En las primeras siete semanas del gobierno, CIPER conversó con autoridades oficialistas y de oposición de la zona norte, constatando que hasta ahora el plan Escudo Fronterizo sólo presenta tres medidas concretas: la construcción de más zanjas y el aumento de la dotación militar –dos iniciativas que vienen de gobiernos anteriores–, además de haber nombrado a un comisionado general, quien, si bien no cuenta con mando ni atribuciones legales, ha mostrado capacidad para agilizar tareas. Respecto a la compra de más tecnología –como drones y cámaras térmicas– fuentes de gobierno indicaron a CIPER que eso está en evaluación. A esa iniciativa, dicen, se sumaría una agenda legislativa orientada a disuadir y castigar la migración irregular, aunque no aclaran cómo se hará. En todo caso, cifras del Servicio Nacional de Migraciones y de la PDI muestran que los ingresos ilegales por el norte ya vienen a la baja desde 2024.
El pasado 11 de marzo, el gobierno del Presidente José Antonio Kast publicó el decreto con las instrucciones para la elaboración de la Política Nacional de Cierre Fronterizo Zona Norte, donde se incluyeron los ejes que protagonizaron la campaña electoral del Partido Republicano: despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera, implementación de tecnología de punta –como cámaras térmicas, sensores de movimiento, drones de vigilancia y reconocimiento facial– y de zanjas para frenar los ingresos irregulares (vea aquí ese decreto).
Lo cierto es que las medidas contenidas en esa batería de anuncios ya habían comenzado a ejecutarse en la frontera norte desde la administración anterior, e incluso antes: la primera zanja fue abierta en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en 2017. Y luego, en 2023, tras la ola migratoria que dejó escenas dramáticas en zonas como Colchane, el gobierno de Gabriel Boric desplegó a las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza de Arica, Tarapacá y Antofagasta. Además, en esa misma administración se inició la compra de tecnología, creando el Sistema Integrado de Fronteras (Sifron), con una inversión de $8.931 millones en equipos como drones, cámaras térmicas, vehículos y puestos de observación fronteriza (POF). Bajo la gestión del gobierno anterior también se instaló el Sistema de Vigilancia Tecnológica de Frontera, conocido como Muralla Digital, implementado por Carabineros con una inversión de otros $7.650 millones.
CIPER conversó con autoridades de la zona norte –del gobierno y de oposición– y analizó los cambios implementados desde el 11 de marzo. Esa revisión permitió concluir que, hasta ahora, el despliegue del nuevo gobierno se ha traducido en darle continuidad a iniciativas que ya había instalado la administración anterior y que recién se está evaluando la factibilidad del Plan Escudo Fronterizo que fue presentado en campaña. Fuera de micrófono, algunos funcionarios del nuevo gobierno aseguraron que en las elecciones se dijeron muchas cosas, pero que “otra cosa es con guitarra”, pues recién ahora están evaluando cuál es la capacidad real del Estado para aplicar las medidas comprometidas.
Ante las consultas realizadas por CIPER, el Ministerio de Defensa respondió por escrito que “el Plan Escudo Fronterizo es un insumo más para materializar la orden del Presidente de la República de reforzar la seguridad fronteriza, junto con combatir la migración irregular y el crimen organizado”. Y aclararon que, actualmente, “desde la perspectiva de la Defensa, el Estado Mayor Conjunto se encuentra en la elaboración de un plan de largo plazo”. Según los planes de las nuevas autoridades, esa propuesta será presentada en el cuarto mes de gobierno.
Desde el 11 de marzo de este año, lo único que ha cambiado en cuanto a control fronterizo es la cantidad de militares desplegados y la apertura de nuevas zanjas. El gobierno de Kast aumentó en un 89% la dotación militar, según informó el Ministerio de Defensa, y comenzó a construir zanjas en distintos sectores, además de reacondicionar las que se habían hecho en gobiernos anteriores. Fuera de eso, la única medida realmente novedosa fue nombrar al almirante en retiro Alberto Soto como comisionado para la Macrozona Norte, un cargo de coordinación que no tiene atribuciones legales ni de mando sobre las policías ni las Fuerzas Armadas, pero que ha sido valorado positivamente de manera transversal por la capacidad que ha demostrado para agilizar tareas.
Pero, hay preocupación entre autoridades que no dependen del gobierno. Varias afirman que existía una alta expectativa respecto a los compromisos del Presidente Kast en materia migratoria. Sin embargo, por lo que han visto hasta ahora, concluyen que no existía un plan concreto. Además, advierten que hoy la crisis no está en la frontera, sino en las ciudades donde se han instalado las personas que ingresaron en las oleadas migratorias de hace algunos años.
“Se agradece que el gobierno visibilice la importancia de cuidar las fronteras, pero me parece, y lo digo con mucho respeto, que están llegando tarde (…). Necesitamos saber qué sucede con la migración que presiona en la educación, en la salud pública, en vivienda, y sobre todo qué sucede con la migración que es parte del crimen organizado. Ahí están los desafíos donde hoy se requieren propuestas y estrategias”, alerta José Miguel Carvajal (PPD), gobernador regional de Tarapacá.
Hasta ahora, el gobierno no ha aclarado cuánto costará el despliegue. En entrevista con Radio ADN, el comisionado Soto aseguró que las zanjas y otras barreras costarán al menos $4 mil millones, aunque desde el equipo del comisionado, aclararon a CIPER que, por ahora, la cifra es un aproximado. A esa cuenta se sumarán los gastos en los que está incurriendo el Ejército para aumentar la dotación y apoyar la construcción de zanjas, pues, al ser actividades extraordinarias, el Ministerio del Interior deberá devolver esos dineros a la institución militar.
A fines del año pasado, el entonces jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, advirtió al Congreso que el despliegue de contingente en la frontera norte implicaba un gasto insostenible para la institución, e incluso desde el gobierno actual reconocen que a fines de 2025 había regimientos que ni siquiera tenían recursos para cubrir las cuentas básicas de electricidad y agua. Un cúmulo de gastos que presionará aún más la estrecha billetera fiscal.
“Chile es un país soberano y defenderemos cada metro de nuestro territorio. Se levantará un sistema de contención física y tecnológica infranqueable”, fue el compromiso del comando de Kast para su Plan Escudo Fronterizo, el documento con las promesas en materia migratoria elaborado por el general (R) y hoy senador republicano, Cristián Vial, y por el general (R) de Carabineros y hoy diputado independiente –miembro de la bancada republicana–, Enrique Bassaletti. Ese documento, inspirado en Israel y Hungría, comprometió la adquisición de nueva tecnología, como radares térmicos, drones autónomos y muros de cinco metros de altura con sensores de movimiento (revise acá ese documento).
CIPER intentó corroborar con la actual administración cuál es el presupuesto para este sistema y en qué plazos se espera su implementación, pero distintas autoridades respondieron que la inversión en tecnología todavía está en estudio. Por ahora, desde el Ejecutivo aclararon que se ha mantenido el gasto definido desde 2023 para la adquisición de tecnología –con fondos provenientes del Sifron– y que pronto ese plan entrará en una nueva etapa de ejecución.
Entre 2023 y 2025, la administración del expresidente Boric asignó $16.581 millones a tecnología destinada a fortalecer la frontera norte a través de Sifron y Muralla Digital. A esto se suman, al menos, otros $24 mil millones en el Plan Frontera Segura 2022 y el Plan Nacional contra el Crimen Organizado.
En entrevista con CIPER, el comisionado Alberto Soto indicó que esperan ejecutar nuevas etapas de Sifron, con una inversión que rondaría los US$100 millones en cuatro años: “Nosotros vamos a ejecutar cuatro etapas más [de Sifron], que debieran ser del mismo orden, pero no son valores de $500 millones [de dólares], no es el caso. Yo siempre digo que nosotros como país le entregamos $100 millones, $120 millones de dólares mensuales al Transantiago, mensuales, ¿ya? Y eso es lo que vamos a gastar, pero en cuatro años”.
Desde la delegación presidencial de Antofagasta explican que, además de continuar implementando el Sifron, se han inyectado recursos para cubrir ítems no considerados inicialmente, como la mantención de vehículos. En esos casos, explican, es el Ministerio del Interior el que transfiere los recursos a las delegaciones presidenciales para que ejecuten el gasto.
“El terreno por el que se tiene que transitar es inestable y los vehículos obviamente se deterioran mucho más rápido. Eso quiere decir cambios de neumáticos, mantenciones, permisos necesarios, seguros y, por lo tanto, este gobierno se ha dedicado también a hacer la mantención. O sea, nosotros aquí no venimos a sacar lo que ya se había hecho, sino que a reforzar de mejor forma y darle prioridad a este fortalecimiento de control fronterizo”, explica Katherine López, delegada presidencial regional de Antofagasta.
Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) respondieron a CIPER que el organismo trabajará durante 90 días en los sectores fronterizos de Chacalluta y Colchane. En la cartera calculan que las obras –zanjas y mejoramiento de caminos de los puestos de observación fronterizos– “costarán cerca de $300 millones de administración directa”.
Presidente José Antonio Kast en el Punto de Observación Fronteriza Beta del Complejo Fronterizo Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota (Fuente: Prensa Presidencia).
LA BOLETA DEL EJÉRCITO
“Indudablemente que no estamos en condiciones de terminar el año”. Esa fue la conclusión sobre las finanzas del Ejército que en octubre de 2025 el ahora general (r) Javier Iturriaga presentó a la Segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos. Tres fueron los factores –explicó Iturriaga– que provocaron el déficit económico institucional, uno de ellos el despliegue extra de militares para el resguardo de la frontera norte y el mantenimiento del Estado de Excepción en La Araucanía. En el último trimestre del año pasado, se habían gastado $3.000 millones en esas tareas adicionales y aún quedaban otros $14.500 millones de saldo negativo por cubrir (escuche aquí esa sesión).
Desde el pasado 12 de marzo –tras el instructivo del presidente Kast– el despliegue de tropas en las tres regiones del norte aumentó 89%. Además de casi duplicar la dotación, se movilizó de manera adicional –según lo indicado por el Ministerio de Defensa– a 200 ingenieros militares y 40 vehículos para ejecutar obras de contención del flujo migratorio. CIPER consultó al comisionado Soto cuánto aumentará y cómo se gestionará este gasto extra del Ejército, pero evitó dar números: “Las cifras las conocemos, pero son temas bastante sensibles que prefiero no revelarlos, pero todo es subsanable, arreglable y no hay ninguna locura”.
Los gastos por actividades especiales que ejecutan las Fuerzas Armadas fuera de lo previsto en su presupuesto anual –ya sea para colaborar tras una catástrofe o para apoyar labores de seguridad pública– deben ser reembolsado por el Ministerio del Interior. Por eso, tras su movilización a la frontera norte, que es una labor que no forma parte de sus obligaciones permanentes, el Ejército deberá enviar a Interior el detalle del gasto: combustible, alimentación, traslados y viáticos. Este mecanismo, expuesto a CIPER por un funcionario que trabaja en la estrategia de seguridad, puede generar déficits temporales que comprometan las labores regulares de las Fuerzas Armadas, tal como lo explicó ante el Congreso, en octubre pasado, el general Iturriaga.
El pasado 15 de abril y a cuatro días de cumplir su primer mes de gobierno, el Presidente Kast realizó su primera cadena nacional. Lo primero que destacó fue lo hecho en materia de control fronterizo. El Presidente aseguró: “Los resultados son concretos: en el primer mes de gobierno se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años; un mayor número de salidas voluntarias; y un mayor número de extranjeros expulsados del territorio nacional”.
Las palabras del mandatario se sustentaron, según indicó la Presidencia a CIPER, en un informe estadístico de la PDI que comparó cifras de migración irregular en el periodo que va del 11 de marzo al 11 de abril, en los años 2022 a 2026. En él se contabilizan, entre otros datos, las reconducciones (personas devueltas tras ser sorprendidas cruzando la frontera) y las denuncias de ingreso por paso no habilitado (vea el informe de la PDI).
Las cifras de este y otros informes revisados por CIPER permiten inferir que los ingresos irregulares se redujeron de manera significativa en los últimos años y que los resultados del primer mes del gobierno de Kast coinciden con esa reducción progresiva, lo que ya se constató en 2025.
Por ejemplo, las denuncias de ingreso de extranjeros por paso no habilitado recibidas por el Servicio Nacional de Migraciones llegaron a 6.437 entre el 11 de marzo y el 11 de abril de 2022, pero para 2025 ya estaban en 2.991, según el informe de la PDI. En el primer mes del gobierno de Kast se registraron 2.101 ingresos por paso no habilitado. En cuanto a los procesos de reconducción, el punto más alto fue en 2023, cuando se realizaron 662 entre el 11 de marzo y el 11 de abril, cifra que se redujo a 302 en 2025 y que ahora llegó a 140.
CIPER accedió a un reporte de la Subsecretaría de Seguridad Pública que indica que en marzo de 2022, antes de la entrada en vigencia del decreto que incorporó a los militares en el control fronterizo, se registró el mes más complejo de los últimos cuatro años: se detectaron 5.572 ingresos irregulares por Chacalluta, Colchane y Ollagüe. De aquel peak se pasó a 3.041 ingresos detectados en marzo de 2024 y luego a 1.846 en 2025.
Según el mismo reporte, enero y febrero de 2026 fueron los meses con menos ingresos irregulares detectados en estos pasos fronterizos desde que los militares se sumaron a estas tareas: 234 en enero y 170 en febrero de este año.
Datos del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) apuntan en la misma dirección. Su Reporte N° 5 señala que Chile pasó de 56.586 denuncias por ingresos por paso no habilitado en 2021 y 53.875 en 2022, a 26.275 el año pasado, con una reducción de más del 50% (vea el reporte).
Autoridades oficialistas y opositoras reconocen que el problema migratorio ha mutado: la crisis actual ya no es por una ola masiva de ingresos irregulares, sino por lo que ocurre con quienes entraron en los últimos ocho años. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz (Independiente ex Revolución Democrática), profundizó: “La gran preocupación para nosotros no es tanto los ingresos, sino qué se hace con todos los migrantes que ya ingresaron y de los cuales muchos de ellos están en situación de indocumentados”.
En esa línea, el delegado presidencial de Arica y Parinacota, Cristián Sayes (Independiente ex RN), afirmó: “En los ingresos ha habido una disminución muy notoria. Hoy la gente no está ingresando por querer encontrar nuevas o mejores condiciones”. Esto, dice, porque los que han sido detectados no son sólo migrantes, sino personas vinculadas “a contrabando, microtráfico o narcotráfico”.
Katherine López (UDI), delegada presidencial de Antofagasta, confirmó que las zanjas –y otros obstáculos– tienen como objetivo abordar “un problema muy grave que se está viviendo en Calama, que es el robo de vehículos que se traspasan hacia Bolivia, (…) cerrando las fronteras [ese delito] deja de ser atractivo”. Consultado por aquello, el gobernador regional Díaz indicó que la Delegación Presidencial anterior también “trabajó en alrededor de cinco pasos irregulares que existían acá en la región para bloquear el paso de vehículos robados”.
El alcalde de Ollagüe, Jhean Ramírez (Ind.), sostuvo que en su localidad el “contrabando de sustancias ilícitas y el traspaso de vehículos a Bolivia por pasos no habilitados son las dos principales prioridades. Por nuestra ubicación geográfica se ve muy poco el tráfico de inmigrantes, por ahora”.
Justo Zuleta (FRVS), alcalde de San Pedro de Atacama, también concuerda con que los principales problemas de seguridad de la comuna son el robo de vehículos traficados a Bolivia, el contrabando y el ingreso de drogas. Respecto a la migración irregular, indicó: “[El sector fronterizo] también se ha utilizado como paso de migrantes, pero a menor escala. No se puede comparar con lo que uno ha visto en Colchane”.
Sobre los cambios aplicados por la actual administración, el alcalde Zuleta precisó que “lo nuevo que tenemos ahora es el comisionado [Soto] (…) entiendo que la única diferencia que tenemos, desde lo que se ha hecho en el año, es más bien una mayor frecuencia del desplazamiento militar”.
Respecto de si actualmente existe en las tres regiones del norte grande una crisis migratoria, el comisionado Soto afirmó que la actual administración busca preparar la infraestructura fronteriza para que “esté en condiciones de soportar la siguiente gran crisis migratoria y parar el comercio o el tráfico irregular de estupefacientes o de contrabando”.
migración, porque todos entendemos que no va a ser posible avanzar en las expulsiones de las 300.000 personas que prometió durante la campaña. No sabemos qué va a hacer”, apunta el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal. “La real necesidad del norte es la definición de la política migratoria del gobierno. Si es que son o no las expulsiones, las regularizaciones, si van a aumentar los recursos a los municipios, que son los que hoy día tienen que estar llevando agua potable a las tomas y campamentos donde se encuentra la población migrante irregular. Esa es la tarea que el gobierno todavía no dibuja claramente”, concluye Carvajal.
Dentro de las propuestas de campaña contenidas en el Plan Escudo Fronterizo, se proponían “fuertes multas a quienes contraten ilegales”; el bloqueo del dinero enviado fuera del país por extranjeros sin residencia; la prohibición de arrendar viviendas a indocumentados; y la “exclusión automática” de los migrantes irregulares del sistema de salud público (excepto urgencias), del acceso a bonos, subsidios del Estado y a viviendas sociales, además de prohibir las regularizaciones automáticas.
Entre las propuestas más polémicas estaba la creación de “centros de internación y expulsión” de inmigrantes irregulares “ubicados cerca de la frontera, donde esperarán su expulsión inmediata/i>”. Pero, estos compromisos de campaña están, por el momento, chocando con la realidad. Para contar con legislación que permita avanzar en la concreción de estas propuestas, el comisionado Soto anuncia que el tercer eje de la estrategia de seguridad fronteriza no se desplegará en el norte, sino en el Congreso Nacional. Por ejemplo, este miércoles 22 de abril la Comisión de Gobierno del Senado continuó analizando el proyecto –ingresado en 2022, pero que ahora cuenta con máxima urgencia legislativa– que tipifica como delito el ingreso irregular.
“Yo no sé si eso va a generar que las personas se vayan (…) Tengo dudas respecto a estos slogans, estas frases que son tan rimbombantes, pero que luego, en la práctica y en las acciones, dicen muy poco”, acota el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal.
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