La señal parecía prometedora: el 19 de mayo pasado cuando fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores a buscar documentos de un caso ganado ante el Consejo para la Transparencia, se nos dijo que eran muchos y que una sola persona no podría cargarlos. Era esperable que la solicitud de acceso a la información pública hecha el 23 de agosto de 2013 implicara una gran cantidad de documentos, aunque era imposible prever exactamente cuál sería el volumen.

Con el apoyo de la Fundación ProAcceso habíamos pedido a ese ministerio copia de todos los actos administrativos, circulares o memorándum emitidos durante la detención de Augusto Pinochet en Londres. En específico, pedíamos las comunicaciones de la Cancillería con las embajadas en Londres y Madrid, el Vaticano, el Foreign Office británico, el Ejército chileno, así como con los ministerios chilenos de Defensa, Interior y Secretaría General de la Presidencia.

La Cancillería pidió primero una prórroga del plazo, argumentando que necesitaba tiempo para “recabar los antecedentes existentes”. Sin embargo, dichos antecedentes nunca fueron “recabados”. El ministerio se tomó 10 días hábiles extra sólo para negar el acceso a los documentos. Esa decisión fue notificada el 2 de octubre y en ella no se invocó ningún tipo de secreto: se argumentó que era una solicitud demasiado genérica y demasiado amplia, lo que requería distraer indebidamente a funcionarios que tenían que buscar dichos documentos en los archivos del ministerio.

Ante esta respuesta, recurrimos al Consejo para la Transparencia para revertir esa decisión, exigiéndole a la Cancillería entregar los documentos. El 22 de enero pasado, el Consejo nos dio la razón y ordenó que se nos entregara toda la información solicitada (ver fallo). Entre otras razones, los consejeros argumentaron que, en su respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores no había explicitado cómo se distraería el cumplimiento de sus obligaciones y tampoco había especificado el universo de documentos que incluía la solicitud.

Como la Cancillería chilena no recurrió a la Corte de Apelaciones para intentar evitar la entrega de la información solicitada por CIPER, una vez cumplido el plazo otorgado por el Consejo de la Transparencia, y en vista de que los documentos no aparecían, el 15 de mayo solicitamos que se cumpliera el fallo. Fue entonces que concurrimos por primera vez al ex Hotel Carrera a buscar por fin los documentos solicitados nueve meses antes.

En virtud de la información que se nos proporcionó –que el volumen de la información era superior al que podía cargar una sola persona– volvimos el 22 de mayo trayendo una maleta de mano con ruedas. Los documentos estaban contenidos en ocho grandes sobres, ordenados por fecha, y eran tan gruesos que la maleta apenas cerró. Pero cerró.

Una vez en las oficinas de CIPER, procedimos a abrir la maleta. Estábamos expectantes por conocer la interesante información que contendrían los documentos solicitados. Los sobres fueron abiertos y los documentos recorridos con rapidez: ¡eran principalmente recortes de prensa! Comunicaciones que la embajada chilena en Londres enviaba a Santiago con el resumen de la cobertura del juicio a Pinochet en los medios británicos. Hubo excepciones, sí, pero muy pocas y la mayoría conteniendo información pública en ese momento, como los alegatos en las cortes. Otras excepciones son el reenvío de un fax proveniente del Foreign Office (ver documento); una minuta política urgente del embajador Mario Artaza que resume los puntos de vista del director Jurídico, Jaime Lagos, y el director de Planificación, Alberto Van Klaveren, sobre la autorización de extradición (ver documento); y una minuta de Lagos analizando uno de los alegatos (ver documento).

Entre los papeles entregados figuran unas pocas comunicaciones enviadas desde Santiago a Londres. Allí se incluyen transcripciones de declaraciones de las autoridades chilenas sobre el juicio y otras informaciones que también fueron públicas. En cuanto a las comunicaciones con Madrid, lo único que encontramos fue una copia de la solicitud de extradición enviada por el juez Baltasar Garzón (ver documento). No hay cables con comunicaciones diplomáticas sobre el caso, correspondencia con el Foreign Office, y ningún intercambio entre los ministerios en Chile o con el Ejército.

Como no resulta creíble que los únicos intercambios hechos por la Cancillería chilena durante el juicio a Augusto Pinochet correspondan a recortes de prensa y las excepciones ya mencionadas, este martes 10 de junio presentamos un escrito ante el Consejo para la Transparencia solicitando que se exija la entrega de la información requerida y se sancione a las autoridades que corresponda por no cumplir el fallo del ente oficial que regula en Chile el acceso a la información pública.