La red de testaferros que movió más de $400 millones para el senador Orpis

De todos los parlamentarios investigados por financiamiento político ilegal, el senador Jaime Orpis (UDI) enfrenta el escenario más complejo. Está desaforado y formalizado por cohecho, fraude tributario y al Fisco, y el Ministerio Público acaba de insistir en que se le acuse también por lavado de dinero. Hasta ahora se le imputan delitos cometidos a partir del año 2009, pero los registros acumulados en la indagatoria indican que el senador desvió dineros de sus asignaciones parlamentarias para gastos personales al menos desde 2006.

Si el foco de los dineros privados que recaudó en forma ilícita está puesto en Corpesca, la pesquera del Grupo Angelini, ésta no fue la única empresa en pasarle dinero por debajo de la mesa. El recuento hasta ahora arroja que fue la compañía que más fondos le derivó a través de su red de boleteros ($264 millones entre 2009 y 2013, según el Ministerio Público). Le siguen: Entel, Quiborax, GTD Teleductos, Agrícola Tarapacá y Costanera SA Comercial e Industrial.

La nómina incluye también a Soquimich (SQM), una infaltable en el financiamiento ilegal de la política, que entre octubre de 2008 y mayo de 2009 le entregó $6 millones a través de boletas falsas. Poco más de un año después, en agosto de 2010, el senador presentó un proyecto de ley que afectaba directamente los intereses de SQM: propuso que el litio fuera susceptible de concesión minera. La moción no fue admitida por ser una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero Orpis solicitó al Senado que lo enviara al gobierno para que considerara patrocinar el proyecto. En los años siguientes (2012-2013), SQM donó más de $100 millones a La Esperanza, una ONG fundada por Orpis.

No hay antecedentes de que esos fondos se hayan desviado, como sí lo fueron cientos de millones que Orpis obtuvo de fuentes públicas y privadas. Para mantener el flujo, Orpis requirió de una aceitada red de boleteros y de la lealtad de tres mujeres que reclutaron personas, las coordinaron y recibieron los fondos obtenidos ilegalmente por el senador.

EL TRIO INDISPENSABLE

La pieza principal del engranaje era María Viviana Quiroz Ruiz (UDI), quien está contratada por el Senado como la jefa de gabinete de Orpis. También opera como su jefa de campaña en época electoral y dice que incluso lo asesora “en algunas oportunidades”. Ella es punto fijo en su circunscripción (regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá), mientras que en la sede del Congreso en Valparaíso las riendas las llevaba su secretaria personal: Blenda Huus Maillard.

El 4 de abril Huus será formalizada por fraude reiterado al Fisco, el mismo delito que se le imputó el año pasado a Viviana Quiroz y uno de los que le costó el desafuero al senador Orpis.

La tercera pieza clave del sistema ideado por Orpis era la ingeniera en administración de empresas, Carolina Gazitúa, quien además de su contrato como asesora parlamentaria del senador UDI, recibió pagos de distintas empresas y se encargó de coordinar parte de la red de boleteros que nutría de fondos al parlamentario y a quienes la Fiscalía ha calificado como sus “testaferros”. Es el testimonio de Gazitúa el que permite afirmar que se desviaron dineros del Senado al menos desde 2006.

Francisco Mujica, ex gerente de Corpesca

Orpis ha reconocido el uso irregular de sus asignaciones parlamentarias, pero sólo a partir de las elecciones de 2009. “Reconozco que apliqué a usos propios o ajenos parte del dinero que se me asignaba para el pago de asesores externos o legislativos”, declaró en enero de 2016, comprometiéndose a devolver esos pagos.

En abril de ese año, el abogado Fernando Barros depositó en la cuenta del Senado un cheque por $152.861.291, que según dijo a The Clinic, fueron fruto de una colecta de 70 personas que “prestaron” a Orpis ese monto para saldar esa deuda.

Pese a que el legislador fue apartado de su labor parlamentaria hace más de un año y a que cumple arresto domiciliario, Orpis sigue teniendo un alto costo para el Fisco: más de $200 millones durante 2016. Orpis aún recibe su dieta parlamentaria ($9 millones) y Quiroz está contratada como su jefa de gabinete, con el sueldo más alto de todos quienes trabajan como personal de apoyo del Senado: $4,8 millones mensuales. Huus, en tanto, trabajó hasta noviembre pasado con un sueldo de $3,6 millones, que supera por lejos al de todas las otras secretarias de los senadores. Hubo años en que parte de su salario se utilizó para pagar gastos personales del senador Orpis.

LA ASESORA ESTRELLA

“Cuando se supo lo de los pagos vinculados a Marta Isasi, el senador andaba muy nervioso, se notaba que no estaba bien”, recordó Carolina Gazitúa ante los fiscales Carlos Gajardo y Carmen Gloria Segura. Orpis tenía razones para inquietarse. En mayo de 2013, CIPER reveló que la diputada Isasi había recibido dinero irregular de Corpesca durante la tramitación de la Ley de Pesca, lo que detonó una investigación del Ministerio Público (hoy Isasi está formalizada por cohecho).

Lo esperable era que la indagatoria buscara si había otros parlamentarios “cohechados”, y el primero en aparecer sería él. Y eso fue justamente lo que sucedió.

Lo que para Orpis era esperable, para el resto del mundo político fue una sorpresa. El senador UDI por las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá era uno de los parlamentarios más respetados de todos los sectores, considerado probo y serio. Según publicó en su momento La Tercera, fue él mismo quien alertó a dirigentes de su partido de que su nombre podía surgir en la investigación.

Pasaron casi dos años antes de que Orpis fuera asociado públicamente al financiamiento irregular de la política. Una primera pista emergió en abril de 2015, cuando SQM hizo una masiva rectificación tributaria. Entonces CIPER informó que una de las personas denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por emitir boletas falsas a la minera era Carolina Gazitúa, quien también había sido asesora de Orpis y había recibido pagos de Corpesca.

Poco después, el gerente general de la pesquera, Francisco Mujica, reconocería ante la Fiscalía que la empresa había recibido boletas de terceras personas para canalizar dinero hacia el senador Orpis. Carolina Gazitúa estaba entre ellas.

Fue Viviana Quiroz quien presentó a Orpis y Gazitúa. Quiroz es tía de Alexis Ramírez Quiroz, el esposo de Gazitúa, y madrina del hijo de ambos. Gracias a ese contacto, la administradora de empresas se convertiría en asesora del senador a partir de 2006. Según relató a la Fiscalía (ha declarado al menos cuatro veces de manera presencial y una por teléfono), trabajaba desde su casa haciendo informes y los lunes se reunía con Orpis en la sede del Senado en Santiago.

Gazitúa ha dicho que en un comienzo su sueldo oscilaba entre $300 mil y $400 mil pesos, pero emitía boletas por montos mucho mayores. En 2006, por ejemplo, el Senado le pagó $900 mil en junio y $1,8 millones durante los seis meses siguientes ($12,6 millones en total). La diferencia la depositaba en las cuentas bancarias de Blenda Huus o Jaime Orpis.

Los montos fueron variando en los años siguientes. En 2009, Gazitúa emitiría su primera boleta falsa a una empresa privada: $5,5 millones a Quiborax. Allan Fosk Kaplun, gerente de Administración y Finanzas de la empresa familiar, reconoció que Orpis le pidió ayuda para financiar su campaña electoral ($8 millones en total).

Parte del dinero, sin embargo, fue destinado a gastos personales de Orpis. Tras recibir el cheque de Quiborax de manos de Fosk, Gazitúa realizó múltiples depósitos: $500 mil a la Cofradía Náutica Frutillar, de la que era socio el senador; $500 mil a la empresa de artículos náuticos Nauticentro; $50 mil a Santiago Orpis, su hijo; $507 mil a la compañía de leasing Tattersal; $305 mil para pagar las contribuciones de la casa del parlamentario en Lo Barnechea; $1,5 millones a la ex intendenta de Tarapacá Antonella Sciaraffia (un préstamos de Orpis, declararían ambos); $1,5 millones a Viviana Quiroz y $500 mil a Alfredo Valdés (ex ejecutivo de una salmonera y quien ayudó a Orpis en el arreglo de una lancha).

Orpis ha intentado justificar ante el Ministerio Público ese desvío de fondos, diciendo que utilizaba su dieta parlamentaria para cubrir las deudas de campaña, por lo que, cuando le entraba dinero externo, compensaba pagando con esa plata sus gastos domésticos.

Ese año 2009, Carolina Gazitúa emitiría otras dos boletas falsas por $3,2 millones en total a SQM, dinero que depositó en la cuenta de Viviana Quiroz. Y en 2010 otra a GTD Teleductos por $5,5 millones.

La cronologías de las boletas ideológicamente falsas que fueron a parar a la caja del senador desde distintas empresas indica que Corpesca es la empresa que más facturó a su red de boleteros por servicios no prestados.

“En 2010 Jaime Orpis nuevamente habló conmigo en la oficina del Senado en Santiago. Era un día en que estaba muy contento y me cuenta que tuvo una reunión con un amigo de él, que era Francisco Mujica, gerente de Corpesca, y que ellos se habían ofrecido a pagarle una deuda de la campaña reciente en que había sido reelecto senador (…) Me pregunta si tengo problemas en renunciar a ser su asesora del Senado y empezar a extender boletas para Corpesca. Yo le pregunté si eso me iba a traer algún problema y él me dijo que no”, relató Gazitúa a los fiscales.

Entre 2010 y 2013, Carolina Gazitúa emitió boletas para que fueran pagadas por Corpesca por más de $63 millones brutos. Los cheques los retiraba en las oficinas de la empresa, ubicadas en el edificio del Grupo Angelini en Santiago (El Golf 150). Luego Gazitúa los cambiaba y el dinero en efectivo, lo depositaba en una cuenta de Orpis o pagaba los créditos que éste había comprometido con bancos de la plaza.

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En total, las boletas que Carolina Gazitúa emitió –a solicitud de Orpis– a distintas empresas suman $83 millones, a lo que hay que agregar el dinero que le pagó el Senado como asesora del senador y que fue devuelto a Orpis o a su secretaria.

Además, Orpis le encargó a Gazitúa que buscara a otras personas que pudieran ayudar a recaudar más dineros privados. “Muchas veces el senador me decía: ‘Carola, necesito una nueva boleta’, y yo le decía que no tenía a quién pedirle. Esto es, personas de confianza que una vez que recibieran los dineros me los fueran a devolver (…) Yo sentía presión, me insistía muy educadamente. Esa presión la sentía porque era mi jefe”, declaró.

Carolina Gazitúa finalmente reconoció que, ante la insistencia de Orpis, recurrió en 10 oportunidades a boletas de su marido, Alexis Ramírez Quiroz, el sobrino de Viviana Quiroz. Ante los fiscales, ella aseguró que como manejaba la cuenta bancaria y la clave del SII de su esposo, no fue necesario contarle lo que estaba haciendo. En total, las boletas de Ramírez Quiroz a Corpesca suman $27,7 millones.

La investigación del Ministerio Público determinó que tras cobrar los cheques, Gazitúa solía usar el dinero para pagar dos créditos que tenía Orpis en los bancos Security y Santander, aunque al menos en una oportunidad depositó directamente el monto en la cuenta del senador.

El mismo modus operandi utilizó Carolina Gazitúa con su cuñado, Marcelo Ramírez Quiroz, a quien le pidió cuatro boletas para Corpesca, por $8,8 millones. Los hermanos Ramírez Quiroz pagaron caro el “favor” a Orpis: ambos debieron pedir la baja de Carabineros, en donde cumplían funciones.

El mundo castrense fue otra fuente de boletas falsas a la que recurrió Carolina Gazitúa para recaudar más dinero de privados para Orpis. El punto de contacto fue el Colegio Alcázar, al que asisten hijos de uniformados. Ahí Gazitúa recurrió a distintas apoderadas, como María Pilar Plaza. En su declaración policial, Plaza dijo que Gazitúa le pidió boletas argumentando que si subía de tramo en sus ingresos pagaría más impuestos. Según Plaza, simplemente le dio su clave del SII y nunca supo qué había hecho su amiga con ella. Dijo no recordar haber firmado los cheques para su cobro, debido a que en esa época tomaba muchos medicamentos. Las boletas que emitió Plaza para Corpesca suman $21,1 millones.

Otra amiga casada con un militar que le pasó su clave del SII a Gazitúa, fue María Francisca Yávar. Según su versión, Gazitúa esgrimió un argumento diferente que el que le dio a Plaza: le dijo que necesitaba boletas para poder cobrar su sueldo, pues quería tener ingresos para sus gastos personales ya que su esposo no le daba dinero. Fueron dos boletas por $3,9 millones, dinero que después Yávar transfirió a Gazitúa.

Más delicado es el caso de Muriel Teixido, quien hizo boletas por $29 millones, pero no reconoció su firma en el endoso de los cheques que Corpesca hizo a su nombre. Según la investigación del Ministerio Público, Gazitúa falsificó su firma en al menos dos oportunidades para cobrarlos y entregar luego el dinero a Jaime Orpis. Teixido sí reconoció haber emitido las boletas a solicitud de Gazitúa, quien le especificó que eran para financiar la campaña de Orpis. Teixido y Gazitúa se conocen porque sus esposos –Enrique Quiroz Toro y Alexis Ramírez Quiroz, respectivamente– son primos, además de sobrinos de Viviana Quiroz.

En total, los dineros triangulados por Orpis a través de Gazitúa (excluyendo sus asesorías parlamentarias) y su red superaron los $173 millones.

LA ASESORA MEJOR PAGADA DEL SENADO

Los lazos de Viviana Quiroz con la UDI son antiguos. Milita en ese partido desde 1990, pero ya antes había trabajado en la campaña presidencial de Hernán Büchi (1989). Ahí creó los nexos que la llevaron poco después a trabajar con Jaime Orpis, quien tras el regreso de la democracia fue electo diputado por la Región Metropolitana (La Granja, Macul y San Joaquín). En paralelo, ella fue consejera regional de Tarapacá hasta 2014 y durante un tiempo trabajó en la Corporación La Esperanza –ONG fundada por Orpis y dirigida por su esposa–, reemplazando al encargado de Iquique.

Cuando en julio de 2015 Viviana Quiroz declaró, lo hizo acompañada por uno de los abogados de Orpis: Sergio Rodríguez Oro. Entonces detalló sus responsabilidades laborales como jefa de gabinete, jefa de campaña y asesora. En épocas electorales, relató, manejaba las finanzas y todas las decisiones de campaña, desde las contrataciones hasta los múltiples regalos que se hacían para captar electores: fumigar y desratizar casas, entregar lentes o contratar un “tren”, entre otros.

También reveló la mecánica que financiaba el clientilismo electoral de Orpis en el norte: “Los fondos para campaña en parte se conseguían de esta forma: el senador me decía, ´sabes, me conseguí $5 millones’ y yo me conseguía la persona que hiciera la boleta por ese monto. Ellos me entregaban la boleta, cambiaban el cheque y me depositaban a mí”.

Felipe Rojas, consejero regional de Tarapacá

Aunque en la elección de 2009 el senador Orpis sólo declaró haber gastado $236 millones (casi el tope legal), y más que triplicó lo informado por el candidato más cercano, Quiroz calculó que en realidad se gastaron unos $350 millones. Orpis ha llegado a hablar de $450 millones.

Para esa elección de 2009, Orpis ya contaba con aportes ilegales de Corpesca, los que datan desde las municipales de 2008. La explicación para ello la dio Quiroz ante los fiscales. Allí afirmó que Orpis, como “jefe político” de la región, debía ayudar a todos los candidatos del partido. A algunos ella misma les entregó dinero, aunque en general los aportes se hacían en bienes materiales como lentes ópticos, ejemplificó.

Lorena Lara, la ahora ex esposa del hijo de Viviana Quiroz, Eugenio Fernández Quiroz, fue su principal boletera. Entre 2009 y 2011 emitió boletas por $54,1 millones a Corpesca, Entel, Quiborax, al Senado y al Comité de Senadores UDI. “No sé lo que es ese comité”, dijo Lara cuando en agosto de 2015 los fiscales le preguntaron por sus servicios al Comité UDI del Senado. En esos momentos trabajaba en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en Iquique y negó cualquier responsabilidad en los pagos irregulares. Su versión fue que tanto su ex marido como su suegra tenían su clave del SII para emitir boletas y no le avisaron. Sí reconoció que a veces recibía plata para Viviana Quiroz o cobraba cheques que ella le pedía, pero dijo no haber preguntado nunca para qué era.

En ese punto se produce un choque de versiones entre Lorena Lara y su ahora ex pareja, Eugenio Fernández Quiroz. Y ello, porque el hijo de Viviana Quiroz negó haber emitido las boletas. Declaró que él supo de los pagos, pero no preguntó detalles: “Era un tema entre ella y mi mamá”, dijo, agregando que su ex esposa intentaba culparlo para hacerle daño.

Fuera de su red familiar, Viviana Quiroz recurrió también a amigos, como la abogada María Francisca Cuéllar, quien emitió una boleta para Corpesca ($5,5 millones) y otra para SQM ($3 millones). Quiroz reconoció haberle pedido también boletas a su amigo Rodrigo Ortega Martínez ($10 millones para Corpesca, según La Tercera). El hermano de éste, Daniel Ortega Martínez, quien fue asesor de Orpis y seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá durante la administración Piñera, figura con otra boleta por S10 millones a la pesquera.

Lucía Montenegro, amiga de Viviana Quiroz “hace más de 40 años”, emitió cinco boletas por un total de $7,5 millones a Corpesca. A la policía le dijo que Quiroz se lo pidió para poder “recibir unas lucas” de la pesquera para la campaña de Orpis.

Montenegro había trabajado como secretaria en la Corporación La Esperanza, recomendada por Quiroz, quien luego le presentó a Felipe Rojas Andrade. Con Rojas trabajó desde que éste salió electo concejal por Iquique en 2008 y se fue con él a la Gobernación de Iquique cuando Rojas fue nombrado su titular en 2010. En 2008, Montenegro emitió una boleta por $11,9 millones a nombre de Sebastián Piñera, lo que ella justificó como trabajo de campaña.

Quiroz también presentó a Orpis con Felipe Rojas (UDI), quien actualmente es consejero regional por Tarapacá. El senador lo fichó como su asesor y además lo recomendó con Corpesca cuando Rojas dejó la gobernación. Su situación es por ahora confusa. Tanto Francisco Mujica como Jaime Orpis y Viviana Quiroz ratifican lo declarado por Rojas: que efectivamente asesoró a Corpesca. Fueron “asesorías comunicacionales”, dijo Rojas, y eran sólo orales, por lo que no hay forma de probar que se hayan realizado. Miguel Ángel Escobar, gerente de Operaciones de Flota de la pesquera, declaró que fue Rojas quien le pidió si las boletas podían ser emitidas por su secretaria (Lucía Montenegro).

Además, hay registros de transferencias bancarias de Rojas a Viviana Quiroz, lo que hace sospechar que, tal como el patrón que se utilizaba para recuperar los otros dineros recaudados, le estaba devolviendo el dinero de Corpesca. Siguiendo la misma explicación que dieron otros miembros de la red de boleteros de Orpis, Rojas justificó los traspasos diciendo que le estaba pagando a Quiroz una deuda. En su querella, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) lo identificó como uno de los “testaferros” de Orpis.

La jefa de gabinete de Felipe Rojas en la Gobernación de Iquique, Marianella Ovalle, también aparece con transferencias de Viviana Quiroz y de varios boleteros de Orpis, además de depósitos de Blenda Huus y del mismo Jaime Orpis. Cuando le tocó el turno de declarar, dijo que eso se debía a que le prestaba cheques a Viviana Quiroz y Jaime Orpis le devolvía la plata. “De Viviana soy amiga. Soy militante de mi partido (UDI) y lo que me pidan hago”, afirmó.

Raúl Lobos, jefe de Finanzas de la Gobernación de Iquique cuando Rojas la encabezaba, también figura en la red de recaudación de Orpis. Fue Viviana Quiroz quien le hizo los contactos para que fuera contratado en la gobernación, y luego lo fichó como asesor de Orpis. Nunca conversó con el senador acerca de los informes que debía emitir sobre sus asesorías. Lobos lo justificó diciendo que no lo hizo porque Orpis estaba enfermo, por lo que era Quiroz quien le encargaba trabajos, como los que realizó sobre la Empresa Portuaria de Iquique (EPI)

Cuando declaró, Raúl Lobos reconoció que el contenido de sus asesorías lo sacaba de fuentes públicas (“uno pone EPI en Google y hay mucha información”) y que sólo fue a la empresa a “hacer unas consultas”. Un peritaje de la PDI determinó que “todos (los informes) fueron copiados de manera íntegra con alteraciones en el orden de la información, omisión de ésta, palabras de inicio de los párrafos”.

Por ese trabajo de copiar y pegar información de internet Lobos cobraba caro: $3 millones por cada informe ($12 millones en total).Aunque registra transferencias a Viviana Quiroz, Lobos aseguró que nunca le pidieron devolver parte de los pagos del Senado por su asesoría y que, al igual que Felipe Rojas, esas transferencias corresponden al pago de una deuda con Quiroz. Raúl Lobos será formalizado el 4 de abril junto a Blenda Huus.

LA SECRETARIA DE CONFIANZA

Si Viviana Quiroz era la encargada de coordinar todo el trabajo de Orpis en su circunscripción, Blenda Huus se concentraba en sus labores legislativas. Trabajó desde 1994 como su secretaria en el Congreso: manejaba los asuntos administrativos, hacía seguimiento de los proyectos de ley y era quien tenía acceso a su correo electrónico del Senado.

Además, se encargaba de manejar sus cuentas y recibía parte de los dineros de los boleteros: “Él me dice ‘Blendita, te van a depositar una plata’, me llegan unos fondos a mi cuenta corriente por vía transferencia, y él me dice ‘destínate estos fondos al pago de este crédito’. Sin embargo, el senador es muy desordenado y a veces yo le pago y él me devuelve”, declaró ante el Ministerio Público en agosto de 2015.

El 11 de octubre de 2016, Huss pidió ampliar su declaración, ya sin la asesoría de un abogado de Orpis, lo que permitió aclarar algunos de los misterios de las platas del senador. Por ejemplo, por qué desde 2013 el senador le subió el sueldo en más de $1,5 millones, convirtiéndola en la secretaria con mejor salario del Senado (llegó a ganar $3,6 millones).

Bofill, Mujica y Orpis

Coincidentemente, el mismo día en que prestó testimonio ante el Ministerio Público, Huus perdió para siempre ese excelente sueldo: Orpis notificó al Senado a través de un correo electrónico que su secretaria estaba despedida. “Dadas las serias limitaciones que me asisten para desempeñar mis funciones, especialmente en el trabajo legislativo, comunico a Ud. que Blenda Huus dejará de prestarme servicios a contar del 30 de noviembre de 2016”, escribió Orpis. El finiquito contempla como fecha de inicio del contrato el 11 de marzo de 2014, por lo que su indemnización ascendió a $6,9 millones.

En esa segunda declaración, Huss había afirmado que el aumento de salario lo pidió porque una serie de problemas personales hicieron que subieran sus gastos. Sin embargo, al mismo tiempo que comenzó a ganar un mejor sueldo, dejó de recibir en su cuenta los depósitos que terceros le hacían para Orpis. Por eso, agregó, en la práctica, y durante cerca de dos años, no recibió más dinero: terminaba pagando las cuentas de Orpis con su plata.

Huss enumeró ante la Fiscalía los gastos personales del senador que pagaba con su sueldo del Senado: los servicios básicos de su casa de veraneo en Frutillar, sus créditos bancarios, su línea de sobregiro… “Lo hablé con don Jaime y me dijo que tenía un problema de caja, entonces le empecé a cobrar la diferencia, a veces en cuotas”.

Pese a que jugó un rol clave en el esquema de testaferros al recibir los dineros captados irregularmente y destinarlos a los gastos de Orpis, Blenda Huss ha insistido en que nunca supo el origen de las platas. “No supe. No pregunté. Yo nunca pregunto nada”, dijo, asumiendo el estereotipo de la secretaria de confianza.

BOLETEROS PROPIOS

Aunque la mayor parte de los integrantes de la red de boleteros de Jaime Orpis fue fichada por Quiroz y Gazitúa, el senador también usó sus propios contactos para su peculiar recaudación de fondos. Bárbara Molina Ellies es hija de Patricia Ellies, directora de la Corporación La Esperanza, y recibió pagos como su asesora en el Senado y además emitió boletas para Corpesca, Agrícola Tarapacá y Costanera SA Comercial e Industrial por un total de $20,6 millones.

Según su relato, desde que era estudiante de Derecho que hacía informes para Orpis y él le pagaba por ello $200 mil. Hasta que en un momento, el senador le pidió que hiciera boletas al Senado por $2 millones y le devolviera la diferencia para así pagar a otros asesores. Al igual que a otras boleteras, cuando explotó el caso judicial, Orpis le ofreció a Bárbara Molina la asesoría del abogado Alejandro Espinoza, pero a ella no le gustó: “Entendí que la estrategia era ir viendo qué pasaba y no me acomodó, porque yo quería decir la verdad y colaborar”, declaró.

Fue Molina Ellies quien le presentó a Orpis a uno de sus compañeros de universidad: Javier Jara Cáceres. Al principio, en 2006, Jara colaboró en la Corporación La Esperanza, y luego pasó a asesorarlo en el Senado. En 2009 Orpis lo inscribió en el Servel como su administrador de campaña, pero Jara niega haber realizado esa tarea (su nombre fue después reemplazado ante el Servel).

Cuando Jara se tituló de abogado dijo haberle pedido a Orpis un aumento de sus honorarios: “(Orpis) me indicó que me podía subir el sueldo, pero que yo debía devolverle parte de ese dinero”, declaró ante la PDI. Fue así entonces que cada mes depositaba entre el 70% y el 80% de sus honorarios en la cuenta bancaria de Blenda Huus. Durante el periodo cuestionado (2010-2011), Jara estaba viviendo en Escocia y emitió boletas al Senado por $30,3 millones.

Otro de los miembros de la red de recaudación fraudulenta de Orpis investigado por el Ministerio Público es Mario Candia Zlatar. Conoció al senador cuando fue presidente de la UDI en la Región de Tarapacá: “Se diría que llegamos a ser amigos”, resumió a los policías que le tomaron declaración. Aunque figura como asesor pagado de Orpis y del Comité UDI del Senado, Candia Zlatar aseguró haber trabajado gratis para la UDI: “Me pidieron esta boleta. El senador me dio el título. Era una boleta electrónica. Yo de los dineros no vi un peso. Así se gestó”, declaró.

En total, fueron $24 millones los que pagó el Senado a Candia Zlatar, aunque éste aseguró que los montos más pequeños (boletas por $300 mil que suman $2,5 millones) eran pagos por asesorías reales. El resto lo depositó a Viviana Quiroz, de quien se consideraba amigo.

LAS INESTABLES FINANZAS DE ORPIS

Una de las cosas que ha sorprendido de la investigación sobre Jaime Orpis, es que pese a invocar su alto endeudamiento por las campañas políticas como justificación de sus manejos indebidos de dinero, utilizara estos fondos para pagar lujos, como la Cofradía Náutica de Frutillar. Una revisión más detallada de sus gastos y sus deudas, reflejados en los correos electrónicos incautados por el Ministerio Público, arroja otras sorpresas.

Entre abril de 2009 y abril de 2010, Orpis recolectó al menos $155 millones a través de boletas falsas de terceros. El 2009, año de elecciones presidenciales y parlamentarias, es la fecha en que el Ministerio Público sitúa el inicio de su financiamiento irregular masivo, particularmente de Corpesca.

Ese mismo año las finanzas le generaron situaciones incómodas a Orpis. En agosto debía $432 mil de gastos comunes (cuatro meses) de su casa en el Loteo Salzburg de Frutillar. Ahí es vecino de otros dirigentes UDI, como el ex diputado Cristián Leay (formalizado por el Caso SQM) y el experto electoral Andrés Tagle, quien integra el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) desde julio de 2016.

Tagle era el encargado de recaudar los gastos comunes del condominio y en agosto de 2009 le escribió a Orpis un correo electrónico con el siguiente mensaje: “Eres por lejos el principal moroso, ya que los demás están al día. Pasa a ser una obligación mía cortarte la luz, el agua u otras medidas que tu comprenderás me costaría mucho tomar”. En septiembre, Tagle le volvió a insistir, ya que Orpis seguía moroso.

Pese a sus aparentes dificultades para mantener su estándar de vida, al año siguiente invirtió en otro lugar de veraneo. Compró una parcela más al sur en la misma Región de Los Lagos, específicamente en Vodudahue (comuna de Hualaihué), junto al empresario local Osvaldo Oecklers, el senador Alejandro García-Huidobro y el entonces diputado Gonzalo Uriarte, ambos UDI. Tributariamente el predio es considerado “sitio eriazo” y su avalúo fiscal es de $7 millones. «Le administro las platas del campo de Vodudahue, son cuatro socios y eso lo administro desde mi cuenta«, declaró Blenda Huus, dando una muestra más de cómo manejaba sus finanzar Orpis.

Según Uriarte, por el terreno de 5 mil m2 pagaron unos $5 millones y construyeron una cabaña rústica de descanso. El lugar, ubicado cerca de las Termas de Porcelana y del Parque Pumalín, no tiene acceso por tierra, por lo que es necesario llegar navegando

La aventura patagónica de Orpis y sus amigos incluyó la compra de una lancha de 11 metros de eslora, bautizada como “La Minga”, y un bote con motor fuera de borda de segunda mano.

La idea de Orpis era hacer un negocio de transporte turístico que no se concretó, relató a CIPER  un empresario que fue contactado por el senador. Durante las negociaciones, Orpis le envió a dicho empresario un email (mayo de 2010) en el que asegura que en sus dos embarcaciones se gastaron $55 millones.

Río Vodudahue (Fuente: Parque Pumalín)

Gonzalo Uriarte descarta completamente ese monto y asegura que “La Minga” no costó más de $5 millones, pues era un lanchón de madera, tipo chilote, que mandaron a hacer con madera nativa y un motor de micro. Un vecino de Vodudahue comenta que la embarcación “está muerta en Hornopirén, jubiló” y que salió muy costosa para los dueños porque hubo que hacerle muchos arreglos.

En mayo de 2010 Orpis ya había gastado más de $12 millones en “La Minga” y le debía otros $3 millones a uno de sus socios, según uno de los correos. Además, adeudaba $1,7 millones a un mecánico. Y aunque le insistían por correo que era urgente pagar, él se demoraba; cuando lo hizo, transfirió en cuotas.

También tardó en pagarle a quien fue el quinto socio de “La Minga” cuando vendió su parte. En un tono desesperado, éste escribió un email a Orpis, Uriarte y García-Huidobro en octubre de 2010, cobrándoles los $10,2 millones que había aportado en la embarcación (lo que permite hacerse una idea de la inversión real) y que debían de haberle pagado dos meses antes. El más atrasado era Orpis, quien recién a fines de noviembre de 2010 le depositó $2 millones (antes había pagado $250 mil). “Disculpa el atraso. El tema de campaña me ha costado ordenarme”, le escribió.

Las deudas políticas en su circunscripción le seguían pasando la cuenta: en abril de 2010, El Mercurio de Antofagasta le envió cheques protestados por $28 millones. Los cheques fueron emitidos originalmente por José Durana, quien fue el encargado de su oficina parlamentaria en Arica hasta que en marzo de ese año asumió como gobernador. Según declaró el propio Durana, la deuda se originó por publicidad en la segunda vuelta presidencial y Orpis se hizo cargo del pago.

Por esa misma fecha Orpis empezó a ordenar sus cuentas. Entre abril y mayo de 2010 hizo dos abonos por un total de $8 millones para avanzar en el pago de un crédito por $12 millones con Corpbanca. En julio pre-pagó dos créditos al Banco Security (un hipotecario y uno de consumo) por un total de $31 millones.

Pero en 2011 tuvo gastos imprevistos. En enero recibió una cotización por $7 millones por una reparación de “La Minga”. Ese mes ya estaba sobregirado en casi $1 millón en el Banco de Chile. En agosto, “La Minga” estuvo a punto de hundirse y la empresa que la rescató le envió una cuenta por $2,1 millones por el servicio.

El año 2012 también comenzó con un sobregiro: $800 mil en el Banco Security, pero Orpis seguía pensando en grande. Ese año comenzó a planificar la ampliación del segundo piso de su casa en La Dehesa, el que de acuerdo a la cotización, tendría un costo de $22,6 millones.

“Me vi sobrepasado (por las deudas de campaña) y recurrí al financiamiento irregular”, reconoció Orpis en la carta con que renunció a la UDI en enero de 2016. Los vasos comunicantes entre sus gastos particulares y las platas políticas dificultan distinguir hasta qué punto los dineros obtenidos irregularmente se destinaron a cubrir esas deudas.