¿Qué investigamos?
En las primeras siete semanas del gobierno, CIPER conversó con autoridades oficialistas y de oposición de la zona norte, constatando que hasta ahora el plan Escudo Fronterizo sólo presenta tres medidas concretas: la construcción de más zanjas y el aumento de la dotación militar –dos iniciativas que vienen de gobiernos anteriores–, además de haber nombrado a un comisionado general, quien, si bien no cuenta con mando ni atribuciones legales, ha mostrado capacidad para agilizar tareas. Respecto a la compra de más tecnología –como drones y cámaras térmicas– fuentes de gobierno indicaron a CIPER que eso está en evaluación. A esa iniciativa, dicen, se sumaría una agenda legislativa orientada a disuadir y castigar la migración irregular, aunque no aclaran cómo se hará. En todo caso, cifras del Servicio Nacional de Migraciones y de la PDI muestran que los ingresos ilegales por el norte ya vienen a la baja desde 2024.

¿Por qué importa?
La revisión y análisis de CIPER de los cambios implementados desde el 11 de marzo, permitió concluir que, hasta ahora, el despliegue del nuevo gobierno se ha traducido en darle continuidad a iniciativas que ya había instalado la administración anterior y que recién se está evaluando la factibilidad del Plan Escudo Fronterizo que fue presentado en campaña. Fuera de micrófono, algunos funcionarios del nuevo gobierno aseguraron que en las elecciones se dijeron muchas cosas, pero que “otra cosa es con guitarra”, pues recién ahora están evaluando cuál es la capacidad real del Estado para aplicar las medidas comprometidas.

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