La Corte Suprema rechazó amparos en al menos cuatro causas de condenados por delitos sexuales contra niños cometidos antes de 2022 y respaldó dejarlos fuera de la rebaja de condena, según una revisión de Bío-Bío. Tres de esos fallos se dictaron bajo el actual gobierno, uno en agosto y dos en septiembre. Estas sentencias echan por tierra el principal argumento con que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha defendido las 56 rebajas otorgadas: que el ministerio solo aplicó la doctrina fijada por el máximo tribunal. «Nada más que eso es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema», afirmó el secretario de Estado. En una de esas causas, la de un condenado por violación de un menor de 14 años, el propio Ministerio de Justicia defendió ante los tribunales la legalidad de la exclusión, en el mismo período en que concedía las rebajas ahora cuestionadas.

Los 56 decretos exentos fueron revelados por Interferencia: se dictaron entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, 27 por abuso sexual y 29 por violación de menores, lo que equivale a uno cada tres días. En ese período solo se rechazó una solicitud, y ninguna rebaja se obtuvo por la vía de un amparo u otra acción judicial. A esto se sumó otra revelación de Bío-Bío: un oficio de la Subsecretaría de Justicia informa de otros tres decretos de reducción de condena, dos por secuestro calificado y uno por tortura. Dos de los beneficiados cumplen pena en Punta Peuco.

Jaime Gajardo, exministro de Justicia en el gobierno de Gabriel Boric, marcó la diferencia con su gestión. Aseguró que su cartera rechazaba esas solicitudes, defendía esa postura en tribunales y solo otorgaba la rebaja si un condenado obtenía un fallo favorable. También dijo que esa doctrina venía desde el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

En el Congreso, diputados del Partido Comunista anunciaron que reunirán las firmas necesarias para interpelar a Rabat. «El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable», afirmó el diputado Marcos Barraza. Su compañero de bancada, Bernardo Salinas, calificó la decisión como «la peor señal que puede dar el país» y se preguntó si estas medidas podrían anticipar indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos. El diputado Jaime Mulet (FRVS) llamó a los decretos un «indulto parcial».

El ministro Rabat justificó las rebajas indicando que la Suprema falla siempre a favor del condenado. Pero, no siempre es así (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

«Nosotros pedimos no tomar decisiones apresuradas en la medida que se pueda postergar (la jubilación) por unos meses», dijo este jueves el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, consultado por el impacto en los futuros pensionados de la caída de más del 10% que ha tenido el Fondo E el presente año. Este es el denominado menos riesgoso del sistema multifondos, pero el que por lejos ha tenido más pérdidas este 2026.

El secretario de Estado recomendó a las personas que estaban a punto de jubilar a informarse y a esperar los resultados de la investigación que inició la Superintendencia de Pensiones, la que podría durar hasta nueve meses. «Necesitamos conocer esta investigación, si van a haber sanciones, si va a haber restitución patrimonial o no. Entonces, en la medida que uno pueda, en el fondo no tomar la decisión en estos meses actuales. La prudencia es buena consejera en este caso», señaló.

Tomás Rau, ministro de Trabajo y Previsión Social (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento que presentaron 16 senadores de oposición contra la ley que regula el uso de la fuerza por parte de las policías y las Fuerzas Armadas, conocidas como RUF. El pleno del tribunal, que preside la ministra María Pía Silva Gallinato, concluyó que el recurso se presentó fuera del plazo legal. Según la resolución, revisarlo de todos modos habría significado atribuirse una facultad que la Constitución no le otorga.

La Moneda se anticipó a la oposición por cuestión de horas. El viernes 9 de octubre, poco antes de que los senadores acudieran al TC, el gobierno ingresó a la Contraloría el decreto que promulga la ley. Con eso cerró el plazo para impugnarla, y luego pidió que el requerimiento se rechazara por llegar tarde. La oposición argumentó que necesitaba un documento oficial del Senado para presentar el recurso, y que lo ingresó a las 22:19 del mismo día en que lo recibió.

Los senadores cuestionaban, sobre todo, el criterio de racionalidad que deben seguir las policías al usar la fuerza y las normas sobre el uso de fuerza «potencialmente letal». También objetaban algunos artículos relacionados con la seguridad nacional y el Código de Justicia Militar. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, celebró la decisión como «una buena noticia para nuestro país» y afirmó que Chile necesita policías respaldadas y con reglas claras.

La ley ya se publicó en el Diario Oficial el viernes 16 de octubre, cuando el requerimiento aún estaba pendiente. Con la decisión de hoy, el TC cerró la vía que la oposición había abierto sin pronunciarse sobre el fondo, es decir, sin revisar si las normas sobre el uso de fuerza potencialmente letal se ajustan o no a la Constitución.

Imagen referencial (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

El Servicio Electoral (Servel) aprobó el balance contable de 2023 del Partido Comunista, según informó La Tercera. El organismo lo había rechazado el 9 de diciembre de 2025, mediante la resolución 0536. Ahora concluyó que el balance cumple con la normativa que regula el financiamiento de los partidos. La decisión es un respiro para la colectividad que preside Lautaro Carmona: de los cinco partidos que a comienzos de octubre tenían rechazado su balance 2024 (PC, Republicanos, Frente Amplio, Partido de la Gente y Partido Radical), el PC era el único que además tenía rechazado el de 2023.

El problema de fondo sigue abierto. El PC aún debe conseguir que se apruebe su balance de 2024, y aunque regularizó el de 2023, no recibió los recursos estatales de ese año. Mientras no sanee sus cuentas, el partido no recibe el aporte trimestral que le correspondería, de $228.819.103. La ley permite retener esos fondos solo durante tres trimestres; si en ese plazo el balance no se aprueba, el dinero no se entrega.

La situación financiera del partido es delicada. Según La Tercera, el PC registra deudas por $450 millones. Entre las observaciones del Servel figuraba un gasto pagado a un proveedor que, a la vez, es trabajador del partido. Paradójicamente, el partido tiene una cuenta por cobrar mucho mayor. En 2016, para cumplir con la nueva ley de partidos, el PC vendió en $3 mil millones más de 200 inmuebles a Inversiones Progreso SpA, una empresa de uno de sus militantes. Como reveló CIPER en marzo de 2025 (lee aquí el reportaje), al 31 de diciembre de 2022 esa sociedad le adeudaba al partido $4.535 millones y había pagado solo el 33,9% del total, tras tres repactaciones del pago. El mismo reportaje detectó que, de los 43 inmuebles que Progreso revendió entre 2017 y 2023, al menos 31 quedaron en manos de personas o empresas ligadas al PC.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)