El Gobierno Regional (GORE) del Maule le pagó $9,1 millones brutos a la abogada Angélica Caro por una asesoría de dos meses referida a la eventual no renovación de contratos de funcionarios. Caro está casada con uno de los ministros de la corte de Talca, Moisés Muñoz. De hecho, su marido presidió ese tribunal hasta este lunes 2 de marzo. Esa corte debe resolver seis recursos de protección de exfuncionarios del GORE a los que no se les renovó el contrato tras la asesoría de la abogada. Inicialmente, el juez Muñoz intervino en estos procedimientos. Dos semanas después de que CIPER le consultó al magistrado por su participación en estos recursos originados por la actuación profesional de su esposa, se inhabilitó en tres de ellos. En el GORE indicaron a CIPER que se contrató a la abogada, por trato directo, debido a su experiencia en litigación judicial y “considerando la alta probabilidad de judicialización de estas materias”.

El pasado 11 de noviembre, el Gobierno Regional (GORE) del Maule contrató los servicios -por trato directo- de la abogada Angélica Caro Toro, a quien se encomendó asesorar en materia de no renovación de contratos de funcionarios y renovaciones con disminución de grado. Después de que prestó el servicio, al menos siete funcionarios a contrata –seis desvinculados y uno al que se bajó de grado- presentaron recursos de protección. Estas acciones deben ser resueltas por la Corte de Apelaciones de Talca, integrada por el cónyuge de la abogada Caro: el juez Moisés Muñoz . De hecho, el magistrado presidió esa corte hasta este lunes 2 de marzo, cuando cumplió su periodo. En el GORE, en una respuesta dirigida a CIPER, indicaron que los servicios de la abogada fueron contratados “considerando la alta probabilidad de judicialización de estas materias”.

Los recursos de protección se presentaron entre el 24 de diciembre y el 21 de enero. Uno de ellos no fue admitido a trámite. Inicialmente, el ministro Muñoz no se abstuvo de revisar situaciones relacionadas con estos procesos, a pesar de que se originaron por una actuación profesional de su esposa. No obstante, las gestiones del magistrado tuvieron lugar durante el periodo de 30 días en que el gobierno regional decretó la contratación como confidencial, por lo que no existía información pública al respecto. El 12 de febrero pasado, en respuesta a una consulta de CIPER, el magistrado indicó que, si le correspondía conocer el fondo de estos recursos, revisaría los antecedentes y “si lo amerita” dejaría constancia de una posible causal de inhabilidad. 

Finalmente, el 24 de febrero, en tres de los seis recursos admitidos se solicitó la inhabilidad del ministro Muñoz. En los tres se alegó que, pese a su vínculo matrimonial, el juez no se inhabilitó durante la tramitación inicial de los recursos. Dos días después, el magistrado se inhabilitó, bajo la causal de “que su cónyuge doña Angélica Caro Toro prestó asesoría jurídica al recurrido” (vea esos documentos).

José Eduardo González, abogado de tres de los exfuncionarios que presentaron recursos, afirmó que el ministro Muñoz ya había tenido una actuación relevante en estos casos: “Estuvo presente en las salas cuando se nos negaron órdenes de no innovar, donde nosotros pedimos, en la práctica, que se permita a los funcionarios seguir trabajando mientras se discute el recurso. Pero la corte nos rechazó, y el ministro estuvo en uno de esos rechazos. Ante eso, nosotros interpusimos una reposición, y él también estuvo en el rechazo de la reposición”.

ASESORÍA CONFIDENCIAL

Por la naturaleza del encargo -asesorar eventuales desvinculaciones de funcionarios-, el GORE catalogó la contratación de Angélica Caro como “confidencial”, por lo que su labor se mantuvo en reserva hasta 30 días después de finalizado el contrato.

La asesoría de la abogada tuvo un costo de $9,1 millones brutos, como consta en las dos órdenes de compra para contratar sus servicios, ambas vía trato directo, es decir, sin licitación o concurso. Sobre las razones que justificarían un contrato sin licitación, el GORE, dirigido por el exdiputado Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), respondió por escrito: “Se consideró su trabajo previo (…), específicamente en litigación judicial en materias de derecho administrativo, considerando la alta probabilidad de judicialización de estas materias” (vea las respuestas del GORE). 

La posición del GORE, acerca de que Angélica Caro fue contratada vía trato directo por la “alta probabilidad” de que los casos se judicializaran, contrasta con la respuesta que la propia abogada dio a CIPER “Mi prestación de servicios se circunscribió exclusivamente a sede administrativa, en calidad de asesoría externa y técnico-jurídica, sin intervención, contacto ni injerencia alguna en asuntos jurisdiccionales, ni participación en decisiones judiciales”. La profesional agregó: “El vínculo matrimonial al que se alude no configura, por sí mismo, un conflicto de interés en mi actuación profesional” (vea su respuesta completa).

La abogada agregó que los recursos judiciales “se conocen y resuelven conforme a reglas institucionales de distribución, integración y decisión propias de un tribunal colegiado, y bajo los mecanismos legales vigentes que resguardan la independencia e imparcialidad judicial”. Por lo anterior, recalcó que, a su juicio, no habría conflicto: “Atribuir o sugerir falta de transparencia, tráfico de influencias o un supuesto conflicto de interés basándose únicamente en un vínculo familiar carece de sustento fáctico y jurídico”.

El 26 de febrero pasado el juez Muñoz se inhabilitó en los tres recursos en los que, hasta ahora, fue recusado. Lo hizo dos semanas después de que CIPER le consultó si debía restarse de estos procedimientos. Efectivamente, el 12 de febrero el magistrado respondió a CIPER, a través del Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, que siempre se había inhabilitado en las causas en que aparece su cónyuge: 

“El señor presidente manifestó que, conociendo cuáles son sus deberes en el ejercicio de la judicatura, en su oportunidad, si le corresponde el conocimiento del fondo de los recursos, revisará los antecedentes de estos y, si lo amerita, dejará constancia respecto de alguna eventual causal de inhabilidad que pudiere afectarle, cuestión que siempre ha hecho cuando aquello ha correspondido” (vea aquí la respuesta completa y revise acá la lista de inhabilidades del ministro Muñoz).

"VULNERACIÓN DE DERECHOS"

El 26 de junio del año pasado y después de una denuncia del consejero regional Gonzalo Montero Viveros (RN), el GORE del Maule entregó los antecedentes solicitados por la Contraloría Regional sobre posibles aumentos de sueldos no justificados durante la administración anterior. El GORE respondió que, entre 2023 y enero de 2025, detectaron que a 119 trabajadores a contrata se les aumentó su grado funcionario. Es decir, se mejoró su ubicación en la escala de remuneraciones (revise aquí el Oficio 1.393). 

Esos aumentos de sueldo –según lo descrito en el Oficio 1.393– elevaron el gasto en remuneraciones permanentes en $200.681.998. En sus descargos, el GORE también acusó que la administración anterior, a cargo de la exgobernadora Cristina Bravo (DC), dispuso de ese gasto “sin contar con mayores recursos presupuestarios. (…) se dispusieron mejoras de grados remuneratorios respecto de funcionarios que se encontraban haciendo uso de licencias médicas prolongadas en el tiempo. (…) Los aumentos de grados dispuestos no tuvieron como antecedente ningún parámetro objetivo”. 

El 11 de noviembre de 2025, el Gobierno Regional contrató a Angélica Caro por un pago de $7 millones. El contrató se modificó 17 días después. Se argumentó que “durante su desarrollo se advirtió que el presupuesto originalmente considerado sería insuficiente para el número de actos administrativos e informes que le serían requeridos razón por la cual se hace necesario aumentar el monto del contrato en un 30%” (revise aquí la Resolución 8.701). En total, se pagaron $9,1 millones brutos por las asesorías de Angélica Caro.

Entre el 24 de noviembre y el 12 de diciembre, al menos a seis funcionarios a contrata se les notificó que no serían renovados para 2026, mientras que otra funcionaria fue informada de la disminución de su sueldo, pues se le aplicó un descenso de un grado. Los siete presentaron recursos ante la corte de Talca, pero uno de ellos fue declarado inadmisible. En sus recursos, los exfuncionarios acusan vulneración de derechos y que el presupuesto para 2026 incluye mayores recursos para sueldos. 

Hace dos meses el Gobierno Regional del Maule informó a la Dirección de Presupuestos (Dipres) que presentaba un déficit de $294,6 millones para el pago de sueldos (revise aquí el Oficio 2.952).