Por cuarta vez el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) resolvió que el proyecto inmobiliario Alto Santorini, uno de cuyos propietarios es Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, no permite descartar la posibilidad de remoción en masa. El nuevo informe del servicio surgió tras la presentación de un recurso de reclamación de la Fundación Yarur, que cuestionó la calificación favorable de la iniciativa por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. En agosto pasado CIPER reveló que el proyecto fue incluido en un plan del ministro Quiroz contra la “permisología” y aprobado a pesar del informe negativo del Sernageomin. En el nuevo proceso generado por la Fundación Yarur, la Seremi de Salud también advirtió inconsistencias en la propuesta de medición de contaminantes durante la construcción.

Créditos imagen de portada: Estudio de Impacto Ambiental “Edificio Alto Santorini”, marzo 2020.

El pasado 22 de octubre, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) emitió nuevamente un informe negativo respecto al impacto medioambiental del proyecto inmobiliario Alto Santorini, que tiene entre sus titulares a Víctor Quiroz, hermano del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La iniciativa implica una inversión de US$43 millones. Esta es la cuarta vez que el servicio objeta la iniciativa de la inmobiliaria Lote 21, que pretende construir un edificio de 15 pisos en los alrededores del campo de dunas de Concón, debido a que persistiría el riesgo de remoción en masa. 

El nuevo informe se emitió en respuesta a un recurso de reclamación ingresado por la Fundación Yarur el 20 de agosto, que cuestionó la calificación ambiental positiva que se otorgó al proyecto. Las objeciones surgieron después de que CIPER reveló que Alto Santorini fue incluido en un plan del ministro Quiroz contra la “permisología”, destinado a apurar la tramitación ambiental de proyectos de inversión, y finalmente aprobado a pesar de las objeciones del Sernageomin por el riesgo de remoción en masa. Para la ejecución de este plan se creó el “Comité de Proyectos en el SEIA [Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental]”, en el que participan los subsecretarios de Medio Ambiente, Interior, Economía y Hacienda. Sobre el contenido de sus sesiones, no queda un registro público (vea ese reportaje).

A su vez, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Valparaíso, a diferencia de su pronunciamiento de 2024, cuando se manifestó conforme con el proyecto, esta vez sí presentó observaciones. En un oficio enviado el 27 de octubre a la Subsecretaria de Salud Pública, el organismo regional advirtió “inconsistencias metodológicas” en el cálculo del impacto que tendrá la construcción del edificio en la contaminación del aire. La Seremi cuestiona cómo se midió la posible emisión de químicos contaminantes y la cantidad de ellos que se espera generar durante la etapa de edificación. El organismo cuestionó los períodos -días y horas- en que se consideró que serán emitidos los contaminantes, ya que ignoraría aspectos como “la variabilidad real del tránsito vehicular respecto a las faenas operativas”.

El recurso de reclamación de Fundación Yarur aún es tramitado en el SEIA. En esa acción, la organización solicita que se revoque la calificación ambiental favorable y que se rechace, o bien que se modifique, para integrar sus observaciones.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

PELIGROS QUE ADVIERTE SERNAGEOMIN

En su último informe, el Sernageomin advierte que hay deficiencias en los antecedentes que ha presentado la empresa desde el inicio de su evaluación ambiental en 2020. La entidad nuevamente indicó que no se podía descartar las remociones de masa en el sector, pues la inmobiliaria volvió a entregar los mismos antecedentes. El principal argumento del titular del proyecto es que las remociones en masa no deben ser evaluadas en el proceso de impacto ambiental, pues son condiciones de seguridad estructural que se resuelven en los permisos de edificación.

En esta línea, Sernageomin indicó en su oficio: “Las remociones en masa pueden modificar la geomorfología del terreno, desplazar materiales y alterar los drenajes. Su ocurrencia no constituye, por sí sola, un impacto ambiental atribuible al Proyecto, sin embargo, si las excavaciones o modificaciones del drenaje asociadas al Proyecto alteran la estabilidad de la ladera o generan efectos sobre el medio físico, esa interacción debe considerarse en la evaluación ambiental. Su tratamiento como contingencia no sustituye la caracterización geológica necesaria para examinarla” (vea ese oficio).

Si bien la empresa argumenta -en contra de la reclamación- que en la aprobación ambiental de Alto Santorini ya se dictó como condición la realización de estudios de remoción en masa, para Sernageomin aquello no es suficiente. Al respecto, la institución planteó en el oficio: “Que en la RCA [Resolución de Calificación Ambiental] se haya exigido la actualización de estos estudios antes de construir no acredita, por sí solo, que se subsanen las deficiencias técnicas identificadas al momento de la calificación ambiental”.

Parte de los cuestionamientos de Sernageomin surgen a raíz de lo ocurrido con el edificio Kandinsky, ubicado a un costado de donde se pretende instalar Alto Santorini. El edificio Kandinsky fue afectado en 2023 por un socavón que se abrió a metros de su estructura. En ese momento, el entonces director de Sernageomin, Patricio Aguilera, advirtió que informes de hacía más de diez años recomendaban no construir en el área. Por ello, en su nuevo informe, el servicio alude a ese episodio: “Alto Santorini se emplaza inmediatamente al este del edificio Kandinsky, por lo tanto, el análisis de estabilidad debe considerar los eventos históricos del sector”. 

CÁLCULO DE CONTAMINANTES

Si bien en su oficio la Seremi de Salud reconoce que los antecedentes revisados en julio de 2024 y marzo de 2026 bastaron para considerar “técnica y metodológicamente suficiente para reconstruir las emisiones y evaluar sus efectos previos al ingreso al SEIA”, ahora objetó cómo la empresa calculó la cantidad de contaminantes que se producirían al iniciar la etapa de construcción. Es decir, a pesar de que Alto Santorini cumple con las normas de calidad de aire, según los antecedentes que presentó Lote 21, hay errores en cómo se hizo ese cálculo (vea ese oficio).

En el escrito enviado por la Seremi de Salud de Valparaíso a la Subsecretaría de Salud Pública, la institución cuestiona cinco elementos inconsistentes en su medición: 

• No se midió qué pasará con las partículas contaminantes en caso de que llueva y estas queden en el suelo.
• No se incluyó la transformación química del monóxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Estos, si entran en contacto con otros elementos químicos, pueden generar otras partículas contaminantes. 
• No se consideró la totalidad del período de construcción para medir cuánta contaminación generará este proceso.
• Se determinó un horario rígido de operación de faenas, ignorando la variación horaria del tránsito vehicular, el que puede influir en la expansión de los contaminantes producidos.
• Se asignaron los mismos valores de altura y dispersión de contaminantes, sin considerar que el proyecto se encuentra frente a las dunas (más altura) y frente al mar (menor altura). Esto, ya que la concentración de estas partículas es distinta según la altura en que se mida. 

Sobre esa evaluación, Juan Carlos Bordones, gerente técnico de la consultora ambiental Ambiosis, explicó a CIPER que todos los modelos de dispersión de contaminantes son optimizables, pero que, en este caso, probablemente los ajustes no se traducirían en un cambio que pudiera afectar la aprobación ambiental del proyecto. Aunque sí criticó cómo el Servicio de Evaluación Ambiental evaluó la iniciativa: «La revisión que hace el SEA [Servicio de Evaluación Ambiental] es deficiente porque no tiene los especialistas en el área y en este caso debe ser un analista distinto [al de 2024] de la Seremi de Salud el que revisó”. 

Si bien la Seremi de Salud estimó que la empresa acreditó que no se generarán impactos en la calidad del aire ni efectos en la salud de las personas, Bordones planteó que si se revisan los datos que la propia cartera objetó, aquello podría cambiar. Y explica que, de haber efectos adversos, en el marco del cumplimiento del Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Concón, Quintero y Puchuncaví, la empresa se vería obligada a repararlos.