Papeles de la Dictadura: los 26 médicos y cinco enfermeros que sirvieron en las clínicas de la DINA

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados.  Muchos de los médicos mencionados en la investigación de Solís solo prestaron servicios en las clínicas que sirvieron de fachadas a la DINA y no necesariamente participaron en ilícitos. Pero todos sabían que estaban empleados por el organismo represivo de la dictadura. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

¿Por qué importa?
A pesar de que ha habido investigaciones periodísticas sobre este tema -especialmente de parte de Chilevisión y los periodistas Javier Rebolledo y Mónica González-, en las que se han mencionado médicos y personal de salud que trabajaron con la DINA, es una arista en la que se ha avanzado poco judicialmente, El sistema represivo que organizó la DINA en sus cuarteles secretos requería prestar asistencia médica a los torturados, ya que no podían ser llevados a hospitales públicos. Para este fin, colaboraron personas que tienen una profesión cuyo objetivo es salvar vidas, pero  prestaron servicios a un sistema represivo que incluyó torturas y desaparición de personas.

¿Cómo investigamos?
CIPER accedió a declaraciones con acusaciones y relatos de torturas entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP. En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados.