Crimen organizado: la necesidad de apuntar al negocio y no solo al narco

Hoy la política contra el crimen organizado está enfocada en detener al narco. Pero el narco es fácilmente reemplazable. La autora sugiere un cambio de perspectiva: apuntar al negocio. Escalar desde las pandillas que tienen el manejo del mercado local, a las estructuras mafiosas de más arriba, que no solo venden drogas, sino que invierten en múltiples otros negocios y tienen un enorme poder corruptor de la institucionalidad.

Chile es un país donde no hay crimen organizado. Esta es la afirmación que hace menos de dos décadas hacían todo tipo de funcionarios públicos y políticos de ambos lados del espectro ideológico. La solidez de las instituciones, los bajos niveles de corrupción, la lejanía geográfica de los países de alto consumo de drogas, eran elementos claves para explicar no sólo la limitada presencia de la criminalidad organizada en el país sino también para diferenciarnos del resto de América Latina.

Paradojalmente, la consolidación de ciudades hiper fragmentadas y segregadas con territorios donde el accionar policial era menos presencial y más violento, con altos niveles de vulnerabilidad y limitados accesos a educación o salud, así como un creciente consumo de drogas legales e ilegales eran tendencias evidentes. Múltiples casos de corrupción institucional también aparecían, pero eran rápidamente dejados de lado como manzanas podridas de una institucionalidad definida generalmente como seria.

En 20 años, pasamos de tener una docena de barrios considerados complejos por la presencia de violencia y criminalidad a reconocer que más de dos millones de personas escuchan balaceras de forma frecuente en sus casas (CIPER 2012). Como en muchos otros temas, la elite política y empresarial, enamorada del modelo y sus logros, fue incapaz de reconocer la complejidad del fenómeno. Así como la intrínseca relación entre ambos, sin duda la hipersegregación territorial no consolida la criminalidad pero la alimenta; lo mismo los servicios policiales violentos, la ineficacia de los programas de reinserción postpenitenciaria, la mínima oferta pública de programas para enfrentar consumos problemáticos de drogas, la incapacidad para controlar de mejor forma las internaciones por puertos y fronteras y una larga lista de otros pendientes.

En los últimos años la situación no ha cambiado sustancialmente salvo en el reconocimento del poder del “narco”. Las interpretaciones gubernamentales para los limitados resultados en los programas de prevención y control del delito se explican por su presencia, también la corrupción política a nivel local e incluso la violencia durante el estallido. La realidad es que los estudios empíricos sobre esta problemática son muy pocos. En suma, muchos opinan pero poco se sabe de las conformaciones, ritualidades y experiencias de la presencia de estos grupos a nivel territorial.

La concentración sobre el “narco” como nueva amenaza inhibe la posibilidad de revisar el fenómeno en su totalidad, es decir los espacios de interrelación entre lo legal y lo ilegal. Inhibe también reconocer la necesidad de un cambio en la política criminal, hoy concentrada en los vendedores de droga principalmente. Finalmente, limita el reconocimiento de otras estructuras criminales evidentemente presentes en el país. El objetivo de esta columna es presentar el debate conceptual sobre criminalidad organizada y mercados ilegales así como los elementos que marcan la necesidad de un cambio en el enfoque de análisis y acción pública.

¿QUÉ ES EL CRIMEN ORGANIZADO?

El crimen organizado es un concepto utilizado para describir diversas situaciones, lo que obliga a tener detalles sobre lo que se quiere analizar, así como información seria y sistemática de su magnitud y características. En las últimas décadas la definición se ha movido entre dos posibilidades: (a) un grupo de organizaciones ilegales cuyos miembros de forma sistemática se vinculan a actividades ilegales; y (b) un grupo de actividades criminales que se realizan para la ganancia económica. Es decir, hay un péndulo constante en las preguntas sobre “quiénes” conforman las organizaciones criminales hacia “qué” tipo de actividades se realizan (Paoli y Vander Beken, 2014).

Efectivamente, hemos empezado a usar de forma indistinta el concepto de organizaciones criminales como si estas estuvieran detrás de los delitos más violentos. Sin embargo, la literatura ha sido clara en demostrar que la mayoría de esos delitos no se vinculan con estas organizaciones (Misse, 2007). En la actualidad muchos países reconocen criminalidad organizada cuando hay participación de dos o más personas, es decir ha dejado de tener un significado amplio y se convierte en un esquema de coorganización delictual.

Pero para que no todo el accionar criminal sea considerado organizado se requieren otros elementos, como la jerarquía en la organización, así como la estructuración de un mercado. Por ejemplo, tres personas que salen a robar un auto, a pesar de ser un grupo y tener un objetivo claro, no deberían ser consideradas criminalidad organizada. Centrados en una perspectiva del “quiénes” podría llevarnos a entender este grupo como una organización criminal, lo que es completamente insuficiente.

Principalmente en el contexto Europeo o Norteamericano de los 70s y 80s, las organizaciones criminales se consolidaban a partir de su control territorial, y en este propósito la extorsión como forma de control se establecía de forma inmediata. En la actualidad, este control territorial ha mutado y la consolidación de esquemas transnacionales ha generado transformaciones instalando espacios diferenciados que administran el control territorial.

Volviendo al ejemplo del grupo que sale a robar el auto, tal vez viven en territorios donde hay control territorial de grupos que venden droga o trafican con armas, pero no necesariamente están vinculados con el mercado transnacional de ambos productos.  Es decir, las grandes mafias o carteles han pasado a tener un encadenamiento distinto respecto a las redes, clanes, pandillas que tienen muchas veces el manejo del mercado local.

El uso extremo de violencia así como la capacidad de corrupción de funcionarios estatales es otra de las características centrales de las organizaciones criminales entendidas como aquellas que están buscando controlar territorios de negocio. La evidencia internacional reconoce por ejemplo que cuando el escenario de venta de drogas incluye la presencia de múltiples grupos, la violencia tiende a aumentar.

El concepto de crimen organizado llegó a América recién en los 90s, principalmente vinculado con la política de guerra contra las drogas, impactando en la necesidad de una agenda de política pública y de investigación académica.  Respecto a lo primero, la mayoría de los países latinoamericanos se dedicaron a tratar de destruir zonas de cultivo de coca, a decomisar cargamentos de cocaína y a detener pequeños y medianos vendedores. Todos ellos se convirtieron en el “rostro” del narco y del crimen organizado. Respecto a la agenda de investigación, se ha avanzado en algunos espacios académicos, pero la conversación con la política pública es insuficiente.

El rol que juega América del Sur en el tráfico de cocaína es fundamental: solo Perú y Colombia reúnen más del 90% de la producción mundial. También la demanda norteamericana, donde se consume más del 80% del mercado (UNODC 2019) . Esta situación geográfica ayudó a consolidar múltiples organizaciones criminales que llegaron a tener carácter nacional, como el Cartel de Medellín en Colombia o el Cartel de Sinaloa en México.

La ruta de la droga se alimenta también de otros productos criminales que incluyen el tráfico de armas y personas, el contrabando e incluso la falsificación de billetes y productos. Este enorme y lucrativo negocio consolidó organizaciones criminales de diverso tamaño y estructura que tienen como fin principal la generación de lucro de múltiples actividades ilícitas. Superando sin duda la visión centrada en el narcotráfico como estructura única del crimen organizado.

LA IMPORTANCIA DE LOS MERCADOS ILEGALES

En Estados Unidos, ya en la década de los 60s, la idea de una mafia enorme y todo poderosa empieza a quedar de lado, pasando con rapidez del énfasis en el “quién” al “qué” en el entendimiento sobre la criminalidad. Esto trae de la mano la construcción del concepto de “economías ilícitas”, entendidas como las actividades del mercado que se extienden a áreas ilegales con el objetivo de generar ganancias y en clara respuesta a una demanda.

La transnacionalización de los mercados ilegales permite definir también geografías del delito con roles y problemas específicos. Por ejemplo, el tráfico de drogas tiene sus principales consecuencias letales en países como El Salvador, Brasil o Jamaica; problemas de salud pública por consumo problemático en Estados Unidos y la consolidación de múltiples paraísos del lavado del dinero en el caribe.

Los mercados ilegales además pueden tener ramas locales con altos niveles de independencia que utilizan la violencia y la extorsión para consolidar su control territorial en algunos barrios, como Trujillo (Perú), Río de Janeiro (Brasil) o Acapulco (México). Estos grupos son la parte más débil de la cadena comercial, aquellos que pueden ser rápidamente reemplazados por grupos más poderosos o por necesidad, si son detenidos o desbaratados por la policía.

Los mercados ilegales fortalecen las vinculaciones con la política, corrompen funcionarios de alto nivel e incluso buscan participar de esquemas comerciales legales muchas veces vinculados a licitaciones o compras estatales arregladas. La zona de intersección no sólo se genera entre la política y el mercado ilegal sino también con empresas financieras o comercios establecidos que permiten el lavado de dinero.

La sofisticación de los mercados ilegales incluye entonces un serio proceso de legalización de las actividades que realizan, que incluyen sin duda el tráfico de drogas pero incrementalmente cada vez más minería ilegal, debido al alto valor del oro y la dificultad para la regulación y fiscalización; tráfico de migrantes y de armas; trata de personas; tala ilegal; tráfico de aves exóticas; contrabando de cigarrillos y de remedios, entre muchas otras actividades.

Los miles de millones de dólares anuales que se estima genera el narcotráfico y la minería ilegal en la región fortalecen la construcción de verdaderos grupos de poder que quiebran voluntades, invierten en economías débiles y multiplican sus presencias. Evidentemente, para florecer, los mercados requieren demanda y en este sentido es imposible enfrentar solo el lado de la generación de la oferta. Así, por ejemplo, cuando el cobre tiene precios de mercado sustancialmente atractivos, el robo de cobre en Chile aumenta a nivel local (Insight crime 2020). Pero ¿a dónde se vende? ¿cómo se exporta? ¿quién lo compra?, son algunas de las preguntas que quedan sin respuesta cuando seguimos concentrados en el grupo local encargado de sacar los cables de lugar.

Enfatizar en “qué”, es decir en el tipo de organizaciones detrás de los mercados ilegales, permite desarrollar políticas criminales y públicas que enfrenten la estructura nacional e internacional detrás del negocio. Identificar como rastro principal el dinero que genera la actividad ilegal, dinero que puede terminar en negocios legales usados como fachada, en campañas políticas, en apoyos sociales a ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad, entre otros múltiples mecanismos de desarrollo. Pero también la articulación de mercados ilegales consolida la violencia como mecanismo de solución de problemas, situación que en parte explica los cientos de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados en América Latina los últimos años.

No podemos mirar al costado. El mercado requiere de demanda y los niveles de consumo de drogas han aumentado en prácticamente todos los países latinoamericanos. Ninguno puede buscar protección bajo el rotulo de país de tránsito, pero todos comparten la debilidad de un sistema de salud limitado en su capacidad para enfrentar consumos problemáticos. Miles son los jóvenes adictos, angustiados por la necesidad del consumo, que terminan entrando en las organizaciones locales de venta drogas como soldados/perros/zombies, que enfrentan en el corto plazo la muerte o la cárcel. Para el mercado ilegal su desaparición no importa, la posibilidad de reemplazo es infinita.

CHILE ¿CÓMO ESTAMOS?

La respuesta a la pregunta es simple: estamos mal. Según datos CASEN 2017, los hogares urbanos de todo el país que en el último mes en sus zonas de residencia fueron testigos de situación de consumo o tráfico de drogas alcanzaron al 56,2% mientras que aquellos que fueron testigos de hechos de violencia (incluyendo balaceras) llegaron al 50,8%. Es decir, la violencia está instalada pero su muy mala distribución territorial hace que pocas veces la elite la identifique como problema estructural. De hecho, las encuestas comunales desarrolladas por la Subsecretaría de Prevención del Delito el 2016 muestran que aquellos que escuchan balaceras muy frecuentemente en sus domicilios alcanzan al 69% en La Pintana, 57% en Estación Central, 54% en Puente Alto mientras que en Las Condes sólo el 3% de los entrevistados responden positivamente a esta situación.

La presencia de balaceras y venta de drogas ha sido rápidamente identificada como el principal problema del crimen organizado en Chile. El “narco” es entonces identificado como la amenaza principal que incluso participa en el estallido social y en otras manifestaciones de violencia. Pero cuando hablamos de narco, muchas veces nos concentramos en lo que hemos llamado previamente el eslabón más débil de la cadena, aquellos que son rápidamente reemplazables y que en definitiva no manejan la arquitectura logística del negocio. Aquellos que hoy llenan un sistema carcelario dominado por el hacinamiento y mínimas capacidades de reinserción.

Mientras nos concentramos en la persecución de pequeñas cantidades, plantas de marihuana y puntos de venta en territorios de alta vulnerabilidad, Chile ha cambiado su rol en el mercado ilegal. El Informe 2019 de Naciones Unidas sobre drogas reconoce que Chile se ubica en el tercer lugar, tras Colombia y Brasil, como principal origen exportador de la cocaína que ingresa desde América a Europa (UNODC 2019).  De igual forma el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE 2019) ratifica en su página 92 que “el tráfico de drogas, en particular de clorhidrato de cocaína, por vía marítima desde los puertos de Chile hacia Europa, ha seguido aumentando, lo que convierte a Chile, junto a Brasil y Colombia, en uno de los principales países de salida de la cocaína incautada en Valencia y Algeciras, en España, que es una importante vía de entrada de las remesas de cocaína en Europa”.  ¿Dónde está el dinero que genera este negocio? ¿Cuáles son las zonas de interrelación ilegal/legal que se están generando? ¿Cuántos son los mecanismos de persecución de lavado de activos? Todas preguntas por ahora tienen respuestas escúalidas.

En su informe 2020, el Ministerio Público reconoce la complejidad del fenómeno, identificando que en el corto y mediano plazo, el tráfico ilícito de drogas por vía marítima se visualiza como una real amenaza para la economía chilena (Observatorio del Narcotráfico 2020). Situación que reconoce nuevamente la presencia de un mercado ilegal donde aparecen nuevas instancias e instituciones que deben ser analizadas con mayor detalle. Sin duda puertos y aduanas deberían jugar un rol central en una política criminal pero también la fiscalización de su accionar. El mismo informe reconoce que durante 2019 se descubrieron al menos 15 laboratorios clandestinos destinados al estiramiento de cocaína y posible producción de drogas químicas. El sueño del lugar de tránsito, se concretiza en la pesadilla del consumo e incluso producción.

A estas alturas todos debemos estar pensando que deben ser millones los dólares incautados y cientos los esquemas de lavado de dinero identificados. La información más actualizada de la Unidad de Análisis Financiero muestra que, entre 2007 y 2017, es decir en una década, 176 personas fueron encontradas culpables en casos de lavado de activos. Los principales mecanismos utilizados fueron notarias, ventas de autos y servicios inmobiliarios  (UAF 2018).

Otros mercados ilícitos están también presentes en el país. Sin duda el tráfico de armas, pero en este tema la información disponible es prácticamente nula. Respecto a la trata de personas la información de Naciones Unidas ratifica que Chile es un país de generación, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños utilizados para la explotación sexual y laboral (UNHCR, 2018). Situación que se enfrenta con bajos niveles de denuncia y sentencias muy débiles en los casos investigados, lo que sirve como un muy mal disuasor de este mercado ilegal.  Las investigaciones declaradas por la PDI subieron de 9 en 2017 a 47 en 2018, lo que debe esconder una cifra mucho más sustancial de casos que no son reconocidos por el sistema (Insight crime 2019). El tráfico de migrantes muestra similar complejidad, un ejemplo se pudo ver cuando en 2018 se desbarató un red de tráfico de migrantes chinos que habían logrado ingresar 381 personas en dos años (Euronews 2019).

Hemos perdido mucho tiempo en la lucha contra los mercados ilegales. La concentración de tareas en la parte más debil del mercado no ha tenido resultados positivos, muy por el contrario. Los mercados ilegales se instalan en espacios donde la corrupción política, estatal y privada florece, y por ende un cambio en la perspectiva de respuesta debe incluir una transformación en las capacidades de prevención, control y disuación del Estado en su conjunto.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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