado por el acuerdo que existe entre el crimen organizado y las instituciones locales. Pero ese “pacto” puede romperse por muchas razones: la caída del líder de una banda, un nuevo territorio en disputa, una reorganización en la comisaría más cercana o incluso una riña tras un partido de fútbol en la cancha del barrio.

Cuando el enfrentamiento entre bandas se produce, las balaceras pueden durar días y hasta semanas.

La cantidad y el calibre de las armas es otro problema que ha crecido vertiginosamente en los últimos años. “Ahora hay poder de fuego, no es que te metan tres balazos por la puerta. Vienen con metralletas a reventar las casas”, dice un vecino de la Población San Luis, en Maipú. “Reventar” una casa equivale a rociarla a balazos desde la calle, caiga quien caiga dentro de ella.

A esto se suma que en distintos puntos de la capital ya es parte de la normalidad escuchar los fuegos artificiales, que anuncian la llegada de la droga, acompañados de ráfagas de armas automáticas.

En estas zonas, además, el control territorial del narco sirve de paraguas para otros ilícitos que se han convertido en habituales: consumo de drogas en la calle, asaltos a comercios locales y guaridas de autos robados en “portonazos”, por nombrar algunos.

Una vecina de la Población Parinacota, en Quilicura, relató a CIPER cómo ha observado desde su ventana el ingreso de autos que luego son desvalijados. “Yo veo hasta la patente y llamo a los Carabineros, pero no llegan. O se dan una vuelta cuatro horas después, cuando no queda nada”, afirma.

LA DESCOMPOSICIÓN DE LAS POLICÍAS

En todas las poblaciones visitadas por CIPER los vecinos coinciden en que los carabineros no hacen rondas y no llegan cuando los llaman. Ni para las denuncias de ruidos molestos, menos para los asaltos, ni hablar de las balaceras. “Aquí es tierra de nadie. Los pacos aparecen cuando ya pasó todo. Y cuando se sabe que va a pasar algo dicen ‘que se maten, después los vamos a recoger’”, asegura una antigua pobladora de La Chimba.

En Maipú se repite el mismo relato: “A los pasajes no entran. Por lo menos yo no tengo miedo a decir que los pacos tienen negocios ilegales. Aquí se sabe que para poder trabajar libremente ese mercado tenís que tener coima. Si no, no puedes mover tu mercancía”, dice un vecino de la Población San Luis.

La corrupción dentro de Carabineros ya no es algo nuevo y cada cierto tiempo se suma un nuevo episodio. En 2015, CIPER reveló este tipo de irregularidades dentro de la institución. Policías con hojas manchadas que a modo de castigo son trasladados a las zonas más conflictivas de la capital. Una práctica que termina transformando esas comisarías en verdaderas escuelas del delito, con algunos funcionarios recibiendo sobornos, encubriendo asaltos e incluso robando y trasladando droga en vehículos policiales (vea ese reportaje). Así también lo revela la reciente investigación de CIPER que expuso los nexos de al menos 40 carabineros con narcos y asaltantes (vea ese reportaje).

La Policía de Investigaciones (PDI) tampoco se salva de la crítica. En la población José María Caro, en Lo Espejo, los vecinos apuntan a su Brigada de Investigación Criminal exigiendo explicaciones: “Aquí la PDI está inserta en medio del narcotráfico. Es un cuartel que está en medio de uno de los lugares más complicados de la población, pero ellos no hacen nada. El tráfico está ahí todo el día y toda la noche”, asegura un vecino. El relato es confirmado por otros dos habitantes del sector.

Fuentes del sistema judicial dijeron a CIPER que, en algunos casos, Carabineros y la PDI se han transformado en un impedimento a la hora de seguirle la pista al narco, porque toda la información que alimenta las investigaciones pasa primero por ellos. “Ya hemos tenido casos en que la policía hace un corte y hay cosas de las que no nos enteramos, a menos de que exista una denuncia directa. O incluso información que llega primero a la alta esfera política y no a los encargados de la investigación”, relata un funcionario que pide reserva de su identidad.

“Cuando el crimen organizado se instala necesita redes en la política y en las instituciones. Ahí corre dinero y el Estado no se ha hecho cargo de eso”, explica Lucía Dammert, experta en temas de seguridad y planificación urbana. Según la académica, el primer paso para solucionar esto ya no está dentro de la policía: “El primer paso es que el mundo político a cargo reconozca que necesita mecanismos de vigilancia y regulación que sean externos a las policías”.

DE LA MANO CON EL MODELO

No hay mercado en el mundo que rinda más que el de las drogas. “Ni siquiera las subidas de acciones récord pueden compararse con los intereses que da la coca”, asegura el periodista italiano Roberto Saviano, en su aclamado libro CeroCeroCero, cómo la cocaína gobierna el mundo.

Un ejemplo de eso en territorio chileno fue pesquisado por la unidad especializada del Ministerio Público: en Iquique, dos jóvenes de 19 años, pobres, migrantes, deciden juntar capital para entrar al narcotráfico. Para conseguirlo roban celulares. Cuando tienen lo suficiente ocupan su contacto en el extranjero y comienzan a vender marihuana. El negocio va tan bien, que invitan a dos amigos más y extienden las ventas a La Serena y a Santiago. Antes de ser detenidos, en un año lograron sumar $400 millones en ganancias, cifra equivalente a más de 100 años de trabajo con el actual sueldo mínimo ($326.500).

Uno de los testigos privilegiados de cómo se han enriquecido rápidamente los jóvenes que se suman al narco es un cartero de 54 años que lleva casi la mitad de su vida repartiendo el correo en Cerro Navia. Él ha visto cómo el crimen organizado cambió a muchos de sus habitantes: “Hace 15 años esta comuna era pobre, pobre, pobre. Entonces estos cabros se criaron así, vieron eso y obviamente quieren más, pero rápido”, asegura. Ahora algunos andan en motos de $16 millones, cuenta. “Y tú sabes de dónde viene ese dinero”, dice.

“A los pobres siempre nos mandan al rincón”, comenta un joven habitante de la Población San Luis, en Maipú. Él cuenta que sus padres tenían que cambiarse la dirección para encontrar trabajo, porque los discriminaban, y que muchos de sus vecinos terminaron vendiendo droga para dar comida a sus hijos: “De esos, muchos han muerto, otros se han ido. Muchos lo han dejado para tener una vida normal, pero otros se han quedado en la misma senda, porque hay rentabilidad”.

-Yo creo que la droga entró principalmente porque el Estado hizo vista gorda. Pero también porque en todos lados te metían la idea de que tenías que consumir cosas. Que esa era la mejor zapatilla, el mejor vestido. Y los cabros vieron que la droga les daba la posibilidad de asistir al consumo. Ser rico más rápido para poder tener lo que te está ofreciendo el modelo-, reflexiona una vecina de la Población Cuatro de Septiembre, de El Bosque. Ella tiene 64 años y desde los 9 vive ahí, por lo que ha sido testigo de la historia del barrio.

En la unidad especializada del Ministerio Público coinciden con las opiniones del joven poblador de Maipú y de la veterana vecina de El Bosque. Desde 2015 el equipo de profesionales que la compone se ha dedicado no solo a perseguir judicialmente al narco, sino también a entender el origen y evolución de ese negocio ilícito. “El boom económico de Chile va de la mano con las sustancias no permitidas. Y el culto a la empresa, a emprender, también corre para las empresas dedicadas al negocio ilícito”, explica el fiscal Luis Toledo. Para los que se dedican al crimen organizado, esto es un trabajo como cualquier otro.

El Ministerio Público ha comprobado que las “empresas” dedicadas al narcotráfico en Chile se comportan de una manera muy similar a las compañías legales. Quien “emprende” hoy en el mundo del tráfico se dedica solo a una parte del proceso y para el resto de los pasos simplemente subcontrata servicios. Para brindarle seguridad al negocio pagan matones que hayan salido de la cárcel, las armas ya tienen su propio mercado de arriendo y lo mismo ocurre con el transporte. Cada eslabón está coordinado, pero no integrado. Una atomización que dificulta el trabajo de la fiscalía.

El lavado del dinero negro es el último escalón del negocio. Y en esta etapa la creatividad de los narcos también va por delante de los persecutores. Vecinos de “zonas ocupadas” de Colina cuentan que en sus barrios se organizaban bingos que, con premios millonarios, tenían gran afluencia de público, por lo que la recaudación aparentemente servía para lavar las ganancias de los narcos:

-Unos bingos que valían $5 mil o $10 mil la entrada. A todos los adultos mayores los encontraba en los bingos. Todo el mundo iba. Había cantidad de electrodomésticos, pero cuál de todas las cosas más lindas. Se llenaban los bingos. Y resulta que había puros palos blancos. Los premios se los sacaba pura gente que nadie conocía. Y la gente se empezó a dar cuenta. Yo quería ir a un bingo, pero una vecina me dijo “nooooo, no vaya, si es puro chamullo”. Los premios volvían a ellos. Y fuimos aprendiendo que se hacía como un lavado, como para que entre el dinero ilegal al circulante.

“Lo que se buscaba antes jurisprudencialmente era la constitución de una mafia a cargo de un líder, con una estructura casi piramidal. Pero eso al menos desde el año 85 dejó de existir en Chile”, explica el fiscal Luis Toledo. La explosión de miles de pequeñas “empresas” dedicadas a este negocio, dice, y la permeabilidad de la frontera son las dos claves que diferencian a Chile de realidades como las de Colombia o México.

“Con la cantidad de tratados de libre comercio que tiene Chile, lo único que importa en los puertos y en las aduanas es la velocidad, no la fiscalización, porque acá tenemos un criterio economicista que se impone”, expone el fiscal. Y cualquier política pública para controlar al narco está destinada a fracasar, estima, si esa llave no se cierra.

Para la experta Lucía Dammert, falta una decisión política que se proponga abordar este fenómeno como el mercado que es: ilícito, pero firmemente constituido, con nexos que van mucho más allá de los barrios que aborda este reportaje.

-Se mira como un problema en ese territorio específico. Por eso la respuesta es ir a buscar al que vende en la esquina- dice la investigadora. Y concluye: “El gran desafío es mirar el bosque, no el árbol”.

Puedes escuchar esta investigación aquí:

*Audio realizado por CarolinaPereira.de