El autor de esta columna plantea que, tras la caída de Ueno Bank, falta saber quién autorizó que el Instituto de Previsión Social colocara fondos públicos en el banco y qué hizo el Banco Central, encargado de fiscalizarlo, mientras crecía. Concluye que “para Chile, la lección tiene que ver con el paso de la supervisión a la justicia penal económica. Detectar una exposición, identificar a quienes se beneficiaron y recuperar bienes son trabajos distintos”.

Imagen de portada: reproducción del video en que Santiago Peña renuncia a la presidencia paraguaya (Presidencia Paraguay)

El 3 de noviembre, la intervención de Ueno Bank paralizó las operaciones de una entidad con casi tres millones de clientes. Santiago Peña presentó su renuncia dos días después. La renuncia no llegó a aceptarse y el Senado continuó el juicio político: el 6 de noviembre lo destituyó. Pedro Alliana juró como presidente para completar el período hasta 2028. La sucesión ya tiene nombre. Falta reconstruir las decisiones que llevaron los fondos públicos al banco.

A los jubilados paraguayos que cobraban por Ueno Bank hubo que buscarles otro banco. El Instituto de Previsión Social (IPS) reunió a representantes de siete entidades para organizar los pagos. A la vez, sus abogados preparaban los documentos para acreditar las inversiones que el propio instituto mantenía en Ueno. La previsional tenía, pues, dos problemas. Uno debía resolverse antes del próximo pago. El otro venía de bastante más atrás.

Para el Banco Central, la situación era grave. Tras ajustar los estados financieros de Ueno, el índice de solvencia quedó por debajo de la mitad del mínimo exigido. La Cámara de Diputados sostiene que el IPS había concentrado allí recursos por encima de los límites aplicables. ¿Qué vio el consejo del instituto cuando aprobó esas colocaciones? Habría que poner cada acta junto al informe de riesgo que la acompañó y a la norma que regía ese día. Sería una lectura más provechosa que otra declaración sobre la tranquilidad de los mercados.

DE FINANCIERA A BANCO

Peña tenía, además, un vínculo patrimonial que obliga a mirar esas decisiones con mayor atención. En una comunicación del 3 de abril de 2025 a la Superintendencia de Valores, Ueno Holding informó que su asamblea del 22 de marzo había aprobado el reembolso y la anulación de acciones, entre ellas las de Santiago Peña Palacios, por G. 6.144 millones. Peña conservó esa participación durante parte de su presidencia. La comunicación documenta la decisión societaria; no acredita por sí sola la fecha en que se ejecutó el pago. ¿Qué decisiones sobre los recursos públicos se tomaron mientras mantenía esa inversión y quiénes las autorizaron?

Antes de dirigir el Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding había presidido Financiera Ueno. Peña lo nombró al frente del regulador, mediante un decreto del 31 de agosto de 2023. La licencia bancaria se autorizó el 22 de noviembre de ese año, por Resolución n.º 22, Acta n.º 67, según FERRERE, el estudio jurídico que asesoró la conversión. Otra comunicación, fechada el 7 de febrero de 2024, informa que el directorio de Ueno había autorizado iniciar la fusión con Visión Banco y designado a Juan Manuel Gustale y Miguel Vázquez para suscribir el compromiso previo. Son decisiones distintas. La segunda comunicación identifica a quienes debían firmar; no equivale al compromiso firmado ni a la autorización definitiva de la absorción. Para examinar la licencia hay que contrastar la resolución íntegra y el acta de sesión con los informes técnicos. ¿Quién firmó, qué antecedentes tuvo a la vista y qué controles quedaron a su cargo?

El problema empieza antes de la insolvencia. Alguien resolvió qué entidades podían recibir recursos previsionales, cuánto se podía colocar en ellas y con qué exigencias. La autorización para operar como banco y la decisión de confiarle ahorros públicos corresponden a funciones distintas, cada una con deberes que deben examinarse. Cuando el banco ya está intervenido, todos quieren saber si alcanzará el fondo de garantía. Cuesta más encontrar quién se interesó por las garantías mientras el negocio crecía.

Por el lado penal, el 4 de noviembre la Fiscalía había imputado a 27 personas en la causa bancaria. Investiga préstamos y sobregiros a empresas vinculadas y sostiene que varias compartían directivos, domicilios u operadores. Hubo procedimientos en instalaciones del Grupo Vázquez y de ITTI. En la residencia de Miguel Vázquez, exdirector ejecutivo del banco y del grupo, se incautaron nueve vehículos. Nueve vehículos se cuentan en una tarde. Mucho más tiempo tomará saber qué sociedades recibieron el crédito, qué respaldo ofrecieron y quién terminó beneficiándose. Están documentadas las inversiones del IPS en Ueno y los créditos que investiga la Fiscalía. Reconstruir la conexión entre las decisiones de colocación y el uso de esos recursos sigue siendo trabajo de la causa.

DOS ACUSACIONES, UNA SUCESIÓN

La Cámara de Diputados examinó una acusación contra Peña y otra contra Pedro Alliana. La primera obtuvo 78 votos; la segunda fue rechazada por 48 votos contra 30. El Partido Colorado acompañó el juicio contra Peña y dejó sin respaldo el pedido contra Alliana. El 6 de noviembre, el Senado destituyó a Peña y Alliana asumió la Presidencia para completar el período. El partido conservó el Ejecutivo después de abandonar a quien lo encabezaba.

Aníbal Pérez-Liñán explicó en su libro de 2007 cómo un presidente puede resistir acusaciones y protestas mientras conserve legisladores dispuestos a bloquear su destitución. Ese escudo legislativo ayuda a leer la diferencia entre las dos acusaciones. Los colorados retiraron su protección a Peña y se la mantuvieron a Alliana, que era además el sucesor constitucional. La votación permite reconocer esa selección; no basta para establecer qué responsabilidades tenía cada uno en Ueno. Ahí está el riesgo para la investigación: que el acuerdo que resolvió la continuidad del gobierno termine fijando también hasta dónde se pregunta por las decisiones anteriores.

Peña presentó su renuncia invocando la tranquilidad del país. Su defensa sostuvo que esa presentación volvía nulo el juicio político. El Senado rechazó la prórroga de 72 horas solicitada y prosiguió hasta la destitución. La nulidad fue una alegación de sus abogados, no una decisión que dejara sin efecto el procedimiento. Según la cobertura de sus alegatos, Ricardo Preda también cuestionó qué instrucciones concretas se atribuían al presidente respecto del IPS y recordó que los bancos caen incluso en Suiza. Lo primero exige una respuesta que pueda sostenerse en un expediente. Lo segundo da para una comparación curiosa. La autoridad suiza explicó cómo se organizó la adquisición de Credit Suisse por UBS para contener la crisis. En Asunción se investigan también las colocaciones públicas y la actuación del fiscalizador. ¿Qué parte de eso se explica diciendo que los bancos, de vez en cuando, quiebran?

La forma en que se resolvió el juicio también importa. La Constitución excluye de la senaduría vitalicia a los expresidentes declarados culpables en juicio político. La diferencia entre aceptar la renuncia y destituir a Peña tenía, por tanto, un efecto concreto. Precisamente por eso merece examen el tiempo concedido para defenderse. Paraguay ya pasó por un juicio presidencial resuelto de un día para otro. En 2012 la CIDH cuestionó el plazo del que dispuso Lugo. La prisa del Congreso merece el mismo examen cualquiera sea el apellido del acusado. La responsabilidad política declarada por el Senado tampoco sustituye la prueba que exige una condena penal.

La causa ya avanzó sobre el expresidente. Según la cobertura de la audiencia del 7 de noviembre, la Fiscalía imputó a Peña por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, y el juez Humberto Otazú decretó su prisión preventiva. Su defensa niega los cargos. Alliana aparece, a su vez, en una de las denuncias que originaron las investigaciones: así lo identifica la información periodística sobre la Resolución FGE 4474 y la denuncia de entrada 13.762. Ese antecedente no equivale a una imputación penal contra el nuevo presidente.

UNA LECCIÓN DESDE CHILE

En Chile conocemos la distancia que puede haber entre el nombre de un fondo y aquello en que termina invertido. La Comisión para el Mercado Financiero estableció que dos fondos administrados por BTG Pactual quedaron expuestos a facturas relacionadas con Factop por medio de un fondo de inversión privado. Esa intermediación importaba para determinar qué debía evaluar la administradora y qué correspondía informar a los aportantes. La comparación con Ueno empieza ahí. Un instituto previsional puede saber a qué banco entregó sus recursos. ¿Hasta dónde puede ver el riesgo que ese banco toma con otras empresas, y quién está obligado a advertírselo?

Para Chile, la lección tiene que ver con el paso de la supervisión a la justicia penal económica. Detectar una exposición, identificar a quienes se beneficiaron y recuperar bienes son trabajos distintos. La Ley de Delitos Económicos chilena regula el comiso de ganancias. En Paraguay, la Fiscalía pidió apoyo a su unidad de asuntos internacionales para analizar la obtención de pruebas en el extranjero, con posibles requerimientos a Luxemburgo y Estados Unidos. Por su parte, Ueno comunicó a la Superintendencia de Valores una emisión internacional por US$350 millones y CAF informó que carecía de exposición directa al banco. La emisión y ese comunicado no prueban una conexión con las operaciones investigadas. Todavía queda por identificar qué movimientos externos interesan a los fiscales. Para eso harán falta documentos que permitan seguir una transferencia de una jurisdicción a otra.

Alliana ya asumió y la continuidad del Ejecutivo quedó resuelta. Para saber si la investigación conserva su alcance habrá que mirar qué ocurre con las causas sobre el fiscalizador y los fondos públicos cuando la atención deje de estar puesta en el Senado. Por lo pronto, el IPS anunció cómo reorganizará el pago a los jubilados que cobraban en Ueno. Queda pendiente algo que también deberían poder leer, ojalá en un documento del propio instituto. Cuánto se recuperó de Ueno, cuánto quedó por cobrar y quién firmó las colocaciones.