Valencia saca de la causa contra el ministro Ulloa a la fiscalía que allanó la Corte de Apelaciones e incautó el celular de Héctor Mery
05.05.2025
¿Qué contamos?
Este lunes 5 de mayo, el fiscal nacional reasignó dos aristas del Caso Hermosilla: la investigación contra el ministro Ulloa y la causa de la suspendida ministra Sabaj. Ambas quedarán a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La fiscalía de O’Higgins, que investigaba al magistrado Ulloa, había allanado la oficina de este último en la Corte de Apelaciones de Santiago y requisó el celular del ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, incautación que luego fue anulada por la Corte Suprema.
Según una resolución emitida por la Fiscalía Nacional, la causa que hasta ahora estaba en manos del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, donde se investiga al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, ya no seguirá en manos de la unidad de Alta Complejidad de esa fiscalía, comandada por Javier Von Bischoffshausen. Desde hoy estará a cargo de Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso. Lo mismo ocurrirá con la causa en la que se indaga a la ministra del mismo tribunal de alzada capitalino, la suspendida Verónica Sabaj, la que ya no será encabezada por la fiscal Ximena Chong, de la unidad de Alta Complejidad Centro Norte, y también pasará a manos de la fiscal Perivancich. La ministra Sabaj es investigada luego que The Clinic publicara sus chats con Luis Hermosilla, en los queda de manifiesto que ella hizo favores al penalista. En su caso, el Ministerio Público indaga los posibles delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial. Además, el Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra.
¿Por qué importa?
Los pasos que fiscales, querellantes e imputados van dando en las distintas aristas del Caso Hermosilla son de interés público. Y las decisiones que el fiscal nacional, Ángel Valencia, vaya adoptando respecto de quiénes comandarán las indagatorias, también. Esto, porque luego de que causas de alta connotación pública, como el Caso Penta, terminaran con recalificación de delitos y «clases de ética», las decisiones de persecutores en investigaciones que afectan a políticos o, en este caso, a altos funcionarios del Poder Judicial, deben ser sometidos al escrutinio público.
